La CC debe pronunciarse oportunamente y no parece haber razón para no dejar en suspenso el estado de prevención. Ojalá así sea por el bien del ideal del estado de derecho. En 2020 hubo acciones constitucionales contra los estados de calamidad y la CC hizo mutis. Bajó la vieja fórmula esperó y resolvió cuando se “había quedado sin materia” por cesar la vigencia de estos. Esperemos que esta vez sea distinto.

El 13 de julio la presidencia de la República publicó el decreto 5-2021 en el cual declara estado de prevención en todo el territorio nacional. Ninguno de los artículos decretados dispone enviar al Congreso dicho acuerdo para su ratificación. Ya hay acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC) al respecto.

La Ley de Orden Público (LOP) vigente se promulgó en noviembre de 1965 y sufrió reformas en 1970. Todo bajo la vigencia de la Constitución de 1965. En ese sentido, el artículo 8 de la LOP dice que el presidente puede decretar estado de prevención sin necesidad de aprobación del Congreso “como lo dispone el artículo 151 de la Constitución”. ¿De cuál Constitución? De la de 1965.

Aquella Constitución en su artículo 151 establecía: “El estado de prevención no necesita la aprobación del Congreso y su vigencia no excederá de quince días”. No es el caso de nuestra actual Constitución, que en su artículo 138 establece que, al momento de declarar un estado de excepción se emitirá el decreto que corresponda en el cual “(…) se convocará al Congreso, para que dentro del término de tres días, lo conozca, lo ratifique o impruebe”.

En 2018 la CC resolvió una acción de inconstitucionalidad contra la LOP. Declaró la acción improcedente, pero emitió una denominada “sentencia interpretativa” en la que hizo ver que la LOP no era inconstitucional siempre que se hiciera de ella una “interpretación conforme”.

En términos muy generales, “interpretación conforme” se refiere a que, ante distintas interpretaciones posibles del texto legal, debe optarse por aquella que mejor se acople al texto constitucional. En este orden de ideas, el tribunal constitucional razonó que los estados de excepción deben cumplir con lo dispuesto en el artículo 138 antes mencionado y ser aprobados por el Congreso.

En un dictamen derivado de una iniciativa de ley para reformar la LOP (expediente 919-2016) la CC fue aún más específica. En un pasaje del dictamen hace una acotación sobre el artículo 8 de la LOP y estableció que “el decreto que apruebe el estado de prevención por el Presidente de la República, también está sujeto a la ratificación, modificación o improbación por parte del Congreso de la República”. No parece haber lugar a dudas.

Pasando al fondo del estado de prevención, cabe mencionar que hay restricciones que podrían estar fuera de lo permitido por la LOP y la Constitución. La ley del alcohol, por ejemplo, permite regular horario de expendio de licor entre 9 de la noche y 6 de la mañana. Este ha sido la base legal para la denominada “ley seca”. Sin embargo, el nuevo horario que dispone el estado de prevención está fuera de dicho rango y se convierte en una restricción a la libertad de industria, comercio y trabajo, algo inviable mediante un estado de prevención.

La CC debe pronunciarse oportunamente y no parece haber razón para no dejar en suspenso el estado de prevención. Ojalá así sea por el bien del ideal del estado de derecho. En 2020 hubo acciones constitucionales contra los estados de calamidad y la CC hizo mutis. Bajó la vieja fórmula esperó y resolvió cuando se “había quedado sin materia” por cesar la vigencia de estos. Esperemos que esta vez sea distinto.

En 2021, el desgaste de las democracias y la represión a las libertades es cada vez más evidente en el hemisferio occidental. Todo pareciera apuntar a que nos dirigimos hacia un mundo cada vez más autoritario y la pandemia del Covid-19, ha venido a acelerar ese proceso. Los regímenes que ya eran híbridos o abiertamente autoritarios se han consolidado y han salido fortalecidos frente al manejo de la crisis; mientras que las democracias —en apariencia más caóticas por su dinámica deliberativa en la toma de decisiones— se han debilitado.

Frente a este escenario, cuatro países pertenecientes a la cuenca del Caribe latinoamericano plantean retos importantes para la comunidad internacional:

♦ El primero es Cuba, donde finalmente el 12 de julio, estallaron las protestas más grandes desde 1994. Debido a la férrea censura dentro de la isla y los cortes masivos a las telecomunicaciones, al día de hoy se desconoce todavía el saldo exacto de la represión, pero se sabe que ya hay varios muertos y desaparecidos por las protestas. Deberemos seguir de cerca los acontecimientos en los próximos días.

♦ También Haití, donde el 7 de julio fue asesinado el presidente Jovenel Moïse, lo que desató una lucha sin cuartel entre varias fracciones políticas por la toma del poder, y en donde el fin de semana ocurrió una inusual petición el Primer Ministro encargado a la comunidad internacional: que Estados Unidos envíe tropas y Naciones Unidas fuerzas de paz al país para restablecer el orden público. Las señales de que Haití finalmente se convierta en un Estado fallido son cada vez más claras y preocupantes.

