El mundo ha experimentado regresiones autoritarias cuando las democracias parecen agotarse y entrar en entropía y hoy estos síntomas de malestar hacia las democracias liberales, incapaces de canalizar las demandas sociales a lo interno e incapaces de imponer su agenda a lo externo, son cada vez más notorios. El evidente peligro detrás de este viraje no es dirigirnos hacia un mundo más “justo”, como piensan algunos incautos, sino a un mundo menos libre.

Aleksandr Lukashenko se reeligió por sexta vez consecutiva en Bielorrusia, ratificándose nuevamente, como el “último dictador de Europa” y en los días siguientes se han desencadenado protestas populares rechazando los resultados ofrecidos por el oficialismo, lo cual ha desatado una fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad del régimen. Muchos líderes autoritarios de varias partes del mundo están observando de cerca el desenvolvimiento de los hechos: primero, para tomar nota sobre cómo permanecer más tiempo en el poder y segundo, para tomar nota sobre cómo hacer frente a una fuerte oposición pública. Principalmente, los líderes de los extintos satélites soviéticos que hoy conforman los Estados de Tajikistan, Azerbaijan y Uzbekistan y de su cabecilla, Vladimir Putin, de Rusia, que no desea que se repita la historia del Euromaidán en Ucrania durante 2014; pero también regímenes como el de China, cuyo líder Xi Jiping, fue de los primeros en felicitar a Lukashenko por su reelección, al igual que Erdogan, de Turquía y por supuesto, de este lado del hemisferio, no faltó la felicitación de Maduro de Venezuela, Ortega de Nicaragua y Díaz-Canel de Cuba.

La descripción anterior era bastante previsible. Pero lo interesante es que ante la “batería de sanciones” que en los próximos días anunció la Unión Europea contra los jerarcas del régimen de Lukashenko, líderes como el ultraconservador de derecha y primer ministro húngaro Viktor Orbán, ha pedido a la Unión Europea que encamine el diálogo con Bielorrusia y evite “quemar puentes” con el país de Europa del Este. De hecho, Orbán hizo una visita oficial a Lukashenko en junio de este año donde el tirano bielorruso describió al gobierno húngaro como: “El socio más cercano de Bielorrusia en la UE y un país que "nos comprende más que cualquier otro".

Lo cierto es que la crisis en Bielorrusia ha creado una división en Europa en torno al abordaje del conflicto, donde unos por buena fe e ingenuidad, y otros por complicidad, han decidido apoyar unas negociaciones que a todas luces fortalecerán la continuidad del régimen autoritario. De hecho, los gobiernos de Letonia, Lituania y Estonia y el cuestionado gobierno también de ultraderecha del polaco Andrzej Duda; se han ofrecido como mediadores en el conflicto en Bielorrusia que lleve a una estabilización política en el corto plazo:

“El aislamiento no es un camino que conduzca al desarrollo y la prosperidad de una nación. Estamos dispuestos a ofrecer nuestra participación como intermediarios para lograr una solución pacífica en Bielorrusia y fortalecer su independencia y soberanía", resaltaron en un comunicado a Europa Press. 

Así vemos cómo mientras los autoritarismos hallan solidaridades inmediatas, las democracias liberales, por su parte, se muestran cada vez más incapaces de imponer sus voces en el concierto de naciones. Ese pareciera ser el signo de estos tiempos: estamos viviendo un momento en el que los sistemas democráticos liberales parecieran entrar en espirales internas de declive, imposibilitados de contener el descontento social, atrapados en el discurso de las desigualdades y de la corrupción; mientras que los autoritarismos parecieran experimentar un auge con discursos cada vez más inflamatorios y polarizantes y con la fachada de eficiencia y un mejor control de la gestión de crisis (como ha sido el caso con la pandemia del COVID-19 que parece haber acelerado la popularidad de este tipo de liderazgos). Esta también pareciera ser una tendencia que no tiene vuelta atrás y de la que probablemente veremos oleadas cada vez más cercanas acercándose a nuestros países.

Estos momentos de continuidad y ruptura, de auge y caída, de las democracias no son nuevos. De hecho, el historiador romano Polibio afirmaría que la degeneración de la democracia, del gobierno del “pueblo”, es el gobierno de la “muchedumbre”, o la oclocracia. De manera que la democracia (aunque no siempre) puede desviarse y ser sucedida por un período de decadencia e insatisfacción que finalmente conduce a una forma de gobierno autoritaria.

Aunque la historia cuenta con varios ejemplos, no se trata de establecer una línea causal. Pero sabemos que, por ejemplo, a la democracia ateniense del Siglo de Pericles, le siguió el gobierno de los Treinta Tiranos; y que el conflicto patricio plebeyo durante la República Romana condujo a su extinción y a la consolidación del Imperio; y en tiempos modernos también sabemos que la decadente e inestable democracia de la República de Weimar precipitó el ascenso del nazismo en Alemania.

El mundo ha experimentado regresiones autoritarias cuando las democracias parecen agotarse y entrar en entropía y hoy estos síntomas de malestar hacia las democracias liberales, incapaces de canalizar las demandas sociales a lo interno e incapaces de imponer su agenda a lo externo, son cada vez más notorios. El evidente peligro detrás de este viraje no es dirigirnos hacia un mundo más “justo”, como piensan algunos incautos, sino a un mundo menos libre.

El IGSS está nuevamente bajo ataque y en esta ocasión la polémica fue generada por un informe de la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso, remitido a la Junta Directiva del IGSS, la Procuraduría General de la Nación y a la Secretaría General de la Presidencia.    

