En 2023, 70% de los guatemaltecos que perciben que la corrupción “está muy generalizada”, también se sienten menos satisfechos con la democracia y están menos seguros de que Guatemala sea una democracia.

Esta semana se publicó el barómetro de las América 2023 de LAPOP con el título "Pulso de la democracia en Guatemala". El informe revela que menos de la mitad de los guatemaltecos, el 48%, creen que la democracia es mejor que otras formas de gobierno. Es el nivel de apoyo más bajo a la democracia en Guatemala en casi dos décadas.

Guatemala tiene actualmente el nivel más bajo de apoyo a la democracia en América Latina y el Caribe, junto a Surinám y seguido de cerca por Honduras en donde el 49% dicen apoyar la democracia como la mejor forma de gobierno.

Este declive en el apoyo a la democracia en Guatemala coincide con un período de grave retroceso democrático en el que se violentaron derechos fundamentales, se persiguió a activistas, operadores de justicia, periodistas y opositores políticos. También coincide con un proceso electoral turbulento en el que el Ministerio Público intentó poner en duda el resultado de las elecciones para evitar la llegada del Movimiento Semilla al poder.

El estudio también indica que los guatemaltecos se encuentran en un punto de baja satisfacción con los resultados de la democracia, apenas el 38% dicen que están “satisfechos” o “muy satisfechos”. La satisfacción con la democracia se ha desplomado casi 15 puntos porcentuales en la última década.

La libertad de expresión es otro de los derechos fundamentales que se han visto afectados en este período de retroceso democrático en el país. Según el estudio, tres de cada cuatro guatemaltecos (76%) creen que hay muy poca libertad de expresión en el país. Los guatemaltecos no se sienten seguros de expresar opiniones políticas sin miedo.

Comparándolo con el resto de América Latina y el Caribe, Guatemala ocupa el segundo lugar en el porcentaje de personas que dicen que hay “muy poca” libertad de expresión en el país, solamente superados por Nicaragua, país que actualmente vive en una dictadura y en donde el 81% de los ciudadanos dice tener miedo de expresar opiniones políticas.

Según LAPOP, la percepción de corrupción tiene una relación importante con la insatisfacción con la democracia. En 2023, 70% de los guatemaltecos que perciben que la corrupción “está muy generalizada”, también se sienten menos satisfechos con la democracia y están menos seguros de que Guatemala sea una democracia.

Después de un proceso electoral tan atropellado, no es de extrañar que la confianza en las elecciones haya disminuido en Guatemala. Actualmente solo el 27% de la población afirma que tiene confianza en las elecciones, una disminución de 5 puntos porcentuales respecto de la misma pregunta en 2021.

El informe indica que la desconfianza en las elecciones está relacionada con la falta de identificación con un partido político, mayor insatisfacción con la democracia, un aumento en la idea de que Guatemala no es una democracia y la ubicación de la persona, mientras más urbana más desconfiada es del sistema.

Este informe nos deja una preocupación sobre el futuro de la democracia en el país. Aunque el gobierno actual ha dado señales positivas respecto al respeto de los derechos fundamentales, el sentir de la población hacia la democracia está estrechamente relacionado con la capacidad que tengan las autoridades actuales de presentar resultados positivos en el corto plazo.

Si el gobierno actual fracasa en su misión encomendada, el aprecio por la democracia podría disminuir aún más y el riesgo de la consolidación de un régimen autoritario en el país aumentaría. Esto es especialmente preocupante considerando el ejemplo del país vecino, cuyo gobierno ha promovido con éxito la idea de que se pueden comprometer algunos derechos fundamentales a cambio de una mayor eficiencia en la implementación de ciertas políticas públicas, particularmente en el ámbito de la seguridad.

Invito a todos a leer y consultar esta obra fundamental, que no solo enriquece nuestro entendimiento del pasado constitucional de Guatemala, sino que también ofrece valiosas lecciones y reflexiones para el presente del país.

En el marco de la conmemoración de los 40 años de la Asamblea Nacional Constituyente de 1984-1985, se ha publicado una obra monumental en cinco tomos que recoge de manera exhaustiva los debates y documentos que dieron origen a la Constitución de Guatemala. El jurista e historiador guatemalteco Dr. Juan Pablo Gramajo, autor de la obra, ha reunido una rica colección de fuentes primarias, que son una muestra fehaciente del pensamiento, las intenciones y el espíritu de los constituyentes de esa época, permitiendo a los lectores sumergirse en un momento crucial y determinante en la historia política del país.

En aquellos años, la Asamblea Nacional Constituyente recibió el mandato de redactar una nueva Constitución y establecer leyes constitucionales en ámbitos fundamentales como el electoral y el amparo. Estas leyes siguen dando forma al régimen político actual y son temas que vale la pena explorar y comprender, apelando a los debates y opiniones que las concibieron.

A pesar de las constantes críticas y ataques que el sistema político inaugurado en 1985 recibe en buena parte de la opinión pública, no cabe duda de que a lo largo de estas décadas, los guatemaltecos han defendido el orden constitucional nacido de este órgano temporal y extraordinario. Este orden ha enfrentado crisis significativas, pero ha mantenido el respaldo y apoyo de la sociedad en los momentos más decisivos.