♦ Luego tenemos a Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega desde hace varias semanas ha tenido una arremetida brutal contra los opositores que lo adversan, mientras se prepara para unas cuestionadas elecciones presidenciales a finales de año que a todas luces serán fraudulentas. En los últimos dos meses, el régimen de Ortega incrementó la persecución, apresando (hasta el momento) a 21 personas, entre ellas cinco candidatos opositores y algunos periodistas. Las detenciones han sido completamente arbitrarias, sin respeto a ninguna garantía procesal, por lo que deberían calificarse más bien de “secuestros”. Sobre este respecto, la OEA ha exigido la liberación de los presos políticos, la CIDH ha alertado sobre una “asfixia intensa” a las libertades políticas y civiles y también el gobierno de los Estados Unidos ha sancionado a 100 funcionarios del régimen nicaragüense.

♦ Finalmente está Venezuela, donde si bien desde este año el régimen de Nicolás Maduro ha pretendido dar una apariencia de “apertura”, aún sigue apelando a la represión, al encarcelamiento de la disidencia y todavía siguen persistiendo fuertes violaciones a los DDHH, como expresó hace varios días la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

Cabe acotar que estos cuatro países de la cuenca del Caribe, también se encuentran entre las naciones de la región con los índices sociales más bajos del continente, con más emigración forzada, con los peores niveles de transparencia y Estado de derecho y con menos desarrollo humano. La pregunta es ¿Qué puede hacer la comunidad internacional frente esta espiral indetenible de desgaste institucional y regresión democrática? ¿Cuáles son sus límites y cuál es su margen de maniobra?

Vale la pena analizar estos dilemas para abrir el debate en torno a temas torales como los límites de la soberanía y los límites de la acción internacional frente a la emergencia cada vez más significativa en América Latina (y a escasos kilómetros de los Estados Unidos) de “rogue states”, que son Estados que amenazan la paz mundial por sus sistemas totalitarios, promoción del terrorismo y violación de los DDHH (como Cuba, Nicaragua y Venezuela); pero también de “failed states”, que son Estados incapaces de ejercer control dentro de su propio territorio (como Haití) y que también representan amenazas graves a la seguridad hemisférica.

Con relación a América Latina, la administración de Biden ha mostrado mayor interés por el tema del Triángulo Norte de Centroamérica, sin embargo, la situación en el Área Circuncaribe presenta una inestabilidad y un deterioro tan pronunciado en estos momentos, que merece ponerle atención. Mientras la política de los Estados Unidos en la región es de repliegue y de apelar a que cada país resuelva internamente sus crisis, Rusia ha ofrecido redoblar su ayuda (incluso militar) a Cuba, Nicaragua y Venezuela frente a amenazas externas.

Alejándonos de ideas fantasiosas del garrote y las intervenciones unilaterales de los Estados Unidos, una ruta a tomar que sería poco dolorosa, poco cuestionada y con buenas posibilidades de ser efectiva, es apelar al “soft power” y aprovechar el desgaste que está provocando la crisis del Covid-19 en los gobiernos de la región para proponer un plan de rescate económico, condicionado a reformas de apertura política creíbles y de respeto irrestricto a los derechos humanos.

Sin embargo, esto necesita de un gran compromiso del gobierno de los Estados Unidos hacia la región (y viceversa) y de una ingente asignación de recursos para invertir en esas capacidades que sólo verán fruto en el mediano y largo plazo y que, de todas formas, no garantizarán una transición democrática ni una re-institucionalización. Pero hay que comprender que esta es la factura de años de indiferencia hacia la región. La gran pregunta es si ahora que el vecindario comenzó a incendiarse ¿Habrá un cambio en la política exterior de los Estados Unidos hacia la región o seguirán pateando el balón hacia delante?

Una agenda de estabilidad social y desarrollo económico.

James Harrington, uno de los padres del republicanismo moderno, escribió hacia finales del siglo XVII que la clave para la estabilidad política en una sociedad, era la difusión de la riqueza y de la propiedad. Por difusión de la riqueza, Harrington entendía como aquel estadío ideal en el cual la gran mayoría de ciudadanos alcanzarían la condición de propietarios, y tuvieran acceso a oportunidades de desarrollo que les permitirá alcanzar un nivel de vida digno.

La Guatemala del siglo XXI debe voltear a ver a las enseñanzas de Harrington. Los guatemaltecos tenemos vocación de propietarios y de emprendedores, y nos caracterizamos por el empeño que le ponemos al trabajo. No obstante, la vocación y el espíritu trabajador no han sido suficientes para generar un nivel de vida digno para las grandes mayorías.

Por ello, la institucionalidad debe promover una mayor difusión de la propiedad. Resulta de interés primordial adoptar políticas y legislación que permitan generar certeza sobre la propiedad de la gran mayoría de guatemaltecos. La regulación de la titulación supletoria y el tracto sucesivo resulta una necesidad estratégica para facilitar la legalización de la propiedad de miles de pequeños agricultores, y que de esta forma, puedan acceder a crédito.  

Debemos también fomentar el desarrollo y difusión de sistemas de ahorro y crédito. Facilitar que emprendedores tengan acceso a capital semilla, y que los pequeños productores puedan acceder a capital de trabajo. Debemos flexibilizar el mercado financiero, y reconocer y adoptar modalidades de financiamiento más horizontal. Propuestas normativas como tasas de interés preferencial para la adquisición de vivienda social constituyen mecanismos para abaratar el crédito y facilitar el acceso a la propiedad. También debe considerar la participación de más guatemaltecos en proyectos de inversión y en sociedades productivas, a través de un sistema de Bolsa de Valores que favorezca la inversión y el ahorro productivo.

