Hint: El balón no está en la cancha de la plataforma unitaria ni de la inmensa mayoría de los venezolanos que quieren un cambio. 

Cuando se habla de una transición democrática ¿exactamente a qué se está haciendo referencia?: una “transición”, es un período de tiempo en el que transcurre un cambio entre un régimen político y otro. Por “democrática” entendemos que el medio por el cual se materializa este cambio es a través del voto popular mayoritario. 

Que una transición política sea por la vía electoral, no significa que ésta se halle exenta de tensiones profundas. Si bien la transición a través del voto es la vía más pacífica para que ocurra un cambio de mando, cuando el gobierno saliente ve peligrar su supervivencia por la llegada del entrante, la decisión de quienes salen, lógicamente, será obstaculizar a toda costa que el enemigo obtenga todo el poder, optando muchas veces por profundizar el conflicto. Son los casos de México en el año 2000, Estados Unidos en el año 2020 y Guatemala en el año 2023. 

La propia historia de Venezuela ofrece un ejemplo interesante: en las elecciones de 1968, el partido oficial, Acción Democrática, apostaba por su segunda reelección. Los “adecos” estaban gobernando el país desde hacía una década donde, a pesar de haber restaurando las libertades políticas, controlaban prácticamente todas las instancias del gobierno. De manera que, el reto final que pondría a prueba el sistema democrático recién inaugurado en 1958, sería que se diera por primera vez la transmisión de mando a un opositor político. En aquellos comicios, resultó vencedor el socialcristiano Rafael Caldera. Dice Caldera que quienes jugaron un rol fundamental para que su investidura finalmente se diera, fueron los dos ex presidentes anteriores:

“Más de uno pensó que había que maniobrar y hacer quién sabe qué cosas para impedir que la transmisión del mando ocurriera. Y en ese momento, yo creo que Betancourt y Leoni tuvieron una importancia decisiva en que se reconociera y se admitiera el hecho. Y que aunque no les gustara que Acción Democrática perdiera el poder, no podían considerar, aún desde su punto de vista más identificado con el partido, como una desgracia para Venezuela el que yo hubiera sido electo presidente…” Rafael Caldera en entrevista con Marcel Granier el 5 de octubre de 1981.

En el caso de una transición del autoritarismo hacia la democracia, dice la historiadora y analista política venezolana Margarita López Maya que tiene que haber una negociación mucho más delicada. Por esta razón, el perfil del político transicional es diferente al del político en tiempos normales. Existen ejemplos de transiciones del autoritarismo hacia la democracia por la vía electoral en donde quien conduce la transición es un personaje neutral e incluso “gris”, que debe manejar magistralmente el tacto y la mediación. Pensemos en el caso de Chile para el año 1989, donde Patricio Alwyn será la figura que por consenso acepten todas las partes, tanto la oposición que en ese momento se agrupaba en la Concertación, como el oficialismo, para quien Alwyn era el candidato que menos incomodaba a la hora de medirse en una elección. 

Pareciera de momento que esa figura neutral en la Venezuela del 2024, puede ser el embajador Edmundo González Urrutia. González Urrutia es un diplomático de 75 años de edad, prácticamente desconocido hasta hace unos meses. La forma en la que se llegó a esa candidatura fue interesante: él mismo ha admitido que en su momento se trataba de una candidatura “tapa”, o provisional, mientras se resolvía la situación jurídica de María Corina Machado[1]. Será luego de una intensa negociación entre Machado y Manuel Rosales[2], quienes dejaron de lado sus aspiraciones personales, que la candidatura de González Urrutia se ratifica en el tarjetón de la Plataforma Unitaria, sin que el oficialismo presentara ninguna objeción. 

González Urrutia tiene un estilo político propio. Si bien ha acompañado a María Corina Machado en varias oportunidades, pareciera seguir su propia agenda. En su campaña, González Urrutia  prácticamente no ha salido del área metropolitana, dejándole la movilización en el interior del país a la enérgica María Corina Machado. Esta aparente división del trabajo entre los líderes, que ha sido criticada en los sectores más radicales del chavismo y la oposición, probablemente se debe a que González Urrutia no quiere presentarse como una amenaza existencial frente al régimen de Nicolás Maduro, quien ya ha desplegado su deslucida maquinaria de acarreo de votos en todo el país. 

El discurso de González Urrutia es conciliador y de consenso. Incluso ha afirmado que “el chavismo tendrá una puerta para participación”, de llegar a la presidencia. Eso manda una garantía de supervivencia para el día después a los perdedores en la contienda, lo cual es significativo ya que las encuestas más importantes del país le dan un 52% de ventaja a González Urrutia frente a Nicolás Maduro, que apenas cuenta con 18% de intención de voto, en el mejor de los casos. 

Así que, de momento, tenemos dos ingredientes fundamentales de la receta para una transición: a pesar de todos los obstáculos, el pueblo venezolano se expresará en las urnas y la oposición ya ha mandado las señales oportunas. 

¿Podemos entonces afirmar que ya ha comenzado una transición en Venezuela? A 23 días de las elecciones presidenciales, todavía el panorama es incierto. Falta que aparezcan varios factores en escena para que esto se pueda determinar con certeza: la actuación del sector privado, de la comunidad internacional y más importante, de las Fuerzas Armadas, serán cruciales en los próximos días. Allí estará el nudo gordiano de lo que pudiera ser eventualmente una transición a la democracia o una ruptura institucional que lleve al país a una agudización autoritaria. 

