El corporativismo traslada el foco de la política a la academia y los gremios profesionales

La historia constitucional hispanoamericana se ha caracterizado por la superposición de modelos institucionales. En Guatemala, dicha superposición se evidencia en la conformación de los poderes del Estado. Por un lado, el artículo 140 de la Constitución establece que el sistema de Gobierno es “republicano, democrático y representativo”. Bajo principios republicanos, la selección de autoridades debe ocurrir por vía de elecciones libres y competitivas entre partidos políticos, diseño que se materializa en la elección presidencial, legislativa y municipal.

Sin embargo, la elección del poder judicial y de las instituciones contraloras se realiza por medio de Comisiones de Postulación. Aspirando a minimizar la influencia de los partidos políticos y de incluir un componente de probidad académica, los constituyentes de 1984 incorporaron a rectores, decanos y representantes de Colegios Profesionales en la preselección de candidatos.

Este diseño institucional es un ejemplo del corporativismo como modelo de organización. A diferencia del pluralismo republicano, el corporativismo es un sistema de representación de intereses por medio de sociedades intermedias, no competitivas, reconocidas y reglamentadas por el Estado. Es decir, la asignación de espacios de representación se da por adscripción a grupos académicos, gremiales, religiosos, etcétera. Sus orígenes se remontan a los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, cuando el fascismo, el franquismo y algunas instituciones del México priísta y de la Argentina peronista recurrieron a modelos de nombramiento sectorial. El objetivo era dual: la participación de actores extra-políticos servía para legitimar las decisiones públicas, mientras que el Estado cooptaba a potenciales opositores al otorgarles espacios de incidencia. 

No obstante, el efecto negativo recae en que no se elimina la fuente de las disputas políticas, sino que éstas se trasladan al ámbito interno de las sociedades intermedias. En Guatemala, este fenómeno se ha materializado en varios sentidos. Por un lado, el oscurantismo en el financiamiento de campañas, la gestación de grupos gremiales con intereses clientelares o la búsqueda de acceso a plazas dentro del Estado son males que afectan por igual las elecciones republicanas entre partidos, y las corporativas en los Colegios Profesionales.

La Universidad de San Carlos también ha caído presa de los conflictos políticos. Derivado de sus más de 75 representaciones institucionales, las elecciones de Rector, decanos y representantes estudiantiles han pasado de constituir procesos de democracia universitaria a convertirse en escenarios de luchas de intereses. Mientras que a nivel privado, el incentivo perverso es a la proliferación de universidades cuya razón deja de ser la enseñanza y se convierte en la búsqueda de explotar los asientos que por adscripción le corresponden en las postuladoras. Y tanto en lo público como en lo privado, las universidades tienen el estímulo de expeditar la graduación de profesionales con el fin de alterar los balances de fuerzas en las elecciones dentro de los Colegios.

Estos males parecieran haberse agudizado en los últimos 20 años. A raíz del intento de cooptación de la Corte de Constitucionalidad por el FRG en el 2001 y la creciente tensión política en relación a la justicia, los partidos entendieron que colocar operadores en gremios profesionales y en la academia era el trampolín para incidir en la preselección de las autoridades judiciales. Mientras que a nivel social, conforme se consolidaron nuevas fuentes de capital emergente, apalancadas en el patrimonialismo de Estado, surgieron nuevos actores que aspiraron a utilizar los colegios profesionales y la academia como trampolín para materializar aquella concepción de las decisiones jurídicas como la otorgación de gracias, privilegios y exenciones a grupos de interés particular.

Es decir, la cantidad de actores con intereses en la conformación del poder judicial y de los órganos contralores se ha multiplicado. El corporativismo de las postuladoras fomenta que esos intereses se enfrenten al desnudo en la arena gremial y universitaria. El carácter híbrido del Estado de Guatemala nos condena a tener una academia y gremios profesionales con alta politización.

El corporativismo traslada el foco de la política a la academia y los gremios profesionales

La historia constitucional hispanoamericana se ha caracterizado por la superposición de modelos institucionales. En Guatemala, dicha superposición se evidencia en la conformación de los poderes del Estado. Por un lado, el artículo 140 de la Constitución establece que el sistema de Gobierno es “republicano, democrático y representativo”. Bajo principios republicanos, la selección de autoridades debe ocurrir por vía de elecciones libres y competitivas entre partidos políticos, diseño que se materializa en la elección presidencial, legislativa y municipal.

Sin embargo, la elección del poder judicial y de las instituciones contraloras se realiza por medio de Comisiones de Postulación. Aspirando a minimizar la influencia de los partidos políticos y de incluir un componente de probidad académica, los constituyentes de 1984 incorporaron a rectores, decanos y representantes de Colegios Profesionales en la preselección de candidatos.

Este diseño institucional es un ejemplo del corporativismo como modelo de organización. A diferencia del pluralismo republicano, el corporativismo es un sistema de representación de intereses por medio de sociedades intermedias, no competitivas, reconocidas y reglamentadas por el Estado. Es decir, la asignación de espacios de representación se da por adscripción a grupos académicos, gremiales, religiosos, etcétera. Sus orígenes se remontan a los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, cuando el fascismo, el franquismo y algunas instituciones del México priísta y de la Argentina peronista recurrieron a modelos de nombramiento sectorial. El objetivo era dual: la participación de actores extra-políticos servía para legitimar las decisiones públicas, mientras que el Estado cooptaba a potenciales opositores al otorgarles espacios de incidencia. 