Como país debemos fomentar también otras modalidades de propiedad y desarrollo productivo. El cooperativismo, la gestión productiva comunitaria, las modalidades de empresarialidad indígena y los encadenamientos horizontales y verticales, deben promoverse, puesto que permiten a miles de guatemaltecos potenciar su productividad, integrar esfuerzos de producción, comercialización y exportación.

Además, debemos trabajar en fortalecer el desarrollo de las capas medias. Debemos reconocer que la enseñanza técnica y la educación universitaria pública constituyen uno de los elevadores sociales más efectivos en las sociedades modernas. Apostar por Institutos de Capacitación y el desarrollo de centros universitarios en las ciudades intermedias y en los polos de desarrollo rural, resulta un imperativo de país para fortalecer a su clase media.

El objetivo es aspirar a alcanzar un Capitalismo más horizontal y competitivo: un sistema en el que la gran mayoría de guatemaltecos sean propietarios. El ejercicio de la empresarialidad y la propiedad privada deben ser vistos como una oportunidad de crecimiento para todos. Un país de propietarios, con mayor difusión de la riqueza, genera paz social, cohesión y estabilidad para todos.

La salida que parece más feliz es que Guatemala renegocie dicho contrato. Quizás pueda renegociar la compra de la mitad de las dosis. Con esto liberaría US$79.8 millones del presupuesto para poder negociar vacunas con otros proveedores. Ya veremos en qué termina la novela.

Que la vacunación contra la COVID-19 está siendo un auténtico fracaso no admite demasiadas dudas. Al 7 de julio el portal de Our World in Data reflejaba que solo el 4.62% de la población guatemalteca había recibido al menos una dosis de la vacuna.

De acuerdo, no podemos compararnos con los países ricos que han llegado antes a comprar vacunas, que cuentan con más recursos o que incluso financiaron la I+D de algunas vacunas. Pero lo cierto es que Nicaragua es el único país latinoamericano que está detrás de Guatemala. Luego, todos los países latinoamericanos tienen mejores cifras que nosotros en cuanto a ritmo de vacunación.

Aunque el presidente ha culpado del retraso a sus autoridades sanitarias por “insistir” en el mecanismo COVAX, lo cierto es que desde un principio estaba claro que este mecanismo únicamente garantizaba vacunas para el 20% de la población para finales de 2021. Así que esto no parece una excusa válida. Para colmo, para recibir donaciones era necesario aprobar una ley para eximir de responsabilidad a las farmacéuticas. Fue hasta el 1 de julio que el Congreso aprobó el decreto 8-2021 que se publicó el 6 de juilio en el Diario Oficial.

En cambio, el gobierno optó por poner todos los huevos en una sola canasta y celebró un contrato para obtener 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik V con el Fondo Ruso de Inversión Directa (FIDR). El contrato ha recibido duras críticas desde la inicial cláusula de confidencialidad que no ha impedido que el contrato se filtrara.

Algunas críticas no son centrales y nos distraen del verdadero problema. Por ejemplo, se reclama haber firmado el contrato con un supuesto intermediario, Human Vaccine. Sin embargo, no parece ser el caso. Según vemos, aparentemente se trata de la compañía rusa que comercializa las vacunas Sputnik. Para muestra el acuerdo que suscribió la propia UNICEF para suministro de vacunas con Human Vaccine.

También Hungría, Eslovaquia u Honduras celebraron contratos de compra de vacunas con Human Vaccine como se puede leer. Tampoco le pondría importancia a las cláusulas relativas a propiedad intelectual o a la reventa. Son cláusulas relativamente estándar en una negociación de ese tipo.

Lo que queda claro es que fue una torpeza absoluta apostar a comprarle el 80% de las dosis necesarias a un solo proveedor. Sobre todo, por hacerlo con condiciones absolutamente desfavorables: la compañía rusa no es responsable por retrasos en producción (como efectivamente es el caso), pagar por anticipado US$79.8 millones, entre otras.

Bolivia, que no es precisamente un modelo de éxito en la vacunación, con una población de 11.5 millones, compró desde diciembre de 2020 a Rusia vacunas para 2.6 millones. Bolivia, además está dentro del mecanismo COVAX, compró también a Sinopharm y recién canceló su contrato con Astra Zeneca ante incumplimiento de entregas.

Incluso Honduras, que está dentro de los países más atrasados en la vacunación (aunque ha vacunado al 8.54% de su población, más que Guatemala) y que tampoco es un modelo a seguir, diversificó su portafolio de compras mejor que nosotros.

Ante esta realidad cabe preguntarse, ¿qué opciones hay para agilizar la compra de vacunas? El decreto 1-2021 otorgó Q1,500 millones para la compra de vacunas. Con el contrato de Sputnik V se comprometieron Q1,229 millones. Ya no quedaría más que unos Q270 millones o US$34 millones.