A pesar de la naturaleza autoritaria y criminal del actual régimen que gobierna Venezuela, habrá que confiar en que dentro de sus propias filas muchos estén pensando que dejar el poder pacíficamente es lo que más les conviene en estos momentos. Es innegable que hacer respetar los resultados de las elecciones de este próximo 28 de julio en Venezuela necesariamente pasará, en el mejor de los casos, por una apelación a la conciencia de los más moderados dentro del chavismo; y en el peor de los casos, por un cálculo utilitario interno para asegurarse su propia supervivencia en la Venezuela que vendrá.

[1] María Corina Machado es una política liberal de la capital que resultó ganadora en las elecciones primarias internas de la oposición para nombrar la candidatura de la Plataforma Unitaria en las elecciones presidenciales. En enero de este año, el régimen venezolano la inhabilitó para aspirar a cargos de elección popular por 15 años. 

[2] Manuel Rosales es un político socialdemócrata del occidente del país que actualmente es gobernador de uno de los estados más importantes de Venezuela y ha sido candidato presidencial de la oposición en varias oportunidades. Para las elecciones de 2024, inscribió su candidatura al margen de la tarjeta de la Plataforma Unitaria y la retiró poco después. 

Hint: El balón no está en la cancha de la plataforma unitaria ni de la inmensa mayoría de los venezolanos que quieren un cambio. 

Cuando se habla de una transición democrática ¿exactamente a qué se está haciendo referencia?: una “transición”, es un período de tiempo en el que transcurre un cambio entre un régimen político y otro. Por “democrática” entendemos que el medio por el cual se materializa este cambio es a través del voto popular mayoritario. 

Que una transición política sea por la vía electoral, no significa que ésta se halle exenta de tensiones profundas. Si bien la transición a través del voto es la vía más pacífica para que ocurra un cambio de mando, cuando el gobierno saliente ve peligrar su supervivencia por la llegada del entrante, la decisión de quienes salen, lógicamente, será obstaculizar a toda costa que el enemigo obtenga todo el poder, optando muchas veces por profundizar el conflicto. Son los casos de México en el año 2000, Estados Unidos en el año 2020 y Guatemala en el año 2023. 

La propia historia de Venezuela ofrece un ejemplo interesante: en las elecciones de 1968, el partido oficial, Acción Democrática, apostaba por su segunda reelección. Los “adecos” estaban gobernando el país desde hacía una década donde, a pesar de haber restaurando las libertades políticas, controlaban prácticamente todas las instancias del gobierno. De manera que, el reto final que pondría a prueba el sistema democrático recién inaugurado en 1958, sería que se diera por primera vez la transmisión de mando a un opositor político. En aquellos comicios, resultó vencedor el socialcristiano Rafael Caldera. Dice Caldera que quienes jugaron un rol fundamental para que su investidura finalmente se diera, fueron los dos ex presidentes anteriores:

“Más de uno pensó que había que maniobrar y hacer quién sabe qué cosas para impedir que la transmisión del mando ocurriera. Y en ese momento, yo creo que Betancourt y Leoni tuvieron una importancia decisiva en que se reconociera y se admitiera el hecho. Y que aunque no les gustara que Acción Democrática perdiera el poder, no podían considerar, aún desde su punto de vista más identificado con el partido, como una desgracia para Venezuela el que yo hubiera sido electo presidente…” Rafael Caldera en entrevista con Marcel Granier el 5 de octubre de 1981.

En el caso de una transición del autoritarismo hacia la democracia, dice la historiadora y analista política venezolana Margarita López Maya que tiene que haber una negociación mucho más delicada. Por esta razón, el perfil del político transicional es diferente al del político en tiempos normales. Existen ejemplos de transiciones del autoritarismo hacia la democracia por la vía electoral en donde quien conduce la transición es un personaje neutral e incluso “gris”, que debe manejar magistralmente el tacto y la mediación. Pensemos en el caso de Chile para el año 1989, donde Patricio Alwyn será la figura que por consenso acepten todas las partes, tanto la oposición que en ese momento se agrupaba en la Concertación, como el oficialismo, para quien Alwyn era el candidato que menos incomodaba a la hora de medirse en una elección. 

Pareciera de momento que esa figura neutral en la Venezuela del 2024, puede ser el embajador Edmundo González Urrutia. González Urrutia es un diplomático de 75 años de edad, prácticamente desconocido hasta hace unos meses. La forma en la que se llegó a esa candidatura fue interesante: él mismo ha admitido que en su momento se trataba de una candidatura “tapa”, o provisional, mientras se resolvía la situación jurídica de María Corina Machado[1]. Será luego de una intensa negociación entre Machado y Manuel Rosales[2], quienes dejaron de lado sus aspiraciones personales, que la candidatura de González Urrutia se ratifica en el tarjetón de la Plataforma Unitaria, sin que el oficialismo presentara ninguna objeción. 

