Se repiten verdades y se descalifican personas. El debate de ideas, no existe.

Durante la Edad Media, el escolasticismo fue el movimiento filosófico que sustentó las enseñanzas del cristianismo. Su metodología se basaba en el principio de autoridad: una premisa se aceptaba como válida sólo por estar contenida en un texto sagrado. No había espacio para el cuestionamiento, mucho menos para debatir ideas contrarias. Pero esto cambió. La modernidad de Occidente devino a partir de los cuestionamientos a las verdades absolutas. El Renacimiento disputó la superioridad de la religión sobre el hombre; la Revolución Científica revisó las premisas aceptadas sobre la naturaleza. La Ilustración y las revoluciones liberales cuestionaron el status quo y el absolutismo.

Pero en Guatemala nos quedamos en el medioevo. Somos una sociedad escolástica, puesto que rehuimos del debate. Esto refleja un modelo de enseñanza que privilegia el adoctrinamiento sobre el pensamiento crítico. Pero también refleja la intolerancia. Cuando los argumentos ya no dan, recurrimos a inferencias ad hominen (atacar a la persona y no sus ideas), ad verecundiam (aceptar una verdad por el prestigio de su locutor), o ad baculum (apelar a la fuerza por encima de la idea).

Con esta base intelectual, resulta surrealista imaginar que el debate político podría ser diferente. A nivel ideológico, creemos que nuestra visión de sociedad está escrita en piedra, y que las recetas antagónicas son expresiones de intereses ocultos. Cuando los argumentos se agotan, se descalifica al rival tachándolo de “oligarca retrógrado”, “neoliberal vende-patrias” o “vividor socialista”. A partir de ahí, discutir sobre la sociedad que queremos, el modelo de desarrollo al que aspiramos, o la forma de alcanzarlo, resulta imposible.

Más difícil es debatir propuestas partidistas. Quien aplaude una acción de Gobierno se convierte en apologista de Jimmy Morales; quien le critica, en un “golpista”. Bajo esta categorización escolástica, el análisis objetivo, la fiscalización ciudadana, o la prensa independiente se consideran herejías modernas.

A lo anterior se agrega una práctica recurrente en el debate: el incesto intelectual que genera el mundo de las redes sociales. Derivado de los algoritmos utilizados por Facebook y Twitter, que privilegian los contenidos que resultan afines a los patrones de consumo de los usuarios, es muy común que la información a la que cada persona tiene acceso es un reflejo de la “burbuja” en la interactúa, por lo que pocas veces se produce una verdadera examinación de ideas y argumentos.

Quizá un primer paso para cambiar nuestra política pasa por superar el escolasticismo intelectual. Aprender a debatir propuestas y no a descalificar interlocutores;reconocer que debemos dejar de ser un país de suposiciones y prejuicios, para convertirnos en un país de ideas.

Columna publicada en El Periódico.

La pregunta obligada ante una tragedia como la ocurrida en el Hogar Virgen de la Asunción es hasta cuándo vamos a seguir tolerando vivir en un país subdesarrollado, en donde la niñez apenas si tiene un futuro.

Lo sucedido en el Hogar Virgen de la Asunción pone en evidencia, una vez más, que el Estado que hemos construido es totalmente inoperante. Es un Estado incapaz de garantizar la vida y la integridad de los ciudadanos, sobre todo de los más vulnerables.

Las niñas que perecieron tuvieron una corta existencia llena de dolor, sufrimiento y desesperación. En algunos casos, los familiares cercanos les infringieron ese sufrimiento y en vez de encontrar refugio en este Hogar, experimentaron el infierno en la tierra. Lo más terrible es pensar que en estos momentos, hay miles de niños en Guatemala que están pasando por una situación similar o peor.

A estos casos trágicos, se le tiene que sumar el de los niños que en pleno siglo XXI, no tienen acceso a educación y tampoco a un servicio de salud que les garantice un crecimiento sano. Niños que viven en lo profundo de las montañas, cerca o incluso dentro de los centros urbanos, que no tienen ninguna perspectiva de futuro. Lo más probable es que morirán tan pobres como nacieron. Es la historia trágica que se ha repetido durante generaciones y que no parece terminar en Guatemala.