En algún caso se ha planteado declarar lesivo el contrato. Es una ruta que se debe analizar con mucha atención. En el caso entre Railroad Development Co. V. República de Guatemala, el caso de la ferroviaria, Guatemala perdió el arbitraje al declarar lesivo un contrato de usufructo que había otorgado a la empresa porque el tribunal arbitral consideró que se violó el estándar mínimo de protección.

Son casos distintos, pero habrá que consultar con los expertos las posibles implicaciones de una salida como esta. El acuerdo de protección de inversión con la Federación Rusa aun no se ha ratificado.

La salida que parece más feliz es que Guatemala renegocie dicho contrato. Quizás pueda renegociar la compra de la mitad de las dosis. Con esto liberaría US$79.8 millones del presupuesto para poder negociar vacunas con otros proveedores. Ya veremos en qué termina la novela.

El Gobierno no ha logrado acceder a un número suficiente de vacunas para iniciar la inmunización masiva de guatemaltecos, al tiempo en que la venida de nuevas cepas del Covid-19 y el relajamiento social generan un incremento de casos, saturación de hospitales y un aumento de muertes. De ahí que se respire tanta volatilidad en el ambiente.

Alexis de Tocqueville lo definió como “la decadencia del Antiguo Régimen”. Hegel, y más adelante los dialécticos, calificaban dichos episodios como “la aceleración de las contradicciones”. Duverger y Michels lo conceptualizaron hablando sobre la “estasiología del cambio”.

Llámele como usted prefiera y bajo la interpretación doctrinaria que más le guste. Pero al final, los tres hacen referencia a un mismo momento en todo proceso de crisis, transformación política o revolución: la pérdida de legitimidad de un sistema a los ojos de la ciudadanía.

Pasemos de lo abstracto a lo concreto. En la historia reciente de Guatemala, el año 2015 constituyó lo más cercano a un quiebre de lo viejo con lo nuevo; o por lo menos constituye la crisis de mayor envergadura desde el Serranazo. Esa crisis estuvo precedida por una fase de “decadencia”, “aceleración de contradicciones” o “estasiología del cambio”. Entre 2013 y 2015, el país vivió un colapso de su sistema de salud pública, mientras la corrupción rampante de la administración Patriota generaba niveles históricos de rechazo al Gobierno. En ese momento, Roxana Baldetti se convirtió en la personificación de un sistema utilizado para el saqueo y el enriquecimiento ilícito por unos pocos, en detrimento de muchos.

Ese contexto sirvió de antesala a la experiencia de la depuración judicial por la vía de los casos de corrupción. No podemos entender la plaza y las históricas manifestaciones del 2015 sin entender el hartazgo social con la corrupción, la degradación criminal de los partidos y la decadencia en la calidad de los servicios públicos de los años anteriores.

Hoy, la sensación parece repetirse, con algunos agravantes. Ya en 2019, los 450,000 votos a favor de Thelma Cabrera y el MLP mostraba la existencia de un sentimiento anti-sistema en estratos medios y medios-bajos del corredor urbano y rur-urbano de Guatemala hacia el Occidente. En 2020, la pandemia Covid-19 provocó la peor crisis económica internacional, la pérdida de más de 60,000 empleos formales y una merma en el nivel de ingresos (y por ende en calidad de vida) para cientos de miles de personas de estratos medios urbanos. En este sentido, las manifestaciones de noviembre 2020 y el rechazo tan visceral al Presupuesto 2021 no pueden entenderse sin ver ese contexto inmediato.

Con tales antecedentes, la chambonería sistémica en la conducción del proceso de vacunación y la cuarta ola de Covid-19 se convierte en una especie de catalizador de esta volátil solución sociopolítica.

Las clases medias hoy muestran un nivel de desesperanza que no se veía en años. A pesar de la disponibilidad de recursos, el Gobierno no ha logrado acceder a un número suficiente de vacunas para iniciar la inmunización masiva de guatemaltecos, al tiempo en que la venida de nuevas cepas del Covid-19 y el relajamiento social generan un incremento de casos, saturación de hospitales y un aumento de muertes. De ahí que se respire tanta volatilidad en el ambiente.

Dicho en jerga más académica, las condiciones propicias para vivir “la decadencia del Antiguo Régimen”, “la aceleración de las contradicciones” o “la estasiología del cambio” están más que presentes.

Cual tonel de combustible, el riesgo es que cualquier evento exógeno pueda constituir el fosforazo que convierta la energía potencial del rechazo en energía cinética de movilizaciones. En 2015, el evento exógeno fue el caso la Línea. En 2020, fue la golpeada y oscura aprobación del Presupuesto. En ambos casos, nadie los vio venir. Pero el combustible siempre estuvo ahí.

La pregunta del millón es cuándo tronará la alianza coyuntural engendrada en el 2018. El punto de quiebre puede ser la chambonería en el proceso de vacunación; el avance selectivo en la agenda legislativa; o quizá los conflictos naturales por la repartición de cuotas de poder de cara a las elecciones 2023.

Corría el año 2018. Los casos impulsados por FECI y CICIG tenían al sistema en jaque. La administración bicéfala de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti había generado tal centralidad en la corrupción, que prácticamente cualquier camino de investigación provenía o culminaba en la pareja presidencial.