González Urrutia tiene un estilo político propio. Si bien ha acompañado a María Corina Machado en varias oportunidades, pareciera seguir su propia agenda. En su campaña, González Urrutia  prácticamente no ha salido del área metropolitana, dejándole la movilización en el interior del país a la enérgica María Corina Machado. Esta aparente división del trabajo entre los líderes, que ha sido criticada en los sectores más radicales del chavismo y la oposición, probablemente se debe a que González Urrutia no quiere presentarse como una amenaza existencial frente al régimen de Nicolás Maduro, quien ya ha desplegado su deslucida maquinaria de acarreo de votos en todo el país. 

El discurso de González Urrutia es conciliador y de consenso. Incluso ha afirmado que “el chavismo tendrá una puerta para participación”, de llegar a la presidencia. Eso manda una garantía de supervivencia para el día después a los perdedores en la contienda, lo cual es significativo ya que las encuestas más importantes del país le dan un 52% de ventaja a González Urrutia frente a Nicolás Maduro, que apenas cuenta con 18% de intención de voto, en el mejor de los casos. 

Así que, de momento, tenemos dos ingredientes fundamentales de la receta para una transición: a pesar de todos los obstáculos, el pueblo venezolano se expresará en las urnas y la oposición ya ha mandado las señales oportunas. 

¿Podemos entonces afirmar que ya ha comenzado una transición en Venezuela? A 23 días de las elecciones presidenciales, todavía el panorama es incierto. Falta que aparezcan varios factores en escena para que esto se pueda determinar con certeza: la actuación del sector privado, de la comunidad internacional y más importante, de las Fuerzas Armadas, serán cruciales en los próximos días. Allí estará el nudo gordiano de lo que pudiera ser eventualmente una transición a la democracia o una ruptura institucional que lleve al país a una agudización autoritaria. 

A pesar de la naturaleza autoritaria y criminal del actual régimen que gobierna Venezuela, habrá que confiar en que dentro de sus propias filas muchos estén pensando que dejar el poder pacíficamente es lo que más les conviene en estos momentos. Es innegable que hacer respetar los resultados de las elecciones de este próximo 28 de julio en Venezuela necesariamente pasará, en el mejor de los casos, por una apelación a la conciencia de los más moderados dentro del chavismo; y en el peor de los casos, por un cálculo utilitario interno para asegurarse su propia supervivencia en la Venezuela que vendrá.

[1] María Corina Machado es una política liberal de la capital que resultó ganadora en las elecciones primarias internas de la oposición para nombrar la candidatura de la Plataforma Unitaria en las elecciones presidenciales. En enero de este año, el régimen venezolano la inhabilitó para aspirar a cargos de elección popular por 15 años. 

[2] Manuel Rosales es un político socialdemócrata del occidente del país que actualmente es gobernador de uno de los estados más importantes de Venezuela y ha sido candidato presidencial de la oposición en varias oportunidades. Para las elecciones de 2024, inscribió su candidatura al margen de la tarjeta de la Plataforma Unitaria y la retiró poco después. 

Rutte debe garantizar que las estrategias de defensa y disuasión empleadas por la Alianza no conduzcan a una escalada del conflicto en países aliados, evitando así un enfrentamiento directo con Rusia.

En los próximos meses, la OTAN tendrá un cambio en la figura del secretario general tras la dimisión del noruego Jens Stoltenberg. Después de conseguir el apoyo de los países miembros, el saliente primer ministro neerlandés, Mark Rutte, será quien lidere la Alianza. 

Rutte ha sido líder del partido Popular por la Libertad y la Democracia, de ideología liberal de centroderecha, desde el 2006 y desempeñó el cargo de primer ministro en Países Bajos por más de 10 años. Durante su trayectoria política, Rutte ha sido reconocido como un líder pragmático, capaz de generar consenso y alianzas. Definitivamente, estas características serán esenciales en el nuevo líder de la OTAN para enfrentar con éxito los retos de la Alianza.  

Moscú sigue representando una de las mayores amenazas a la OTAN en términos políticos y económicos. Rutte tendrá que enfrentarse ante países miembros que no apoyan la ayuda de la Alianza a Kiev por su cercanía con Rusia. El próximo secretario general es conocido por su amplio apoyo a Ucrania y su enemistad con Rusia, lo cual casi le cuesta su reciente victoria. Hungría, Rumanía y Turquía, países que han evitado involucrarse en el conflicto para evitar represalias, mostraron inicialmente reticencia hacia su candidatura. En el caso de Hungría, no fue hasta que Rutte garantizó a Orbán que no se le obligaría a participar en la ayuda de la OTAN a Ucrania que finalmente cedió su voto.

Rutte debe garantizar que las estrategias de defensa y disuasión empleadas por la Alianza no conduzcan a una escalada del conflicto en países aliados, evitando así un enfrentamiento directo con Rusia. Asimismo, también se enfrentará a nuevos líderes tras las elecciones que se llevarán a cabo en Europa y Estados Unidos en los próximos meses. Especialmente, ante el posible escenario de que Donald Trump gane la presidencia por sus críticas hacia la Alianza.

 En términos económicos, la OTAN enfrenta un problema respecto al aporte del 2 % del PIB en gasto de defensa que los aliados deben cumplir, ya que un tercio de la Alianza aún no logran aportar dicha cifra. Este es uno de los asuntos en los que Donald Trump ha sido más crítico, incluso ha sugerido que recortaría la ayuda a Ucrania si los demás países no cumplen con su parte, siendo Estados Unidos quien más ayuda económica dona a Kiev. 