No obstante, el efecto negativo recae en que no se elimina la fuente de las disputas políticas, sino que éstas se trasladan al ámbito interno de las sociedades intermedias. En Guatemala, este fenómeno se ha materializado en varios sentidos. Por un lado, el oscurantismo en el financiamiento de campañas, la gestación de grupos gremiales con intereses clientelares o la búsqueda de acceso a plazas dentro del Estado son males que afectan por igual las elecciones republicanas entre partidos, y las corporativas en los Colegios Profesionales.

La Universidad de San Carlos también ha caído presa de los conflictos políticos. Derivado de sus más de 75 representaciones institucionales, las elecciones de Rector, decanos y representantes estudiantiles han pasado de constituir procesos de democracia universitaria a convertirse en escenarios de luchas de intereses. Mientras que a nivel privado, el incentivo perverso es a la proliferación de universidades cuya razón deja de ser la enseñanza y se convierte en la búsqueda de explotar los asientos que por adscripción le corresponden en las postuladoras. Y tanto en lo público como en lo privado, las universidades tienen el estímulo de expeditar la graduación de profesionales con el fin de alterar los balances de fuerzas en las elecciones dentro de los Colegios.

Estos males parecieran haberse agudizado en los últimos 20 años. A raíz del intento de cooptación de la Corte de Constitucionalidad por el FRG en el 2001 y la creciente tensión política en relación a la justicia, los partidos entendieron que colocar operadores en gremios profesionales y en la academia era el trampolín para incidir en la preselección de las autoridades judiciales. Mientras que a nivel social, conforme se consolidaron nuevas fuentes de capital emergente, apalancadas en el patrimonialismo de Estado, surgieron nuevos actores que aspiraron a utilizar los colegios profesionales y la academia como trampolín para materializar aquella concepción de las decisiones jurídicas como la otorgación de gracias, privilegios y exenciones a grupos de interés particular.

Es decir, la cantidad de actores con intereses en la conformación del poder judicial y de los órganos contralores se ha multiplicado. El corporativismo de las postuladoras fomenta que esos intereses se enfrenten al desnudo en la arena gremial y universitaria. El carácter híbrido del Estado de Guatemala nos condena a tener una academia y gremios profesionales con alta politización.

En los años noventa la democracia liberal surgía triunfante como el modelo al que aspiraban la mayor parte de los países del mundo, luego de las crueles dictaduras comunistas en los países de África, Asia y del Este de Europa; y las igualmente crueles dictaduras militares contrarrevolucionarias de América Latina, que habían dominado el panorama luego de la Segunda Guerra Mundial. La guerra fría había terminado y con ello se ponía fin a ese juego de poder mundial que llevó a incontables guerras civiles entre los cincuentas y los ochentas.

El consenso en ese entonces era que el Comunismo había fracasado y que el Capitalismo, de la mano de la democracia liberal, era el camino hacia el desarrollo económico y social de las naciones. Se impulsó la privatización de las empresas estatales, la reducción de impuestos, la disciplina fiscal, la contención de la inflación  y la liberalización de los mercados. 

En los noventa se impulsó la apertura de los mercados, dando lugar a la creación de grandes bloques comerciales como El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y la consolidación de bloques económicos como la Eurozona. Era la época de oro de una nueva ola de globalización  y democratización en el mundo que prometía dejar atrás las grandes guerras, las dictaduras y las tragedias que caracterizaron a gran parte del siglo XX.

Pero América Latina inició el siglo XXI con mal pie. Desde sus inicios, el régimen chavista comenzó a desmantelar las instituciones democráticas en Venezuela con el “apoyo popular” y el silencio cómplice de gran parte de la comunidad internacional. Llegando al poder a través de elecciones democráticas, Chávez se convirtió en un dictador que tomó control de todas las instituciones y su sucesor, Maduro, ha provocado una de las diásporas más grandes en la historia de América Latina.

El proyecto chavista tenía aspiraciones continentales, pero la caída del precio del petróleo y el desastre en la administración de las empresas petroleras estatales dejó sin recursos a ese país. Pero antes de su decadencia, logró propagarse en varios países de la región.

Por otra parte, la crisis de 2008-2009 terminó con la bonanza económica de América Latina y la segunda década del siglo XXI se caracterizó por el estancamiento económico y la profundización de la desigualdad, lo que ha dado paso a profundas crisis sociales y políticas, como las de Chile, Perú y Colombia, en donde están resurgiendo movimientos políticos comunistas.

A nivel mundial, la globalización propició el surgimiento de China y varios países asiáticos, dándoles mayor peso económico y político. Por su parte,  Occidente ha perdido fuerza y parte de sus ciudadanos se sienten perdedores del actual proceso de globalización, favoreciendo el surgimiento de movimientos radicales de derecha e izquierda. Europa es, actualmente, un caldo de cultivo de movimientos políticos extremistas.