Con el paso de los meses, se develaron casos sobre corrupción en aduanas, en la proveeduría de medicamentos, en puertos, en la obra gris, etc., etc. y un largo etcétera. Diputados, ministros, secretarios, políticos opositores, gestores de negocios, uno a uno, fueron detenidos y presentados ante la justicia.

La otra cara de la moneda era entender la lógica del financiamiento de la política: el acceso al saqueo de fondos públicos requería el pago de un derecho de picaporte, mediante aportes a las campañas electorales. Sin embargo, el avance en las investigaciones sobre financiamiento electoral empezó a poner nerviosos a decenas de actores de las élites tradicionales.

Dos rutas tangenciales complementaban el esfuerzo anterior. Investigaciones sobre el despojo de propiedades en la zona de Izabal y Petén por parte de la Red de los Mendoza o la vinculación de personajes políticos con el cartel de los Huistas ponían en la picota el avance del narco en política. La otra ruta tangencial, eran los casos sobre violaciones a derechos humanos acaecidas durante el Conflicto Armado, casos que sentaban en el banquillo de acusados a prominentes elementos del estamento militar.

Así, para 2018, existía un abanico variopinto de actores interesados en poner fin a esta primavera judicial. Originalmente, esta amplia amalgama de actores encontró en el entonces alcalde Álvaro Arzú el estandarte de oposición. Luego de su fallecimiento, la estafeta pasó a manos del Presidente Jimmy Morales, quien desde abril 2018 lideró el esfuerzo por reducir el margen de actuación de MP-CICIG, ahogar a sus aliados políticos -nacionales e internacionales- y eventualmente, poner fin a la ofensiva judicial.

Esa fue la agenda común hasta septiembre 2019, cuando finalmente concluyó el mandato de la Comisión Internacional. El siguiente esfuerzo común era tomar control de las cortes. Razón por la cual la alineación de intereses se mantuvo intacta hasta el primer trimestre 2021.

Sin embargo, cual alianza ganadora en un proceso político, el interés común ha sido superado: La CICIG fue expulsada; las cortes tomadas; los aliados ahogados. Sin un nuevo interés en común, esa amalgama de actores diversos ya no tiene razón de mantener su cohesión.

La primera fuente de tensión es eminentemente sociológica. Para los actores de élite resulta incómodo compartir banqueta con actores provenientes del capital emergente, algunos grises otros abiertamente oscuros. Lo saben y la presión por marcar distancia sube con el paso de los días.

La segunda fuente de tensión es la repartición de las cuotas de poder dentro del sistema que defendieron. Así, la Ley de Infraestructura, la Alianza Público-Privada para la concesión de la Autopista a Puerto Quetzal o varias leyes necesarias para la reactivación económica quedan condenadas a dormir el sueño de los justos, puesto que los políticos no quieren ceder su control de espacios de negocios con actores de la élite.

De tal forma, una alianza que resultó funcional para cumplir con un interés en 2018-2021 pareciera que ha perdido su razón de ser. Quizá el temor a una supuesta marea roja sea suficiente como para mantener a los actores de la élite cerca de sus incómodos amigos coyunturales. Pero al final del día, todos sabemos que en el fondo esa supuesta marea no es más que una pesadilla surreal al puro estilo de Hitchcock.

La pregunta del millón es cuándo tronará la alianza coyuntural engendrada en el 2018. El punto de quiebre puede ser la chambonería en el proceso de vacunación; el avance selectivo en la agenda legislativa; o quizá los conflictos naturales por la repartición de cuotas de poder de cara a las elecciones 2023.

Finalmente entró en vigor el decreto 4-2020 que contiene las polémicas reformas a la Ley de ONG. Llegado este punto surgen dudas respecto de la aplicación de esta norma. Concretamente: ¿a qué tipo de personas jurídicas aplicarán estas polémicas reformas?

Vamos por pasos. El Código Civil, en su artículo 15, reconoce como personas jurídicas no lucrativas a las fundaciones y demás entidades de interés públicos creadas o reconocidas por la ley, a las asociaciones y, por último, a las Organizaciones No Gubernamentales. Este artículo del Código Civil fue reformado por el decreto 4-2020.

El artículo 2 de la Ley de ONG define a las ONG como “entidades de derecho privado, con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro, con objetivos claros de beneficio social, y que reinvierten sus excedentes solo en su objeto social”.

Por otra parte, la Ley de ONG (reformas incluidas) establece en su artículo 4 criterios para determinar qué es una ONG. Este artículo establece que uno de los criterios es su forma de constitución la cual puede ser como asociación, como fundación, como federación, entre otras. Agrega que respecto “a la forma de constitución, se tendrá a lo dispuesto en el Decreto Ley Número 106”, es decir, al Código Civil.

¿Qué quiere decir esto? Que para efectos prácticos existen, como personas sin ánimo de lucro, asociaciones y fundaciones, en primer lugar. Y que, en segundo lugar, esas asociaciones o fundaciones pueden (mas no deben) constituirse como ONG si así se acuerda al momento de su constitución. Dicho de otro modo: toda ONG es o una asociación o una fundación, pero no toda asociación o fundación es una ONG.