Aunque Rutte enfrentará desafíos como secretario general de la OTAN, y tendrá que mejorar su relación con países como Hungría, Rutte también contará con la ventaja de tener experiencia política, un amplio apoyo por parte de los aliados, habilidades de negociación y su pragmatismo. Asimismo, también tiene a su favor que, en caso de que Donald Trump gane las elecciones en noviembre, el ex-presidente ha expresado previamente una opinión positiva sobre él.

En 2023, 70% de los guatemaltecos que perciben que la corrupción “está muy generalizada”, también se sienten menos satisfechos con la democracia y están menos seguros de que Guatemala sea una democracia.

Esta semana se publicó el barómetro de las América 2023 de LAPOP con el título "Pulso de la democracia en Guatemala". El informe revela que menos de la mitad de los guatemaltecos, el 48%, creen que la democracia es mejor que otras formas de gobierno. Es el nivel de apoyo más bajo a la democracia en Guatemala en casi dos décadas.

Guatemala tiene actualmente el nivel más bajo de apoyo a la democracia en América Latina y el Caribe, junto a Surinám y seguido de cerca por Honduras en donde el 49% dicen apoyar la democracia como la mejor forma de gobierno.

Este declive en el apoyo a la democracia en Guatemala coincide con un período de grave retroceso democrático en el que se violentaron derechos fundamentales, se persiguió a activistas, operadores de justicia, periodistas y opositores políticos. También coincide con un proceso electoral turbulento en el que el Ministerio Público intentó poner en duda el resultado de las elecciones para evitar la llegada del Movimiento Semilla al poder.

El estudio también indica que los guatemaltecos se encuentran en un punto de baja satisfacción con los resultados de la democracia, apenas el 38% dicen que están “satisfechos” o “muy satisfechos”. La satisfacción con la democracia se ha desplomado casi 15 puntos porcentuales en la última década.

La libertad de expresión es otro de los derechos fundamentales que se han visto afectados en este período de retroceso democrático en el país. Según el estudio, tres de cada cuatro guatemaltecos (76%) creen que hay muy poca libertad de expresión en el país. Los guatemaltecos no se sienten seguros de expresar opiniones políticas sin miedo.

Comparándolo con el resto de América Latina y el Caribe, Guatemala ocupa el segundo lugar en el porcentaje de personas que dicen que hay “muy poca” libertad de expresión en el país, solamente superados por Nicaragua, país que actualmente vive en una dictadura y en donde el 81% de los ciudadanos dice tener miedo de expresar opiniones políticas.

Según LAPOP, la percepción de corrupción tiene una relación importante con la insatisfacción con la democracia. En 2023, 70% de los guatemaltecos que perciben que la corrupción “está muy generalizada”, también se sienten menos satisfechos con la democracia y están menos seguros de que Guatemala sea una democracia.

Después de un proceso electoral tan atropellado, no es de extrañar que la confianza en las elecciones haya disminuido en Guatemala. Actualmente solo el 27% de la población afirma que tiene confianza en las elecciones, una disminución de 5 puntos porcentuales respecto de la misma pregunta en 2021.

El informe indica que la desconfianza en las elecciones está relacionada con la falta de identificación con un partido político, mayor insatisfacción con la democracia, un aumento en la idea de que Guatemala no es una democracia y la ubicación de la persona, mientras más urbana más desconfiada es del sistema.

Este informe nos deja una preocupación sobre el futuro de la democracia en el país. Aunque el gobierno actual ha dado señales positivas respecto al respeto de los derechos fundamentales, el sentir de la población hacia la democracia está estrechamente relacionado con la capacidad que tengan las autoridades actuales de presentar resultados positivos en el corto plazo.

Si el gobierno actual fracasa en su misión encomendada, el aprecio por la democracia podría disminuir aún más y el riesgo de la consolidación de un régimen autoritario en el país aumentaría. Esto es especialmente preocupante considerando el ejemplo del país vecino, cuyo gobierno ha promovido con éxito la idea de que se pueden comprometer algunos derechos fundamentales a cambio de una mayor eficiencia en la implementación de ciertas políticas públicas, particularmente en el ámbito de la seguridad.

En 2023, 70% de los guatemaltecos que perciben que la corrupción “está muy generalizada”, también se sienten menos satisfechos con la democracia y están menos seguros de que Guatemala sea una democracia.

Esta semana se publicó el barómetro de las América 2023 de LAPOP con el título "Pulso de la democracia en Guatemala". El informe revela que menos de la mitad de los guatemaltecos, el 48%, creen que la democracia es mejor que otras formas de gobierno. Es el nivel de apoyo más bajo a la democracia en Guatemala en casi dos décadas.

Guatemala tiene actualmente el nivel más bajo de apoyo a la democracia en América Latina y el Caribe, junto a Surinám y seguido de cerca por Honduras en donde el 49% dicen apoyar la democracia como la mejor forma de gobierno.

Este declive en el apoyo a la democracia en Guatemala coincide con un período de grave retroceso democrático en el que se violentaron derechos fundamentales, se persiguió a activistas, operadores de justicia, periodistas y opositores políticos. También coincide con un proceso electoral turbulento en el que el Ministerio Público intentó poner en duda el resultado de las elecciones para evitar la llegada del Movimiento Semilla al poder.