Niños en las calles y semáforos pidiendo limosna, en vez de atender la escuela. Niños trabajando para ayudar al sustento de su hogar. Niños involucrados en maras, víctimas de redes criminales, cuyo final sólo puede ser la cárcel o una muerte violenta. Niños asesinados por las balas perdidas que todos los días se disparan en Guatemala. Es el país que tenemos, por más que volteemos la cara y no queramos verlo. Es la evidencia de una sociedad que ha fracasado en la búsqueda por encontrar el camino del desarrollo y la prosperidad.

En una sociedad en donde los habitantes tienen los ingresos suficientes para vivir dignamente, el panorama es totalmente distinto. Es un país de oportunidades laborales y de movilidad social, algo que pareciera ser un sueño lejano para Guatemala.

La pregunta obligada ante una tragedia como la ocurrida en el Hogar Virgen de la Asunción es hasta cuándo vamos a seguir tolerando vivir en un país subdesarrollado, en donde la niñez apenas si tiene un futuro. Hasta cuándo la indignación será lo suficientemente grande, como para decidirnos a construir un país distinto.

Si en algún lugar se puede encontrar una esperanza de cambio en una sociedad es en los centros urbanos. En aquellos ciudadanos que han superado la pobreza y que tiene los medios suficientes para educarse, reflexionar sobre su sistema de gobierno y actuar en consecuencia. La responsabilidad del cambio no puede recaer en alguien más.

Edmund Burke, el célebre filósofo inglés, dijo hace más de dos siglos que un “Estado sin medios para cambiar carece también de medios para conservarse”. Y es de cuestionarnos hasta dónde puede degradarse nuestro Estado, si no lo reformamos. Las acusaciones por narcotráfico de parte de Estados Unidos en contra de funcionarios del gobierno anterior, nos debe hacer reflexionar que probablemente estábamos a punto de entrar en uno de los períodos más sombríos del país.

El fracaso de las naciones se debe al diseño inadecuado de los Estados. Sin un Estado que garantice los derechos individuales y que brinde ciertos servicios públicos básicos, como salud y educación, es imposible lograr el desarrollo. Y debe ser un Estado que sea capaz de atraer a los profesionales del más alto nivel de la sociedad. Burke lo ponía en estas palabras: “¡ay del país que (..) considere que una educación escasa, una visión limitada de las cosas y una ocupación sórdida y mercenaria son los mejores títulos para ejercer el mando!”.

¿Tiene esperanza Guatemala? Cuándo vemos la situación de la niñez en el país, pareciera que no. El panorama es por demás desalentador. Sin embargo, si fuéramos capaces de indignarnos lo suficiente, talvez podríamos construir un futuro distinto.Ojalá ésta no sea una coyuntura más. Ojalá no volvamos a sentarnos cómodamente en el sillón de nuestra sala.

Publicación original en El Periódico.

Aun cuando la represión penal sea una herramienta en la persecución de la corrupción, ello no cura la enfermedad, dado que sin cambios estructurales que eliminen la arbitrariedad, será difícil lidiar con la corrupción.

Los gobiernos de la República de Guatemala en los últimos años han requerido apoyo internacional de Naciones Unidas, materializado con la instauración de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La finalidad inicial fue la de apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, logrando su desmantelamiento, aun cuando ha venido asumiendo también funciones relacionados a la investigación criminal en casos de corrupción administrativa.

La necesidad por fortalecer al poder judicial para que pueda éste, en el futuro, seguir enfrentando a los cuerpos u aparatos ilegales como objetivo indirecto, no significa que sea algo menos importante. La cuestión está en que Guatemala ha devenido en un Estado infectado por la corrupción, en su vertiente de acaparamiento ilícito de bienes y de dinero por parte de ciertos detentadores del poder político y funcionarios en general.

En la actualidad, la organización “Transparencia Internacional”, ha creado un índice titulado “Corruption Perceptions Index”, en el que se evidencia según ciertas variables, la percepción de la corrupción a nivel mundial. Guatemala figura en el puesto 123 de 168 países analizados y de hecho, América Latina en su conjunto, no aparece muy bien en este ámbito, salvo por los casos de Uruguay y Chile.

Aunque la corrupción no es el único factor explicativo de la pobreza en América Latina, sí que cabe sostener que merma las oportunidades para la prosperidad, sin contar con el escaso interés que tales sistemas suscitan en el mundo empresarial internacional, quienes no dudarán un instante en no invertir en países contaminados con una corrupción generalizada.