En dicho informe, la Comisión recomienda la renuncia del actual presidente de la junta directiva del IGSS, Carlos Contreras, justificando esta recomendación con nueve hechos entre los que se encuentran la prórroga de un contrato a una empresa proveedora de un sistema informático por supuestas anomalías, un amparo que presentó el sindicato de trabajadores del IGSS (SINTIGSS) y problemas relacionados al servicios que está prestando el IGSS a pacientes con COVID-19. 

Está claro que todos estos hechos deben agotar los procesos correspondientes para determinar si existen responsabilidades que deben deducirse. Pero esta polémica va más allá que la petición de remoción del actual presidente, pues al leer el informe se puede observar que muchos de los hechos señalados, corresponden a problemas históricos del IGSS, que no necesariamente fueron provocados por la actual administración y difícilmente serán resueltos por la misma.

La principal pista sobre lo que motiva este ataque, parece estar en el tercer hecho presentado en el informe, el cual reza así: 

“Firma de convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) por Q 1 mil 600 millones del que la Contraloría General de Cuentas (CGC) recomendaba al IGSS no firmar por los Convenios que existen entre Guatemala y Organización de Naciones Unidas (ONU) debido a que estos no puede ser auditables, lo que impide la fiscalización por parte de la CGC e incluso por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad.”

Este hecho llama particularmente la atención, porque no es la primera vez que el supuesto rechazo a UNOPS levanta alguna polémica. Entre 2018 y 2019, se desarrolló una campaña en redes sociales y algunos medios de comunicación digitales de poca circulación y dudosa procedencia, que hacía referencia a compras y entregas de “medicamentos falsos” en el IGSS. Algunos de estos habían sido comprados a través del convenio con UNOPS.

Esta campaña fue anónima casi en su totalidad, pero tuvo al menos un vocero visible; lo irónico es que este esforzado vocero sería posteriormente denunciado por no tener licencia, para distribuir los productos comercializados por una empresa farmacéutica a la que decía representar y posteriormente capturado por el caso “Asalto al Ministerio de Salud”. Esto ya nos da algunas pistas sobre qué intereses pueden estar detrás de la intención de apartar del camino a un ente como UNOPS.

¿Qué es el convenio entre el IGSS y UNOPS?

Guatemala firmó un convenio de cooperación con UNOPS en 2008 y el IGSS comenzó a trabajar con esta oficina de Naciones Unidas en 2016. La principal razón para firmar este convenio, según la página oficial de UNOPS, fueron los casos de corrupción que se destaparon a partir de 2015 y que “afectaban la adquisición de medicamentos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)… Además, se descubrió que ciertos proveedores se beneficiaban de manera injusta de las adquisiciones públicas, lo que ponía en riesgo los suministros de medicamentos de millones de personas en el país.”

Los casos de corrupción a los que hace referencia UNOPS y que sirven como justificación para la firma de este y otros convenios, son los presentados por CICIG y el MP y conocidos como “Negociantes de la salud”, IGSS-PISA e IGSS-SAP-Ambulancias. Estos son solo una pequeña muestra de estructuras de corrupción que, por años, han operado dentro del Seguro Social, para saquear el presupuesto de la institución, que asciende a más de 19 mil millones de quetzales al año. 

El proyecto AMEDIGSS, promovido por el Seguro Social y UNOPS, tenía el objetivo de adquirir medicamentos e insumos médicos; contratar servicios para el tratamiento sustitutivo de la función renal y fortalecer y modernizar la gestión institucional del IGSS.

Hasta el momento los datos disponibles sobre los resultados del proyecto son positivos. En pocos años el IGSS ha logrado hacer compras eligiendo entre más de 62 potenciales proveedores, cuando antes tenían participaban solamente 11 licitantes. Con mayor interés del mercado, se amplía la posibilidad de obtener mejores precios y calidad.

A través de los mecanismos de UNOPS, el IGSS ha adquirido 586 tipos de medicamentos y hasta 450 millones de dosis. Los niveles de abastecimiento de inventarios del Seguro Social se encuentran actualmente alrededor del 90% en los 114 hospitales que tienen a nivel nacional.

El ahorro logrado por el IGSS gracias al convenio con UNOPS, asciende a 270 millones de dólares, logrando una reducción de costos en el los precios de medicamentos e insumos médicos de hasta un 58% con respecto a los precios pagados en 2016.

Establecer una cultura anticorrupción en las entidades públicas no es sencillo, sin embargo, el IGSS parece estar dando pasos certeros en este camino, a través de convenios con entidades internacionales. También el Ministerio de Salud ha tenido este tipo de experiencias en el pasado con otros organismos afines a Naciones Unidas, como la Organización Panamericana de la Salud, con la compra de vacunas a nivel internacional.

¿Se pueden auditar los convenios con UNOPS?

Es importante aclarar que los argumentos que esgrime la Contraloría respecto a la imposibilidad de auditar el convenio con UNOPS son falsos. Estos más bien parecen responder a las malas intenciones de grupos oscuros que intentan regresar a los antiguos procesos de compra de medicamentos e insumos médicos, en donde los productos se sobrevaloraban, algunos proveedores y funcionarios salían económicamente beneficiados y los usuarios del servicios perdían. 

UNOPS es parte del sistema de Naciones Unidas; son los países miembros de la asamblea de la ONU quienes asignan a empresas internacionales de auditoría para fiscalizar sus proyectos. Por otro lado, los convenios pueden ser revisados y/o denunciados por los países firmantes, siguiendo los procesos establecidos dentro de los mismos. Los proyectos firmados entre UNOPS y el IGSS han atravesado al menos cinco procesos de auditoría de la Contraloría General de Cuentas, con más de 64 auditores.

