La función de los magistrados y jueces no es democrática, sino que es republicana, pues están llamados a defender el “imperio de la ley” de los tentáculos del poder político e incluso de las ambiciones de diversos sectores sociales.

La Constitución de Guatemala toma para sí el modelo de control jurisdiccional de la Constitución como requisito para posibilitar la existencia de una Constitución normativa. Desde el célebre caso Marbury contra Madison (5 U.S. 137 1803) de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, si los jueces no están dotados del poder de desaplicar cualquier acto u actuación contrario a la Constitución, la misma devendría en una mera hoja de papel sin efectividad política y jurídica.

La justicia impartida por los jueces, debe basarse exclusivamente en la Constitución y en las leyes de la República (art. 203), promoviendo el máximo apego a la Constitución, entendida ésta como lex superior. La necesidad por establecer mecanismos jurisdiccionales de protección de la Constitución -hábeas corpus (263), amparo (265), inconstitucionalidad de leyes de carácter general (267) y concretos (266)-, está absolutamente relacionada con la noción de Constitución que se asume mayoritariamente en el constitucionalismo moderno.

Esta idea se basa esencialmente en el argumento del juez John MARSHALL:

La existencia de Constitución como establecieron los revolucionarios de 1798 (Revolución Francesa), solo es posible si la misma establece la garantía de los derechos y la separación de los poderes (art. 16 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789). Dicha Constitución es el resultado de la “juridificación” de la soberanía, en tanto el pueblo al escribir el documento constitucional se somete a ésta irremediablemente, así como se someten todos los “organismos” creados por ella desde el punto de vista formal, para que pueda darse un “gobierno de leyes y no de hombres”.

En Guatemala, la Constitución dispone que el pueblo es titular de la soberanía, pero su ejercicio está sometido y regulado por la propia Constitución. Por ello, si el pueblo quisiera cambiar la Constitución, debe acudir a los procedimientos de reformaprevistos en la lex superior (arts. 277-281).

Si bien la organización del poder establecida en la Constitución está dirigida a garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades, “afirmando la primacía de la persona humana” y haciendo al Estado “responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz”, estos fines deberán ser garantizados por los jueces, en aras de que alguien dentro de la estructura constitucional permita que el documento que se ha dado a una comunidad política sea respetado. En efecto, si bien existen los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, además de los órganos con autonomía funcional (Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral entre otros), es menester destacar, que el judicial tiene una importancia inusitada.

La existencia de una Constitución normativa, solo es posible, si los jueces y magistrados cumplen con su delicada y responsable labor. Su función no es democrática, sino que es republicana, pues están llamados a defender el “imperio de la ley” de los tentáculos del poder político e incluso de las ambiciones de diversos sectores sociales. Para la concreción de tan delicada tarea, los magistrados y jueces deben contar con sólidas garantías institucionales, no solo en la Constitución, sino también en un desarrollo legislativo inteligente, pues sin eso será imposible lograr el ideal de un “organismo judicial”, independiente e imparcial (205), necesario para que prevalezca la justicia.

Por deber de independencia se entiende el control que se debe tener sobre los móviles del juez frente a influencias extrañas al Derecho provenientes desde fuera del proceso jurisdiccional. Esta independencia se predica frente a organismos del Estado, iglesias, organizaciones sociales, partidos políticos, corporaciones, prensa, televisión etc. (arts. 52 y 60 Ley del Organismo Judicial). Por otra parte, en relación al deber de imparcialidad, se entiende a los mecanismos de control sobre los móviles del juez, frente a influencias extrañas al Derecho provenientes desde dentro del propio proceso jurisdiccional, es decir, frente a las partes en conflicto y/o frente al objeto de litigio (arts. 56 y 123 a Ley del Organismo Judicial).

Sin estas dos garantías, será difícil que exista Constitución, libertad individual y política, propiedad privada y prosperidad material, algo que necesita América Latina en su conjunto, aun cuando sea en unos países más que otros; tal y como refiere el “The World Justice Project (WJP) Rule of Law Index”.

Latinoamérica deberá jugarse en 2017 para conquistar su estabilidad e institucionalidad.

La gran recesión que afectó al mundo a partir de 2008 perdonó a América Latina por las mismas razones que le afectan desde 2014. La crisis que revienta en 2008 sacudió a las grandes clases medias, clases medias altas y al gran consumo del mundo desarrollado, que motivados por la extraordinaria liquidez y el financiamiento en oferta, produjo burbujas gigantes que explotaron; y el resto de la historia todos la conocen.

América Latina, que de clases medias altas y gran consumo sabe poco, depende económicamente de los precios de las materias primas que produce y de economías, más o menos básicas según el país, con poco valor agregado. De 2007 a 2014, los precios de los commodities fueron buenos, y esto permitió que América Latina navegara bien por la gran recesión. Pero a partir de 2014, las cosas cambiaron pues cayeron los precios y nuestro continente se puso en jaque.