La corrupción generalizada como se puede ver en las distintas órdenes de captura impartidas por el Ministerio Público, revela la existencia de un problema de Estado que va más allá de la persecución penal contra determinadas personas con flaquezas morales y escaso compromiso con su Nación. La comprensión del problema requiere de una despersonalización de la corrupción y de entender cuán importante es el elemento institucional. Si como se afirma, las instituciones dan mensajes[1], entonces la agudización de la corrupción revela un déficit en el funcionamiento institucional que requiere de atención ciudadana y política.

En tal sentido, debe destacarse que tal atención no puede desencadenar una “guerra”contra la corrupción como un asunto de prioridad absoluta, pues ello equivaldría a afirmar que se puede eliminar por completo el pecado o el mal en el mundo. El resultado de esta “guerra”, sería el acrecentamiento de una corrupción más refinada y el surgimiento de nuevas fuentes, formas y estrategias para llevarla a cabo, lo que eleva la importancia, no solo de reformas jurídico-políticas integrales, sino también, de la evaluación de las prácticas en contra de la ley, generalizadas dentro del funcionamiento de la Administración Pública y el Gobierno.

El análisis del fenómeno de la corrupción, debe tomar en cuenta el valor que tienen las instituciones y el sistema de partidos como frenos de la misma. La solidez de un sistema de partidos, representativo, democrático, cuya sociedad civil sea la regente de estas organizaciones, mejora el control ciudadano sobre el ejercicio del poder político.

La corrupción generalizada revela una crisis del sistema político-constitucional, la cual no merma sola y exclusivamente con una cruzada moral, debido a que acentúa las poses y discursos en favor de una moral absoluta, desprestigiando el sistema, sin aportes significativos a un arreglo político realista.

Aun cuando la represión penal sea una herramienta en la persecución de la corrupción, ello no cura la enfermedad, dado que sin cambios estructurales que eliminen la arbitrariedad, será difícil lidiar con la corrupción. Lo que se hace necesario es una actitud sincera tanto de la sociedad como de los políticos, sobre cuál ha de ser la función del poder político en una sociedad, así como su estilo de vida, la cual no puede estar basada en lo extravagante de su comportamiento, sus lujos, sus bienes, sino en sus dotes personales o intelectuales.

Un reforzamiento de los controles sociales, de los controles estatales, de un replanteamiento institucional del sistema político constitucional y una reducción de la ambición ciudadana sobre la política como único factor de desarrollo social, económico, cultural, artístico etc., sin duda son aspectos que coadyuvan a una disminución de la corrupción.

Referencias bibliográficas:

1. Julia BARRAGÁN, “El mensaje de las instituciones” en Telos: Revista iberoamericana de estudios utilitaristas, n° 1, Sociedad Iberoamericana de Estudios Utilitaristas, Madrid, 2002, pp. 123-144

¿En dónde están los líderes políticos que necesita Guatemala?

La cruzada contra la corrupción está sacudiendo el sistema político guatemalteco, pero difícilmente podemos decir que se ha ganado la guerra. El proceso no ha terminado de ser asimilado por nuestras instituciones y sus efectos sin duda podrían revertirse si las fuerzas corruptas logran reacomodarse. Lo cierto es que la sacudida nos ha inmerso en una crisis política permanente y en una eterna fijación por la coyuntura que nos impide tener, como mínimo, una visión de mediano plazo que permita trazar una ruta para cuando lleguen momentos menos convulsos.

La falta de planteamientos serios para reconstruir el sistema político después del terremoto es culpa de la falta de liderazgo. Las pocas voces sensatas y serias que existen en esta sociedad son tímidas o fácilmente deslegitimadas por la eterna lucha ideológica de la sociedad civil que impide construir lazos de confianza.

El único liderazgo verdadero está siendo demostrado por la Fiscal General Thelma Aldana y el Comisionado Iván Velásquez. Sin embargo, la condición de sus roles les limitan porque no podemos abordar el desarrollo del país únicamente desde la perspectiva de la lucha contra la corrupción; esta no puede ser la única política pública que mueva la agenda nacional. Hacerlo sería un gran error porque, citando al académico venezolano Ricardo Hausmann, combatir la corrupción no terminará con la pobreza[1].