El estudio también indica que los guatemaltecos se encuentran en un punto de baja satisfacción con los resultados de la democracia, apenas el 38% dicen que están “satisfechos” o “muy satisfechos”. La satisfacción con la democracia se ha desplomado casi 15 puntos porcentuales en la última década.

La libertad de expresión es otro de los derechos fundamentales que se han visto afectados en este período de retroceso democrático en el país. Según el estudio, tres de cada cuatro guatemaltecos (76%) creen que hay muy poca libertad de expresión en el país. Los guatemaltecos no se sienten seguros de expresar opiniones políticas sin miedo.

Comparándolo con el resto de América Latina y el Caribe, Guatemala ocupa el segundo lugar en el porcentaje de personas que dicen que hay “muy poca” libertad de expresión en el país, solamente superados por Nicaragua, país que actualmente vive en una dictadura y en donde el 81% de los ciudadanos dice tener miedo de expresar opiniones políticas.

Según LAPOP, la percepción de corrupción tiene una relación importante con la insatisfacción con la democracia. En 2023, 70% de los guatemaltecos que perciben que la corrupción “está muy generalizada”, también se sienten menos satisfechos con la democracia y están menos seguros de que Guatemala sea una democracia.

Después de un proceso electoral tan atropellado, no es de extrañar que la confianza en las elecciones haya disminuido en Guatemala. Actualmente solo el 27% de la población afirma que tiene confianza en las elecciones, una disminución de 5 puntos porcentuales respecto de la misma pregunta en 2021.

El informe indica que la desconfianza en las elecciones está relacionada con la falta de identificación con un partido político, mayor insatisfacción con la democracia, un aumento en la idea de que Guatemala no es una democracia y la ubicación de la persona, mientras más urbana más desconfiada es del sistema.

Este informe nos deja una preocupación sobre el futuro de la democracia en el país. Aunque el gobierno actual ha dado señales positivas respecto al respeto de los derechos fundamentales, el sentir de la población hacia la democracia está estrechamente relacionado con la capacidad que tengan las autoridades actuales de presentar resultados positivos en el corto plazo.

Si el gobierno actual fracasa en su misión encomendada, el aprecio por la democracia podría disminuir aún más y el riesgo de la consolidación de un régimen autoritario en el país aumentaría. Esto es especialmente preocupante considerando el ejemplo del país vecino, cuyo gobierno ha promovido con éxito la idea de que se pueden comprometer algunos derechos fundamentales a cambio de una mayor eficiencia en la implementación de ciertas políticas públicas, particularmente en el ámbito de la seguridad.

Invito a todos a leer y consultar esta obra fundamental, que no solo enriquece nuestro entendimiento del pasado constitucional de Guatemala, sino que también ofrece valiosas lecciones y reflexiones para el presente del país.

En el marco de la conmemoración de los 40 años de la Asamblea Nacional Constituyente de 1984-1985, se ha publicado una obra monumental en cinco tomos que recoge de manera exhaustiva los debates y documentos que dieron origen a la Constitución de Guatemala. El jurista e historiador guatemalteco Dr. Juan Pablo Gramajo, autor de la obra, ha reunido una rica colección de fuentes primarias, que son una muestra fehaciente del pensamiento, las intenciones y el espíritu de los constituyentes de esa época, permitiendo a los lectores sumergirse en un momento crucial y determinante en la historia política del país.

En aquellos años, la Asamblea Nacional Constituyente recibió el mandato de redactar una nueva Constitución y establecer leyes constitucionales en ámbitos fundamentales como el electoral y el amparo. Estas leyes siguen dando forma al régimen político actual y son temas que vale la pena explorar y comprender, apelando a los debates y opiniones que las concibieron.

A pesar de las constantes críticas y ataques que el sistema político inaugurado en 1985 recibe en buena parte de la opinión pública, no cabe duda de que a lo largo de estas décadas, los guatemaltecos han defendido el orden constitucional nacido de este órgano temporal y extraordinario. Este orden ha enfrentado crisis significativas, pero ha mantenido el respaldo y apoyo de la sociedad en los momentos más decisivos.

La publicación de esta obra marca un hito al poner por primera vez a disposición del público general fuentes tan importantes de la historia reciente como los Diarios de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente y los textos de la Comisión del Proyecto de Constitución.

Los debates documentados en estos tomos están imbuidos del "Volksgeist", el espíritu de aquel momento, reflejando la fuerza de los acontecimientos mundiales y regionales de mediados de los años 80. En esa época, el mundo estaba marcado por las postrimerías de la Guerra Fría, con el auge de los movimientos democráticos en Europa del Este. En América Latina, especialmente, se vivía una ola de transiciones democráticas, con países como Argentina y Brasil saliendo de dictaduras militares e inaugurando democracias civiles de partidos plurales.

Además de ser una valiosa herramienta para estudiantes y profesionales del Derecho, esta edición está destinada a estudiosos y profesionales interesados en investigar y comprender el pasado histórico de Guatemala. Un punto de especial interés es el tomo V, que recoge anteproyectos, anexos y antecedentes con intervenciones notables, como la del ex presidente de Colombia, Belisario Betancur, figura central del Grupo Contadora invitado por el pleno. Este último tomo ofrece una perspectiva única y rica sobre los fundamentos y las deliberaciones que dieron forma a la Constitución.