Hay una coincidencia perversa que nubla la visión de los pueblos menos informados, y ésta es que en países como Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia y otros por rebote, como Nicaragua, se instalaron gobiernos populistas y de corte dictatorial, que aprovechando, hasta 2014, los altos precios de sus materias primas y sus extraordinarios ingresos, se dedicaron a desfigurar su institucionalidad democrática, a comprar elecciones a base de grandes estructuras clientelares y a desarrollar una cultura dependiente y destructiva en los pueblos.

Venezuela es el caso más dramático. Hoy tienen una democracia asfixiada, una economía en ruinas, y a pesar de su riqueza, sufre hambruna, desempleo, extrema violencia y desesperación. Los otros países miembros de este club, al ver el desastre del vecino, moderaron sus proyectos y se enfocaron más en perpetuarse en el poder, lo cual también les ha fallado, excepto en Nicaragua, donde tenemos a un dictador experimentado y probablemente al pueblo más incauto. No es la primera vez que caen en lo mismo. Con los cambios de gobierno en Brasil y Argentina llegan también los precios bajos de materias primas. Y como sabemos, economías débiles, falta de oportunidades y una creciente desigualdad, provocan inestabilidad política y amenaza populista.

Desde 2000 se ha visto en los pueblos del mundo un creciente rechazo a la clase política tradicional y un peligroso desgaste al sistema democrático. Por eso, Podemos en España, Syriza en Grecia, Le Pen en Francia, Morales en Guatemala, el Brexit en Inglaterra y Trump en EE.UU. entre otros, basan su crecimiento y en algunos casos su llegada al poder, en el desencanto y la frustración con el stablishment político. Y por buenas razones: la epidemia de corrupción, incompetencia y élites distraídas ha labrado el camino al vacío político. En 2017 se pondrán a prueba, en cada país, su fortaleza democrática y solidez institucional. Las economías del mundo seguirán complicadas, sobre todo China y la UE, y hay incertidumbre en EE.UU. Se necesitarán audacia y creatividad para tener un buen año.

La política migratoria del Occidente desarrollado apunta a un cierre de fronteras. El Estados Unidos de Obama y la mayor parte de la UE están definiendo como política de Estado el cierre de sus fronteras a la migración ilegal. En Washington DC se escucha con frecuencia que en algunos países de Centroamérica no ha habido revolución porque hay migración.

“Cada día está más claro que el occidente desarrollado siente que llegó la hora de que nosotros resolvamos nuestros problemas.”

DIONISIO GUTIÉRREZ

2017, como todos, será un año de desafíos y oportunidades, pero debemos estar conscientes que el mundo de hoy exige más compromiso, disciplina, audacia y acción. Virtudes que en América Latina necesitan brillo y sustancia. Como siempre, está en nuestras manos construir el continente que queremos. Feliz 2017.

Varios partidos políticos, incluido el partido oficial, se han visto salpicados por acusaciones de financiamiento electoral ilícito.

Sin duda los mecanismos de financiación de los partidos políticos son cruciales para fortalecer nuestra democracia en construcción. Velar porque la financiación de las campañas políticas sea lo más transparente posible es uno de los objetivos que se plantean en esta coyuntura.

Varios partidos políticos, incluido el partido oficial, se han visto salpicados por acusaciones de financiamiento electoral ilícito. La semana pasada también se inició un proceso contra personas acusadas de aportar fondos de forma irregular.

En medio de esta coyuntura queda una resolución de la Corte de Constitucionalidad de fecha doce de febrero de 2018 donde se insta al Congreso de la República a reformar el artículo 407 “N” del Código Penal que contiene el delito de financiamiento electora ilícito.

La resolución de la Corte es consecuencia de una impugnación que se planteara al segundo párrafo del mencionado artículo. Y es que resulta problemático que en este tipo penal se castigan dos conductas que guardan algunas diferencias importantes. El primer párrafo sanciona a quien aporte, reciba o autorice recibir fondos destinados a la financiación de campañas de partidos políticos o de candidatos, cuando estos fondos provienen de actividades ilícitas. El segundo párrafo sanciona las contribuciones anónimas o no registradas de acuerdo con la ley pero cuyo origen es lícito.

De este modo, la ley establece la misma pena (prisión inconmutable de cuatro a doce años) en ambos casos. Pero carece de toda lógica y sentido de justicia imponer castigos de la misma proporción a quienes aporten o reciban dinero de origen ilícito y quienes resulten responsables por los aportes recibidos de forma anónima pero cuyo origen sea lícito.

En el primer caso, la ley intenta proteger la integridad y la licitud de la financiación de las campañas electorales. Por ello la norma penal castiga una conducta que se asemeja al lavado de dinero con fines electorales. Pero en el segundo caso (financiación anónima), lo que se busca proteger es la transparencia del proceso electoral.