Según Hausmann, es cierto que los países más prósperos tienden a ser menos corruptos. Sin embargo, los países con bajos niveles de corrupción, o que han mejorado en el combate a la misma, no necesariamente han dado el salto al desarrollo. Algunos ejemplos son Costa Rica, Ghana, Zambia, Macedonia, Uruguay o Nueva Zelanda. Construir un país toma más que solo combatir la impunidad.

Que esto no se malinterprete, la lucha contra la corrupción debe continuar con fuerza, hasta que nuestras instituciones logren asimilarla y se socaven completamente los cimientos del sistema político putrefacto que tiene de rodillas a la administración pública. Lo que planteo es que, paralelo a este proceso, se comience a discutir otra gran política de Estado con la que se pueda llenar el vacío dejado por la corrupción.

Y es que en sistemas como el guatemalteco, la corrupción y el clientelismo han cumplido una función: se convirtieron en una suerte de lubricante que ayuda a que los recursos públicos se muevan fácilmente para que pudieran ser ejecutados (y robados). Conforme avance el proceso, se asimile el nuevo modelo y se haga más difícil ser corrupto o corruptor, comenzaremos a experimentar una especie de inmovilismo en las instituciones públicas que provocará nuevos problemas. De hecho, algunos funcionarios públicos ya comienzan a hablar tímidamente de este tema; están apareciendo los primeros síntomas.

Lejos de permitir que este inmovilismo debilite aún más a las instituciones públicas guatemaltecas, deberíamos primero preguntarnos cuál será nuestra alternativa al modelo de Estado corrupto que hasta ahora conocíamos y cómo vamos enfrentar las nuevas dinámicas políticas del país. Si no lo hacemos, simplemente nos estaremos dejando arrastrar por la ola y perderemos la oportunidad.

Por supuesto que nada de esto se puede lograr sin liderazgos reales que tengan la valentía de desmarcarse de la política tradicional, la que está siendo embestida por la cruzada contra la corrupción. ¿En dónde están esos líderes políticos?

Hay que hacer un llamado a esos diputados honestos, a esos políticos idealistas, a esos funcionarios capaces y a esa sociedad civil tímida para que tomen las riendas de la discusión pública. En algún momento hay que quitarle el micrófono a la “vieja política” para dar mensajes nuevos y más fuertes. ¿Alguien se anima?

[1]Ricardo Hausmann. Fighting Corruption Won’t End Poverty. https://www.project-syndicate.org/commentary/fighting-corruption-wont-en...

Publicación original en: http://bit.ly/2oRuOEC

La libertad de expresión es un derecho incómodo para un gobierno corrupto y por lo tanto, es uno que debemos proteger en todo momento.

Con los casos de corrupción que están dirimiéndose en los tribunales, hay muchas discusiones en el ambiente sobre algunos derechos fundamentales, principalmente la presunción de inocencia y la libertad de expresión. Discutir sobre la importancia o pertinencia de estos derechos es una perogrullada en una sociedad occidental, como la guatemalteca, en donde la mayoría de las personas acepta y vive bajo ciertos valores considerados universales. Sin embargo, al parecer existen algunas confusiones sobre cuáles son los límites que tienen estos derechos porque, guste o no, ningún derecho es absoluto.

El tema de los límites a la libertad de expresión ha sido esgrimido por algunos de los acusados y sus allegados, como una forma de intentar que la prensa reduzca su cobertura de los detalles y nombres que salen a luz en las audiencias públicas y las conferencias de prensa del Ministerio Público por los casos de corrupción que están saliendo a luz desde el 2015. Si en algo tienen razón los acusados, es que la libertad de expresión tiene límites y estos límites están establecidos en la Constitución Política de la República, en la Ley de Emisión del Pensamiento (Decreto número 9), en el Código Penal y en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El elemento más importante que comparte la legislación sobre el tema, es que el ejercicio del derecho a la expresión no puede estar sujeto a censuras previas sino a responsabilidades ulteriores. En el caso de Guatemala, cualquier persona que, haciendo uso de su derecho a expresarse, falte el respeto a la vida privada o a la moral, será sancionada de acuerdo a lo expresado en la ley y los agraviados tendrán el derecho a publicaciones de sus defensas o rectificaciones.

