El 26 de noviembre se aprobó una reforma clave que impacta directamente en el sistema político del país.

La modificación al artículo 82 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (LCDO) aclara que la disposición sobre suspensión de personas jurídicas en casos de delincuencia organizada no aplica a partidos políticos. Esto corrige el uso indebido de la norma que permitió la suspensión provisional del partido Semilla, la cual deberá quedar sin efecto.

Recordemos que el partido Semilla fue suspendido provisionalmente en julio de 2023, por orden del juez séptimo penal. Este fue el primer caso en el que se aplicó el artículo 82 de la LCDO para suspender una persona jurídica, pero además, lo hizo contra un partido político.

Desde entonces, Semilla ha permanecido suspendido. Aunque su presidente y diputados lograron asumir sus cargos, los diputados electos del partido no pueden integrar la Junta Directiva ni presidir comisiones en el Congreso porque, al estar suspendido, se les considera “independientes”.

Cuando esta reforma entre en vigor (es decir, tras ser enviada al presidente, sancionada y publicada en el Diario Oficial), Semilla podrá solicitar al juez séptimo que levante la medida. Este proceso no debería tomar mucho tiempo, aunque es posible que el tribunal busque alargarlo innecesariamente. 

Una vez que se levante la suspensión, el partido recuperará su personalidad jurídica, y sus diputados podrán volver a integrar la Junta Directiva del Congreso y presidir comisiones.

Pero el problema va más allá del caso de Semilla. La suspensión del partido nunca debió ocurrir. El artículo 223 de la Constitución garantiza la libre formación y funcionamiento de los partidos políticos, y establece que únicamente la Ley Electoral y de Partidos Políticos puede regular estos casos. La disposición del artículo 82 de la LCDO, que se aplicó arbitrariamente, contradecía este principio fundamental.

Los constituyentes de 1985 fueron claros: querían superar cualquier lógica que permitiera bloquear el funcionamiento de los partidos políticos. Durante los debates constitucionales, señalaron que garantizar un sistema democrático funcional era esencial para evitar los abusos del pasado.

Lamentablemente, en 2023 la Corte de Constitucionalidad falló en proteger este principio. Tanto en su respuesta a una opinión consultiva del Tribunal Supremo Electoral como al conocer una inconstitucionalidad contra el artículo 82 de la LCDO, adoptó una posición ambigua que terminó avalando su aplicación arbitraria.

Lo que ocurrió con esta modificación legal trasciende el caso Semilla. La reforma elimina una disposición que permitió abusos del derecho penal en contra de los partidos políticos, algo que contradecía tanto la Constitución como la intención de los constituyentes de 1985.

Se dio un paso clave para proteger nuestra democracia, pero queda claro que aún hay mucho por hacer para garantizar el respeto a las reglas del juego democrático.

El 26 de noviembre se aprobó una reforma clave que impacta directamente en el sistema político del país.

La modificación al artículo 82 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (LCDO) aclara que la disposición sobre suspensión de personas jurídicas en casos de delincuencia organizada no aplica a partidos políticos. Esto corrige el uso indebido de la norma que permitió la suspensión provisional del partido Semilla, la cual deberá quedar sin efecto.

Recordemos que el partido Semilla fue suspendido provisionalmente en julio de 2023, por orden del juez séptimo penal. Este fue el primer caso en el que se aplicó el artículo 82 de la LCDO para suspender una persona jurídica, pero además, lo hizo contra un partido político.

Desde entonces, Semilla ha permanecido suspendido. Aunque su presidente y diputados lograron asumir sus cargos, los diputados electos del partido no pueden integrar la Junta Directiva ni presidir comisiones en el Congreso porque, al estar suspendido, se les considera “independientes”.

Cuando esta reforma entre en vigor (es decir, tras ser enviada al presidente, sancionada y publicada en el Diario Oficial), Semilla podrá solicitar al juez séptimo que levante la medida. Este proceso no debería tomar mucho tiempo, aunque es posible que el tribunal busque alargarlo innecesariamente. 

Una vez que se levante la suspensión, el partido recuperará su personalidad jurídica, y sus diputados podrán volver a integrar la Junta Directiva del Congreso y presidir comisiones.