En ese orden de ideas, la Corte, citando a Muñoz Conde y García Arán, en el expediente 2951-2017, expresó: “(…) en los diferentes supuestos que contempla la norma se puede observar que existen un rango de conductas con distinto grado de valor subjetivo y objetivo, lo cual puede dar lugar a que se aplique el mismo marco penal y, en definitiva, se imponga un trato idéntico a dos situaciones diferentes, lo que adquiere trascendencia en cuanto al principio de proporcionalidad de las penas, según el cual, estas deben ser proporcionadas a la entidad del delito cometido o que estos no puedan ser reprimidos con penas más graves que la propia entidad del daño causado por el delito”.

La resolución concluye en que el Congreso debe reformar el artículo 407 “N” del Código Penal a efecto de establecer penas razonables y proporcionales para ambas conductas cuya gravedad es distinta. A su vez, deben diferenciar las multas y sanciones administrativas que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos por incumplir las normas de financiación y las acciones que constituyen delito.

El Congreso ya ha iniciado la discusión de la reforma en cuestión. Circulan algunas versiones preliminares pero aun se desconoce con precisión el texto que tendrá el consenso para su aprobación. Es muy importante que la reforma sea técnica y no sea una oportunidad para que los congresistas aprovechen a garantizar impunidad a sus colegas sobre quienes ya existen acusaciones por la comisión de este delito.

En resumidas cuentas, el Congreso debe determinar con precisión cuándo se comete el delito de financiación electoral anónima y definir una pena razonable y proporcional distinta a la impuesta en la conducta de financiación de campañas con fondos de origen ilícito. El asunto reviste especial importancia ya que se ha abierto una causa penal por financiación electoral anónima. Ojalá exista la madurez necesaria para que el tema se pueda solventar de manera razonable.

Columna originalmente publicada en República.

Las instituciones no surgen del vacío, sino que reflejan a una sociedad. Un cambio institucional fracasará, si la ciudadanía no está comprometida con un modelo de acción totalmente transparente.

La sociedad guatemalteca se acostumbró a convivir con la corrupción. Incluso llegó a verse como un “acto generoso”. Quiénes ostentaban un cargo público repartían entre conocidos y amigos los puestos en el gobierno, no importando si tenían la capacidad para desempeñarlos, con el argumento que “daban sustento a muchos hogares”. De igual forma se repartían los contratos públicos.

Claramente esta corrupción no sólo se manifestaba en el ámbito público, sino que llegó a “normalizarse” dentro de la ciudadanía. Desde corromper a policías en un puesto de registro, comprar licencias de conducir; hasta el soborno de jueces y funcionarios públicos, la corrupción penetró lo más profundo de nuestra sociedad.

Cuando la corrupción llega a ser parte de la idiosincrasia de una sociedad, el desafío es mayúsculo, dado que cambiar las normas y las reglas para erradicarla resulta muchas veces inútil. “Hecha la ley, hecha la trampa” reza un dicho popular, lo que denota la tendencia de una sociedad a quebrantar persistentemente las normas y a seguir hundida en el fango de la corrupción. En este sentido, ¿Qué viene primero? ¿El cambio de normas o el cambio de actitud de la ciudadanía ante la corrupción?

Hoy hablamos y discutimos sobre las reformas a diversas leyes en el país, lo cual resulta imprescindible. Sin embargo, cabe reflexionar sobre la efectividad que tendrán estas reformas si como guatemaltecos vamos a continuar considerando normal sobornar policías, quebrantar “pequeñas” normas o comprar ciertos favores. Si esperamos un cambio radical en el país, debemos cuestionar esa cultura de ilegalidad que nos ha caracterizado desde siempre.

Si volteamos a ver a los países menos corruptos del mundo, pareciera que han logrado construir sociedades en donde quebrantar la ley es totalmente repudiado. No sólo se trata de ser encarcelado, sino que la sociedad manifieste su más profundo desprecio por los actos reñidos con la ley. Y ese cambio de mentalidad resulta todavía más difícil de lograr que las reformas legislativas.

El reto que tenemos como sociedad, es internalizar que lo que más nos conviene a todos en el largo plazo es cumplir con la ley. Por ejemplo, la cultura de estar en la informalidad debe terminar. Es cierto que el exceso de reglamentación impide que los pequeños y micro negocios se incorporen al sistema legal del país, por lo que esas normas deben discutirse y flexibilizarse. Pero también es cierto que existen muchos negocios con la escala suficiente que perfectamente pueden cumplir con las obligaciones legales, con lo cual se ampliaría la base tributaria.

Y qué decir de la cultura de comprar productos de dudosa procedencia. Ya sean productos que han sido robados, de contrabando o piratas, existe un amplio mercado para ello en el país, lo que al final termina reforzando la violencia y el crimen organizado.

En este sentido, las intervenciones de la CICIG y el Ministerio Público no podrán tener un efecto perdurable, si como ciudadanía no somos capaces de asumir la responsabilidad que nos corresponde. Las instituciones no surgen del vacío, sino que reflejan el pensamiento y el sentir de una sociedad. Y un cambio institucional fracasará estrepitosamente, si la ciudadanía no está comprometida con un nuevo modelo de acción totalmente transparente.