Está claro que el IGSS está lejos de ser una institución pública con un funcionamiento ejemplar. Existen múltiples quejas legítimas sobre la calidad de los servicios y falta de insumos; sin embargo, los múltiples ataques de los últimos meses parece responder a agendas oscuras que quieren retroceder en los avances logrados en los últimos años.

No faltan en todo esto las voces alarmistas y despistadas, que advierten de un intento por privatizar el IGSS, sin embargo, la idea de privatizar el seguro social o de pasar a un esquema en donde este compite con aseguradoras privadas, tiene poco asidero en la discusión pública actual. Solamente en pequeños espacios, de poca relevancia, se discuten esos temas y difícilmente existen planes articulados para implementarlo.

Permitir que esta discusión se manche con el enfrentamiento ideológico habitual, desvía la atención de la opinión pública hacia posiciones irreconciliables. Esto deja la cancha abierta para que las mafias logren nuevamente sus objetivos. Aquí lo importante es que los guatemaltecos estemos atentos y tengamos cuidado con el IGSS.

Dejar de repetir verdades y apostar por el debate

Durante la Edad Media, el escolasticismo fue el movimiento filosófico que sustentó las enseñanzas del cristianismo. Su metodología se basaba en el principio de autoridad: una premisa se aceptaba como válida solo por estar contenida en un texto sagrado. No había espacio para el cuestionamiento, mucho menos para debatir ideas contrarias. Todo el razonamiento y la construcción argumentativa se basaba en esa premisa incuestionable. Pero la premisa originaria no se debatía.

Pero esto cambió. La modernidad de Occidente devino a partir de los cuestionamientos a las verdades absolutas. El Renacimiento disputó la superioridad de la religión sobre el hombre; la Revolución Científica revisó las premisas aceptadas sobre la naturaleza. La Ilustración y las revoluciones liberales cuestionaron el statu quo y el absolutismo.

Pero en Guatemala nos quedamos en el medioevo. Somos una sociedad escolástica, puesto que rehuimos del debate. Esto refleja un modelo de enseñanza que privilegia el adoctrinamiento sobre el pensamiento crítico. Pero también refleja la intolerancia. Cuando los argumentos ya no dan, recurrimos a inferencias ad hominem (atacar a la persona y no sus ideas), ad verecundiam (aceptar una verdad por el prestigio de su locutor), o ad baculum (apelar a la fuerza por encima de la idea).

Con esta base intelectual, resulta surrealista imaginar que el debate político podría ser diferente. A nivel ideológico, creemos que nuestra visión de sociedad está escrita en piedra, y que las recetas antagónicas son expresiones de intereses ocultos. Cuando los argumentos se agotan, se descalifica al rival tachándolo de “oligarca retrógrado”, “neoliberal vendepatrias” o “vividor socialista”. A partir de ahí, discutir sobre la sociedad que queremos, el modelo de desarrollo al que aspiramos, o la forma de alcanzarlo, resulta imposible.

Más difícil es debatir propuestas partidistas. Quien aplaude una acción del poder político se convierte en apologista del “Pacto de Corruptos”; quien le critica, en un “golpista”. Bajo esta categorización escolástica, el análisis objetivo, la fiscalización ciudadana, o la prensa independiente se consideran herejías modernas.

A lo anterior se agrega una práctica recurrente en el debate: el incesto intelectual que genera el mundo de las redes sociales. Derivado de los algoritmos utilizados por Facebook y Twitter, que privilegian los contenidos que resultan afines a los patrones de consumo de los usuarios, es muy común que la información a la que cada persona tiene acceso es un reflejo de la “burbuja” en la que interactúa, por lo que pocas veces se produce una verdadera examinación de ideas y argumentos.

Quizá un primer paso para cambiar nuestra política pasa por superar el escolasticismo intelectual. Aprender a debatir propuestas y no a descalificar interlocutores; reconocer que debemos dejar de ser un país de suposiciones y prejuicios, para convertirnos en un país de ideas.

Dejar de repetir verdades y apostar por el debate

Durante la Edad Media, el escolasticismo fue el movimiento filosófico que sustentó las enseñanzas del cristianismo. Su metodología se basaba en el principio de autoridad: una premisa se aceptaba como válida solo por estar contenida en un texto sagrado. No había espacio para el cuestionamiento, mucho menos para debatir ideas contrarias. Todo el razonamiento y la construcción argumentativa se basaba en esa premisa incuestionable. Pero la premisa originaria no se debatía.

Pero esto cambió. La modernidad de Occidente devino a partir de los cuestionamientos a las verdades absolutas. El Renacimiento disputó la superioridad de la religión sobre el hombre; la Revolución Científica revisó las premisas aceptadas sobre la naturaleza. La Ilustración y las revoluciones liberales cuestionaron el statu quo y el absolutismo.

Pero en Guatemala nos quedamos en el medioevo. Somos una sociedad escolástica, puesto que rehuimos del debate. Esto refleja un modelo de enseñanza que privilegia el adoctrinamiento sobre el pensamiento crítico. Pero también refleja la intolerancia. Cuando los argumentos ya no dan, recurrimos a inferencias ad hominem (atacar a la persona y no sus ideas), ad verecundiam (aceptar una verdad por el prestigio de su locutor), o ad baculum (apelar a la fuerza por encima de la idea).