Lo más preocupante es que el faro de la democracia de los últimos setenta años, Estados Unidos, parece estar sumido en su propia crisis interna. La radicalización del discurso político en ese país repercute a nivel mundial y debilita su posición de líder del mundo occidental.

La idea de que el régimen autoritario de China es “más eficiente” que las democracias occidentales toma fuerza y puede tener consecuencias desastrosas para el mundo en las próximas décadas.

Es claro que, a nivel mundial, se han perdido los ideales democráticos de los años noventa y hoy vemos el resurgimiento de caudillos de derecha e izquierda, con alto apoyo popular. Y junto con ello, vemos el cuestionamiento al capitalismo y la globalización. Las ideas socialistas y comunistas están de vuelta en muchos países y se expandirán en los próximos años.

Estamos con el “clima” perfecto para el retorno de los dictadores. No es que hayan desaparecido, pero es muy probable que veamos una proliferación de regímenes autoritarios en la tercera década del siglo XXI. Adiós a la democracia liberal.

*Esta columna fue originalmente publicada en: https://elperiodico.com.gt/noticias/domingo/2021/05/09/el-regreso-de-los-dictadores/

En los años noventa la democracia liberal surgía triunfante como el modelo al que aspiraban la mayor parte de los países del mundo, luego de las crueles dictaduras comunistas en los países de África, Asia y del Este de Europa; y las igualmente crueles dictaduras militares contrarrevolucionarias de América Latina, que habían dominado el panorama luego de la Segunda Guerra Mundial. La guerra fría había terminado y con ello se ponía fin a ese juego de poder mundial que llevó a incontables guerras civiles entre los cincuentas y los ochentas.

El consenso en ese entonces era que el Comunismo había fracasado y que el Capitalismo, de la mano de la democracia liberal, era el camino hacia el desarrollo económico y social de las naciones. Se impulsó la privatización de las empresas estatales, la reducción de impuestos, la disciplina fiscal, la contención de la inflación  y la liberalización de los mercados. 

En los noventa se impulsó la apertura de los mercados, dando lugar a la creación de grandes bloques comerciales como El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y la consolidación de bloques económicos como la Eurozona. Era la época de oro de una nueva ola de globalización  y democratización en el mundo que prometía dejar atrás las grandes guerras, las dictaduras y las tragedias que caracterizaron a gran parte del siglo XX.

Pero América Latina inició el siglo XXI con mal pie. Desde sus inicios, el régimen chavista comenzó a desmantelar las instituciones democráticas en Venezuela con el “apoyo popular” y el silencio cómplice de gran parte de la comunidad internacional. Llegando al poder a través de elecciones democráticas, Chávez se convirtió en un dictador que tomó control de todas las instituciones y su sucesor, Maduro, ha provocado una de las diásporas más grandes en la historia de América Latina.

El proyecto chavista tenía aspiraciones continentales, pero la caída del precio del petróleo y el desastre en la administración de las empresas petroleras estatales dejó sin recursos a ese país. Pero antes de su decadencia, logró propagarse en varios países de la región.

Por otra parte, la crisis de 2008-2009 terminó con la bonanza económica de América Latina y la segunda década del siglo XXI se caracterizó por el estancamiento económico y la profundización de la desigualdad, lo que ha dado paso a profundas crisis sociales y políticas, como las de Chile, Perú y Colombia, en donde están resurgiendo movimientos políticos comunistas.

A nivel mundial, la globalización propició el surgimiento de China y varios países asiáticos, dándoles mayor peso económico y político. Por su parte,  Occidente ha perdido fuerza y parte de sus ciudadanos se sienten perdedores del actual proceso de globalización, favoreciendo el surgimiento de movimientos radicales de derecha e izquierda. Europa es, actualmente, un caldo de cultivo de movimientos políticos extremistas.

Lo más preocupante es que el faro de la democracia de los últimos setenta años, Estados Unidos, parece estar sumido en su propia crisis interna. La radicalización del discurso político en ese país repercute a nivel mundial y debilita su posición de líder del mundo occidental.

La idea de que el régimen autoritario de China es “más eficiente” que las democracias occidentales toma fuerza y puede tener consecuencias desastrosas para el mundo en las próximas décadas.

Es claro que, a nivel mundial, se han perdido los ideales democráticos de los años noventa y hoy vemos el resurgimiento de caudillos de derecha e izquierda, con alto apoyo popular. Y junto con ello, vemos el cuestionamiento al capitalismo y la globalización. Las ideas socialistas y comunistas están de vuelta en muchos países y se expandirán en los próximos años.

Estamos con el “clima” perfecto para el retorno de los dictadores. No es que hayan desaparecido, pero es muy probable que veamos una proliferación de regímenes autoritarios en la tercera década del siglo XXI. Adiós a la democracia liberal.

*Esta columna fue originalmente publicada en: https://elperiodico.com.gt/noticias/domingo/2021/05/09/el-regreso-de-los-dictadores/

Guatemala comparte algunas características con Peru: un Estado débil, corrupción rampante, una clase política desprestigiada (y superándose cada día), una población afectada y golpeada por la pandemia y, además, una democracia sin partidos políticos, como ha escrito el profesor Levitsky sobre el Perú.