Este enfoque muchas veces es cuestionado. Se asume que con solo reforzar el cumplimiento de la ley, provocará un cambio en la actitud de las personas. No se puede negar el efecto de los incentivos en la conducta del ser humano. Sin embargo, la sociedad en su conjunto tiene que decidir que vivirá en un auténtico Estado de Derecho y no bajo la ley de la selva. El mayor aporte de la CICIG y el MP hasta el momento ha sido cuestionar esa cultura de ilegalidad que nos ha caracterizado. ¿Responderemos adecuadamente?

Contenido publicado originalmente en: http://elperiodico.com.gt/domingo/2017/01/22/la-corrupcion-pequena/

El problema del agua es otro que desnuda irremediablemente la debilidad institucional del país.

El agua no es un recurso particularmente escaso en Guatemala, el IARNA en su Perfil ambiental de Guatemala 2010 – 2012[1] advierte que en Guatemala hay aguasuficiente para satisfacer las necesidades de consumo; de hecho, el agua que es utilizada en el país, representa menos de una cuarta parte de la oferta hídrica disponible. En pocas palabras: Guatemala tiene suficiente agua.

Con lo esperanzadores que puedan sonar los datos del párrafo anterior, el estudio de IARNA señala también que al año 2011, el 24.7% de los hogares del área rural en el país (aprox. 3 millones de personas) no tenían ni siquiera acceso a agua entubada, que no es lo mismo que potable.

Si bien esto no suena alarmante, dichos datos merecen ser examinados cuidadosamente pues, es cierto que existe suficiente agua en el país, como un dato general, pero no todas las regiones tienen la misma disponibilidad, ni la misma calidad de agua.

El estudio llega a una conclusión casi de inmediato: los problemas de Guatemala en relación al recurso hídrico, en general, no son provocados por la poca disponibilidad, sino por la poca capacidad técnica y la poca voluntad política que existe para gestionar el recurso de manera eficiente.

LEGISLACIÓN Y POLÍTICA SOBRE EL AGUA

Existen varios esfuerzos por incluir el tema del agua en la legislación nacional. Desde la Constitución, que habla sobre el tema en diversos artículos hasta distintas disposiciones que sancionan acciones relacionadas al tratamiento del agua como el desvío de ríos en el artículo 260 del Código Penal; o que obligan a las municipalidades a gestionar el recurso, como el artículo 68 del Código Municipal.

También existe en el país una Política nacional del sector de agua potable y saneamiento propuesta por el Ministerio de Salud y Asistencia Social[2] , que está enfocada a la gestión y saneamiento del agua con el fin de mejorar el acceso a agua de consumo humano y así tener un impacto positivo en la salud.

Además, en los últimos días y con la Marcha por el Agua llamando la atención de los medios de comunicación, se ha despertado nuevamente el interés sobre una ley específica para la gestión del recurso hídrico. La Constitución ordena en el artículo 127 la creación de la misma; sin embargo, a través de los años, no se han logrado los acuerdos y apoyos suficientes para lograr algún tipo de avance.

Leyes como éstas suelen ser difíciles de trabajar porque usualmente son esfuerzos porconfluir los intereses de muchos grupos. Lograr los acuerdos que el tema requiere suele atrasar los procesos o evitar que se lleven a cabo del todo.

A decir de algunos expertos, la ley para la gestión del agua debiera ser una ley más bien amplia y general que permita a las organizaciones comunitarias y a las municipalidades suficientes espacio de maniobra para poder decidir, de manera descentralizada, la mejor forma de gestionar el recurso hídrico que se encuentre en su jurisdicción. Algunos ejemplos exitosos de gestión de agua a nivel comunitario pueden encontrarse en la Reserva de la Biósfera Sierra de las Minas, una fuente importante de agua en la que nacen 63 ríos que alimentan los caudales del Motagua, Polochic y San Gerónimo[3].

El problema del país respecto al agua y la necesidad de una respuesta institucional, pero también ciudadana es real y urgente. En un estudio realizado por CEPAL, Emilio Lentini[4] afirma que más del 90% de las aguas superficiales del país están contaminadas con heces, desechos en descomposición, basura de todo tipo, químicos y otras sustancias perjudiciales para la salud.

Es penoso observar en los medios de comunicación imágenes recientes de las toneladas de basura que llegan al lago de Amatitlán; sin embargo, estas imágenes hacen comprender lo urgente que es poner atención al tema de la gestión del recurso hídrico desde sus distintas aristas: el cuidado y rescate de ríos, lagos y cuencas; el acceso al agua para consumo humano; el tratamiento de aguas residuales; y el acceso al agua para consumo industrial.