La publicación de esta obra marca un hito al poner por primera vez a disposición del público general fuentes tan importantes de la historia reciente como los Diarios de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente y los textos de la Comisión del Proyecto de Constitución.

Los debates documentados en estos tomos están imbuidos del "Volksgeist", el espíritu de aquel momento, reflejando la fuerza de los acontecimientos mundiales y regionales de mediados de los años 80. En esa época, el mundo estaba marcado por las postrimerías de la Guerra Fría, con el auge de los movimientos democráticos en Europa del Este. En América Latina, especialmente, se vivía una ola de transiciones democráticas, con países como Argentina y Brasil saliendo de dictaduras militares e inaugurando democracias civiles de partidos plurales.

Además de ser una valiosa herramienta para estudiantes y profesionales del Derecho, esta edición está destinada a estudiosos y profesionales interesados en investigar y comprender el pasado histórico de Guatemala. Un punto de especial interés es el tomo V, que recoge anteproyectos, anexos y antecedentes con intervenciones notables, como la del ex presidente de Colombia, Belisario Betancur, figura central del Grupo Contadora invitado por el pleno. Este último tomo ofrece una perspectiva única y rica sobre los fundamentos y las deliberaciones que dieron forma a la Constitución.

Invito a todos a leer y consultar esta obra fundamental, que no solo enriquece nuestro entendimiento del pasado constitucional de Guatemala, sino que también ofrece valiosas lecciones y reflexiones para el presente del país.

Los amparos interpuestos en esta dirección denotan malicia o una profunda ignorancia sobre la jurisprudencia constitucional en la materia.

Ya se han presentado dos acciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) que buscan retrasar la elección de cortes. Estos amparos se basan en una interpretación errónea del artículo 208 de la Constitución, que, según los demandantes, establece que los magistrados y jueces duran en sus funciones cinco años. A continuación, explicaré por qué esta interpretación es incorrecta y por qué la nueva magistratura debe instalarse el próximo 13 de octubre de 2024, cerrando así el periodo constitucional 2019-2024.

¿De dónde proviene la fecha del 13 de octubre? Esta fecha se estableció tras la reforma constitucional de 1994, que en su adición del Artículo 24 transitorio, estipulaba que el Congreso debía elegir a la CSJ y a las CdA dentro de los 30 días siguientes a su instalación. Según el Acuerdo Legislativo 15-94, tras la instalación del nuevo Congreso el 13 de septiembre de 1994, la nueva Corte Suprema se instaló el 13 de octubre de ese mismo año, estableciendo así el inicio del periodo constitucional que se extiende desde esa fecha y marca la duración de cinco años para cada magistratura.

Los actuales magistrados de la CSJ debían asumir el 13 de octubre de 2019, pero no lo hicieron hasta el 15 de noviembre de 2023, cuando fueron finalmente electos por el Congreso. Los magistrados de la CdA fueron electos el 21 de noviembre de 2023. En ambos casos, los acuerdos legislativos de designación especifican que es “para finalizar el periodo constitucional 2019-2024, que vence el 12 de octubre de 2024”.

La tardanza en la asunción de los magistrados de la CSJ y CdA en 2019 fue resultado de varios cuestionamientos que culminaron en una acción de amparo presentada por la Fiscal General, Consuelo Porras, contra el Congreso de la República, por la "amenaza cierta, real e inminente" de elección de candidatos que no cumplían con los requisitos constitucionales de capacidad, idoneidad y honradez.

La CC otorgó protección constitucional (expediente 1169-2020), ordenando al Ministerio Público que enviara un informe detallado al Congreso para verificar que los candidatos propuestos no estuvieran comprometidos por manipulaciones o influencias indebidas en el proceso de selección.

Inicialmente, la CC, en su sentencia de 2020, ordenó que los magistrados de la CSJ y las CdA fueran elegidos a viva voz por el Congreso como medida para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los requisitos constitucionales. Sin embargo, el Congreso se resistió a realizar las elecciones bajo estos términos.

En una resolución de asistencia para la debida ejecución del 6 de noviembre de 2023 (expediente 1169-2020), la CC ordenó al Congreso proceder con la elección de magistrados para la CSJ y CdA, después de que el Congreso inicialmente se resistiera a realizar las elecciones como lo estipulaba la Corte en 2020. Finalmente, el Congreso efectuó las elecciones el 15 y 21 de noviembre de 2023.

Además, en esa resolución del 6 de noviembre de 2023, la CC dejó claro: "Además, como se mencionó, es necesario proceder a elegir a las Cortes que habrán de finalizar su gestión en octubre de dos mil veinticuatro".

Este criterio se ha mantenido desde hace tiempo. En el caso de Claudia Paz y Paz, se cuestionó la duración de su mandato como Fiscal General de la Nación. Aunque Paz y Paz asumió el cargo en diciembre de 2010, hubo un debate sobre si su mandato debía extenderse para completar cinco años completos de servicio.

La Corte de Constitucionalidad (expediente 461-2014) reafirmó que los periodos constitucionales son fijos al resolver que, independientemente de la fecha en que Paz y Paz comenzó a ejercer, su mandato debía finalizar en la fecha originalmente prevista, mayo de 2014. Esto subraya la interpretación de que los plazos fijados constitucionalmente no se ajustan a las circunstancias particulares de inicio de servicio de un funcionario, sino que están anclados a fechas establecidas para asegurar la regularidad y previsibilidad en la administración del Estado.