El pasado 11 de abril hubo elecciones en Perú. Pasaron a segunda vuelta la hija de Alberto Fujimori, Keiko, y un maestro y líder sindical, Pedro Castillo. Perú queda atrapado entre dos males como escribió un politólogo peruano para el New York Times.

En cuanto a aspectos democráticos y libertades políticas, la cosa no pinta bien. Mientras Keiko defiende el régimen autoritario de su padre, Pedro Castillo propone una serie de medidas radicales que van desde eliminar el Tribunal Constitucional, aplicar la pena de muerte para corruptos hasta denunciar el Pacto de San José y salir del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Incluso Pedro Castillo es crítico de las ONGs ambientalistas.

Ambos son profundamente conservadores. Tanto Castillo como Fujimori se oponen al aborto, al matrimonio igualitario. Castillo además es crítico del feminismo y “totalmente” contrario al “enfoque de género” en la educación.

En materia económica está claro que las diferencias son abismales. Keiko representa la continuidad de un modelo económico que ha traído crecimiento económico al Perú. Castillo, en cambio, propone una agenda orientada a revisar los tratados de libre comercio, a nacionalizar industrias extractivas y cuestionar el modelo económico vigente en el Perú.

Lo que ocurre en Perú debe invitarnos a reflexionar. ¿Cómo llegó el Perú a esta situación? Básicamente es una mezcla de varios factores. Por un lado, un desencanto con la política tradicional producto de un sistema político profundamente corrupto y una clase política desprestigiada.

Por otro lado, fue uno de los países más afectados por la pandemia. Esto en buena parte se debe a la debilidad del Estado peruano, aspectos que aborda con nitidez el profesor Levitsky en este blog. La incapacidad estatal, la rampante corrupción y el consecuente desencanto con la clase política llegó el Perú a este punto.

Ocho ex presidentes peruanos están señalados de corrupción desde Fujimori hasta Manuel Merino. El Perú ha tenido cuatro presidentes en los últimos cinco años: Pedro Pablo Kuczynski (menos de 2 años), Martín Vizcarra (2 años), Manuel Merino (5 días) y ahora Francisco Sagasti.

El Congreso peruano generó aún más rechazo cuando vacó a Martín Vizcarra por incapacidad moral, además de ser una medida de dudosa legalidad. Con esto, las elecciones del pasado 11 de abril presentaron 18 candidatos presidenciales de 20 diferentes partidos políticos.

Si bien Pedro Castillo quedó en primer lugar, apenas logró el 19% de los votos válidos. Keiko quedó en segundo lugar con 13% de los votos válidos. Los votos en blanco y nulos sumaron 17%, más que el segundo lugar.

¿Le recuerda a algo? Las elecciones de 2019 de Guatemala tuvieron 19 candidatos presidenciales. La candidata más votada en primera vuelta, Sandra Torres, obtuvo el 25% de los votos válidos y el segundo lugar, Alejandro Giammattei, el 13.96%. Los votos nulos y en blanco sumaron el 13.14%, casi tantos como quien luego resultara elegido presidente. El MLP, que representó un voto antisistema, logró un 10.37% de los votos.

Guatemala comparte algunas características con Peru: un Estado débil, corrupción rampante, una clase política desprestigiada (y superándose cada día), una población afectada y golpeada por la pandemia y, además, una democracia sin partidos políticos, como ha escrito el profesor Levitsky sobre el Perú.

La alianza política que gobierna el país está haciendo todos los méritos posibles por empeorar la situación de los guatemaltecos. ¿Qué podemos aprender de las recientes elecciones en el Perú?

Guatemala comparte algunas características con Peru: un Estado débil, corrupción rampante, una clase política desprestigiada (y superándose cada día), una población afectada y golpeada por la pandemia y, además, una democracia sin partidos políticos, como ha escrito el profesor Levitsky sobre el Perú.

El pasado 11 de abril hubo elecciones en Perú. Pasaron a segunda vuelta la hija de Alberto Fujimori, Keiko, y un maestro y líder sindical, Pedro Castillo. Perú queda atrapado entre dos males como escribió un politólogo peruano para el New York Times.

En cuanto a aspectos democráticos y libertades políticas, la cosa no pinta bien. Mientras Keiko defiende el régimen autoritario de su padre, Pedro Castillo propone una serie de medidas radicales que van desde eliminar el Tribunal Constitucional, aplicar la pena de muerte para corruptos hasta denunciar el Pacto de San José y salir del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Incluso Pedro Castillo es crítico de las ONGs ambientalistas.

Ambos son profundamente conservadores. Tanto Castillo como Fujimori se oponen al aborto, al matrimonio igualitario. Castillo además es crítico del feminismo y “totalmente” contrario al “enfoque de género” en la educación.

En materia económica está claro que las diferencias son abismales. Keiko representa la continuidad de un modelo económico que ha traído crecimiento económico al Perú. Castillo, en cambio, propone una agenda orientada a revisar los tratados de libre comercio, a nacionalizar industrias extractivas y cuestionar el modelo económico vigente en el Perú.

