Los ataques judiciales deben cesar

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha jugado un papel fundamental en nuestra democracia desde 1985, organizando elecciones limpias y confiables que han permitido la transferencia pacífica del poder.

En nuestro sistema electoral, el TSE organiza las elecciones, pero son miles de ciudadanos comunes los que resguardan el voto y luego realizan el conteo frente a los fiscales de todos los partidos políticos.

Si bien el sistema no es perfecto, todas las misiones de observación electoral internacionales y nacionales han respaldado cada una de las elecciones que se han realizado desde 1985.

Lamentablemente, desde las elecciones de 2023, el Ministerio Público, junto con un grupo muy pequeño de personas, han golpeado reiteradamente la institucionalidad del TSE. 

Primero, han insistido en un supuesto fraude electoral que nunca han probado. Ya pasaron dos años desde la primera vuelta electoral de 2023 y no han presentado una sola prueba. Y es que nunca la podrán presentar porque nuestro sistema electoral es confiable y transparente. 

Luego han presentado varios casos legales contra diversos funcionarios del TSE, poniendo en riesgo la operatividad de esta importante institución. Las próximas elecciones de 2027 ya tienen que comenzar a organizarse, pero los ataques judiciales constantes del MP y sus aliados son el principal obstáculo. 

El TSE es el corazón de nuestro sistema democrático, pero una agenda política mezquina pretende destruirlo sin escrúpulo alguno. Es lamentable el silencio ensordecedor de ciertos sectores que ven con indiferencia el daño institucional. 

Lo más preocupante es que todo esto ocurre a pocos meses de que se elijan a los nuevos magistrados del TSE. 

La politización de la justicia debe terminar y el TSE debe enfocar sus esfuerzos en organizar las elecciones de 2027.

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el jueves 19 de junio.