Alguien podría argumentar que el artículo 4 de la Ley de ONG al definir una tipología de actividades crea un “fuero de atracción” en el sentido de que las entidades que efectúen las “actividades” ahí enumeradas automáticamente caen dentro de la esfera de las ONG sin importar si se constituyeron únicamente como asociaciones o fundaciones. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad en el año 2004, dentro del expediente 538-2003 ya abordó una situación análoga.

En aquella oportunidad, la corte estableció que la amplitud con la que se definió una ONG podía dar lugar a confusiones e interpretaciones que dieran lugar a pensar que la única forma de constitución de una persona jurídica no lucrativa era la de ONG. Este vicio aumenta con esta poco técnica y mediocre ley. No obstante, la Corte concluyó en aquella oportunidad lo siguiente:

“(…) en opinión de esta Corte, debe concluirse que son las personas que ejercen su libertad de asociación, a quienes compete la calificación y determinación si la entidad privada que constituyen es una “ONG”, y así deberán manifestarlo y sujetarse, por lo tanto, a la normativa en análisis, o bien si acuerdan crear otra clase o tipo de asociación civil que, aunque tenga intereses de los enumerados anteriormente, no encuadra en la calificación de “ONG”” (Resaltado propio)

Por supuesto, siempre existe el riesgo de interpretaciones antojadizas y arbitrarias. Ese es el problema de las malas leyes como el decreto 4-2020. Pero los elementos están sobre la mesa y el precedente antes mencionado tiene la clave. A criterio de la corte, es parte de la libertad de asociación determinar si una asociación o fundación es una ONG o no. Nos corresponde como ciudadanos defender nuestros derechos de eventuales interpretaciones arbitrarias.

Varias organizaciones, por otra parte, han presentado acciones de inconstitucionalidad que cuestionan las medidas que serán aplicables a las ONG. Sobre los particulares vicios de fondo de la ley, me he pronunciado en este escrito.

Lo inquietante de este “viraje” es que se pone en relieve todo lo que está dispuesto a hacer el régimen de Maduro para mantenerse en el poder, incluso si eso implica renunciar a sus bases ideológicas de revolución socialista y anti-liberal.

Muchos analistas se han referido al “viraje” que estaría dando el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela en las últimas semanas, a la luz de ciertos cambios puntuales que indicarían una supuesta “apertura” para retomar algún tipo de gobernabilidad con la oposición y de estabilización económica en el país suramericano.

Algunas de estas señales serían, primero, que la Asamblea Nacional (2021-2024), de mayoría chavista, tras varias negociaciones, nombró a dos rectores opositores de los cinco cargos directivos del Consejo Nacional Electoral (CNE). En segundo lugar, hace semanas, el Fiscal General de Venezuela reconoció ante la Corte Penal Internacional las violaciones a DDHH y crímenes de Estado perpetrados a opositores al régimen. En tercer lugar, Maduro concedió el permiso del ingreso del Programa Nacional de Alimentos de la ONU tras años de negar la ayuda humanitaria. Asimismo, en cuarto lugar, se resolvió otorgar arresto domiciliario a los seis exejecutivos de Citgo cuya detención arbotraria generó tensiones con EE.UU y preocupación por el respeto a los DDHH y las garantías procesales en el país.

Además, en el aspecto económico –luego de una de las hiperinflaciones más graves de la historia, de una economía completamente estatizada y de muchas expropiaciones a empresas privadas–, por lo menos desde 2019, se han ido derogando los controles de precios y la ley de ilícitos cambiarios que prohibía la circulación de moneda extranjera en el país, se han liberado las importaciones y se han entablado conversaciones con la principal patronal de Venezuela, Fedecámaras, para fomentar mecanismos de reactivación del sector privado nacional.

Cabe decir que el precio que ha pagado la sociedad venezolana para que finalmente el régimen chavista aplicara un mínimo de racionalidad económica y acatara las peticiones de la comunidad internacional de regresar a cierta gobernabilidad, ha sido altísimo y se ha pagado con la sangre y la vida de millones de venezolanos, víctimas de una crisis humanitaria sin precedentes en la historia del continente. Los números no mienten: de acuerdo con cifras recientes del Fondo Monetario Internacional, desde 2013 hasta 2020, Venezuela ha perdido alrededor del 80% de su Producto Interno Bruto. Para ponerlo en contexto: durante la Segunda Guerra Mundial, Polonia (que literalmente desapareció del mapa de Europa), perdió el 42% de su PIB. Eso coloca a Venezuela como uno de los casos de destrucción de riqueza más dramáticos de la historia reciente. También, de acuerdo con datos de la Encovi 2020, el 96% de los venezolanos viven en pobreza, superando incluso las cifras de Haití y convirtiéndose en el país más pobre de América Latina y uno de los más pobres del mundo. Sin contar que Venezuela ocupa el segundo lugar –después de Siria– del mayor número de refugiados en el mundo, con 5 millones y medio de desplazados, según reseña la ACNUR.