Panorama de desechos provenientes de basureros clandestinos en el lago de Amatitlán. pic.twitter.com/PVfZlBrmB5

— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) 23 de mayo de 2016

Y es que el problema del agua es otro que desnuda irremediablemente la debilidad institucional del país. Desde municipalidades que deciden no invertir en plantas de tratamiento de agua, hasta individuos u organizaciones que no son sancionados por contaminar o desviar ríos. Como país no podemos seguir ignorando los temas vitales, por más conflictivos que sean.

La conclusión lógica es que preocuparnos por gestionar de manera más eficiente el agua es un asunto de vida que impacta en temas de salud pública como la desnutrición y en temas económicos como los sistemas de riego o el uso industrial. El agua es, al final de cuentas, uno de los temas más importantes que podemos discutir, un tema profundamente humano y social.

Bibliografía:

[1] IARNA. (2013) Perfil ambiental de Guatemala 2010 – 2012. Universidad Rafael Landívar. Consultado en línea

enhttp://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/menu_lateral/programas/semina...

[2] Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Política nacional del sector de agua potable y saneamiento. Consultado en línea en:http://www.segeplan.gob.gt/downloads/clearinghouse/politicas_publicas/Sa...

[3] Wikiguate (2015) Reserva de la biósfera Sierra de las Minas. Consultado en línea en: http://wikiguate.com.gt/reserva-de-la-biosfera-

sierra-de-las-minas/

[4] Lentini, E. (2010) Servicios de agua potable y saneamiento en Guatemala: beneficios potenciales y determinantes de éxito. CEPAL. Consultado en línea en:http://www.mspas.gob.gt/decap/files/descargas/bibliotecaVirtual/Art%C3%A...

¿Estamos presenciando el fin de la globalización o esto es solo un paréntesis?

Dicen que en política la forma importa tanto como el fondo, pero con las innumerables alternativas de comunicación e información de hoy, la forma en que se dice o hace algo puede ser desfigurada y tergiversada por medios de comunicación sesgados y por grupos con agenda ideológica, a tal extremo que pueden alterar, no solo la forma sino el fondo de políticas públicas y decisiones de Estado.

A pesar de que hoy nos podemos comunicar e informar “mejor”, también vale decir que nos pueden desinformar y confundir con demasiada facilidad si los receptores de esa información no tenemos el criterio y la capacidad de analizar y discernir. Y si a esto sumamos las redes sociales, nos encontramos que en el mundo de hoy, tenemos armado un diálogo de sordos en el que nadie escucha a nadie y nadie cree en nadie.

Lo que sucede en Washington no tiene precedente en la historia contemporánea. Las decisiones que se están tomando son polémicas y en algunos casos podrían tener consecuencias graves para el mundo. Sobre todo, por la forma. No se trata de quién tiene la razón. Eso el tiempo lo dirá. El problema es la incomunicación y la desconfianza creciente entre ciudadanos, países y aliados que son indispensables para la estabilidad y seguridad del planeta.

Intentando aislar el ruido, los sesgos, las cargas y los intereses, hay ciertas cosas que se deben reconocer: en los últimos 15 años, en la mayoría de pueblos del mundo, culturas, razas e ideologías, la clase política se convirtió en una clase apestada y rechazada por los ciudadanos.

“El “establishment” y las élites, y su forma de gobernar, provocaron la pérdida de respeto y confianza en la clase política y en la democracia.”

La sensación de que trabajan para sus intereses, la incapacidad para generar soluciones en un mundo cada día más complejo y carente de oportunidades, la corrupción y el cinismo, generaron la aparición, el avance y en muchos casos el triunfo de una categoría de políticos aún peores que los apestados.

A partir de la primera guerra mundial, el planeta construyó la exitosa y poderosa alianza transatlántica con los acuerdos del Bretton Woods, el nacimiento de la ONU y el plan Marshall. Esto marcó una era de dominio anglosajón en el mundo. Y la prueba de esa hegemonía hoy, es que Estados Unidos e Inglaterra fueron los países que más rápido se recuperaron de la crisis de 2008.

El Brexit, Trump, Le Pen y los nacionalistas alemanes entre otros, obligan a plantearse estas preguntas: ¿Qué ha hecho el resto del mundo para provocar esa reacción en estos pueblos del primer mundo? ¿Por qué están votando para cambiar el rumbo de su historia? ¿Será que sienten que ciudadanos de países subdesarrollados vienen a quitarles lo que ellos construyeron?

Hay otras interrogantes que, por sus delicadas consecuencias, merecen un cuidadoso análisis:

• ¿Estamos presenciando el fin de la globalización o esto es solo un paréntesis?

• ¿Cuáles serían las consecuencias de que nos convirtamos en un mundo aislacionista, proteccionista y xenófobo?

• ¿Qué papel va a jugar China frente a las políticas de Trump y May y de qué manera intentará aprovecharse Putin?

• ¿Cómo va a reaccionar el mundo musulmán ante el nacionalismo creciente que presenta el occidente desarrollado?

• ¿Cómo queda América Latina en medio de este complejo ajedrez geopolítico?