Invito a todos a leer y consultar esta obra fundamental, que no solo enriquece nuestro entendimiento del pasado constitucional de Guatemala, sino que también ofrece valiosas lecciones y reflexiones para el presente del país.

Invito a todos a leer y consultar esta obra fundamental, que no solo enriquece nuestro entendimiento del pasado constitucional de Guatemala, sino que también ofrece valiosas lecciones y reflexiones para el presente del país.

En el marco de la conmemoración de los 40 años de la Asamblea Nacional Constituyente de 1984-1985, se ha publicado una obra monumental en cinco tomos que recoge de manera exhaustiva los debates y documentos que dieron origen a la Constitución de Guatemala. El jurista e historiador guatemalteco Dr. Juan Pablo Gramajo, autor de la obra, ha reunido una rica colección de fuentes primarias, que son una muestra fehaciente del pensamiento, las intenciones y el espíritu de los constituyentes de esa época, permitiendo a los lectores sumergirse en un momento crucial y determinante en la historia política del país.

En aquellos años, la Asamblea Nacional Constituyente recibió el mandato de redactar una nueva Constitución y establecer leyes constitucionales en ámbitos fundamentales como el electoral y el amparo. Estas leyes siguen dando forma al régimen político actual y son temas que vale la pena explorar y comprender, apelando a los debates y opiniones que las concibieron.

A pesar de las constantes críticas y ataques que el sistema político inaugurado en 1985 recibe en buena parte de la opinión pública, no cabe duda de que a lo largo de estas décadas, los guatemaltecos han defendido el orden constitucional nacido de este órgano temporal y extraordinario. Este orden ha enfrentado crisis significativas, pero ha mantenido el respaldo y apoyo de la sociedad en los momentos más decisivos.

La publicación de esta obra marca un hito al poner por primera vez a disposición del público general fuentes tan importantes de la historia reciente como los Diarios de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente y los textos de la Comisión del Proyecto de Constitución.

Los debates documentados en estos tomos están imbuidos del "Volksgeist", el espíritu de aquel momento, reflejando la fuerza de los acontecimientos mundiales y regionales de mediados de los años 80. En esa época, el mundo estaba marcado por las postrimerías de la Guerra Fría, con el auge de los movimientos democráticos en Europa del Este. En América Latina, especialmente, se vivía una ola de transiciones democráticas, con países como Argentina y Brasil saliendo de dictaduras militares e inaugurando democracias civiles de partidos plurales.

Además de ser una valiosa herramienta para estudiantes y profesionales del Derecho, esta edición está destinada a estudiosos y profesionales interesados en investigar y comprender el pasado histórico de Guatemala. Un punto de especial interés es el tomo V, que recoge anteproyectos, anexos y antecedentes con intervenciones notables, como la del ex presidente de Colombia, Belisario Betancur, figura central del Grupo Contadora invitado por el pleno. Este último tomo ofrece una perspectiva única y rica sobre los fundamentos y las deliberaciones que dieron forma a la Constitución.

Invito a todos a leer y consultar esta obra fundamental, que no solo enriquece nuestro entendimiento del pasado constitucional de Guatemala, sino que también ofrece valiosas lecciones y reflexiones para el presente del país.

Los amparos interpuestos en esta dirección denotan malicia o una profunda ignorancia sobre la jurisprudencia constitucional en la materia.

Ya se han presentado dos acciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) que buscan retrasar la elección de cortes. Estos amparos se basan en una interpretación errónea del artículo 208 de la Constitución, que, según los demandantes, establece que los magistrados y jueces duran en sus funciones cinco años. A continuación, explicaré por qué esta interpretación es incorrecta y por qué la nueva magistratura debe instalarse el próximo 13 de octubre de 2024, cerrando así el periodo constitucional 2019-2024.

¿De dónde proviene la fecha del 13 de octubre? Esta fecha se estableció tras la reforma constitucional de 1994, que en su adición del Artículo 24 transitorio, estipulaba que el Congreso debía elegir a la CSJ y a las CdA dentro de los 30 días siguientes a su instalación. Según el Acuerdo Legislativo 15-94, tras la instalación del nuevo Congreso el 13 de septiembre de 1994, la nueva Corte Suprema se instaló el 13 de octubre de ese mismo año, estableciendo así el inicio del periodo constitucional que se extiende desde esa fecha y marca la duración de cinco años para cada magistratura.

Los actuales magistrados de la CSJ debían asumir el 13 de octubre de 2019, pero no lo hicieron hasta el 15 de noviembre de 2023, cuando fueron finalmente electos por el Congreso. Los magistrados de la CdA fueron electos el 21 de noviembre de 2023. En ambos casos, los acuerdos legislativos de designación especifican que es “para finalizar el periodo constitucional 2019-2024, que vence el 12 de octubre de 2024”.

La tardanza en la asunción de los magistrados de la CSJ y CdA en 2019 fue resultado de varios cuestionamientos que culminaron en una acción de amparo presentada por la Fiscal General, Consuelo Porras, contra el Congreso de la República, por la "amenaza cierta, real e inminente" de elección de candidatos que no cumplían con los requisitos constitucionales de capacidad, idoneidad y honradez.

La CC otorgó protección constitucional (expediente 1169-2020), ordenando al Ministerio Público que enviara un informe detallado al Congreso para verificar que los candidatos propuestos no estuvieran comprometidos por manipulaciones o influencias indebidas en el proceso de selección.