Dicho esto, debemos tener cuidado al momento de pedirle a la prensa que se censure o, peor aún, sugerir la creación de instituciones de control y monitoreo de medios de comunicación. La libertad de expresión es un derecho incómodo para un gobierno corrupto y por lo tanto, es uno que debemos proteger en todo momento, afrontando de forma responsable las consecuencias. Países como Guatemala pecan de exceso de legislación respecto a la libertad de expresión; además, es y ha sido peligroso ejercer el periodismo en el país, por lo que no es conveniente limitarla aún más.

En países como Estados Unidos el funcionario está totalmente expuesto a la crítica, tanto en lo privado como en lo público. Es la idea abstracta de mercado la que rige el actuar de los medios, a través del principio que afirma que el público preferirá aquellos medios que le proporcionan información más certera y descartará los que mienten o son inexactos. Un sistema que está lejos de ser perfecto pero que pareciera funcionar relativamente bien en el país del norte.

La legislación guatemalteca procura la construcción de un periodismo responsable y profesional estableciendo la idea de que existen consecuencias detrás de todo lo que se dice. Con esto, las fuentes de financiamiento o las características de los propietarios de los medios deberían ser irrelevantes, pues existe un acuerdo social asentado en la responsabilidad de las acciones. Para hacerlo, es necesario un sistema de justicia que pueda resolver de forma expedita y transparente los casos que conozca y esto, inevitablemente nos recuerda la importancia de fortalecer a todos los elementos de la cadena de justicia.

La libertad de expresión es pieza clave del sistema democrático y un valor fundamental de la vida en sociedad. Que la conveniencia del momento no se lleve nuestro deseo de defender siempre y a toda costa los derechos humanos más elementales.

¿Hasta dónde debe llegar la desgracia y la opresión de un pueblo hermano en América Latina para que el continente se levante y exija su liberación?

¿Hasta cuándo va a terminar la hipocresía y la complicidad o en el mejor de los casos la tímida protesta de la comunidad internacional ante la farsa democrática que el chavismo ha erigido en Venezuela?

¿Cómo se puede afirmar que “todo volvió a la normalidad” por que “se devolvieron” los poderes a la Asamblea Nacional cuando nunca los tuvo?

¿Cuánto más grande debe ser la mentira democrática para que el mundo libre, de una vez por todas, llame a las cosas por su nombre y afirme que en Venezuela hay una dictadura insolente y criminal?

¿Qué más pruebas hacen falta para demostrar que Venezuela es un país secuestrado y gobernado por una banda de criminales, narcotraficantes y asesinos?

¿Cómo es posible que en uno de los países más ricos del mundo, sus habitantes se estén muriendo de hambre?

¿Qué circunstancias pueden llevar a la población adulta en una nación a perder 19 libras de peso en promedio y estar sufriendo desnutrición crónica?

¿Cómo puede ser posible que en el país con la mayor reserva petrolera del mundo haya escases de combustibles?

¿Con qué objetivo el chavismo destruyó el aparato productivo y lo dejó sin oportunidades de trabajo, sin bienes y servicios, sin impuestos, sin inversión y sin futuro? ¿Qué creen que pueden esperar de una realidad con esas condiciones? ¿Lo consideran sostenible? ¿Es cuestión de locura, de ignorancia, de ambición, de revancha o de un poco de cada una?

¿Dónde creen que terminarán sus días ese club de sociópatas que han destruido a Venezuela?

Hoy en día, en Venezuela, más del 70% de la población no puede comprar alimentos ni medicinas; primero por que no hay, pero aunque hubiere, no tiene dinero.

Asfixiaron al sector empresarial y destruyeron PDVSA, la gallina de los huevos de oro negro de Venezuela, y llevaron la economía nacional a la ruina. Venezuela es hoy el país con más inflación del mundo y con niveles de pobreza llegando al 80% de la población. Estadísticas que se ven en países africanos donde lo que hay es desierto y desolación.

¿Qué tipo de seres, que se consideren humanos, pueden hacer esto con uno de los países con más riqueza y recursos naturales?

Es cierto que Chávez llegó al poder por la vía de la urnas como lo hicieron otros dictadores de la historia. Pero todos sabemos que a partir de ese día el chavismo se dedicó a desvirtuar, controlar y destruir el sistema democrático. Venezuela es hoy una nación secuestrada por una camarilla de déspotas y matones.