Lo que ocurre en Perú debe invitarnos a reflexionar. ¿Cómo llegó el Perú a esta situación? Básicamente es una mezcla de varios factores. Por un lado, un desencanto con la política tradicional producto de un sistema político profundamente corrupto y una clase política desprestigiada.

Por otro lado, fue uno de los países más afectados por la pandemia. Esto en buena parte se debe a la debilidad del Estado peruano, aspectos que aborda con nitidez el profesor Levitsky en este blog. La incapacidad estatal, la rampante corrupción y el consecuente desencanto con la clase política llegó el Perú a este punto.

Ocho ex presidentes peruanos están señalados de corrupción desde Fujimori hasta Manuel Merino. El Perú ha tenido cuatro presidentes en los últimos cinco años: Pedro Pablo Kuczynski (menos de 2 años), Martín Vizcarra (2 años), Manuel Merino (5 días) y ahora Francisco Sagasti.

El Congreso peruano generó aún más rechazo cuando vacó a Martín Vizcarra por incapacidad moral, además de ser una medida de dudosa legalidad. Con esto, las elecciones del pasado 11 de abril presentaron 18 candidatos presidenciales de 20 diferentes partidos políticos.

Si bien Pedro Castillo quedó en primer lugar, apenas logró el 19% de los votos válidos. Keiko quedó en segundo lugar con 13% de los votos válidos. Los votos en blanco y nulos sumaron 17%, más que el segundo lugar.

¿Le recuerda a algo? Las elecciones de 2019 de Guatemala tuvieron 19 candidatos presidenciales. La candidata más votada en primera vuelta, Sandra Torres, obtuvo el 25% de los votos válidos y el segundo lugar, Alejandro Giammattei, el 13.96%. Los votos nulos y en blanco sumaron el 13.14%, casi tantos como quien luego resultara elegido presidente. El MLP, que representó un voto antisistema, logró un 10.37% de los votos.

Guatemala comparte algunas características con Peru: un Estado débil, corrupción rampante, una clase política desprestigiada (y superándose cada día), una población afectada y golpeada por la pandemia y, además, una democracia sin partidos políticos, como ha escrito el profesor Levitsky sobre el Perú.

La alianza política que gobierna el país está haciendo todos los méritos posibles por empeorar la situación de los guatemaltecos. ¿Qué podemos aprender de las recientes elecciones en el Perú?

Manifestaciones espontáneas y autónomas, pero sin liderazgos ni programas

Dos autores contemporáneos, Thomas Friedman y Moisés Naim, han descrito en sus textos The World is Flat  y El Fin del Poder las correlaciones de poder en el siglo XXI. Ambos, sostienen la tesis que la tecnología, las nuevas formas de comunicación, y la revolución de la información, han transformado las relaciones de influencia y poder en las sociedades.

Veamos algunos ejemplos. Hace veinte años, los programadores de contenido de las televisoras tenían el poder sobre el consumo de material televisivo y cinematográfico. Como televidentes, estábamos obligados a ver lo que el canal programaba. Ahora, en el siglo XXI, gracias a Netflix y YouTube, los consumidores tienen la libertad de sintonizar la película, la serie o cualquier contenido que desee, sin importar lo que digan los canales. Caso similar ocurre con la radio y los podcasts. O veamos la comunicación. Los teléfonos inteligentes y las redes sociales han convertido a los ciudadanos en periodistas. El mismo ciudadano informa de los hechos que acontecen en el día a día. Lo mismo ocurre con la formación de opinión, dado que ahora cualquier usuario de redes sociales se convierte en un generador de contenidos.

En pocas palabras, el poder y el mundo ahora son más horizontales que nunca. Esa horizontalidad también se traslapa al mundo de las movilizaciones sociales.

Históricamente, las manifestaciones, las movilizaciones sociales y las revoluciones tenían características jerarquizadas y verticalizadas. Generalmente la convocatoria a una protesta provenía de un líder particular, un actor con legitimidad, liderazgo o recursos; había un discurso programático. Había organización, logística y un liderazgo visible. Pensemos en el magisterio y Joviel Acevedo, o en movimiento campesino como referentes de este modelo.

Ahora, en el siglo XXI, se produce el fenómeno de la manifestación 2.0. Estas son movimientos sociales sin una conducción clara, sin liderazgos identificados, donde la autonomía y espontaneidad pesan más que los mensajes o discursos programáticos. Son movilizaciones generadas vía redes sociales, en donde la espontaneidad del individuo es la que vale: si el individuo se identifica con la razón de la manifestación, sale a la calle. Si el tema de la misma no le hace click, sencillamente el individuo se queda en su casa.

Para muestra, analicemos las jornadas del 2015 y septiembre 2017. Miles de guatemaltecos se identificaron con el tema de la manifestación: pedir la renuncia de Baldetti, de Otto Pérez en 2015, y luego, manifestar su rechazo a los decretos de impunidad del Congreso en 2017. Y por ello, salieron a las calles y paralizaron labores. Pero en medio de esas jornadas, otras demandas como la aprobación de reformas o el retraso de las elecciones, no generaron ese mismo nivel se identificación entre el ciudadano, y por ello, algunas de esas marchas no fueron tan concurridas. En pocas palabras, las manifestaciones ciudadanas de individuos se producen cuando existe una fuente de rechazo e indignación. Y al carecer de organización o liderazgos palpables, dichas movilizaciones son difíciles de articular para otros objetivos.