Inicialmente, la CC, en su sentencia de 2020, ordenó que los magistrados de la CSJ y las CdA fueran elegidos a viva voz por el Congreso como medida para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los requisitos constitucionales. Sin embargo, el Congreso se resistió a realizar las elecciones bajo estos términos.

En una resolución de asistencia para la debida ejecución del 6 de noviembre de 2023 (expediente 1169-2020), la CC ordenó al Congreso proceder con la elección de magistrados para la CSJ y CdA, después de que el Congreso inicialmente se resistiera a realizar las elecciones como lo estipulaba la Corte en 2020. Finalmente, el Congreso efectuó las elecciones el 15 y 21 de noviembre de 2023.

Además, en esa resolución del 6 de noviembre de 2023, la CC dejó claro: "Además, como se mencionó, es necesario proceder a elegir a las Cortes que habrán de finalizar su gestión en octubre de dos mil veinticuatro".

Este criterio se ha mantenido desde hace tiempo. En el caso de Claudia Paz y Paz, se cuestionó la duración de su mandato como Fiscal General de la Nación. Aunque Paz y Paz asumió el cargo en diciembre de 2010, hubo un debate sobre si su mandato debía extenderse para completar cinco años completos de servicio.

La Corte de Constitucionalidad (expediente 461-2014) reafirmó que los periodos constitucionales son fijos al resolver que, independientemente de la fecha en que Paz y Paz comenzó a ejercer, su mandato debía finalizar en la fecha originalmente prevista, mayo de 2014. Esto subraya la interpretación de que los plazos fijados constitucionalmente no se ajustan a las circunstancias particulares de inicio de servicio de un funcionario, sino que están anclados a fechas establecidas para asegurar la regularidad y previsibilidad en la administración del Estado.

Por lo tanto, la discusión es infundada. No hay duda de que el periodo de los actuales magistrados de CSJ y CdA termina en octubre. Los amparos interpuestos en esta dirección denotan malicia o una profunda ignorancia sobre la jurisprudencia constitucional en la materia.

Los amparos interpuestos en esta dirección denotan malicia o una profunda ignorancia sobre la jurisprudencia constitucional en la materia.

Ya se han presentado dos acciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) que buscan retrasar la elección de cortes. Estos amparos se basan en una interpretación errónea del artículo 208 de la Constitución, que, según los demandantes, establece que los magistrados y jueces duran en sus funciones cinco años. A continuación, explicaré por qué esta interpretación es incorrecta y por qué la nueva magistratura debe instalarse el próximo 13 de octubre de 2024, cerrando así el periodo constitucional 2019-2024.

¿De dónde proviene la fecha del 13 de octubre? Esta fecha se estableció tras la reforma constitucional de 1994, que en su adición del Artículo 24 transitorio, estipulaba que el Congreso debía elegir a la CSJ y a las CdA dentro de los 30 días siguientes a su instalación. Según el Acuerdo Legislativo 15-94, tras la instalación del nuevo Congreso el 13 de septiembre de 1994, la nueva Corte Suprema se instaló el 13 de octubre de ese mismo año, estableciendo así el inicio del periodo constitucional que se extiende desde esa fecha y marca la duración de cinco años para cada magistratura.

Los actuales magistrados de la CSJ debían asumir el 13 de octubre de 2019, pero no lo hicieron hasta el 15 de noviembre de 2023, cuando fueron finalmente electos por el Congreso. Los magistrados de la CdA fueron electos el 21 de noviembre de 2023. En ambos casos, los acuerdos legislativos de designación especifican que es “para finalizar el periodo constitucional 2019-2024, que vence el 12 de octubre de 2024”.

La tardanza en la asunción de los magistrados de la CSJ y CdA en 2019 fue resultado de varios cuestionamientos que culminaron en una acción de amparo presentada por la Fiscal General, Consuelo Porras, contra el Congreso de la República, por la "amenaza cierta, real e inminente" de elección de candidatos que no cumplían con los requisitos constitucionales de capacidad, idoneidad y honradez.

La CC otorgó protección constitucional (expediente 1169-2020), ordenando al Ministerio Público que enviara un informe detallado al Congreso para verificar que los candidatos propuestos no estuvieran comprometidos por manipulaciones o influencias indebidas en el proceso de selección.

Inicialmente, la CC, en su sentencia de 2020, ordenó que los magistrados de la CSJ y las CdA fueran elegidos a viva voz por el Congreso como medida para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los requisitos constitucionales. Sin embargo, el Congreso se resistió a realizar las elecciones bajo estos términos.

En una resolución de asistencia para la debida ejecución del 6 de noviembre de 2023 (expediente 1169-2020), la CC ordenó al Congreso proceder con la elección de magistrados para la CSJ y CdA, después de que el Congreso inicialmente se resistiera a realizar las elecciones como lo estipulaba la Corte en 2020. Finalmente, el Congreso efectuó las elecciones el 15 y 21 de noviembre de 2023.

Además, en esa resolución del 6 de noviembre de 2023, la CC dejó claro: "Además, como se mencionó, es necesario proceder a elegir a las Cortes que habrán de finalizar su gestión en octubre de dos mil veinticuatro".