Pero el problema va más allá del caso de Semilla. La suspensión del partido nunca debió ocurrir. El artículo 223 de la Constitución garantiza la libre formación y funcionamiento de los partidos políticos, y establece que únicamente la Ley Electoral y de Partidos Políticos puede regular estos casos. La disposición del artículo 82 de la LCDO, que se aplicó arbitrariamente, contradecía este principio fundamental.

Los constituyentes de 1985 fueron claros: querían superar cualquier lógica que permitiera bloquear el funcionamiento de los partidos políticos. Durante los debates constitucionales, señalaron que garantizar un sistema democrático funcional era esencial para evitar los abusos del pasado.

Lamentablemente, en 2023 la Corte de Constitucionalidad falló en proteger este principio. Tanto en su respuesta a una opinión consultiva del Tribunal Supremo Electoral como al conocer una inconstitucionalidad contra el artículo 82 de la LCDO, adoptó una posición ambigua que terminó avalando su aplicación arbitraria.

Lo que ocurrió con esta modificación legal trasciende el caso Semilla. La reforma elimina una disposición que permitió abusos del derecho penal en contra de los partidos políticos, algo que contradecía tanto la Constitución como la intención de los constituyentes de 1985.

Se dio un paso clave para proteger nuestra democracia, pero queda claro que aún hay mucho por hacer para garantizar el respeto a las reglas del juego democrático.

Los dilemas humanitarios y políticos que plantea la migración seguirán evolucionando.

La crisis migratoria es uno de los desafíos más grandes del siglo XXI. Más de 110 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse a nivel mundial debido a causas tan diversas como guerras, persecuciones y crisis económicas. Esta cifra refleja la magnitud de la crisis, cuyas consecuencias se han manifestado en un auge de discursos nacionalistas y políticas de control migratorio.

La crisis humanitarias sigue siendo una de las razones por las cuales las personas emigran, ya sean causadas por guerras o por represión política. Un 65 % de los refugiados y personas en necesidad de protección internacional provienen de cuatro países: Siria, Venezuela, Ucrania y Afganistán, según datos de ACNUR. Aunque la mayoría de las personas desplazadas suelen ser acogidas en países vecinos, también hay quienes se movilizan hacia países más lejanos. 

La acogida de refugiados puede ser entendida como parte del compromiso global de luchar por los derechos humanos, un estándar que se defiende en muchas sociedades occidentales. Esta “responsabilidad moral” se ha visto reflejada en los esfuerzos de los países desarrollados o aquellos con mejores condiciones para acoger a quienes huyen de crisis. Sin embargo, el aumento en el número de refugiados e inmigrantes ha desatado una ola de discursos nacionalistas en países como Europa y Estados Unidos.

En teoría política, los dilemas derivados de la migración han sido objeto de estudio durante mucho tiempo y, probablemente, seguirán siéndolo a largo plazo, sin una solución fácil ni rápida. Estos dilemas incluyen temas como la integración cultural frente a la preservación de la identidad cultural, y los derechos de los migrantes frente a los derechos de los ciudadanos nacionales, que, a mi juicio, son algunos de los más relevantes en el contexto global actual.

El primer dilema central es el de la integración versus la preservación cultural. A medida que los migrantes llegan a nuevos países, surge la pregunta: ¿deben adaptarse a los valores, las costumbres y normas de la sociedad que los acoge? ¿O tienen el derecho de mantener sus propias culturas y tradiciones, incluso si esto entra en conflicto con las costumbres del país receptor? Aunque muchos sostienen que los migrantes deben poder preservar su cultura, ¿cómo garantizar que esta preservación no se convierta en un obstáculo para la integración social?

El segundo dilema se refiere a los derechos de los migrantes versus los derechos de los nacionales. Algunos países europeos, por ejemplo, ofrecen a los refugiados beneficios como alimentos, vivienda, y acceso a salud y educación. Sin embargo, muchos ciudadanos de los países receptores argumentan que estos recursos deberían estar destinados prioritariamente a los nacionales, especialmente en tiempos de austeridad o crisis económicas. La percepción de que los migrantes representan una carga económica crece cuando los servicios públicos, como la educación o la sanidad, se ven saturados.

En definitiva, la migración es un fenómeno complejo que exige un enfoque multidimensional. Los dilemas humanitarios y políticos que plantea seguirán evolucionando, pero es innegable que la migración, ya sea por causas económicas, sociales o políticas, seguirá siendo una constante. 

Los dilemas humanitarios y políticos que plantea la migración seguirán evolucionando.