En días recientes, el dictador de Venezuela Nicolás Maduro, como parte de esta estrategia de “lavarse la cara” frente a la opinión pública internacional, ofreció una larga entrevista al medio de comunicación Bloomberg desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, en donde conversó de sus intenciones de acercarse a la administración Biden, aunque refiere que de momento no ha habido “ni una señal” o interés de Washington en propiciar un diálogo. Además, hace un llamado a abandonar la “demonización” de Venezuela en los Estados Unidos y sentar las bases creíbles para una negociación para regularizar las relaciones entre ambos países en términos de “ganar/ganar”. Y en lo económico, comenta que la relación del gobierno venezolano con los tenedores de bono y el sector petrolero ha sido “impecable” y que es posible invertir en Venezuela, además de la necesidad del levantamiento de las sanciones económicas de EEUU hacia Venezuela, y señalar la apertura económica que está teniendo Venezuela hacia el capital privado nacional y extranjero y el deseo de regresar a la vía democrática con una oposición que acepte las reglas del juego.

Lo inquietante de este “viraje” es que se pone en relieve todo lo que está dispuesto a hacer el régimen de Maduro para mantenerse en el poder, incluso si eso implica renunciar a sus bases ideológicas de revolución socialista y anti-liberal.

La gran pregunta es: ¿Le creemos?

Sus características patrimoniales trascienden ideologías y banderas políticas.

Los primeros dos artículos del texto constitucional establecen la razón de ser del Estado. “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”. “Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la paz y el desarrollo integral de la persona.”

Los artículos constitucionales y las mediciones institucionales parten de la premisa que nuestro sistema es moderno en su concepción. Es decir, que el fin de los Estados es organizar y coordinar las relaciones sociales para promover el mayor bienestar del colectivo. No obstante, el Estado de Guatemala se revierte de rasgos de pre-modernos, sobre todo, en la concepción de la razón de ser del aparato estatal.

En estas latitudes no hemos alcanzado una característica de la modernidad: la distinción entre el dominio público y el dominio privado en la esfera de lo político. En Guatemala los bienes del Estado se conciben como patrimonio privado al servicio de los intereses de los gobernantes. Para muestra, los contratos públicos y la proveeduría del Estado se han convertido en la segunda mayor fuente de riqueza emergente, detrás de lo ilícito. Asimismo, las aduanas, la seguridad social, los puertos, el deporte federado y los consejos de desarrollo son las grandes joyas de la corona para los negocios.

Por tanto, el conflicto es no es más que el resultado de la disputa entre diferentes grupos por acceder a la repartición del patrimonio del Estado. La actuación legislativa tiene como principal motivación la búsqueda de asignaciones del listado geográfico de obras. Y el financiamiento de campañas electorales no es más que el pago de derecho de piso para acceder a estas fuentes de enriquecimiento.

No obstante, el modelo no es exclusivo de los partidos. En las últimas décadas, nuevos actores -sindicatos, grupos indígenas, profesionales, etc.- han emergido en la arena política en búsqueda de espacios de incidencia. Sin embargo, en lugar de gestarse nuevas correlaciones de poder, en el caso guatemalteco, el interés de los actores emergentes es acceder a la repartición de bolsones presupuestarios. El rol de los sindicatos de salubristas y educadores es un ejemplo de búsqueda de rentas, vía el Programa de Extensión de Cobertura y los leoninos pactos colectivos. Ocurre lo mismo cuando agrupaciones campesinas juegan el rol de intermediarios en la distribución del fertilizante o en la gestión de conflictos agrarios.

En este sistema patrimonial, la legislación y las decisiones jurídicas se conciben como la otorgación de una gracia, privilegio, concesión o exención a grupos de interés.

La última característica pre-moderna del Estado es su burocracia. Salvo varias excepciones institucionales, la mayoría de funcionarios no se elige por mérito, sino por compadrazgo, afinidad o relación servil con un miembro superior de la jerarquía burocrática. La concepción de los partidos como agencias de empleo evita la consolidación de un funcionariado profesional propio de un Estado moderno. La aspiración de acceder a un puesto público ya no es una expresión de civismo, sino la búsqueda del enriquecimiento vía el abuso de poder.

En este sentido, el Estado de Guatemala es sumamente eficiente y efectivo para realizar las funciones para las que se le concibe: constituir un árbitro gestor de oportunidades de riqueza. La cultura patrimonial trasciende ideologías y colores partidistas. El Estado es un botín donde la protección de la vida, la libertad y el desarrollo integral de la persona no tienen cabida.

Pedro Castillo será el próximo presidente de Perú. Su agenda propone cambios agresivos al sistema político peruano. Guatemala y Perú guardan muchas similitudes: instituciones débiles, corrupción, un sistema de partidos fragmentado, ineficiencia en la respuesta de la pandemia… tantas que algunos aseguran que en un futuro próximo podríamos ver un escenario electoral parecido al que los peruanos acaban de enfrentar. ¿Cómo llegó aquí el Perú? 4 puntos para entenderlo.

Cada día que pasa, se hace más oficial: Pedro Castillo, el candidato de extrema izquierda por el partido Perú Libre, será el próximo Presidente de Perú. Según información de la ONPE, el 50.13% de los votantes, es decir 8, 835,970 personas votaron por él, 44 mil 240 personas más que su contrincante de extrema derecha, Keiko Fujimori (49.88%). Algunos expertos aseguran que la sociedad peruana cometió un suicidio democrático. Pero, ¿cómo llegó el Perú a esto? ¿Qué elementos hay en el sistema peruano que provocó el malestar suficiente para llevar a dos candidatos radicales y con cuestionables credenciales democráticas a la segunda vuelta? 