No son suficientes las declaraciones oficiales de países y organizaciones internacionales que denuncian o señalan. No son suficientes las opiniones como ésta. Llegó la hora de que el mundo occidental y los hombres y mujeres que creemos en la libertad y la democracia hagamos algo mucho más contundente para liberar a Venezuela.

El gobierno intentará convencer al gobierno de Trump que la tragedia del volcán supone una razón suficiente para otorgar el TPS.

El pasado 25 de junio el presidente Morales anunció en su cuenta de Twitter: “He instruido a la Ministra de Relaciones Exteriores, solicitar de inmediato ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, el Estatus de Protección Temporal (TPS), porque la política migratoria siempre ha sido una prioridad de mi gobierno.”

El mensaje del presidente sugiere varias cosas. Claro está que sería altamente deseable que se concediera un TPS para Guatemala, pero no parece que la medida pueda tener demasiado éxito. Más bien parece un intento improvisado por corregir la lenta respuesta del gobierno ante la crisis que viven los menores separados en Estados Unidos y la falta de una política clara en materia de migración durante los años que van de gobierno.

El gobierno intentará convencer al gobierno de Trump que la tragedia del volcán supone una razón suficiente para otorgar el TPS. Hay que recordar que el TPS se instituyó por el presidente George H.W. Bush en 1990 justamente para beneficiar ciudadanos de países a los cuales sea difícil retornar para los migrantes a causa de un conflicto armado, una catástrofe natural u otro evento extraordinario.

Sin embargo, el contexto no es favorable. Actualmente hay 13 países que gozan de TPS. Desde el año pasado el presidente Trump no ha hecho más que anunciar que pondrá fin o no renovará el TPS para varios países, entre ellos Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Nepal, Liberia, Sudán, entre otros.

Se dio la ampliación del TPS para Sudán del Sur y para Siria pero hay que considerar los niveles que ha alcanzado el conflicto en este último país. Aún así, únicamente se extendió la protección para los sirios que llegaron a EEUU antes de agosto de 2016, los que llegaron después deben marcharse o permanecer como ilegales.

Lo anterior no augura buen futuro y la capacidad de negociación de Guatemala tampoco es la mejor. Para algunos el traslado de la embajada de Guatemala en Israel pueda tener un peso pero el sentido común sugiere que habría sido mejor negociar algún beneficio para los migrantes previo a hacer el traslado definitivo.

Sería en el mejor interés de los guatemaltecos que el TPS se otorgue pero la visita de Mike Pence trajo un mensaje muy claro: “si quieren venir a EEUU vengan legalmente, si no, no vengan”. Por otra parte, afirmó que el éxodo de personas es una amenaza a su seguridad y que debe terminar. El vicepresidente americano pide más bien que reforcemos la seguridad de nuestras fronteras, una narrativa que no sugiere en lo más mínimo una respuesta favorable para la petición de nuestro presidente.

Una receta para la estabilidad social.

Durante el siglo XVII, James Harrington, uno de los ideólogos del republicanismo, esbozó una receta para alcanzar la estabilidad política: el buen funcionamiento de la Res pública depende de la difusión de la riqueza y propiedad. Para Harrington, el concepto de difusión de la riqueza implicaba que una gran mayoría de ciudadanos alcanzara la condición de “propietarios”, situación que les facilitaría el acceso a oportunidades, a un nivel de vida más digno, y generaba incentivos para que más personas participaran activamente en la discusión pública.

La receta de Harrington bien podría servir como un faro para construir desarrollo y estabilidad política en Guatemala. Para nadie es un secreto que los guatemaltecos tenemos una vocación natural hacia el emprendimiento, tal y como ha demostrado durante años las encuestas del Global Entrepreneurship Monitor. Dichos estudios también han perfilado el empeño que el guatemalteco le pone al trabajo. Sin embargo, ni la vocación emprendedora, ni el espíritu trabajador ha sido suficiente para generar condiciones de desarrollo económico y estabilidad política en el país.