• ¿Podrá México convertir este momento de incertidumbre y amenaza en un reto de unión y oportunidad?

• ¿Qué cosas positivas pueden salir de esta nueva plataforma que presenta la geografía política mundial?

En un mundo ideal, la discusión debiera centrarse en buscar soluciones para corregir lo que estaba mal y asegurarse que las decisiones que se tomen resuelvan los problemas que hoy sufre el mundo para rescatar el Siglo XXI.

Espontáneas y autónomas, pero sin liderazgos ni programas

Dos autores contemporáneos, Thomas Friedman y Moisés Naim, han descrito en sus textos The World is Flat y El Fin del Poder las correlaciones de poder en el siglo XXI. Ambos, sostienen la tesis que la tecnología, las nuevas formas de comunicación, y la revolución de la información, han transformado las relaciones de influencia y poder en las sociedades.

Veamos algunos ejemplos. Hace veinte años, los programadores de contenido de las televisoras tenían el poder sobre el consumo de material televisivo y cinematográfico. Como televidentes, estábamos obligados a ver lo que el canal programaba. Ahora, en el siglo XXI, gracias a Netflix y YouTube, los consumidores tienen la libertad de sintonizar la película, la serie o cualquier contenido que desee, sin importar lo que digan los canales. Caso similar ocurre con la radio y los podcasts. O veamos la comunicación. Los teléfonos inteligentes y las redes sociales han convertido a los ciudadanos en periodistas. El mismo ciudadano informa de los hechos que acontecen en el día a día. Lo mismo ocurre con la formación de opinión, dado que ahora cualquier usuario de redes sociales se convierte en un generador de contenidos.

En pocas palabras, el poder y el mundo ahora son más horizontales que nunca.Esa horizontalidad también se traslapa al mundo de las movilizaciones sociales.

Históricamente, las manifestaciones, las movilizaciones sociales y las revoluciones tenían características jerarquizadas y verticalizadas. Generalmente la convocatoria a una protesta provenía de un líder particular, un actor con legitimidad, liderazgo o recursos; había un discurso programático. Había organización, logística y un liderazgo visible. Pensemos en el magisterio y Joviel Acevedo, o en movimiento campesino como referentes de este modelo.

Ahora, en el siglo XXI, se produce el fenómeno de la manifestación 2.0. Estas son movimientos sociales sin una conducción clara, sin liderazgos identificados,donde la autonomía y espontaneidad pesan más que los mensajes o discursos programáticos. Son movilizaciones generadas vía redes sociales, en donde la espontaneidad del individuo es la que vale: si el individuo se identifica con la razón de la manifestación, sale a la calle. Si el tema de la misma no le hace click, sencillamente el individuo se queda en su casa.

Para muestra, analicemos las jornadas del 2015 y septiembre 2017. Miles de guatemaltecos se identificaron con el tema de la manifestación: pedir la renuncia de Baldetti, de Otto Pérez en 2015, y luego, manifestar su rechazo a los decretos de impunidad del Congreso en 2017. Y por ello, salieron a las calles y paralizaron labores. Pero en medio de esas jornadas, otras demandas como la aprobación de reformas o el retraso de las elecciones, no generaron ese mismo nivel se identificación entre el ciudadano, y por ello, algunas de esas marchas no fueron tan concurridas. En pocas palabras, las manifestaciones ciudadanas de individuos se producen cuando existe una fuente de rechazo e indignación. Y al carecer de organización o liderazgos palpables, dichas movilizaciones son difíciles de articular para otros objetivos.

Lo anterior explica también por qué los actores movilizados no son actores articuladores de propuesta política. Únicamente se limitan a ser demostraciones de descontento.

La conclusión es sencilla de enumerar pero compleja de entender. En los movimientos 2.0 ya no importa quién convoca o quién es el líder. Importa el individuo como ciudadano. Si el individuo se siente identificado con el tema de la marcha, sale a la calle. Si no hay un tema de rechazo, no hay manifestación. Así de sencillo. Pero al mismo tiempo, dicha espontaneidad y autonomía de los movimientos 2.0 le condena a carecer de un discurso programático o de una línea de dirección que le permita trascender en el tiempo.

Columna originalmente publicada en El Periódico.

El ciudadano, con mayúscula, es la condición indispensable que permite que la democracia funcione.

La democracia nació en el Siglo VI antes de Cristo como un pacto entre clases para expulsar a los tiranos del poder en la antigua Grecia.

Hace 2,500 años se sentaron las bases de una batalla que se sigue peleando hasta el día de hoy en naciones donde a los pueblos se les priva de su libertad, se les niega la justicia y se violan sus derechos fundamentales.

En aquellos días, los antiguos griegos inventaron la idea del ciudadano, con la aspiración de que, sobre una base de igualdad política, los ciudadanos tomarían decisiones en asuntos de interés común.