La crisis migratoria es uno de los desafíos más grandes del siglo XXI. Más de 110 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse a nivel mundial debido a causas tan diversas como guerras, persecuciones y crisis económicas. Esta cifra refleja la magnitud de la crisis, cuyas consecuencias se han manifestado en un auge de discursos nacionalistas y políticas de control migratorio.

La crisis humanitarias sigue siendo una de las razones por las cuales las personas emigran, ya sean causadas por guerras o por represión política. Un 65 % de los refugiados y personas en necesidad de protección internacional provienen de cuatro países: Siria, Venezuela, Ucrania y Afganistán, según datos de ACNUR. Aunque la mayoría de las personas desplazadas suelen ser acogidas en países vecinos, también hay quienes se movilizan hacia países más lejanos. 

La acogida de refugiados puede ser entendida como parte del compromiso global de luchar por los derechos humanos, un estándar que se defiende en muchas sociedades occidentales. Esta “responsabilidad moral” se ha visto reflejada en los esfuerzos de los países desarrollados o aquellos con mejores condiciones para acoger a quienes huyen de crisis. Sin embargo, el aumento en el número de refugiados e inmigrantes ha desatado una ola de discursos nacionalistas en países como Europa y Estados Unidos.

En teoría política, los dilemas derivados de la migración han sido objeto de estudio durante mucho tiempo y, probablemente, seguirán siéndolo a largo plazo, sin una solución fácil ni rápida. Estos dilemas incluyen temas como la integración cultural frente a la preservación de la identidad cultural, y los derechos de los migrantes frente a los derechos de los ciudadanos nacionales, que, a mi juicio, son algunos de los más relevantes en el contexto global actual.

El primer dilema central es el de la integración versus la preservación cultural. A medida que los migrantes llegan a nuevos países, surge la pregunta: ¿deben adaptarse a los valores, las costumbres y normas de la sociedad que los acoge? ¿O tienen el derecho de mantener sus propias culturas y tradiciones, incluso si esto entra en conflicto con las costumbres del país receptor? Aunque muchos sostienen que los migrantes deben poder preservar su cultura, ¿cómo garantizar que esta preservación no se convierta en un obstáculo para la integración social?

El segundo dilema se refiere a los derechos de los migrantes versus los derechos de los nacionales. Algunos países europeos, por ejemplo, ofrecen a los refugiados beneficios como alimentos, vivienda, y acceso a salud y educación. Sin embargo, muchos ciudadanos de los países receptores argumentan que estos recursos deberían estar destinados prioritariamente a los nacionales, especialmente en tiempos de austeridad o crisis económicas. La percepción de que los migrantes representan una carga económica crece cuando los servicios públicos, como la educación o la sanidad, se ven saturados.

En definitiva, la migración es un fenómeno complejo que exige un enfoque multidimensional. Los dilemas humanitarios y políticos que plantea seguirán evolucionando, pero es innegable que la migración, ya sea por causas económicas, sociales o políticas, seguirá siendo una constante. 

Los políticos deben ser cuestionados y no adorados

El fanatismo se define como “el apasionamiento desmedido en la defensa de creencias u opiniones”. El fanatismo nos conduce a una defensa irracional de nuestras posiciones. No acepta críticas o cuestionamientos.

Una persona fanática trata de no tener amigos con opiniones distintas, ya que considera que tiene la verdad absoluta y, por tanto, cualquier cuestionamiento necesariamente está equivocado.

El fanatismo es sumamente peligroso, sobre todo cuando se refiere a temas políticos. En el pasado, el fanatismo del nazismo llevó a considerar a Hitler como un “dios” que no debía ser cuestionado. Cualquiera que opinara en contra de Hitler debía ser encarcelado o asesinado.

Lo mismo sucedió con líderes como Stalin en la Unión Soviética, Mao Zedong en China o Mussolini en Italia. Estos personajes lograron “hipnotizar” a grandes masas que seguían sus ideas sin cuestionar. Eso les dio carta libre para cometer crímenes horrorosos.

Hoy vemos el surgimiento de movimientos políticos que gozan de enorme popularidad y que pareciera que no puede ser cuestionados. Esos movimientos cuentan una base amplia de “fanáticos”.

En las recientes elecciones en Estados Unidos cada candidato tenía “seguidores duros” que no aceptaban ninguna crítica al que consideraban su “mesías político”. Los partidarios de cada candidato los consideraban “salvadores” que vendrían a componer el mundo. 