Con esta base intelectual, resulta surrealista imaginar que el debate político podría ser diferente. A nivel ideológico, creemos que nuestra visión de sociedad está escrita en piedra, y que las recetas antagónicas son expresiones de intereses ocultos. Cuando los argumentos se agotan, se descalifica al rival tachándolo de “oligarca retrógrado”, “neoliberal vendepatrias” o “vividor socialista”. A partir de ahí, discutir sobre la sociedad que queremos, el modelo de desarrollo al que aspiramos, o la forma de alcanzarlo, resulta imposible.

Más difícil es debatir propuestas partidistas. Quien aplaude una acción del poder político se convierte en apologista del “Pacto de Corruptos”; quien le critica, en un “golpista”. Bajo esta categorización escolástica, el análisis objetivo, la fiscalización ciudadana, o la prensa independiente se consideran herejías modernas.

A lo anterior se agrega una práctica recurrente en el debate: el incesto intelectual que genera el mundo de las redes sociales. Derivado de los algoritmos utilizados por Facebook y Twitter, que privilegian los contenidos que resultan afines a los patrones de consumo de los usuarios, es muy común que la información a la que cada persona tiene acceso es un reflejo de la “burbuja” en la que interactúa, por lo que pocas veces se produce una verdadera examinación de ideas y argumentos.

Quizá un primer paso para cambiar nuestra política pasa por superar el escolasticismo intelectual. Aprender a debatir propuestas y no a descalificar interlocutores; reconocer que debemos dejar de ser un país de suposiciones y prejuicios, para convertirnos en un país de ideas.

A pesar de que las epidemias y pandemias siempre han sido parte de nuestro devenir como humanidad prácticamente desde la Revolución del Neolítico, la idea de que se puede “detener la vida” nunca se había llevado a la práctica como se está concibiendo en 2020. Por esta razón, muchos intelectuales están afirmando que esta etapa quedará asentada en los anales de la historia como “La Gran Pausa de 2020”.

A principios del año, cuando comenzaban los encierros y las cuarentenas por los primeros brotes de COVID-19 y su rápida propagación en los cinco continentes de la Tierra, muchos resaltaron los beneficios de la “Gran Pausa”: la disminución de la polución en la atmósfera, el regreso de la vida animal a espacios urbanizados y el reverdecer de la vegetación, la purificación de ríos y océanos, además de mayor tiempo para la introspección y el crecimiento personal; todo gracias a la interrupción abrupta de los procesos industriales del mundo contemporáneo.

Como resultado de la pandemia, por primera vez en la historia, el mundo entero ha hecho una pausa en muchos aspectos de la vida de forma simultánea y general. Deliberadamente se ha tomado la decisión colectiva de “desconectar” grandes segmentos de la economía. Esta pausa global es inédita, o al menos no se tienen registros de algo similar en nuestro pasado reciente y remoto.

A pesar de que las epidemias y pandemias siempre han sido parte de nuestro devenir como humanidad prácticamente desde la Revolución del Neolítico, la idea de que se puede “detener la vida” nunca se había llevado a la práctica como se está concibiendo en 2020. Por esta razón, muchos intelectuales están afirmando que esta etapa quedará asentada en los anales de la historia como “La Gran Pausa de 2020”.

El momento histórico con el que podemos hacer las mayores equivalencias en el presente dado el nivel de globalización actual es, por supuesto, la pandemia de gripe española de 1918-1919. Sin embargo, encontramos que durante esos meses la vida no se detuvo sino que simplemente la gente adaptó su comportamiento individual para que las prácticas sociales continuaran (más o menos) de forma similar a como han sido siempre. Sabemos a partir de la prensa de la época, que en absoluto se detuvo la actividad económica y que sólo se sugerían las prácticas conocidas de higiene del lavado de manos y taparse la boca al toser. Solamente en algunos momentos de picos de contagio de las distintas oleadas, cerraron ciertos lugares públicos de esparcimiento. De hecho, se aprecia incluso un crecimiento de casi el 1% en el PIB de los Estados Unidos entre 1918 y 1919[1]. Del otro lado del Atlántico, la situación europea no es muy diferente, pues recordemos que salían de la Primera Guerra Mundial y necesitaban cumplir con las excesivas reparaciones estipuladas en el Tratado de Versalles y la gran mayoría de los devastados países requerían urgentemente reestructurar sus fronteras y mercados y recomponer sus economías nacionales sin ningún tipo de plan de ayuda para la reconstrucción, así que no podían darse el lujo de detenerse por la influenza.

De manera que no existe un sustento histórico que justifique el extraño experimento de la “Gran Pausa” de 2020. Nunca antes en ninguna epidemia o pandemia de la historia se había aplicado algo similar a lo que tenemos cinco meses viviendo. Así que la apología actual a la gran pausa global responde a justificaciones morales y racionales exclusivas de nuestros valores del presente como por ejemplo:

• La adopción por todo el mundo del procedimiento de principios de año aplicado en Wuhan, China, con encierros, confinamientos severos a toda la población, prohibición de toda actividad pública y toques de queda.

• La concepción de la salud como derecho universal, idea que no existía antes de 1920 y que se consolidaría en el Estado de bienestar de la posguerra en 1945.

• La responsabilidad de los Estados dentro de la noción de Derechos Humanos a partir de 1948.

• La idea de que los modelos matemáticos deterministas utilizados en la epidemiología son aplicables totalmente a la realidad.

• La falta de memoria histórica ya que la última gran pandemia está muy lejos de nuestro horizonte temporal e incluso generacional (102 años).