Por lo tanto, la discusión es infundada. No hay duda de que el periodo de los actuales magistrados de CSJ y CdA termina en octubre. Los amparos interpuestos en esta dirección denotan malicia o una profunda ignorancia sobre la jurisprudencia constitucional en la materia.

Tanto la normativa actual, que no fomenta adecuadamente la rendición de cuentas, como la propuesta presidencial, que podría comprometer la independencia de la fiscalía general, fallan en mantener un equilibrio adecuado entre la independencia de la fiscalía y la necesidad de garantizar la rendición de cuentas.

El presidente Arévalo propuso la reforma del artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) mediante la iniciativa de ley 6391 el lunes pasado. Según el artículo 251 de la Constitución, el presidente puede destituir al fiscal general por "causa justificada", definida actualmente como una condena firme por delito doloso. Esta disposición complica la remoción del fiscal general, ya que carece de procedimientos para asegurar investigaciones imparciales dentro del propio Ministerio Público (MP) y porque obtener una condena firme puede extenderse más allá del periodo de nombramiento de cuatro años del fiscal general.

La iniciativa 6391 intenta ampliar las causales de remoción del fiscal general, añadiendo motivos como la declaratoria de interdicción y enfermedades graves verificadas médicamente. Destaca la inclusión de la causal de “falta de debida diligencia” o “incumplimiento de funciones y atribuciones”, que se demostraría a través de los informes anuales del MP o por solicitudes específicas del presidente. Es crucial señalar que, bajo esta nueva normativa, el fiscal general debería presentar su defensa dentro de un plazo máximo de 24 horas, lo que en práctica podría restablecer el modelo anterior a 2016, donde la discrecionalidad presidencial para remover al fiscal era casi total.

Además, se incorporan causales relacionadas con faltas muy graves, según lo detalla el artículo 62 de la LOMP, que incluyen injurias contra funcionarios, mal uso de bienes del Ministerio y actividades políticas durante el horario laboral. Aunque esta adición parece más razonable, requiere un análisis más profundo que excede los límites de este espacio.

Es crucial destacar que tanto la normativa actual, que no fomenta adecuadamente la rendición de cuentas, como la propuesta presidencial, que podría comprometer la independencia de la fiscalía general, fallan en mantener un equilibrio adecuado entre la independencia de la fiscalía y la necesidad de garantizar la rendición de cuentas.

Por tanto, al abordar los problemas estructurales evidentes, se hace imperativo discutir cuál debería ser el diseño institucional óptimo que logre preservar la independencia de la fiscalía general mientras se establece un mecanismo razonable y exigente, aunque alcanzable, para la remoción del fiscal general. En el derecho comparado, encontramos algunos ejemplos ilustrativos. Por ejemplo, según el artículo 102 de la Constitución mexicana, el Fiscal General puede ser destituido por el Ejecutivo Federal por causas graves estipuladas legalmente. Esta decisión puede ser impugnada por la Cámara de Senadores, y si la mayoría de sus miembros presentes vota en contra de la remoción en un plazo de diez días hábiles, el Fiscal General será restituido en sus funciones. De no pronunciarse el Senado en este plazo, se considera que acepta la decisión del Ejecutivo.

En Argentina, la destitución del Procurador General de la Nación está regulada por la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (Ley 27148) y la Constitución Nacional. El artículo 76 de dicha ley especifica que el Procurador solo puede ser removido conforme a las causas y procedimientos establecidos en los artículos 53 y 59 de la Constitución, donde se requieren dos tercios de los votos del Senado para proceder con la acusación y posterior remoción.

Claramente, cada modelo refleja su contexto específico; por ejemplo, en Argentina, una tradición jurídica de larga data y, en México, reformas más recientes. Sin embargo, en el contexto guatemalteco, tras el cuestionamiento de algunos abogados al actual artículo 14 de la LOMP (expedientes acumulados 6237-2023, 6288-2023 y 6295-2023, sentencia 20/12/2023), la Corte de Constitucionalidad sostiene que el presidente no debe esperar una condena judicial para destituir al fiscal general, lo que sugiere la posibilidad de establecer controles efectivos sobre esta decisión.

Podría explorarse en Guatemala una fórmula similar a la de los casos mencionados, donde el presidente invoque causales establecidas, como las del artículo 62 de la LOMP o una falta de confianza, y que estas causas sean ratificadas por el Congreso en un solo acto legislativo o como condición previa a la destitución definitiva, garantizando así que la remoción del fiscal general no sea una decisión unilateral del presidente y exista un contrapeso efectivo.

La falta de distinción del Grupo de Puebla entre una izquierda democrática y una izquierda autoritaria, representa un retroceso para la región y un obstáculo para la defensa de los valores y avances democráticos que tantos latinoamericanos deseamos.

A mediados de 2019, se creó en la ciudad de Puebla, México, una coalición política de izquierda latinoamericana que buscaba contrarrestar a los gobiernos de derecha que habían llegado al poder en el último superciclo electoral y que le pusieron fin a la llamada “Marea Rosada”, conformada por gobiernos populistas pertenecientes al Socialismo del siglo XXI que inundaron el subcontinente a inicios del milenio. 