Después de las elecciones, los ganadores creen que el mundo se dirige a un paraíso terrenal, mientras que los perdedores creen que se viene el fin del mundo. No hay racionalidad en este fanatismo, de unos y de otros.

Como ciudadanos debemos ser responsables. Jamás debemos caer en el extremo de considerar que un político es perfecto y es el “gran mesías”. Muchos países han pagado muy caro ese fanatismo político.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 21 de noviembre. 

Los políticos deben ser cuestionados y no adorados

El fanatismo se define como “el apasionamiento desmedido en la defensa de creencias u opiniones”. El fanatismo nos conduce a una defensa irracional de nuestras posiciones. No acepta críticas o cuestionamientos.

Una persona fanática trata de no tener amigos con opiniones distintas, ya que considera que tiene la verdad absoluta y, por tanto, cualquier cuestionamiento necesariamente está equivocado.

El fanatismo es sumamente peligroso, sobre todo cuando se refiere a temas políticos. En el pasado, el fanatismo del nazismo llevó a considerar a Hitler como un “dios” que no debía ser cuestionado. Cualquiera que opinara en contra de Hitler debía ser encarcelado o asesinado.

Lo mismo sucedió con líderes como Stalin en la Unión Soviética, Mao Zedong en China o Mussolini en Italia. Estos personajes lograron “hipnotizar” a grandes masas que seguían sus ideas sin cuestionar. Eso les dio carta libre para cometer crímenes horrorosos.

Hoy vemos el surgimiento de movimientos políticos que gozan de enorme popularidad y que pareciera que no puede ser cuestionados. Esos movimientos cuentan una base amplia de “fanáticos”.

En las recientes elecciones en Estados Unidos cada candidato tenía “seguidores duros” que no aceptaban ninguna crítica al que consideraban su “mesías político”. Los partidarios de cada candidato los consideraban “salvadores” que vendrían a componer el mundo. 

Después de las elecciones, los ganadores creen que el mundo se dirige a un paraíso terrenal, mientras que los perdedores creen que se viene el fin del mundo. No hay racionalidad en este fanatismo, de unos y de otros.

Como ciudadanos debemos ser responsables. Jamás debemos caer en el extremo de considerar que un político es perfecto y es el “gran mesías”. Muchos países han pagado muy caro ese fanatismo político.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 21 de noviembre. 

Estamos en peligro de nuevas guerras comerciales.

Desde 1945, ya casi 80 años, el mundo inició el proceso de globalización más exitoso de la historia de la humanidad. Muchos países alrededor del mundo comenzaron a reducir los impuestos a las importaciones y el comercio pasó de representar el 10% de la producción mundial en 1945 a más de 60% en 2008.

Estados Unidos lideró la apertura al comercio internacional, con la convicción que el intercambio era el camino hacia la prosperidad y la democracia.

Durante décadas, América Latina implementó una política de rechazo al comercio, con la idea que podíamos crecer promoviendo las industrias locales. Fue una idea errónea que nos aisló del mundo y que prevaleció hasta los años ochenta, pero a partir de los noventa la región se comenzó a integrar al comercio mundial. Esto trajo productos de mejor calidad y a precios más bajos, lo cual benefició a todos los consumidores.

Lamentablemente, en los últimos años, se ha perdido el entusiasmo por el libre comercio. Estados Unidos, el país que lideró esta política durante más de 70 años, inició una guerra comercial con China y ha impuesto aranceles a la Unión Europea. Donald Trump, el presidente electo de ese país, ha amenazado a Europa con poner aranceles de 10% a todos los productos de ese continente y ha hecho igual amenaza a México.

En el caso de Inglaterra, que fue el país líder de la globalización entre 1870 y 1914, decidió salirse de la Unión Europea, la segunda zona de libre comercio más grande del mundo.

El libre comercio impulsa mayor crecimiento económico, más empleo, mejores productos, menores precios. La pobreza se reduce.

A pesar de las políticas en contra del libre comercio que podrían implementarse en los siguientes años, no debemos olvidar los beneficios de permitir que las personas intercambien con total libertad.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 14 de noviembre. 

La inteligencia artificial y el uso de armas automatizadas están redefiniendo la guerra moderna.