• La idea de que el avance de las telecomunicaciones (internet y otras tecnologías de la información), la sofisticación cada vez más vertiginosa de la mano de obra, la transición acelerada hacia economías de servicios y los mercados financieros; nos proporcionan actualmente las herramientas y la logística necesarias para mantener los servicios esenciales en funcionamiento aún en confinamiento, por una parte, y por otra parte, también para que los bancos centrales y los gobiernos gestionen el impacto económico resultante.

De manera que el abordaje actual a la crisis sanitaria y económica se arraiga mucho en la creencia errónea de que en 2020 nos hallamos en la cúspide civilizatoria y que esta vez la humanidad, dotada de los mayores avances científicos y tecnológicos, podía controlar una serie de variables que nos harían capaces de domar a la naturaleza. Una mezcla de lo que Hayek llamó la fatal arrogancia y lo que Ortega y Gasset denominó la altura de los tiempos. Sin embargo, la naturaleza nos ha dado nuevamente una lección de humildad y los consensos científicos se muestran cada vez más endebles, los gobiernos se muestran cada vez más impotentes para gestionar la crisis y las economías desarrolladas ya se muestran incapaces de sostener por más tiempo el shock de oferta y las consecuencias sociales de los cierres severos comienzan a crear problemas de gobernabilidad.

Por los momentos, lo único que sabemos es que a pesar de que la realidad nos golpea diariamente y evidencia nuestras limitaciones, los burócratas y planificadores insisten en seguir adelante con este experimento biopolítico de tintes cada vez más totalitarios.

[1] Louis Johnston and Samuel H. Williamson, "What Was the U.S. GDP Then?" MeasuringWorth, 2020. En https://www.measuringworth.com/datasets/usgdp/ 

Este 5 de agosto el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida presentó una denuncia (complaint) contra el exministro de economía, Acisclo Valladares Urruela (AVU). Los cargos que plantea la fiscalía son por conspiración para cometer lavado de dinero en violación del Título 18, del Código de los Estados Unidos, secciones 1956(h). La denuncia se puede leer aquí.

Me permito hacer un breve resumen de lo consignado en la denuncia para entender mejor el problema de fondo y provocar en el lector una reflexión sobre las implicaciones que podrían tener los cargos presentados por la fiscalía. La acusación se resume a que AVU habría requerido dinero en efectivo no rastreable para sobornar políticos locales.

La acusación parte de la información que brindaron 3 testigos que han declarado culpables en EE. UU. El testigo 1 es un empleado bancario guatemalteco que se declaró culpable por lavado de dinero; el testigo 2 es una persona que se declaró culpable por narcotráfico y el testigo 3 una persona que se declaró culpable de lavado de dinero con tráfico de narcóticos como delito relacionado. Cada uno brinda cierta información que da vida al planteamiento de la fiscalía. 

Al testigo 1 lo describen como el gran intermediario. Él era el encargado de recibir dinero de un “coconspirador” que tenía dinero proveniente de corrupción y de una persona que habría obtenido ganancias producto del narcotráfico. Ambos buscaban lavar su dinero. 

Por otra parte, AVU lo que requería era dinero en efectivo. ¿Con que fin? El testigo 1 dice que requería dinero en efectivo no rastreable para sobornar políticos. El testigo 1 le dijo que dados los montos tan altos que pedía, no era posible obtener esos fondos tan rápido de manera legal, sino únicamente de fuentes no lícitas como corrupción o narcotráfico.

De acuerdo con el testigo 1, inicialmente quien aportaba los fondos era un “coconspirador” (acusado por corrupción), pero eventualmente el dinero de éste se acabó. Es ahí cuando entra el dinero proveniente del narcotraficante, testigo 2, ante la necesidad de obtener más efectivo.

AVU es acusado por lavado de dinero en la acusación de la fiscalía estadounidense porque para obtener dinero en efectivo no rastreable, termina por convertirse en un “facilitador” de acuerdo con la acusación. ¿En qué sentido? AVU aportaba fondos de origen lícito que se bancarizaban y luego servían para que los otros dos personajes pudieran blanquear sus activos mediante los servicios del testigo 1.

El testigo 1, dice la denuncia, asegura que entregaba el dinero en efectivo directamente a AVU o alguien allegado a él. Dice que supervisó las entregas de dinero mensualmente por cuatro años. Afirma que usaban bolsas deportivas, maletines y a veces cajas de licor para entregarlo.

Una parte curiosa de la denuncia consigna que el testigo 1 afirma que durante esas entregas de efectivo a AVU, se encontraban “figuras políticas conocidas” que salían del salón con las bolsas de dinero que él había entregado recientemente. En algún momento el testigo 1 asegura que AVU le dijo, “perdón, estos políticos han de pensar que el dinero crece en los árboles”.

El testigo 2 (CW-2), que se declaró culpable por narcotráfico en EE. UU. sirve para documentar evidencia de las transacciones sospechosas. Según la denuncia, esta persona necesitaba US$1 millón para comprar una casa y además hacer pagos en Sudamérica a “proveedores”.

El testigo 3 (CW-3) es una persona que se declaró culpable por lavado de dinero en EE. UU. y que se “dedicaba a la política”. Esta persona dice que en 2012 conoció a AVU. La denuncia consigna que AVU le mostró interés en apoyar a su partido y le habría entregado una bolsa llena de efectivo.

El testigo 3 afirma que se trataba de un pago de US$1,500 para cada miembro del partido político. Según la denuncia, afirma que dedujo que se trataba de pagos mensuales y que en su partido hubo discusiones porque “se mencionó que en otros partidos los pagos eran mayores”. Este testigo habla que pudieron haberse entregado en total Q18 millones en sobornos.