A través de la historia, desde aquel lejano Siglo VI, la victoria de los griegos sobre los persas, la caída del imperio romano, la Toma de la Bastilla, el manifiesto comunista, la revolución industrial, el Tratado de Versalles y el fin del nazismo, entre otros, fueron momentos estelares de la humanidad que provocaron los contrastes que marcaron el desarrollo y la construcción de una cultura que ha dado, en especial, al occidente civilizado, niveles extraordinarios de desarrollo y bienestar. Una forma de vida que se puede resumir gracias a tres palabras: La Democracia Liberal.

Hoy, esas 3 palabras se ven amenazadas por los nacionalismos, el populismo, la corrupción, la desigualdad, el insuficiente crecimiento económico, la falta de oportunidades y la ausencia de líderes y estadistas capaces y honestos, dispuestos a servir. Y, por si fuera poco, a esto se suman gigantes desafíos como la era exponencial en la tecnología y el cambio climático.

Las generaciones del Siglo XXI debemos hacer esfuerzos extraordinarios para ajustarnos a las nuevas realidades y a la velocidad que las circunstancias imponen. Pero, en especial, debemos vigilar y proteger los valores más importantes de la civilización, como lo son, la democracia, el Estado de Derecho y la libertad.

La represión y el sufrimiento en las más de 50 dictaduras que todavía hay el mundo, y la imperfección y el subdesarrollo que persisten en las democracias; en especial, las de América Latina, obliga preguntarse si aquel invento de los griegos, que fue el ciudadano, necesita una mirada más profunda para replantear su esencia y su identidad, para que, además de esperar y exigir derechos y libertades, el ciudadano, también se comprometa a tener obligaciones y deberes fundamentales.

EL CIUDADANO es el epicentro de la democracia, la razón de ser del Estado, el punto de partida de la política y el responsable de construir verdaderos partidos políticos. El ciudadano, con mayúscula, es la condición indispensable que permite que la democracia funcione.

La política es pasión. Y las emociones superan a la razón y a la lógica; pero La Política debe volver a ser la profesión más digna y más respetada; y el ciudadano valiente, honesto y capaz su protagonista.

Eso de tomar decisiones sobre la vida de los demás debe estar en manos de los mejores.

Como los griegos, hace 2,500 años, debemos reinventar la idea del ciudadano y hacer los sacrificios que sean necesarios para que ÉSTE resurja como una fuerza cívica que sabe defender sus libertades pero que, sobre todo, sabe participar y cumplir con sus deberes ciudadanos.

Como los griegos en su día le dieron vida a la democracia para echar a los tiranos; en pleno Siglo XXI, además de vencer y desterrar a las más de 50 dictaduras que oprimen a millones, debemos entender que las democracias de mentira, la incompetencia de los gobiernos, la corrupción de los políticos y la complicidad o la indiferencia de las élites son otras formas de tiranía que castigan de igual manera, con el agravante que con su actuar falso y oportunista, desprestigian y debilitan los valores de la democracia, la justicia y la libertad.

PS: Rindo un homenaje al valiente pueblo nicaragüense por enfrentar la dictadura y luchar por su libertad. Después de Nicaragua sigue Venezuela. Vivan Nicaragua y Venezuela libres.

No podemos seguirle dando la espalda a los grupos de guatemaltecos que viven dentro de centros y hogares con derechos violentados.

En el Día Internacional de la Mujer, la paradoja se cumple cuando un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, cobra la vida de niñas y adolescentes. Como si la historia quisiera recordar la lucha de las mujeres y la tragedia en Nueva York.

La indignación no tardó mucho en llegar, cuando las primeras noticias de la muerte de más de 30 niñas eran anunciadas en medios de comunicación. Sin embargo, no es la primera vez que el Hogar Seguro Virgen de la Asunción es escenario de trágicas noticas. Plaza Pública[1] publicó el año pasado un reportaje donde describen una realidad llena de abusos, violaciones y humillaciones para todo aquel que ingresa a este centro. Hasta el 2015, el Hogar había recibido hasta 28 tipo de demandas. Incluso en diciembre del año pasado, el Juzgado Sexto de Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana condenó al Estado de Guatemala por las violaciones contra los derechos de los menores de edad resguardados en el Hogar.

Tuve la oportunidad de hablar con una psiquiatra que ofrecía sus servicios a una familia de las muchas que salieron afectadas en esta tragedia. Ella contó sobre cómo una de las víctimas, Estela*, había ingresado al hogar por un cuadro de consumo de drogas (tenía 15 años).

“Necesitábamos un lugar para alejar a esta chica de las calles que la estaban destruyendo. Un centro privado especializado en mujeres te cuesta Q8,000 al mes, pero la familia es de escasos recursos. Lo único que podíamos hacer, era confiar en la institución pública que se supone debe resguardar los derechos de los menores de edad que ahí ingresan.”