Lo anterior explica también por qué los actores movilizados no son actores articuladores de propuesta política. Únicamente se limitan a ser demostraciones de descontento.

La conclusión es sencilla de enumerar pero compleja de entender. En los movimientos 2.0 ya no importa quién convoca o quién es el líder. Importa el individuo como ciudadano. Si el individuo se siente identificado con el tema de la marcha, sale a la calle. Si no hay un tema de rechazo, no hay manifestación. Así de sencillo. Pero al mismo tiempo, dicha espontaneidad y autonomía de los movimientos 2.0 le condena a carecer de un discurso programático o de una línea de dirección que le permita trascender en el tiempo.

Manifestaciones espontáneas y autónomas, pero sin liderazgos ni programas

Dos autores contemporáneos, Thomas Friedman y Moisés Naim, han descrito en sus textos The World is Flat  y El Fin del Poder las correlaciones de poder en el siglo XXI. Ambos, sostienen la tesis que la tecnología, las nuevas formas de comunicación, y la revolución de la información, han transformado las relaciones de influencia y poder en las sociedades.

Veamos algunos ejemplos. Hace veinte años, los programadores de contenido de las televisoras tenían el poder sobre el consumo de material televisivo y cinematográfico. Como televidentes, estábamos obligados a ver lo que el canal programaba. Ahora, en el siglo XXI, gracias a Netflix y YouTube, los consumidores tienen la libertad de sintonizar la película, la serie o cualquier contenido que desee, sin importar lo que digan los canales. Caso similar ocurre con la radio y los podcasts. O veamos la comunicación. Los teléfonos inteligentes y las redes sociales han convertido a los ciudadanos en periodistas. El mismo ciudadano informa de los hechos que acontecen en el día a día. Lo mismo ocurre con la formación de opinión, dado que ahora cualquier usuario de redes sociales se convierte en un generador de contenidos.

En pocas palabras, el poder y el mundo ahora son más horizontales que nunca. Esa horizontalidad también se traslapa al mundo de las movilizaciones sociales.

Históricamente, las manifestaciones, las movilizaciones sociales y las revoluciones tenían características jerarquizadas y verticalizadas. Generalmente la convocatoria a una protesta provenía de un líder particular, un actor con legitimidad, liderazgo o recursos; había un discurso programático. Había organización, logística y un liderazgo visible. Pensemos en el magisterio y Joviel Acevedo, o en movimiento campesino como referentes de este modelo.

Ahora, en el siglo XXI, se produce el fenómeno de la manifestación 2.0. Estas son movimientos sociales sin una conducción clara, sin liderazgos identificados, donde la autonomía y espontaneidad pesan más que los mensajes o discursos programáticos. Son movilizaciones generadas vía redes sociales, en donde la espontaneidad del individuo es la que vale: si el individuo se identifica con la razón de la manifestación, sale a la calle. Si el tema de la misma no le hace click, sencillamente el individuo se queda en su casa.

Para muestra, analicemos las jornadas del 2015 y septiembre 2017. Miles de guatemaltecos se identificaron con el tema de la manifestación: pedir la renuncia de Baldetti, de Otto Pérez en 2015, y luego, manifestar su rechazo a los decretos de impunidad del Congreso en 2017. Y por ello, salieron a las calles y paralizaron labores. Pero en medio de esas jornadas, otras demandas como la aprobación de reformas o el retraso de las elecciones, no generaron ese mismo nivel se identificación entre el ciudadano, y por ello, algunas de esas marchas no fueron tan concurridas. En pocas palabras, las manifestaciones ciudadanas de individuos se producen cuando existe una fuente de rechazo e indignación. Y al carecer de organización o liderazgos palpables, dichas movilizaciones son difíciles de articular para otros objetivos.

Lo anterior explica también por qué los actores movilizados no son actores articuladores de propuesta política. Únicamente se limitan a ser demostraciones de descontento.

La conclusión es sencilla de enumerar pero compleja de entender. En los movimientos 2.0 ya no importa quién convoca o quién es el líder. Importa el individuo como ciudadano. Si el individuo se siente identificado con el tema de la marcha, sale a la calle. Si no hay un tema de rechazo, no hay manifestación. Así de sencillo. Pero al mismo tiempo, dicha espontaneidad y autonomía de los movimientos 2.0 le condena a carecer de un discurso programático o de una línea de dirección que le permita trascender en el tiempo.

Cuando decimos que la lucha por la democracia de Venezuela es una lucha de todos, no lo estamos diciendo solamente desde la defensa idealista de los principios y valores democráticos; sino desde la preocupación de que la narcopolítica cada día nos toque más fuerte la puerta de nuestra casa.

Expertos, investigadores, agencias de seguridad y tanques de pensamiento coinciden en que los principales problemas de la región centroamericana radican en la pobre institucionalidad y gobernanza de los estados nacionales del istmo. Problemas que se reflejan en la baja calidad democrática de la región y en la nula capacidad de los gobiernos para cumplir sus funciones básicas de seguridad, defensa y administración de justicia.