La mecha de ignición que detonó la alianza socialista de Puebla fue ser la reacción del Grupo de Lima, creado en la ciudad homónima en el año 2017 por iniciativa del Secretario General de la OEA, Luis Almagro y varios gobiernos de la región, con la intención de buscar una salida pacífica a la crisis política que desencadenó una tragedia humanitaria compleja en Venezuela. 

En sus inicios, el Grupo de Puebla aparentaba ser un nuevo rebranding del viejo Foro de Sao Paulo, pero ésta vez, deslindado de las tiranías que azotan la región: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Lo cual, a todas luces, era una buena noticia para las democracias en América Latina ya que parecía que por fin la izquierda se “reformaría” y dejaría atrás sus prácticas corruptas, populistas, reeleccionistas y autoritarias, que les terminaron llevando a sus fracasos electorales en los últimos años. 

A pesar de tener entre sus filas a figuras cuestionables, era importante darles el beneficio de la duda. Sin embargo, operadores e integrantes del grupo como Ernesto Samper, ex presidente de Colombia financiado por el Cartel de Cali; José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente de gobierno de España convertido en apologista del régimen venezolano; Baltazar Garzón, abogado español convertido en político millonario gracias a su defensa a personajes corruptos como el testaferro de Nicolás Maduro; por no dejar de lado a Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta y ex vicepresidenta de Argentina, acusada y condenada de múltiples casos de corrupción por los casos “Vialidad” y “Ruta del dinero K”; Rafael Correa, ex presidente de Ecuador y prófugo de la justicia en ese país por el caso “Sobornos 2012-2016” y Evo Morales, autor del fraude electoral en ese país en los comicios de 2019, entre otros sujetos controvertidos, presagiaban malos augurios. El tiempo demostraría la ingenuidad que resultó asumir que se trataba de una izquierda reformada que había aprendido de sus errores del pasado. 

Lo cierto es que en los últimos años, detrás de las promesas de justicia social y desarrollo económico, en el Grupo de Puebla, se ha evidenciado una posición extremadamente laxa frente a los casos de corrupción más escandalosos de los últimos años en el continente, al catalogarlos interesadamente de “persecución política” o Lawfare. Pero aún más, en esta camarilla se ha escondido la más aborrecible complicidad con regímenes dictatoriales, lo que revela una falta de coherencia en la defensa de los principios democráticos y los derechos humanos. 

Las máscaras se terminaron de caer a finales de 2023, donde se delató la verdadera naturaleza del grupo al compartir mesa públicamente con representantes de las dictaduras acusadas de crímenes de lesa humanidad de Cuba y Venezuela. El silencio cómplice de los participantes frente a las violaciones sistemáticas de derechos humanos en esos países dejaron en claro ante el mundo cuáles son las prioridades del grupo por encima de principios como el respeto a la dignidad de los pueblos que según dicen defender. 

Aquel encuentro contó con la presencia de personajes como el canciller cubano Bruno Rodríguez y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez (quien ahora es miembro formal del Grupo de Puebla junto a su hermano Jorge Rodríguez, actual presidente del Poder Legislativo venezolano). Tanto Bruno como Delcy, los invitados de honor en aquel encuentro, son voceros de dos de los regímenes más abyectos del continente, pero eso no impidió que se les ofreciera el espacio para proclamar sendos discursos en donde apelaron al vetusto victimismo latinoamericano frente a la supuesta opresión imperialista estadounidense contra su soberanía. Estas acciones socavan la credibilidad del grupo en la escena política regional, a pesar de declaraciones aisladas de algunos de sus miembros como el ex presidente de Uruguay, Pepe Mujica, sobre el régimen dictatorial de Nicolás Maduro en días recientes. 

La falta de distinción del Grupo de Puebla entre una izquierda democrática y una izquierda autoritaria, representa un retroceso para la región y un obstáculo para la defensa de los valores y avances democráticos que tantos latinoamericanos deseamos.

Por eso preocupa la incorporación de tres guatemaltecos que pertenecen a las filas del oficialismo a esta organización. Es importante que los demócratas de la región, especialmente si son una izquierda verdaderamente comprometida con la defensa de estos principios, marquen diferencias claras con el Grupo de Puebla y reafirmen su compromiso con la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho frente al avance de regímenes autoritarios y criminales, en lugar de lavarles la cara y servir de tribuna para sus intereses. 

Es hora de mirar más allá de las agendas ideológicas trasnochadas y defender sin cortapisas los principios democráticos que son la base de sociedades justas y libres.

En Guatemala, el artículo 173 de la Constitución se refiere a la consulta popular para asuntos "políticos" de "trascendencia nacional", no así para la revocatoria de mandato.

Hace pocos días, el presidente Arévalo insinuó la posibilidad de convocar una consulta popular acerca de la gestión de la fiscal general, Consuelo Porras. ¿Es viable esta medida? ¿Cuál es su origen?