Por lo anterior, se requiere de un esfuerzo institucional y de política pública para generar un país de propietarios. Esto implica la adopción de marcos normativos y políticas que permitan generar certeza sobre la propiedad privada. Propuestas como la regulación de la titulación supletoria y el tracto sucesivo resultan estratégicas para facilitar que miles de pequeños propietarios puedan regularizar sus activos, y con ello, acceder a mecanismos de financiamiento.

La generación de certeza de la propiedad puede complementarse mediante políticas para incentivar la integración vertical de productores con cadenas productivas y encadenamientos para la exportación. En otras palabras, permitir que los pequeños propietarios encuentren mercados internos y externos para sus productos.

A esto debe agregarse la modernización de los sistemas de crédito, para facilitar a los propietarios y emprendedores el acceso a financiamiento, a capital semilla y capital de trabajo. Para ello se debe apostar por la flexibilización del mercado financiero, además de promover modalidades de financiamiento más horizontal. Figuras como el factoraje, el leasing, las garantías mobiliarias o las microfinanzas deben fortalecerse en nuestro marco normativo. Debemos considerar también la participación de más guatemaltecos en sociedades productivas, a través de un sistema de Bolsa de Valoresque favorezca el ahorro y la inversión.

Asimismo, debe fomentarse otras modalidades de propiedad y desarrollo productivo. El cooperativismo, la gestión comunitaria, las modalidades de empresarialidad indígena y los encadenamientos deben potenciarse, puesto que permiten a miles de guatemaltecos potenciar su productividad, integrar esfuerzos de producción, comercialización y exportación.

El complemento a todo lo anterior es vigorizar a las capas medias. Esto implicadifundir la presencia y promover más opciones para la enseñanza técnica y la educación universitaria, puesto que ambas constituyen los pilares modernos para la movilidad social. En este sentido, la inversión educativa a nivel técnico y superior debe apostar por establecer institutos de capacitación y centros universitarios en las ciudades intermedias y en los polos de desarrollo rural.

El objetivo es construir un sistema en el que la mayoría de guatemaltecos sean propietarios. El ejercicio de la empresarialidad y la propiedad privada deben ser vistos como una oportunidad para todos. Un país de propietarios, con mayor difusión de la riqueza, genera paz social, cohesión y estabilidad política.

Columna publicada originalmente en El Periódico.

Ser dictador es fácil. Solo hay que saber usar la ignorancia y el miedo de los débiles y la ambición y el egoísmo de los poderosos.

Solo un criminal o un loco puede pretender quedarse en el poder porque le da la gana y a la fuerza, después de recibir el repudio colectivo y la exigencia general para que renuncie a un cargo al que llegó con trampas y en el que se quiere mantener por iluminado, por charlatán y por abusivo.

Deshonesto, corrupto y asesino son los señalamientos que se le hacen 24 horas al día desde todos los puntos cardinales. Usted nunca tuvo la intención de respetar ni siquiera las reglas retorcidas que le llevaron al poder, después de la oscura alianza que hiciera con otro igual que usted. Su naturaleza es ser dictador, deshonesto y, cuando se le antoja, homicida.

Esos números con los que presumía eran mentira. Cuando se viene desde tan abajo cualquier avance es positivo, pero siempre insuficiente. Y encima, no era gracias a usted sino a pesar de usted. Pero aún así, presumía con el esfuerzo de otros; un esfuerzo que hoy está destruyendo con su ambición, con su miedo y con su locura.

Sus aliados accidentales, los acomodados que no querían olas porque ellos estaban bien, la mayoría de sus socios y muchos de sus cómplices le están abandonando. Su título de comandante está llegando al final. Dentro de poco, ya no mandará ni en su casa, si es que alguna vez lo hizo.

Tal vez ahora, cuando ya no pueda usar de forma abusiva y prepotente el poder podrá ser juzgado con un debido proceso y en un juicio justo. Necesitará una buena defensa. Ser acusado de corrupto, violador y asesino no es cualquier cosa. Pero al menos, usted tendrá la oportunidad de defenderse. Una oportunidad que usted no dio a ninguna de sus víctimas.

Comandante, renuncie usted. La historia le juzgó desde el primer día que llegó al poder en la forma en que lo hizo. Por sus actos deshonrosos y sus crímenes solo le queda salir corriendo para que no le alcance la sed de justicia y el ansia de reivindicación de un pueblo al que usted ha condenado al ostracismo y la servidumbre.