Este criterio se ha mantenido desde hace tiempo. En el caso de Claudia Paz y Paz, se cuestionó la duración de su mandato como Fiscal General de la Nación. Aunque Paz y Paz asumió el cargo en diciembre de 2010, hubo un debate sobre si su mandato debía extenderse para completar cinco años completos de servicio.

La Corte de Constitucionalidad (expediente 461-2014) reafirmó que los periodos constitucionales son fijos al resolver que, independientemente de la fecha en que Paz y Paz comenzó a ejercer, su mandato debía finalizar en la fecha originalmente prevista, mayo de 2014. Esto subraya la interpretación de que los plazos fijados constitucionalmente no se ajustan a las circunstancias particulares de inicio de servicio de un funcionario, sino que están anclados a fechas establecidas para asegurar la regularidad y previsibilidad en la administración del Estado.

Por lo tanto, la discusión es infundada. No hay duda de que el periodo de los actuales magistrados de CSJ y CdA termina en octubre. Los amparos interpuestos en esta dirección denotan malicia o una profunda ignorancia sobre la jurisprudencia constitucional en la materia.

Tanto la normativa actual, que no fomenta adecuadamente la rendición de cuentas, como la propuesta presidencial, que podría comprometer la independencia de la fiscalía general, fallan en mantener un equilibrio adecuado entre la independencia de la fiscalía y la necesidad de garantizar la rendición de cuentas.

El presidente Arévalo propuso la reforma del artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) mediante la iniciativa de ley 6391 el lunes pasado. Según el artículo 251 de la Constitución, el presidente puede destituir al fiscal general por "causa justificada", definida actualmente como una condena firme por delito doloso. Esta disposición complica la remoción del fiscal general, ya que carece de procedimientos para asegurar investigaciones imparciales dentro del propio Ministerio Público (MP) y porque obtener una condena firme puede extenderse más allá del periodo de nombramiento de cuatro años del fiscal general.

La iniciativa 6391 intenta ampliar las causales de remoción del fiscal general, añadiendo motivos como la declaratoria de interdicción y enfermedades graves verificadas médicamente. Destaca la inclusión de la causal de “falta de debida diligencia” o “incumplimiento de funciones y atribuciones”, que se demostraría a través de los informes anuales del MP o por solicitudes específicas del presidente. Es crucial señalar que, bajo esta nueva normativa, el fiscal general debería presentar su defensa dentro de un plazo máximo de 24 horas, lo que en práctica podría restablecer el modelo anterior a 2016, donde la discrecionalidad presidencial para remover al fiscal era casi total.

Además, se incorporan causales relacionadas con faltas muy graves, según lo detalla el artículo 62 de la LOMP, que incluyen injurias contra funcionarios, mal uso de bienes del Ministerio y actividades políticas durante el horario laboral. Aunque esta adición parece más razonable, requiere un análisis más profundo que excede los límites de este espacio.

Es crucial destacar que tanto la normativa actual, que no fomenta adecuadamente la rendición de cuentas, como la propuesta presidencial, que podría comprometer la independencia de la fiscalía general, fallan en mantener un equilibrio adecuado entre la independencia de la fiscalía y la necesidad de garantizar la rendición de cuentas.

Por tanto, al abordar los problemas estructurales evidentes, se hace imperativo discutir cuál debería ser el diseño institucional óptimo que logre preservar la independencia de la fiscalía general mientras se establece un mecanismo razonable y exigente, aunque alcanzable, para la remoción del fiscal general. En el derecho comparado, encontramos algunos ejemplos ilustrativos. Por ejemplo, según el artículo 102 de la Constitución mexicana, el Fiscal General puede ser destituido por el Ejecutivo Federal por causas graves estipuladas legalmente. Esta decisión puede ser impugnada por la Cámara de Senadores, y si la mayoría de sus miembros presentes vota en contra de la remoción en un plazo de diez días hábiles, el Fiscal General será restituido en sus funciones. De no pronunciarse el Senado en este plazo, se considera que acepta la decisión del Ejecutivo.

En Argentina, la destitución del Procurador General de la Nación está regulada por la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (Ley 27148) y la Constitución Nacional. El artículo 76 de dicha ley especifica que el Procurador solo puede ser removido conforme a las causas y procedimientos establecidos en los artículos 53 y 59 de la Constitución, donde se requieren dos tercios de los votos del Senado para proceder con la acusación y posterior remoción.

Claramente, cada modelo refleja su contexto específico; por ejemplo, en Argentina, una tradición jurídica de larga data y, en México, reformas más recientes. Sin embargo, en el contexto guatemalteco, tras el cuestionamiento de algunos abogados al actual artículo 14 de la LOMP (expedientes acumulados 6237-2023, 6288-2023 y 6295-2023, sentencia 20/12/2023), la Corte de Constitucionalidad sostiene que el presidente no debe esperar una condena judicial para destituir al fiscal general, lo que sugiere la posibilidad de establecer controles efectivos sobre esta decisión.

Podría explorarse en Guatemala una fórmula similar a la de los casos mencionados, donde el presidente invoque causales establecidas, como las del artículo 62 de la LOMP o una falta de confianza, y que estas causas sean ratificadas por el Congreso en un solo acto legislativo o como condición previa a la destitución definitiva, garantizando así que la remoción del fiscal general no sea una decisión unilateral del presidente y exista un contrapeso efectivo.