La guerra siempre evoluciona, y hoy el uso de la inteligencia artificial (IA) en el campo de batalla marca un cambio radical. Sin embargo, este avance carece de la regulación internacional necesaria. El uso creciente de drones y el desarrollo de sistemas automatizados amplía las capacidades militares, pero también plantea serias preocupaciones.

Expertos advierten que la militarización de la IA recuerda la carrera armamentista nuclear de la Guerra Fría. El presidente ruso ha declarado que “la nación que lidere en IA dominará el mundo.” Actualmente, casi todos los miembros de la OTAN tienen capacidad para utilizar drones, y actores no estatales también pueden acceder a esta tecnología.

​​Beneficios y desventajas

El uso de armas automatizadas podría ofrecer ciertos beneficios, como operaciones más eficientes y menor riesgo para el personal militar. Sin embargo, los riesgos éticos son significativos. La incapacidad de estos sistemas para distinguir entre civiles y combatientes puede resultar en tragedias humanitarias. Además, la automatización elimina el juicio humano en decisiones letales, lo que plantea dilemas éticos graves.

La falta de regulación internacional permite que tanto Estados como grupos terroristas utilicen estas armas sin restricciones adecuadas. A pesar de que existen convenios que incluyen a grupos no estatales en conflictos, su eficacia se ve limitada por la dificultad de hacer cumplir estos principios contra estos.

Implicaciones legales y éticas

El vacío legal sobre el uso de armas automatizadas podría resultar en su uso desmedido. La ética varía entre países, complicando la creación de un marco regulatorio unificado. Aunque ha habido intentos de abordar el tema, como el informe del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre Sistemas de Armas Letales Automatizadas, estos esfuerzos son insuficientes.

Mientras tanto, muchos países están aumentando sus presupuestos para investigar y desarrollar estas tecnologías, lo que intensifica las preocupaciones sobre una nueva carrera armamentista. La posibilidad de que la IA se utilice en la toma de decisiones sobre armas nucleares es especialmente inquietante. Estados Unidos, en 2022, indicó que en el caso de armas nucleares “siempre mantendrían a un humano al tanto” en sus decisiones, al igual que el Reino Unido. Sin embargo, Rusia y China han mostrado poca disposición a regular este aspecto.

Conclusión

La inteligencia artificial y el uso de armas automatizadas están redefiniendo la guerra moderna. Es urgente que la comunidad internacional colabore para establecer regulaciones que garanticen el uso responsable de estas tecnologías. Sin un marco regulatorio claro y efectivo, el riesgo de una catástrofe humanitaria aumenta, y la responsabilidad ética en su desarrollo es más crucial que nunca para evitar un futuro desastroso.

Estamos en peligro de nuevas guerras comerciales.

Desde 1945, ya casi 80 años, el mundo inició el proceso de globalización más exitoso de la historia de la humanidad. Muchos países alrededor del mundo comenzaron a reducir los impuestos a las importaciones y el comercio pasó de representar el 10% de la producción mundial en 1945 a más de 60% en 2008.

Estados Unidos lideró la apertura al comercio internacional, con la convicción que el intercambio era el camino hacia la prosperidad y la democracia.

Durante décadas, América Latina implementó una política de rechazo al comercio, con la idea que podíamos crecer promoviendo las industrias locales. Fue una idea errónea que nos aisló del mundo y que prevaleció hasta los años ochenta, pero a partir de los noventa la región se comenzó a integrar al comercio mundial. Esto trajo productos de mejor calidad y a precios más bajos, lo cual benefició a todos los consumidores.

Lamentablemente, en los últimos años, se ha perdido el entusiasmo por el libre comercio. Estados Unidos, el país que lideró esta política durante más de 70 años, inició una guerra comercial con China y ha impuesto aranceles a la Unión Europea. Donald Trump, el presidente electo de ese país, ha amenazado a Europa con poner aranceles de 10% a todos los productos de ese continente y ha hecho igual amenaza a México.

En el caso de Inglaterra, que fue el país líder de la globalización entre 1870 y 1914, decidió salirse de la Unión Europea, la segunda zona de libre comercio más grande del mundo.

El libre comercio impulsa mayor crecimiento económico, más empleo, mejores productos, menores precios. La pobreza se reduce.

A pesar de las políticas en contra del libre comercio que podrían implementarse en los siguientes años, no debemos olvidar los beneficios de permitir que las personas intercambien con total libertad.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 14 de noviembre. 