En Guatemala, el artículo 173 de la Constitución regula las consultas populares y especifica que las "decisiones políticas de especial trascendencia" deben ser sometidas a este proceso consultivo. Dicha convocatoria puede ser iniciada por el presidente de la República o el Congreso, quienes son responsables de definir las preguntas que se presentarán a los ciudadanos de manera precisa. Según este artículo, las consultas son no vinculantes y están enfocadas en decisiones políticas, tema al que volveré más adelante.

Además, las consultas populares sí son vinculantes cuando se trata de reformas constitucionales, según lo estipulado en los artículos 277 a 280 de la Constitución. Estos artículos describen el proceso de iniciativa y aprobación de las reformas constitucionales, estableciendo que, tras una aprobación inicial por dos terceras partes del total de diputados del Congreso, dichas reformas deben ser sometidas a consulta popular y solo entran en vigor sesenta días después de su ratificación. Si no son ratificadas, no entran en vigor.

Guatemala ha tenido dos experiencias importantes en este ámbito, a las cuales me referiré en mi próxima columna. Menciono brevemente que el 30 de enero de 1994, tras el Serranazo, los guatemaltecos aprobaron con un 67% a favor de reformar la constitución. En cambio, en 1999, tras los acuerdos de paz, se promovió y aprobó en el Congreso una reforma constitucional que fue rechazada en el referéndum correspondiente. El número de preguntas fue un tema controversial que llegó a la Corte, y sobre el cual profundizaré también en la columna de la próxima semana.

La última consulta popular en Guatemala, llevada a cabo en 2018, se fundamentó en el Artículo 19 Transitorio de la Constitución, que faculta al Organismo Ejecutivo para gestionar los derechos sobre Belice. Según el "Acuerdo Especial entre Guatemala y Belice" firmado el 8 de diciembre de 2008, y en cumplimiento del Artículo 173 de la Constitución, cualquier acuerdo definitivo debe ser sometido a consulta popular. En este contexto, en dicha consulta, el 95% de los votantes aprobó someter el reclamo territorial a la Corte Internacional de Justicia.

Ahora bien, volvamos al eje central. En estudios comparados, se conocen distintos tipos de consultas populares o referéndums. Por ejemplo, están las consultas sobre temas específicos, como el referéndum de Guatemala sobre Belice o el referéndum sobre el Brexit en Reino Unido. También existen referéndums revocatorios o de confianza. En Colombia, la revocatoria del mandato está regulada por la Ley 131 de 1994, la cual permite a los ciudadanos solicitar la remoción de un mandatario después de un año en el cargo, siempre que reúnan firmas del 40% de los votantes de la elección inicial, un derecho respaldado por el artículo 40 de la Constitución. En nuestro país, la propuesta de reforma constitucional ProReforma llegó a proponer la revocatoria del mandato presidencial, por ejemplo.

En Guatemala, sin embargo, el artículo 173 de la Constitución se refiere a la consulta popular para asuntos "políticos" de "trascendencia nacional", no así para la revocatoria de mandato. Además, dado que el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público limita la remoción del fiscal general a situaciones donde se le encuentre culpable de un delito, resultaría improcedente plantear una consulta popular sobre la remoción de un funcionario que es prácticamente inamovible.

El coste de la consulta popular no es menor. En 2018, se asignaron Q300 millones para la consulta sobre Belice. Aunque el gasto es considerable, parece excesivo para una consulta que no es vinculante y que resulta improcedente al tratarse de la continuidad de una funcionaria cuya designación y remoción están reguladas por una ley ordinaria.

Ante la crisis de envergadura que padece el sistema de justicia, sería justificable convocar una consulta popular para ratificar una reforma integral del sistema, la cual es impostergable y necesariamente requiere una reforma constitucional. Una de las posibles disposiciones transitorias podría ser acortar el periodo de los funcionarios en ejercicio para establecer un proceso genuinamente transparente para designar funcionarios.

La reforma constitucional puede ser instada por el presidente de la República, diez o más diputados, la Corte de Constitucionalidad, o bien por el pueblo mediante una petición dirigida al Congreso con el respaldo de al menos cinco mil ciudadanos empadronados. Esta podría ser una ruta más fructífera para orientar el actual debate y avanzar del contexto coyuntural al debate de fondo.

Estas cuestiones se plantean en un contexto donde, como se recuerda, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el fiscal general solo puede ser destituido por "causa justa", entendida esta como la existencia de una sentencia condenatoria firme.

El 8 de abril, el presidente Arévalo presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) una opinión consultiva relacionada con la interpretación de ciertos artículos de la Constitución y un artículo específico de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP).

Para aquellos no familiarizados con el término, surge la pregunta: ¿qué es una opinión consultiva? A diferencia de los amparos, donde la Corte resuelve conflictos entre ciudadanos y el poder público, o de las acciones de inconstitucionalidad, donde se puede cuestionar si una ley es compatible con la Constitución, las opiniones consultivas siguen una lógica distinta.

En primer lugar, según el artículo 171 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (LAEPC), solo el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la República están autorizados para solicitarlas.

En segundo lugar, es importante destacar que las opiniones consultivas no son vinculantes, a diferencia de las sentencias emitidas en amparos o acciones de inconstitucionalidad.