Ser dictador es fácil. Solo hay que saber usar la ignorancia y el miedo de los débiles y la ambición y el egoísmo de los poderosos. Claro, no tan poderosos como usted.

Comandante, renuncie usted. Permita que la libertad y la democracia vuelvan a ser dignas de ese nombre. Permita que la gente de esa tierra a la que usted pretende convertir en su finca deje de sufrir. Ya hizo bastante daño. Ya causó suficiente sufrimiento. Llegó la hora de la libertad y la democracia.

Comandante, renuncie usted. Que haya por lo menos un acto en su vida que la gente de esa tierra pueda agradecerle.

Este texto pudo ser inspirado en las más crueles novelas negras de América Latina. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia.

De no contar con educación integral en sexualidad, es probable que los niños y jóvenes reciban mensajes contradictorios y en ocasiones perjudiciales desde sus pares, los medios de comunicación o desde otras fuentes.

La Educación Integral en Sexualidad –EIS- es vista por diversos sectores como un derecho humano y a pesar de contar con la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar y su Integración en el Programa Nacional de Salud Reproductiva, donde se establece la obligación del Estado con toda la población para garantizar el derecho del acceso a la educación sexual, a métodos de planificación familiar y anticonceptivos, esto no ha alcanzado los niveles esperados.

En 2008, Guatemala participó con el Ministerio de Educación en la cumbre de la XVII Conferencia Internacional sobre el SIDA, donde adoptó la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”[1] donde para el año 2015, se debía de reducir en un 75% la brecha en el número de escuelas que no tenían institucionalizada la EIS.

Sin embargo, la educación sexual laica y científica todavía no llega a todas las escuelas y los problemas que viven muchos jóvenes a consecuencia de la ausencia de información, afecta sus planes de vida y sus oportunidades de desarrollo. No solamente estamos hablando de embarazos no deseados, sino también de enfermedades graves como lo es el SIDA.

En febrero de este año, la Ley de Juventud causó revuelo proponiendo diversas propuestas, dentro de las que estaba asegurar la educación sexual y la disposición de métodos anticonceptivos (a pesar de contar con la ley mencionada en el primer párrafo). Por supuesto, grupos civiles y la iglesia se opusieron al respecto, argumentando que la educación sexual se debe tratar como tema familiar y no escolar, pues esto incentivaría a los jóvenes a tener una vida sexual activa desde una etapa muy prematura.

Al contrario de esto, Naciones Unidas con sus diversas agencias en el país, aseguran que la educación en sexualidad retarda y hace más responsable el comportamiento sexual de los niños, niñas y jóvenes. De no contarse con ella, es probable que reciban mensajes contradictorios y en ocasiones perjudiciales desde sus pares, los medios de comunicación o desde otras fuentes, haciéndolos experimentar por su cuenta y desconociendo lo que es una violación sexual.

En un país donde, en el 2015, existieron 1883 casos de niñas menores de 14 años embarazadas o donde una de cada cinco mujeres, entre los 15 y 19 años de edad, tiene hijos o está embarazada[2], la EIS se convierte en una necesidad primordial. Y no se necesita de la creación de una nueva ley, sino de acatar la legislación ya existente y los acuerdos internacionales que tiene Guatemala sobre la prevención.

Poner este tema en la agenda política es un reto, pues a pesar de que sectores como el Ministerio de Educación y el de Salud mantienen líneas de trabajo para obtener mejoras, éstas no pueden ser significativas si los presupuestos siguen siendo de bajo nivel. Asignar fondos a la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa (DIGECADE), es importante para el cumplimiento del marco normativo del Ministerio de Educación para la institucionalización de la educación integral en sexualidad, ampliando la cobertura nacional.

Un enfoque integral en la manera de impartir esta temática necesita de la colaboración de diversos actores, tanto políticos como locales. Es importante que padres y madres de familia, así como maestros rompan estereotipos donde la sexualidad es algo sucio o tabú. Hablar se sexualidad de manera científica ayudará a empoderar a los menores de edad y a las personas jóvenes, pues aunado a esto, se agrega la moral que muchos han aprendido en el hogar y que les permitirá tomar mejores decisiones para su futuro.

Referencias.

[1]http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/declar...

[2]http://epidemiologia.mspas.gob.gt/files/Publicaciones/Semanas%20Situacio...