La confirmación de la nominación del senador cubanoamericano Marco Rubio como Secretario del Departamento de Estado podría influir significativamente en la política de Estados Unidos hacia Venezuela

Venezuela pasó de ser una de las prioridades en la política exterior estadounidense durante el primer gobierno de Donald Trump, a tener menciones marginales en su campaña de reelección en 2024. La razón de este viraje puede deberse, en una parte, al tono que tuvo su reciente campaña de enfocarse en los problemas económicos e internos de los Estados Unidos, y por otra parte, al fracaso estrepitoso de su administración anterior en lograr una transición democrática en el país petrolero.

A continuación, hagamos un breve recuento de lo ocurrido en el primer gobierno de Trump con respecto a Venezuela. El 11 de agosto de 2017, Trump dijo que “Venezuela no está tan lejos. Hay muchas opciones para Venezuela, y si fuese necesario, entre ellas está la opción militar”. Posteriormente, a partir el relato del ex secretario de Seguridad Nacional, John Bolton, donde narra que a comienzos de 2019[1] “Trump insistió en que se inclinaba hacia una intervención militar y después hacerse con el país porque «en realidad forma parte de Estados Unidos»”[2] (p. 269). Sin embargo, rápidamente, Bolton hizo desistir a Trump de la idea de la intervención para que se decantara por una estrategia de presión sostenida con sanciones económicas al sector petrolero y apoyo con fondos a la oposición venezolana para finalmente provocar un quiebre en el ejército venezolano. Previsiblemente, una estrategia dependiente de una variable tan etérea como la eventual traición de los militares venezolanos, desembocó en una lucha de desgaste e hizo que Trump “perdiera interés y la confianza en el equipo de Guaidó” y culpara a Bolton de no haber podido lograr que la oposición derrocara a Maduro. 

En días recientes, a través de un reportaje de WIRED, se hicieron públicos los intentos de la CIA de derrocar a Nicolás Maduro en el primer gobierno de Trump. El reportaje confirma que estos intentos comenzaron, efectivamente, hacia finales de 2018 y su primera acción fue un sabotaje digital al ejército venezolano. Sin embargo, refiere el reportaje que las operaciones de la CIA no llegaron a buen puerto gracias a: “las tensiones entre una administración con partidarios de la línea dura centrados con láser en deponer al autócrata venezolano y una CIA profundamente reacia, pero sin embargo obligada, a seguir las órdenes de la Casa Blanca”[3].

Pero la CIA no fue la única que opuso resistencias a la liberación de Venezuela, según el reportaje: “cuando los funcionarios de la administración pidieron que los recursos de hacking de la NSA se redirigieran a Venezuela, un ex funcionario de la era Trump dijo que los altos funcionarios del Pentágono «se opusieron con fuerza»”, que la estrategia de la agencia fue “puramente perezosa” y que la propia directora de la CIA Gina Haspel, se oponía claramente a las órdenes de la administración y que "nunca aceptó hacer nada agresivo en Venezuela”  debido a los traumas históricos de otras intervenciones estadounidenses en los países de la cuenca del Caribe en el siglo pasado. Así las cosas, los funcionarios de la CIA y los departamentos de Estado, Tesoro y Defensa, formaron una mesa de trabajo aparte y esta nueva instancia "reaccionó en una dirección opuesta a lo que consideraban agresividad de Bolton”.

Luego de eso, la disposición y el moméntum por la liberación de Venezuela se perdieron, llegó la administración de Joe Biden, que dio marcha atrás con la política de sanciones y entró en negociaciones con el régimen venezolano para la liberación de detenidos como el testaferro de Maduro, Alex Saab, preso en Miami por lavado de activos y los sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores, presos en New York por narcotráfico, a cambio de una jugosa licencia de operaciones para extraer petróleo de Venezuela que ha sido renovada hasta mediados de 2025[4]. 