La tercera característica importante de las opiniones consultivas es que son mecanismos a través de los cuales la CC desempeña una función interpretativa y no contenciosa. Esto implica evaluar la conformidad de las leyes y normas con la Constitución, así como determinar el alcance adecuado de las cláusulas constitucionales.

Las resoluciones emitidas en estas opiniones consultivas, aunque no vinculantes, actúan como directrices para la interpretación de la Constitución y sirven para prevenir o evitar conductas de los órganos del Estado que podrían violar la Carta Magna. Un ejemplo notable ocurrió en 2022, cuando el presidente Giammattei empleó esta herramienta y logró que la Corte emitiera una interpretación que favoreció al Ejecutivo, limitando las facultades de fiscalización del Congreso sobre ministros y viceministros. Este caso fue objeto de análisis en una columna previa.

En el presente caso, el presidente Arévalo ha planteado interrogantes sobre el artículo 251 de la Constitución, que establece que el Fiscal General y Jefe del Ministerio Público debe ser una persona de "reconocida honorabilidad". Las preguntas buscan esclarecer cómo se debe aplicar este criterio tanto en la selección como en el desempeño del cargo.

Se cuestiona específicamente si la "reconocida honorabilidad" debe ser un requisito que se mantenga únicamente en el momento de la postulación o durante todo el período en funciones. También se plantea si la pérdida de esta cualidad podría justificar la revocación del nombramiento. Además, se indaga qué medidas debe tomar el Fiscal General para asegurar la imparcialidad y autonomía frente a acusaciones, y hasta qué grado pueden investigarse las faltas administrativas cometidas durante su gestión.

Estas cuestiones se plantean en un contexto donde, como se recuerda, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el fiscal general solo puede ser destituido por "causa justa", entendida esta como la existencia de una sentencia condenatoria firme.

Este marco legal es relevante para comprender la complejidad del proceso de destitución y su posible interacción con los requisitos de reconocida honorabilidad establecidos en el artículo 251 de la Constitución. Al evaluar si la "reconocida honorabilidad" es un criterio que debe persistir durante todo el mandato, las preguntas planteadas por el presidente buscan determinar si circunstancias que puedan comprometer esta honorabilidad, como procedimientos judiciales sin resolución definitiva u otras acusaciones fundadas, deberían afectar la capacidad del Fiscal General para mantenerse en el cargo.

La situación política de Nicaragua es un llamado a la acción para todos aquellos comprometidos con la libertad y la democracia en toda la región latinoamericana.

El lunes 15 de abril, en Ciudad de Guatemala, se llevó a cabo un evento que congregó a destacados expertos y activistas para examinar la situación política de Nicaragua. Organizado por The Dialogue, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) y el Movimiento Cívico Nacional, este encuentro se centró en discutir la situación y los posibles escenarios de la nación centroamericana. Se presentaron dos estudios que arrojaron luz sobre desafíos cruciales que enfrenta el país del istmo.

El primer informe, "Captura del Estado en Nicaragua - El argumento a favor de la presión internacional", elaborado por Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de The Dialogue, expuso cómo la cúpula orteguista ha capturado al Estado. Se destacó el papel crucial de las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica en la profundización de este fenómeno al incrementar significativamente las ayudas y el financiamiento externo al régimen nicaragüense en los últimos años.

La conclusión del informe resaltó la necesidad de que las instituciones financieras internacionales revisen sus prácticas de préstamo actuales para que sean más rigurosas y adopten medidas que promuevan el gasto eficiente y transparente, favoreciendo así verdaderamente el desarrollo y la democracia en la región, en lugar de contribuir involuntariamente a la consolidación de regímenes corruptos o autoritarios que violan sistemáticamente derechos humanos.

El segundo estudio, "Esfuerzos para mitigar el riesgo de radicalización y sucesión dinástica en Nicaragua", enfatizó la necesidad de ejercer presión externa como parte de una estrategia integral para identificar áreas que puedan catalizar el compromiso entre los grupos cívicos y el régimen y así iniciar una transición democrática. Se trazaron acciones para debilitar las prácticas autoritarias que consolidan este régimen, como el clientelismo y los favores económicos que sustentan lealtades y que convierten al orteguismo en una cúpula familiar.

El estudio destacó la existencia de una arquitectura de poder en Nicaragua, apoyada en cinco pilares que garantizan el control del régimen de Ortega-Murillo: el aislamiento internacional, el monopolio de la fuerza, la captura del Estado, la criminalización de la democracia y la propaganda. Se señaló cómo el régimen ha logrado capturar el Estado a través de una élite económica “obediente”, mediante mecanismos como la confiscación, la extorsión fiscal y la expulsión de disidentes.

Estos estudios, parte del trabajo realizado por una comisión internacional sobre política y mediación en Nicaragua, son el resultado de una labor exhaustiva que comenzó en julio de 2018. Los comentarios y análisis estuvieron a cargo de los miembros del grupo de trabajo de la comisión, entre quienes destacan Manuel Orozco, Eliseo Núñez y Ana Quirós, los tres nicaragüenses expatriados, quienes ofrecieron una visión detallada de la realidad nicaragüense.