1. Corrupción 

Es prácticamente imposible analizar este fenómeno y no identificar a la corrupción como uno de los factores del desencanto con el sistema. En 2016 se destapó la crisis de Odebrecht y se descubrieron varios casos de corrupción. 4 presidentes, 4 exgobernadores regionales, 2 exalcaldes y 4 líderes políticos (entre ellos Keiko Fujimori) fueron vinculados a ellos. Los peruanos se movilizaron a las calles durante varias semanas para mostrar su descontento. 

En los últimos 4 años, Perú ha tenido 4 presidentes (Kuczynski, Vizcarra, Merino y Sagasti) y los últimos 6 mandatarios se han visto envueltos en escándalos de corrupción. A tan solo 5 meses de las elecciones generales, el congreso destituyó a Martín Vizcarra como presidente luego de aprobar una moción de vacancia por supuesta “incapacidad moral”, asumió Manuel Merino quien renunció a los pocos días y finalmente Sagasti fue el encargado de conducir el proceso de transición democrática para las elecciones. 

En Perú, más del 60% de la población considera la corrupción como su principal preocupación. Ante un sistema político desarmado de funcionarios porque una gran mayoría estaban vinculados a casos de corrupción, surgieron varios actores nuevos en el terreno político, entre ellos Pedro Castillo. El plan de gobierno de Perú Libre lleva por nombre “Perú, al bicentenario sin corrupción”.

2. Pandemia  

Con la pandemia los escándalos de corrupción no cesaron y los números de fallecidos eran alarmantes, más de 180 mil personas han muerto por covid19. Se registró un 150% más de muertes de lo esperado. A pesar de que los criterios para contabilizar las muertes por covid son diferentes para cada país, la tasa de mortalidad por la enfermedad per cápita en Perú es una de las más altas del mundo.

El 70% de la fuerza laboral en Perú participa en el sector informal (en Guatemala la tasa también es del 70%) por lo que a pesar de las restricciones muchos salían a trabajar y con ello los números de contagio estuvieron al alza.  La vacunación también avanza lento, un escaso 4% de la población ha sido vacunado. Una de las promesas de Pedro Castillo es que para fin de año se vacunará a toda la población mayor a los 18 años. 

La corrupción y la ineficiente gestión del gobierno con la pandemia prácticamente empaparon los debates electorales.

3. Fragmentada primera vuelta

 Una de las instituciones más importantes de la democracia son sus partidos políticos. En Perú, al igual que en Guatemala, los partidos políticos sirven como meros vehículos electorales y para las elecciones abundan nuevos partidos. La primera vuelta electoral fue caótica. 18 partidos postularon candidatos a la presidencia de la República. Esta fragmentación tan amplia en las propuestas provocó que los dos candidatos de los extremos se vieran beneficiados y resultaran favorecidos. 

En el extremo izquierdo, Pedro Castillo (quien en primera vuelta obtuvo el 18.9% de los votos), líder del sindicato de maestros,  y candidato del partido Perú Libre que se autodenomina de corte marxista-leninista-maoísta y heredero de Sendero Luminoso.  En el extremo derecho, Keiko Fujimori (quien obtuvo el 13.4% de los votos), hija del dictador Alberto Fujimori (1990-200) y lideresa del partido Fuerza Popular. 

Quizá lo más revelador de aquella primera vuelta fue que a pesar de la diversidad de opciones, el 17% de los votantes (3% más que Keiko Fujimori) escogiera el voto nulo. Esto se podría interpretar como una manera de demostrar el rechazo a las ofertas electorales que se perciben como “parte del sistema”. 

4. Una segunda vuelta radicalizada

 Así se encaminó Perú a la segunda vuelta. Enfrentaba un escenario complejo: dos radicales compitiendo por ser el “ente conciliador” de la voluntad peruana. Sin embargo, en lugar de moderarse y negociar, los candidatos se radicalizaron aún más. A los unos se les vendió como los asesinos de la democracia, a los otros, como los salvadores de ella, cuando en realidad  ambos, a pesar de sus diferencias, tenían dudosas credenciales democráticas y representaban serias amenazas a la estabilidad política y a la libertad. 

La segunda vuelta electoral se celebró el pasado 6 de junio. Durante las primeras horas del conteo de los votos, Keiko Fujimori parecía salir victoriosa de su tercer intento por llegar a la presidencia. Sin embargo, con el paso de las horas y el cierre de los resultados, Pedro Castillo arrebató esa sensación triunfalista y se declaró ganador. Aunque la ONPE ya terminó de contabilizar los votos, los datos aún están pendientes de oficializarse hasta que se resuelvan algunas impugnaciones que se presentaron.

Lo que le espera al Perú en el bicentenario de la independencia es una serie de reformas al sistema. La población en diferentes momentos ha manifestado su rechazo en contra del “status quo”. Según la propuesta de Castillo, uno de los principales puntos a los que dará atención es a la salud en el contexto de la pandemia. Luego, propone cambios en el sistema de educación, en la economía, en el sistema tributario, en la nacionalización de recursos como el gas, sobre una posible reforma agraria y hasta cambios en la constitución. Es complejo predecir lo que viene, pero sin duda, como dijo Vergara en New York Times, tiempos recios vive el Perú.