De hecho, de acuerdo con el prestigioso Índice de Percepción de la Corrupción de 2020, de Transparencia Internacional, Guatemala (25) presenta un deterioro significativo, cayendo en el conteo 8 puntos desde 2012 y Honduras (24) cae 2 puntos para alcanzar un bajón histórico en percepción de la corrupción. El Salvador (36) por su parte, presenta un estancamiento, pero igualmente ha tenido un retroceso tras la pandemia por la suspensión de la Ley de Acceso a la Información. Estos datos coinciden con la encuesta de opinión pública más reciente que se tiene en el Guatemala elaborada por CID Gallup-FLD en 2019, donde también 10.9% los guatemaltecos manifestaron que el principal problema del país era la corrupción, ocupando éste renglón el cuarto lugar de los problemas enlistados en el sondeo.

A éste cóctel de corrupción y de instituciones fallidas que agobian a los centroamericanos, se le vino a agregar el ingrediente del narcotráfico. Se estima que los países del Triángulo Norte de Centroamérica son la ruta de trasiego de cerca del 90% de la droga que finalmente ingresa a los Estados Unidos. Y sabemos que esta peligrosa cadena de distribución pasa arrastrando gobiernos e instituciones a su paso, con funcionarios de gobierno, policía, jueces, etc., que son sobornados diariamente por el dinero del tráfico ilícito de drogas y de otras actividades delictivas. De hecho, de acuerdo con un informe de financiamiento electoral elaborado por la CICIG en 2015, se estima que alrededor del 25% del financiamiento electoral en Guatemala, procede de estructuras criminales, sobretodo vinculadas al tráfico de drogas.

Pero ¿De dónde sale la droga que se transporta por toda Centroamérica? Principalmente de Venezuela, a través de su frontera con Colombia. De hecho, hace poco vimos la noticia de que en Colombia se comenzó a fumigar de nuevo con glifosato los cultivos de coca por el aumento significativo que tuvieron en los últimos años. En ese sentido, el gobierno colombiano ha retomado la agenda de lucha frontal contra el narcotráfico pues se estima que Colombia produce alrededor del 70% de la cocaína que se consume en el mundo.

Por su parte, Venezuela es el epicentro logístico, el corredor por excelencia de la droga que sale desde Colombia hacia Estados Unidos, vía Centroamérica y el Mar Caribe, y hacia Europa y África, vía el Delta del Atlántico. Como es conocido y ha sido denunciado, en Venezuela se mueven grupos narco terroristas con total libertad y flagrancia que además se han hecho con el control de territorios completos como el estado Apure. Estamos hablando del ELN, la disidencia de las FARC que maneja Iván Márquez y Santrich, y el Cartel de Sinaloa (entre otros carteles mexicanos), todos bajo la coordinación del Cartel de los Soles, que es un grupo delictivo transnacional conformado por altos funcionarios del régimen venezolano, entre quienes se encuentran personajes como, Diosdado Cabello, uno de los capos principales, por quien los Estados Unidos ha pedido 10 millones de dólares por información que finalmente lleve a su captura.

No hay duda para las autoridades de los Estados Unidos, de que Centroamérica es el puente del crimen de la droga que sale de Venezuela hacia esa potencia del norte. De hecho, de acuerdo con una investigación de Insight Crime, los vuelos que salen del estado de Apure “se dirigían a República Dominicana, y luego giraban en el paralelo 15 hacia Nicaragua y Honduras con el fin de evadir los radares”.

También, según un informe de la Office of National Drug Control Policy (ONDCP) de Estados Unidos, Honduras es el principal puente utilizado por los narcotraficantes venezolanos para introducir droga a los Estados Unidos. Este mismo informe revela que la mayoría de narcovuelos que llegan a Honduras, provienen del estado Apure, en Venezuela.

De manera que, si en Venezuela no se instala un gobierno democrático con liderazgos decentes que colaboren y cooperen con Colombia y Estados Unidos para combatir el narcotráfico; por más que en el Triángulo Norte luchemos para limpiar nuestras instituciones, no saldremos de la trampa de la corrupción y de la infiltración de la política por el crimen organizado. Mientras ese enorme contingente de droga trasiegue por Venezuela con la anuencia del cartel que gobierna a ese país, lamentablemente Centroamérica se seguirá inundando del dinero proveniente del narcotráfico y no va a tener desarrollo ni transparencia en sus instituciones, sino que seguirá en la lógica perversa que tiene atrapada a la región en la pobreza, el atraso, el subdesarrollo y lo que hace que la corrupción y la criminalidad aumenten exponencialmente cada año.

Por eso, cuando decimos que la lucha por la democracia de Venezuela es una lucha de todos, no lo estamos diciendo solamente desde la defensa idealista de los principios y valores democráticos; sino desde la preocupación de que la narcopolítica cada día nos toque más fuerte la puerta de nuestra casa.

Cuando decimos que la lucha por la democracia de Venezuela es una lucha de todos, no lo estamos diciendo solamente desde la defensa idealista de los principios y valores democráticos; sino desde la preocupación de que la narcopolítica cada día nos toque más fuerte la puerta de nuestra casa.