Además de los temas contenidos en los informes, otro punto preocupante que surgió durante el evento fue el uso de la migración ilegal como herramienta política de negociación con Estados Unidos. Nicaragua ha sido responsable de un flujo migratorio significativo en los últimos años, además de convertirse en un país de tránsito para el gran contingente proveniente de Sudamérica, principalmente de Venezuela, uno de sus aliados regionales más importantes, y otros como Cuba. Esta triada autoritaria ha recurrido históricamente a la instrumentalización de la migración ilegal al norte, amenazando la seguridad del continente. Dado que es un año electoral en Estados Unidos, este tema debería estar en el centro de las discusiones y del debate público, siendo clave seguir demandando respuestas duraderas y contundentes de alcance internacional para combatir el chantaje de estas tres tiranías hacia la democracia más importante del mundo.

La persecución a la Iglesia católica también fue objeto de análisis, especialmente en un país donde el catolicismo es una parte integral de la identidad nacional. La represión y el encarcelamiento a seminaristas, sacerdotes y obispos representa una clara violación a la libertad religiosa y de expresión, mereciendo la denuncia y la atención del mundo libre y democrático.

Además de estos puntos críticos, se enfatizó la importancia de buscar estrategias pacíficas para abordar la crisis en Nicaragua, considerando la larga historia de violencia que ha marcado al país por décadas. La situación actual demanda un enfoque integral que involucre a actores nacionales e internacionales en la búsqueda de soluciones políticas que no rompan el tejido social ni escalen el conflicto hacia una espiral peligrosa que cause aún más inestabilidad a la región.

Sin duda, la situación política de Nicaragua es un llamado a la acción para todos aquellos comprometidos con la libertad y la democracia en toda la región latinoamericana.

Tras el rechazo del Congreso, al gobierno le queda la opción de recurrir a procedimientos internos mediante acuerdos ministeriales o gubernativos.

El 10 de abril de 2024, el presidente Bernardo Arévalo, en consejo de ministros, aprobó un estado de calamidad, que posteriormente fue rechazado por el Congreso el 11 de abril, con 83 votos en contra.

La justificación del Ejecutivo para la declaración del estado de calamidad fue la crítica situación generada por los incendios forestales en Guatemala. Según un dictamen técnico de CONRED, hasta esa fecha se habían registrado 1,433 incendios que afectaron aproximadamente 7,375 hectáreas de cobertura forestal, con 69 incendios todavía activos. La escasez de recursos humanos, materiales y financieros parece haber sobrepasado la capacidad de respuesta institucional.

El artículo 138 de la Constitución guatemalteca permite la limitación temporal de ciertos derechos constitucionales en circunstancias de emergencia extrema, con el objetivo de proteger el bienestar público. La implementación de un estado de calamidad permite al gobierno adoptar medidas excepcionales que, en situaciones normales, estarían restringidas. Estas medidas incluyen la regulación de la movilidad de personas, la centralización de la gestión de servicios públicos y privados, y la restricción de reuniones para mejorar la respuesta a la crisis y mitigar daños adicionales, entre otras.

No obstante, el decreto propuesto por el presidente no se centraba primordialmente en restringir los derechos constitucionales, a diferencia de lo ocurrido durante la pandemia, sino en facilitar la adquisición de bienes y servicios de manera excepcional. Este permitía compras directas sin necesidad de adherirse a los procesos de contratación pública estipulados por ley, una medida justificada por la urgencia de los incendios, y buscaba flexibilizar la recepción de donaciones

El objetivo del gobierno es adquirir equipamiento esencial para combatir tanto los incendios forestales como los no forestales de manera efectiva. Los insumos necesarios, según la CONRED, incluyen herramientas manuales como azadones, batefuegos, machetes y palas, así como equipos especializados como bombas Matabi y rastrillos forestales. Además, se requiere de equipamiento aéreo, incluyendo aeronaves de ala fija y rotativa, esenciales para operaciones de supresión de incendios y acceso a áreas remotas para la descarga precisa de agua o retardantes.

Los artículos 8 al 10 del estado de calamidad pública estipulaban facilitar la adquisición de bienes por medio de donaciones y la disponibilidad de partidas presupuestarias. El artículo 8 proponía que todas las donaciones recibidas durante este periodo estuvieran exentas de impuestos (IVA, y DAI) y de procedimientos aduaneros, lo que agilizaría la recepción y uso inmediato de recursos vitales para la crisis. También se buscaba exonerar a dichas donaciones de los procedimientos de registro contable exigidos por la Ley Orgánica del Presupuesto en su artículo 53 para acelerar la captación de donaciones.

Por otro lado, el artículo 10 permitiría al gobierno reasignar espacios presupuestarios de manera ágil en caso de agotamiento de las partidas destinadas a herramientas necesarias para combatir los incendios, habilitando así una asignación presupuestaria para tal fin.

Es importante destacar que, aunque el estado de calamidad habría facilitado la captación de donaciones y permitido una compra ágil por excepción, la efectividad de las distintas entidades para distribuir la ayuda necesaria o combatir los incendios de manera eficaz depende de la capacidad institucional. Un estado de calamidad, por sí solo, no garantiza la superación de estas limitaciones estructurales.

Tras el rechazo del Congreso, al gobierno le queda la opción de recurrir a procedimientos internos mediante acuerdos ministeriales o gubernativos enfocados en agilizar el trámite de las donaciones y la importación de la cooperación internacional, buscando otras herramientas legales que les permitan agilizar las adquisiciones.