Los señalamientos son relevantes para Estados Unidos porque se trata de una conducta que ha facilitado lavar dinero proveniente del narcotráfico.

 Pero para los guatemaltecos lo ahí expresado, de ser cierto, deja al descubierto un enorme esquema de sobornos a políticos. ¿Quiénes son esos políticos? ¿con qué fines recibieron los presuntos sobornos? Según lo reportado por testigo 1, la última transacción tuvo lugar en diciembre de 2018.

Este 5 de agosto el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida presentó una denuncia (complaint) contra el exministro de economía, Acisclo Valladares Urruela (AVU). Los cargos que plantea la fiscalía son por conspiración para cometer lavado de dinero en violación del Título 18, del Código de los Estados Unidos, secciones 1956(h). La denuncia se puede leer aquí.

Me permito hacer un breve resumen de lo consignado en la denuncia para entender mejor el problema de fondo y provocar en el lector una reflexión sobre las implicaciones que podrían tener los cargos presentados por la fiscalía. La acusación se resume a que AVU habría requerido dinero en efectivo no rastreable para sobornar políticos locales.

La acusación parte de la información que brindaron 3 testigos que han declarado culpables en EE. UU. El testigo 1 es un empleado bancario guatemalteco que se declaró culpable por lavado de dinero; el testigo 2 es una persona que se declaró culpable por narcotráfico y el testigo 3 una persona que se declaró culpable de lavado de dinero con tráfico de narcóticos como delito relacionado. Cada uno brinda cierta información que da vida al planteamiento de la fiscalía. 

Al testigo 1 lo describen como el gran intermediario. Él era el encargado de recibir dinero de un “coconspirador” que tenía dinero proveniente de corrupción y de una persona que habría obtenido ganancias producto del narcotráfico. Ambos buscaban lavar su dinero. 

Por otra parte, AVU lo que requería era dinero en efectivo. ¿Con que fin? El testigo 1 dice que requería dinero en efectivo no rastreable para sobornar políticos. El testigo 1 le dijo que dados los montos tan altos que pedía, no era posible obtener esos fondos tan rápido de manera legal, sino únicamente de fuentes no lícitas como corrupción o narcotráfico.

De acuerdo con el testigo 1, inicialmente quien aportaba los fondos era un “coconspirador” (acusado por corrupción), pero eventualmente el dinero de éste se acabó. Es ahí cuando entra el dinero proveniente del narcotraficante, testigo 2, ante la necesidad de obtener más efectivo.

AVU es acusado por lavado de dinero en la acusación de la fiscalía estadounidense porque para obtener dinero en efectivo no rastreable, termina por convertirse en un “facilitador” de acuerdo con la acusación. ¿En qué sentido? AVU aportaba fondos de origen lícito que se bancarizaban y luego servían para que los otros dos personajes pudieran blanquear sus activos mediante los servicios del testigo 1.

El testigo 1, dice la denuncia, asegura que entregaba el dinero en efectivo directamente a AVU o alguien allegado a él. Dice que supervisó las entregas de dinero mensualmente por cuatro años. Afirma que usaban bolsas deportivas, maletines y a veces cajas de licor para entregarlo.

Una parte curiosa de la denuncia consigna que el testigo 1 afirma que durante esas entregas de efectivo a AVU, se encontraban “figuras políticas conocidas” que salían del salón con las bolsas de dinero que él había entregado recientemente. En algún momento el testigo 1 asegura que AVU le dijo, “perdón, estos políticos han de pensar que el dinero crece en los árboles”.

El testigo 2 (CW-2), que se declaró culpable por narcotráfico en EE. UU. sirve para documentar evidencia de las transacciones sospechosas. Según la denuncia, esta persona necesitaba US$1 millón para comprar una casa y además hacer pagos en Sudamérica a “proveedores”.

El testigo 3 (CW-3) es una persona que se declaró culpable por lavado de dinero en EE. UU. y que se “dedicaba a la política”. Esta persona dice que en 2012 conoció a AVU. La denuncia consigna que AVU le mostró interés en apoyar a su partido y le habría entregado una bolsa llena de efectivo.

El testigo 3 afirma que se trataba de un pago de US$1,500 para cada miembro del partido político. Según la denuncia, afirma que dedujo que se trataba de pagos mensuales y que en su partido hubo discusiones porque “se mencionó que en otros partidos los pagos eran mayores”. Este testigo habla que pudieron haberse entregado en total Q18 millones en sobornos.

Los señalamientos son relevantes para Estados Unidos porque se trata de una conducta que ha facilitado lavar dinero proveniente del narcotráfico.

 Pero para los guatemaltecos lo ahí expresado, de ser cierto, deja al descubierto un enorme esquema de sobornos a políticos. ¿Quiénes son esos políticos? ¿con qué fines recibieron los presuntos sobornos? Según lo reportado por testigo 1, la última transacción tuvo lugar en diciembre de 2018.

Legados de largo plazo de la pandemia Covid-19

La historia de la humanidad arroja algunas luces de cómo nace y evoluciona el orden político global. Hay casos en los que ese orden global es consecuencia de una evolución gradual, de conflagraciones entre civilizaciones y colapsos de grandes potencias. A grosso modo así se explica el surgimiento de la Pax Romana o del orden político del medioevo.

