En el programa de esta semana, analizamos cómo la captura de la justicia debilita el Estado de derecho, amenaza la separación de poderes y pone en riesgo la libertad, la democracia y la seguridad jurídica en América Latina.
Dionisio Gutiérrez inició advirtiendo sobre el riesgo que representa la captura de la justicia para una democracia: “Una república puede soportar malos ministros, peores diputados y hasta una generación de gobernantes mediocres. Lo que no puede es sobrevivir si desaparece la justicia independiente porque cuando los jueces dejan de obedecer a la ley y obedecen al poder, el ciudadano pierde su último refugio y la nación se convierte en feudo de criminales”.
También explicó cómo los políticos corruptos buscan controlar el sistema judicial para garantizar su impunidad: “Antes de robar a gran escala, procuran capturar a quienes podrían juzgarlos. Desacreditan a los tribunales, reforman sus reglas, nombran obedientes, intimidan fiscales, fabrican expedientes y persiguen a los jueces que conservan conciencia”. Además, señaló que “hablan de democratizar la justicia, pero en realidad quieren permiso para delinquir e impunidad para disfrutar del botín”.
Gutiérrez también hizo referencia a casos concretos en la región, al señalar que “en México, con la elección popular de jueces, Morena politizó la justicia, la puso a su servicio y le dio el tiro de gracia a la democracia mexicana”. Asimismo, recordó que “en España, desde el Ejecutivo se multiplican los ataques contra jueces, fiscales, investigadores y organismos que después de descubrir la corrupción descarada del socialismo se niegan a mirar hacia otro lado”. Sobre Guatemala, afirmó que “hasta hace poco, desde el Ministerio Público y algunos tribunales se persiguió a operadores de justicia, periodistas y ciudadanos. La justicia, que debía perseguir a las mafias, terminó como herramienta de las mafias”.
Para finalizar, Gutiérrez destacó que “defender la independencia judicial no es una preocupación de abogados. Es defender la libertad, el patrimonio, el trabajo y la dignidad de todos”. También subrayó que “la división de poderes no es un adorno constitucional, es la muralla que impide que el gobernante se convierta en dictador”, y concluyó con un llamado a la sociedad: “cuando cae el último tribunal independiente, el ciudadano deja de ser ciudadano. Y pasa a ser súbdito”.
En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Rodrigo Pombo, abogado especialista en derecho constitucional y administrativo, y a Lucas Ghersi, abogado especialista en derecho constitucional, sobre los riesgos de la captura de la justicia, la importancia de la independencia judicial y los desafíos para fortalecer el Estado de derecho en América Latina.
Pombo inició explicando por qué los gobiernos buscan controlar el sistema judicial. Afirmó que, con el auge del neoconstitucionalismo, “de lo que se trata es de dominar el sistema judicial”, pues el Ejecutivo busca controlar a “quien toma, en últimas, la última palabra, que es la rama judicial”. Según explicó, las dictaduras y los populismos recurren a esta estrategia porque la justicia “legitima una decisión”, la “legitima en última instancia” y hace que las decisiones “suenen colegiadas, motivadas, constitucionales” cuando en realidad responden al poder político.
Sobre la independencia judicial, Pombo sostuvo que “la cuota inicial de la independencia y de la calidad de la producción tiene que ver con una separación tajante, no solo formal, sino real del poder político”. En ese sentido, advirtió que mecanismos como “la elección popular de jueces”, la designación de magistrados por parte del Ejecutivo o la influencia política sobre las altas cortes “atentan contra la calidad, la independencia de la justicia” y, en consecuencia, afectan “la dignidad, la protección de los derechos fundamentales” y “el equilibrio real, efectivo de poderes”.
Al referirse al caso colombiano, destacó que, pese a sus dificultades, el país ha logrado fortalecer su sistema judicial. Explicó que “los jueces cada día se han profesionalizado más” y que la rama judicial representa “ese conservadurismo en el buen sentido de la palabra, sobre todo como control, dique iluminado contra la arbitrariedad”. Asimismo, aseguró que el Consejo de Estado “se portó realmente bien contra las fauces del neopopulismo de Gustavo Petro y el socialismo del siglo XXI”.
Respecto a las reformas judiciales impulsadas en otros países de la región, Pombo advirtió que cuando el poder político filtra la elección de los jueces, el resultado es “tiranía, absolutismo, neopopulismo del más ramplón y burdo”. Agregó que, al seleccionar jueces con criterios políticos, “lo que estás es premiando la arbitrariedad, no la motivación, no la decisión sosegada, no la decisión fundamentada en la Constitución”, y calificó ese modelo como “simple y llanamente populismo judicial”. Sobre la elección popular de jueces en México, concluyó que es “una aberración desde todo punto de vista”.
Finalmente, Pombo planteó algunas medidas para fortalecer la independencia judicial en América Latina. Entre ellas, propuso “períodos más largos de tiempo”, “sistemas mixtos” para la elección de altas magistraturas, “buscar una cualificación muy elevada en las altas cortes” y “exigir una efectividad en el cumplimiento de las sentencias y una celeridad en la administración de justicia”.
Por su parte, Ghersi inició explicando que la captura de la justicia responde a una lógica propia de los países con instituciones débiles. Se refirió a la escuela de la elección pública para señalar que “en sociedades con instituciones débiles como en América Latina, en vez de competir económicamente, los grupos de interés compiten políticamente”, y advirtió que una de las formas de hacerlo es “a través de la captura o de la búsqueda de influencia en los organismos judiciales”. Agregó que algunos actores “se hacen amigos de los jueces, del sistema de justicia para mantener su poder en el mercado o perseguir a sus competidores”.
Sobre la responsabilidad de las élites frente a este fenómeno, Ghersi afirmó que, históricamente, “en América Latina más bien justificaron y apañaron ese tipo de maniobras de la captura”. Asimismo, subrayó que el desafío consiste en fortalecer las instituciones para impedir que intereses particulares dominen el sistema judicial. En ese sentido, sostuvo que “se requiere un Poder Judicial muy independiente, muy profesional, que los mejores estén en el sistema judicial”, pues “si no captamos buen talento para el sector público, es mucho más fácil para los intereses capturar el sistema”.
Al abordar las consecuencias económicas de la captura judicial, Ghersi aseguró que esta problemática “es el corazón o el ADN de la pregunta de por qué América Latina sigue siendo pobre”. Explicó que “si no hay seguridad jurídica, todo el mundo de las inversiones se retrae”, ya que los ciudadanos dejan de hacer planes de largo plazo y solo confían en su círculo cercano por temor a que “los contratos no se vayan a poder ejecutar”. Por ello, concluyó que “de verdad tenemos que dar prioridad a la reforma del sistema judicial”.
Respecto a la elección popular de jueces en México, Ghersi sostuvo que “ha habido, sin duda, un deterioro del Estado de derecho” y afirmó que el modelo “que inventaron en Bolivia y luego copiaron en México es algo que debilita terriblemente la justicia”. Explicó que, a diferencia de otros países, el mecanismo mexicano permite que “los partidos políticos presenten jueces”, lo que incrementa la influencia política sobre el sistema judicial.
Finalmente, Ghersi destacó que una justicia independiente debe garantizar siempre el respeto al debido proceso. Afirmó que “en la justicia real se respeta siempre el debido proceso” y advirtió que tanto los procesos excesivamente largos como los demasiado rápidos pueden ser arbitrarios. Para recuperar una justicia capturada, concluyó que se necesita “paciencia en las instituciones” y “construcción de capital humano”, además de invertir en la formación de jueces y fiscales, fortalecer los mecanismos de selección y preservar la separación de poderes.
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