El último cuarto de siglo en Venezuela se ha caracterizado por la persistente lucha por la democracia entre el autoritarismo chavista-madurista y la oposición, una confrontación marcada por episodios de represión extrema que han dinamitado la posibilidad de un proceso electoral verdaderamente libre y con garantías en el país.

Desde la perspectiva del politólogo de Harvard, Steven Levitsky, la evolución del régimen venezolano ha transitado de un autoritarismo competitivo (2000-2012), basado en la figura carismática de Hugo Chávez quien contaba con el apoyo de una amplia mayoría del electorado y quien además no titubeaba en gastar ingentes recursos públicos para alimentar la maquinaria de dádivas y de acarreo de votos. Para luego, con Nicolás Maduro, pasar a un autoritarismo abiertamente hegemónico (2013-presente), donde a falta de carisma y petrodólares, los procesos electorales se han visto seriamente menoscabados por prácticas represivas y autoritarias que han erosionado la confianza en el proceso electoral dentro y fuera de Venezuela. La manipulación de la ley electoral y gerrymandering de los circuitos, la construcción de mayorías artificiales con el voto corporativo, los impedimentos para la actualización del padrón electoral, el férreo control del órgano electoral por parte del gobierno de Nicolás Maduro, el ventajismo en el uso indiscriminado de recursos del Estado para la campaña oficialista, la judicialización de candidaturas, las inhabilitaciones a opositores políticos, el secuestro de las tarjetas de partidos de oposición con candidaturas “mampara” para dividir el voto opositor, la poca transparencia en el conteo de votos por la inescrutabilidad del sistema informático y el impedimento de observación internacional, han socavado la legitimidad de los comicios, impidiendo una competencia política justa y transparente.

En el contexto de las elecciones venideras del 28 de julio de 2024, la oposición de nuevo se enfrenta a todos estos obstáculos que merman su capacidad para ganar elecciones. Aunado a esto, en los últimos meses, el régimen ha intensificado su represión contra líderes opositores como Pedro Urruchurtu y Magaly Meda, quienes se encuentran a resguardo junto con otros perseguidos en la Embajada de Argentina en Caracas. Además de acciones como el encarcelamiento de los activistas Rocío San Miguel, Dignora Hernández y Henry Alvíarez, el hostigamiento a periodistas críticos como Orlando Avendaño, e incluso el asesinato de disidentes exiliados como el teniente Ronald Ojeda en Chile, tienen el claro objetivo de desmoralizar y socavar la participación electoral de la gran mayoría de los venezolanos (alrededor del 88.5%[1]) que desean un cambio de gobierno. 

Adicionalmente, hace pocos días, la Asamblea de mayoría chavista aprobó una “Ley contra el Fascismo”, que busca ser el nuevo instrumento para perseguir y acallar cualquier intento de disidencia o protesta contra el gobierno en los próximos días. 

Pareciera que tal y como están planteadas las cosas de momento, las vías para una eventual victoria electoral opositora parecieran totalmente cerradas. En medio de este contexto, surge una pregunta crucial: ¿Puede la oposición venezolana efectivamente ganar las elecciones del próximo 28 de julio?

A pesar de la altísima impopularidad de Nicolás Maduro, reflejada en una intención de voto del 7%, la fragmentación y debilidad dentro de la oposición plantean obstáculos significativos para alcanzar finalmente una victoria electoral. 

En este sentido, la situación actual de la oposición venezolana revela un escenario sumamente complejo y desafiante. Manuel Rosales, la única candidatura de oposición reconocida por el régimen, enfrenta altos niveles de rechazo por parte del electorado (alrededor del 85% de opinión negativa), lo que limita su capacidad para movilizar un apoyo significativo. Por otro lado, la inhabilitación de María Corina Machado, la candidata con mayor intención de voto (72% según Meganálisis), representa un obstáculo insuperable para materializar ese respaldo popular en resultados electorales concretos.

Ante este panorama, se vislumbra la necesidad de una negociación política entre las partes involucradas como un paso fundamental para superar el estancamiento y abrir camino hacia una oportunidad real de lograr una transición democrática. A pesar de que ya se han desmentido conversaciones entre las partes, la reciente declaración de la designada por María Corina Machado, la Dra. Corina Yoris, en una entrevista para el diario Clarín, no descarta por completo la posibilidad de un eventual acuerdo entre Rosales y Machado para lograr derrotar a Nicolás Maduro. 

En última instancia, la victoria opositora depende en gran medida de la capacidad de la propia oposición para superar sus divisiones internas, articular una estrategia coherente y movilizar el apoyo popular en contra del régimen autoritario de Nicolás Maduro. También cabe destacar que la consolidación de una alternativa democrática requerirá en las próximas semanas no solo de la unidad del liderazgo político, sino también del respaldo de la comunidad internacional y la sociedad venezolana en su conjunto. 

Solo a través de la conjunción de todos estos factores se podrá avanzar hacia la restauración de la democracia en Venezuela, lo cual tampoco significa que lo logremos, pero no hay más alternativa que intentarlo.

[1] Todas las cifras son tomadas de la encuesta de Meganálisis. Marzo 2024.