Expertos, investigadores, agencias de seguridad y tanques de pensamiento coinciden en que los principales problemas de la región centroamericana radican en la pobre institucionalidad y gobernanza de los estados nacionales del istmo. Problemas que se reflejan en la baja calidad democrática de la región y en la nula capacidad de los gobiernos para cumplir sus funciones básicas de seguridad, defensa y administración de justicia.

De hecho, de acuerdo con el prestigioso Índice de Percepción de la Corrupción de 2020, de Transparencia Internacional, Guatemala (25) presenta un deterioro significativo, cayendo en el conteo 8 puntos desde 2012 y Honduras (24) cae 2 puntos para alcanzar un bajón histórico en percepción de la corrupción. El Salvador (36) por su parte, presenta un estancamiento, pero igualmente ha tenido un retroceso tras la pandemia por la suspensión de la Ley de Acceso a la Información. Estos datos coinciden con la encuesta de opinión pública más reciente que se tiene en el Guatemala elaborada por CID Gallup-FLD en 2019, donde también 10.9% los guatemaltecos manifestaron que el principal problema del país era la corrupción, ocupando éste renglón el cuarto lugar de los problemas enlistados en el sondeo.

A éste cóctel de corrupción y de instituciones fallidas que agobian a los centroamericanos, se le vino a agregar el ingrediente del narcotráfico. Se estima que los países del Triángulo Norte de Centroamérica son la ruta de trasiego de cerca del 90% de la droga que finalmente ingresa a los Estados Unidos. Y sabemos que esta peligrosa cadena de distribución pasa arrastrando gobiernos e instituciones a su paso, con funcionarios de gobierno, policía, jueces, etc., que son sobornados diariamente por el dinero del tráfico ilícito de drogas y de otras actividades delictivas. De hecho, de acuerdo con un informe de financiamiento electoral elaborado por la CICIG en 2015, se estima que alrededor del 25% del financiamiento electoral en Guatemala, procede de estructuras criminales, sobretodo vinculadas al tráfico de drogas.

Pero ¿De dónde sale la droga que se transporta por toda Centroamérica? Principalmente de Venezuela, a través de su frontera con Colombia. De hecho, hace poco vimos la noticia de que en Colombia se comenzó a fumigar de nuevo con glifosato los cultivos de coca por el aumento significativo que tuvieron en los últimos años. En ese sentido, el gobierno colombiano ha retomado la agenda de lucha frontal contra el narcotráfico pues se estima que Colombia produce alrededor del 70% de la cocaína que se consume en el mundo.

Por su parte, Venezuela es el epicentro logístico, el corredor por excelencia de la droga que sale desde Colombia hacia Estados Unidos, vía Centroamérica y el Mar Caribe, y hacia Europa y África, vía el Delta del Atlántico. Como es conocido y ha sido denunciado, en Venezuela se mueven grupos narco terroristas con total libertad y flagrancia que además se han hecho con el control de territorios completos como el estado Apure. Estamos hablando del ELN, la disidencia de las FARC que maneja Iván Márquez y Santrich, y el Cartel de Sinaloa (entre otros carteles mexicanos), todos bajo la coordinación del Cartel de los Soles, que es un grupo delictivo transnacional conformado por altos funcionarios del régimen venezolano, entre quienes se encuentran personajes como, Diosdado Cabello, uno de los capos principales, por quien los Estados Unidos ha pedido 10 millones de dólares por información que finalmente lleve a su captura.

No hay duda para las autoridades de los Estados Unidos, de que Centroamérica es el puente del crimen de la droga que sale de Venezuela hacia esa potencia del norte. De hecho, de acuerdo con una investigación de Insight Crime, los vuelos que salen del estado de Apure “se dirigían a República Dominicana, y luego giraban en el paralelo 15 hacia Nicaragua y Honduras con el fin de evadir los radares”.

También, según un informe de la Office of National Drug Control Policy (ONDCP) de Estados Unidos, Honduras es el principal puente utilizado por los narcotraficantes venezolanos para introducir droga a los Estados Unidos. Este mismo informe revela que la mayoría de narcovuelos que llegan a Honduras, provienen del estado Apure, en Venezuela.

De manera que, si en Venezuela no se instala un gobierno democrático con liderazgos decentes que colaboren y cooperen con Colombia y Estados Unidos para combatir el narcotráfico; por más que en el Triángulo Norte luchemos para limpiar nuestras instituciones, no saldremos de la trampa de la corrupción y de la infiltración de la política por el crimen organizado. Mientras ese enorme contingente de droga trasiegue por Venezuela con la anuencia del cartel que gobierna a ese país, lamentablemente Centroamérica se seguirá inundando del dinero proveniente del narcotráfico y no va a tener desarrollo ni transparencia en sus instituciones, sino que seguirá en la lógica perversa que tiene atrapada a la región en la pobreza, el atraso, el subdesarrollo y lo que hace que la corrupción y la criminalidad aumenten exponencialmente cada año.

Por eso, cuando decimos que la lucha por la democracia de Venezuela es una lucha de todos, no lo estamos diciendo solamente desde la defensa idealista de los principios y valores democráticos; sino desde la preocupación de que la narcopolítica cada día nos toque más fuerte la puerta de nuestra casa.