Hay también momentos críticos en la historia política y económica, que provocan transformaciones aceleradas. Las guerras napoleónicas dejaron tras de sí el orden político del Congreso de Viena. La Segunda Guerra Mundial nos dejó como legado el sistema bipolar que dio paso a la Guerra Fría.

También encontramos casos en que eventos que trascienden lo político y social provocan transformaciones del orden global. La peste negra del siglo XIV dio paso al Renacimiento y al surgimiento de los Estados Modernos, que más tarde, consagrarían su propio orden en la Paz de Westfalia de 1648.

Todos los casos anteriores evidencian que hay momentos en que simplemente el viejo orden mundial colapsa, el sistema de valores tradicionales se ve trastocado y la humanidad queda a merced del vacío. Es entonces cuando surgen nuevas normas, acuerdos o instituciones que definen la forma en que los Estados interactúan entre sí y como los individuos se relacionan con el mundo que les rodea.

La pandemia del Covid-19 nos coloca entonces en una nueva encrucijada global. El sistema de cooperación mundial surgido a mediados del siglo pasado parece estar en jaque. Hoy, la Organización Mundial de la Salud se encuentra en medio de un debate político entre las principales potencias mundiales. Las cadenas globales de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios fueron trastocadas seriamente como consecuencia de las medidas de supresión implementadas en varios Estados. Las fronteras -que poco a poco parecían ir encaminadas a desaparecer- retomaron su valor, incluso dentro de la Unión Europea -región pionera en desarrollar la libre movilidad de personas.

A nivel global, impera un sentido de desconfianza. El descontento de Occidente frente a la China crece día a día, no sólo por las dudas que genera el origen del SARS-CoV2, sino también, por la forma en que la potencia asiática limitó la información sobre la expansión de la pandemia.

Encontramos también una pugna entre potencias y recetas para hacer frente a la crisis. China apuesta al autoritarismo, a limitar la información y a transmitir la idea que “la normalidad ya retornó”. Estados Unidos se debate entre qué tanto retomar la cotidianeidad. Suecia y Alemania -por su parte- lideran los esfuerzos más liberales de enfrentar la pandemia. Silenciosamente, ese debate sobre qué medidas resulten más exitosas podría marcar el rumbo del liderazgo global en las décadas por venir.

En tanto, se aceleran cambios que venían configurándose gradualmente. Redefinición de los mercados laborales. Reevaluación de trabajos esenciales versus trabajos superfluos. Comercio electrónico a gran escala. Educación a distancia. Deportes sin aficionados.

Todo parece indicarnos que la vida social y económica después del Covid19 cambiará sustancialmente y que el orden mundial que sostenía las relaciones entre Estados y entre individuos y el mudo, también se verá modificada.

Legados de largo plazo de la pandemia Covid-19

La historia de la humanidad arroja algunas luces de cómo nace y evoluciona el orden político global. Hay casos en los que ese orden global es consecuencia de una evolución gradual, de conflagraciones entre civilizaciones y colapsos de grandes potencias. A grosso modo así se explica el surgimiento de la Pax Romana o del orden político del medioevo.

Hay también momentos críticos en la historia política y económica, que provocan transformaciones aceleradas. Las guerras napoleónicas dejaron tras de sí el orden político del Congreso de Viena. La Segunda Guerra Mundial nos dejó como legado el sistema bipolar que dio paso a la Guerra Fría.

También encontramos casos en que eventos que trascienden lo político y social provocan transformaciones del orden global. La peste negra del siglo XIV dio paso al Renacimiento y al surgimiento de los Estados Modernos, que más tarde, consagrarían su propio orden en la Paz de Westfalia de 1648.

Todos los casos anteriores evidencian que hay momentos en que simplemente el viejo orden mundial colapsa, el sistema de valores tradicionales se ve trastocado y la humanidad queda a merced del vacío. Es entonces cuando surgen nuevas normas, acuerdos o instituciones que definen la forma en que los Estados interactúan entre sí y como los individuos se relacionan con el mundo que les rodea.

La pandemia del Covid-19 nos coloca entonces en una nueva encrucijada global. El sistema de cooperación mundial surgido a mediados del siglo pasado parece estar en jaque. Hoy, la Organización Mundial de la Salud se encuentra en medio de un debate político entre las principales potencias mundiales. Las cadenas globales de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios fueron trastocadas seriamente como consecuencia de las medidas de supresión implementadas en varios Estados. Las fronteras -que poco a poco parecían ir encaminadas a desaparecer- retomaron su valor, incluso dentro de la Unión Europea -región pionera en desarrollar la libre movilidad de personas.

A nivel global, impera un sentido de desconfianza. El descontento de Occidente frente a la China crece día a día, no sólo por las dudas que genera el origen del SARS-CoV2, sino también, por la forma en que la potencia asiática limitó la información sobre la expansión de la pandemia.

Encontramos también una pugna entre potencias y recetas para hacer frente a la crisis. China apuesta al autoritarismo, a limitar la información y a transmitir la idea que “la normalidad ya retornó”. Estados Unidos se debate entre qué tanto retomar la cotidianeidad. Suecia y Alemania -por su parte- lideran los esfuerzos más liberales de enfrentar la pandemia. Silenciosamente, ese debate sobre qué medidas resulten más exitosas podría marcar el rumbo del liderazgo global en las décadas por venir.

En tanto, se aceleran cambios que venían configurándose gradualmente. Redefinición de los mercados laborales. Reevaluación de trabajos esenciales versus trabajos superfluos. Comercio electrónico a gran escala. Educación a distancia. Deportes sin aficionados.