¿Qué puede pasar en su segundo gobierno? Dos escenarios y sus probabilidades

La confirmación de la nominación del senador cubanoamericano Marco Rubio como Secretario del Departamento de Estado podría influir significativamente en la política de Estados Unidos hacia Venezuela. A continuación, se analizan dos escenarios posibles y se evalúa la probabilidad de cada uno ante esta potencial designación:

1. Máxima presión 2.0:

En este escenario, la administración Trump retomaría una estrategia de presión intensificada contra el régimen de Nicolás Maduro, implementando sanciones económicas más severas y apoyando activamente a la oposición venezolana. Marco Rubio ha sido un crítico constante del gobierno de Maduro y ha promovido sanciones y medidas firmes contra su régimen. Su nombramiento como Secretario de Estado aumentaría la probabilidad de que este enfoque se materialice, ya que su historial indica una inclinación hacia políticas de línea dura en relación con Venezuela.

2. Acuerdo entre hombres fuertes:

Este enfoque implicaría una política más pragmática y transaccional, donde Estados Unidos buscaría acuerdos con el régimen de Maduro que beneficien sus intereses estratégicos, como la reducción de la migración o el acceso a recursos energéticos, sin insistir en una democratización inmediata. Aunque Rubio ha mostrado pragmatismo en ciertos temas, su postura histórica hacia Venezuela sugiere que es menos probable que adopte una estrategia que implique concesiones significativas al régimen de Maduro sin avances democráticos.

A continuación, esta matriz permite visualizar la probabilidad relativa de cada posible dirección política hacia Venezuela bajo el liderazgo de Rubio en la Secretaría de Estado:

[1] El 23 de enero de 2019, Juan Guaidó, entonces presidente del Poder Legislativo, bajo una interpretación “imaginativa” del articulo 233 de la Constitución venezolana, y ante la ilegitimidad de Nicolás Maduro para un siguiente mandato presidencial, fue proclamado presidente interino de Venezuela. La idea de este “interinato” era provocar una división en las Fuerzas Armadas y una transición a la democracia. Ninguna de las dos cosas ocurrió y el “interinato” finalizó en diciembre de 2022 con un desgaste y un desprestigio tremendo. Sobre esto ver: “La destitución de Juan Guaidó y el último clavo al ataúd de la oposición venezolana” https://www.fundacionlibertad.com/articulo/la-destitucion-de-juan-guaido-y-el-ultimo-clavo-al-ataud-de-la-oposicion-venezolana

[2] Bolton nunca profundizó mucho en lo que quiso decir Trump realmente con esta afirmación, pero puede interpretarse como un regreso a la llamada doctrina Monroe de “América para los americanos”, que EE. UU. aplicó durante todo el siglo XIX y que luego, a comienzos del siglo XX, expandió hasta Centroamérica y el Caribe con la doctrina del garrote, usándola como justificación para intervenir militarmente en esos países. Sabemos que la aproximación de Trump y los conservadores a las relaciones internacionales está muy impregnada del “Neorrealismo”, una escuela de pensamiento que entiende los límites territoriales de los EE. UU., mucho más en un mundo multipolar. Por esta razón, no busca expandirse militarmente más allá de sus áreas de influencia naturales: México, Centroamérica y el Caribe.

[3] No es de extrañar que los planes encubiertos de cambio de régimen asistidos por la CIA en Venezuela fracasaran, dada la historia de esa agencia desde su creación en la Guerra Fría. Un buen recuento de sus fracasos y golpes de suerte, se encuentran en el libro de 2007 del periodista Tim Weiner: Legacy of Ashes.

[4] En marzo 2022, comenzaron los primeros acercamientos entre el gobierno demócrata de Joe Biden con el régimen venezolano, con la llegada de una misión del Dpto. de Estado que arribó a Caracas y se reunió con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. A partir de allí comenzaron a aliviarse y levantarse ciertas sanciones económicas y se liberaron a detenidos como los sobrinos de la primera dama venezolana, presos en Nueva York por narcotráfico y tal vez el canje más importante: el testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, que se encontraba preso en Miami por lavado de activos. A cambio, el régimen debía comprometerse de descriminalizar a la oposición y celebrar elecciones libres en 2024. Sin embargo, no cumplieron los acuerdos y cometieron un fraude electoral sin ninguna consecuencia. Sobre esto, ver: ¿Por qué fracasó el Acuerdo de Barbados y qué sigue en Venezuela? https://www.fundacionlibertad.com/articulo/por-que-fracaso-el-acuerdo-de-barbados-y-que-sigue-en-venezuela ¿Por qué Maduro no cayó el 28J ni ha caído en las semanas posteriores? https://www.fundacionlibertad.com/articulo/por-que-maduro-no-cayo-el-28j-ni-ha-caido-en-las-semanas-posteriores