Todo parece indicarnos que la vida social y económica después del Covid19 cambiará sustancialmente y que el orden mundial que sostenía las relaciones entre Estados y entre individuos y el mudo, también se verá modificada.

El viernes, 31 de julio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramitó un antejuicio que se origina en una denuncia que promoviera Nimrod Israel Estévez contra el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo. Estévez fue candidato a diputado por el partido BIEN en las elecciones de 2019, pero no resulto electo. 

La denuncia es por nombramientos ilegales y lo discutible es que la Corte Suprema de Justicia haya resuelto tramitar el antejuicio y remitirlo al Congreso. A continuación, expongo mi reflexión legal para entender mejor el asunto. 

¿Por qué la denuncia?

Todo tiene que ver con la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed). Esta es la entidad encargada de velar por el manejo de los bienes que han caído en extinción de dominio. El titular de la Senabed, Oscar Conde, renunció al cargo recientemente porque el 4 de junio fue juramentado como segundo viceministro de gobernación. 

El periodo de 3 años por el que Conde fue designado vencía el 7 de agosto (en unos días). La ley de extinción de dominio manda a que la designación del titular de la Senabed se haga “por oposición”. En este momento, ya existe una nómina de 10 candidatos para el periodo que irá del 7 de agosto de 2020 a 7 de agosto de 2023 según lo anunciado.

Debido a la vacancia que dejó Oscar Conde en junio, el vicepresidente designó de manera interina a Ángela Marina Figueroa Molina. No es la primera vez se designa a un titular interino. En 2016 fue removido el entonces titular de la Senabed, Luis Coronado Tobar, y fue nombrado de manera interina Marvin Duarte hasta que se agotó el proceso de oposición y se designó a Oscar Conde.

Por alguna razón que no está clara, el denunciante, Nimrod Estévez, plantea que el nombramiento de la titular interina, Ángela Figueroa, es ilegal. El delito de nombramientos ilegales (artículo 32 CP) tiene una pena de prisión de seis meses a dos años y una multa de diez mil a veinticinco mil quetzales.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y su discutible resolución

El antejuicio contra el vicepresidente lo conoce en última instancia el Congreso. Pero como hemos comentado en otro momento, la ley en materia de antejuicio ordena al juez que reciba la denuncia a remitir el expediente a la CSJ. Luego, es este tribunal quien lo remite al órgano que corresponda (en este caso al Congreso) si es que no le toca conocerlo directamente. El artículo 16 de esta ley dice:

Cuando un juez competente tenga conocimiento de una denuncia o querella presentada en contra de un dignatario o funcionario que goce del derecho de antejuicio, según lo estipulado por la ley, se inhibirá de continuar instruyendo y en un plazo no mayor de tres días hábiles, elevará el expediente a conocimiento de la Corte Suprema de justicia para que ésta, dentro de los tres días hábiles siguientes de su recepción, lo traslade al órgano que deba conocer del mismo, salvo que ella misma le correspondiere conocer. El juez no podrá emitir en la nota de remesa juicios de valor, ni tipificar el delito. (resaltado propio)

Ahora bien, por desarrollo jurisprudencial (expedientes 2041-2003, 634-2005 y 2040-2003), la Corte de Constitucionalidad ha sentado doctrina legal y ha establecido que, en el momento de conocer el expediente del antejuicio, la Corte Suprema de Justicia:

…no es un simple tramitador de los asuntos en los que se dirima las diligencias de antejuicio en contra de los funcionarios que gocen de ese derecho, debiendo calificar y depurar los procesos que sean instados por motivos espurios, políticos o ilegítimos, (…), entendiendo que ello le faculta para que, de concurrir tales situaciones, pueda acordar el rechazo liminar de la denuncia, y de no ocurrir estas, declarar que lo denunciado merece el posterior agotamiento del procedimiento que regula la Ley en Materia de Antejuicio. (resaltado propio)

En pocas palabras, y a falta de que la Corte Suprema de Justicia haga pública su resolución, salta a la vista que debieron hacer un examen pormenorizado de la denuncia previo a mandarla al Congreso. 

Las razones por las cuales se comete el delito de nombramientos ilegales van por dos vías: o se hizo en violación del procedimiento que manda la ley o la persona designada no reúne las calidades para ocupar el cargo.

Hasta ahora, no se ha reportado que la señora Figueroa no reúna las calidades para ocupar el cargo. Tampoco se ha reportado que se haya nombrado en infracción del procedimiento bajo el entendido que al ser interina, el proceso del titular definitivo debe hacerse esta semana.

Algunas fuentes no oficiales refieren que la denuncia podría deberse al "plazo" del nombramiento de la titular interina. Si fuera verdad, sería absurdo instar una denuncia por nombramientos ilegales por tal motivo dado que la designación conforme al proceso de ley está en curso.

Por tal motivo, el amparo que interpuso el vicepresidente contra la Corte Suprema de Justicia tiene fundamento. Este ya lo conoce la Corte de Constitucionalidad y ya ha otorgado amparo provisional al vicepresidente.

Llama la atención que esta votación haya sido tan cerrada en la Corte Suprema. En los últimos dos años, este tribunal se ha ganado una mala reputación por rechazar antejuicios contra funcionarios acusados de corrupción.

Consistentemente quienes han votado en diferente sentido han sido las magistradas María Eugenia Morales y Delia Dávila. Esta vez, ambas votaron en contra de tramitar el antejuicio contra el vicepresidente. Sin embargo, en este caso concreto, han votado en contra, además, los magistrados Felipe Baquiax y José Pineda Barrales.