Estela era una de las chicas que tenía el respaldo de su familia y que utilizaba este centro para un fin específico; no tenía mucho tiempo de estar dentro del Hogar seguro. Sin embargo, en la última visita habló con su abuela y su tía de los abusos que recibía, incluso de sus mismas compañeras. Peleas, castigos y una historia sobre una monitora que se burlaba de ella, fueron los detonantes para que la familia se acercara a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) a presentar la denuncia correspondiente. Buscaban sacar a la joven del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, pues si bien no tenían los recursos, su casa era un ambiente mucho más adecuado para asegurar su recuperación. La PDH tomó la denuncia, pero no se acercó al lugar. Esto sucedió el martes 7 de marzo.

Algunos medios de comunicación también narran que, semanas anteriores a esta tragedia, personas avisaron a la PNC sobre el amotinamiento que desde adentro querían hacer y esta no atendió el lugar, hasta que fue demasiado tarde. Las chicas se fugaron, las regresaron al hogar, las encerraron y el incendio cobró las vidas.

La negligencia de la administración pública es lo que indigna en estas circunstancias. La responsabilidad de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia (SBSP) por la vida de estas menores no es discutible. Según una voluntaria entrevistada, los mismos monitores del centro no son personas certificadas para el trabajo: "No saben como controlarlas. Las mismas niñas son causantes de muchos de los problemas que hay dentro. Estos lugares necesitan personas comprometidas." Se supone que se trata un refugio destinado a la protección de menores víctimas de agresiones, pero la fuga de 60 niñas, en un intento desesperado de escapar de la situación de violencia y maltrato que viven diariamente, demuestra el riesgo que están dispuestas a tomar para tener una vida mejor.

La poca prioridad que grupos vulnerables como este tienen en la agenda de Gobierno es desconsoladora. Incluso, que el mismo presidente haya dado declaraciones sobre el caso hasta el final del día, envía un mensaje a la población.

Cerrar “temporalmente” el centro no soluciona la muerte de las niñas, ni soluciona las miles de violaciones y abusos que se cometen diariamene en otros albergues y centros de ciudado para niños. La cola de denuncias sigue apilándose y los culpables siguen sin ser castigados.

Las autoridades intentaron limpiarse las manos, pero una persecución penal por la responsabilidad de la vida de más de 30 niñas, es lo menos que podemos exigir como sociedad indignada. No podemos seguirle dando la espalda a grupos de guatemaltecos que viven dentro de centros y hogares con derechos violentados.

[1] Reportaje de Plaza Pública

* Se cambió el nombre de la joven para resguardar la seguridad de la familia.

El éxito de América Latina pasa por la reivindicación del ser humano y la redención de la política. Debemos rescatar el presente y asegurar el futuro.

Através de la historia de la humanidad, dos elementos lograron desarrollar naciones exitosas. El primero es un código individual de valores, que al ser compartido por un número suficiente de ciudadanos tiene un efecto multiplicador que hace la diferencia. El segundo elemento es la forma en que se gobiernan. La política, quienes participan en ella y los valores con que la ejercen, define la clase de sociedad que construyen.

El discurso que escuchamos en América Latina sostiene que con crecimiento económico alcanzaremos el desarrollo; no es tan sencillo. El mundo de hoy sufre un peligroso proceso de desvalorización y el ser humano está exteriorizando una serie de síntomas que, al proyectarlos en el tiempo y al analizar sus tendencias, hace evidente que, si no cambiamos la forma y el fondo en muchas de las cosas que hacemos hoy, llegaremos a situaciones muy negativas para la raza humana.

Hay descontento y desencuentro con la política y la democracia. Algunos países crecen económicamente bien unos años pero no tienen el fundamento institucional, ni la cultura para navegar en las crisis. Por eso los bandazos y la inestabilidad.

En lo que respecta al ser humano, la depresión se está convirtiendo en la epidemia del Siglo XXI. Hoy se suicida una persona – de 20 que lo intentan – cada 40 segundos y se estima que en el en el 2020 habrá un suicidio cada 20 segundos. Esta es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en el mundo. Los trastornos alimenticos y las enfermedades que estos provocan están desbordados, el consumo de drogas sigue aumentando. El estrés, crisis de identidad, inestabilidad laboral, ausencia de liderazgo y pérdida de respeto a la autoridad son fenómenos crecientes en las nuevas generaciones como lo es también el creciente descrédito a los valores e instituciones tradicionales. Y por si esto fuera poco, el sistema educativo del planeta está atrasado 10 años en el mundo desarrollado y 20 en el subdesarrollado. No formamos técnicos y profesionales para las demandas del mundo de hoy.

Esta realidad humana está provocando devastadores efectos en nuestras sociedades, a los cuales se suman otros problemas, como la incapacidad del mundo para generar suficientes oportunidades de trabajo a los jóvenes que llegan al mercado laboral cada año; o la reducción de las clases medias y medias altas que se están viendo afectadas y minimizadas por la situación económica del mundo.

Este complejo crucigrama está aumentando de forma desproporcionada la desigualdad y la conflictividad social. Y encima, los políticos y las elites económicas y académicas, no son parte de la solución. Los primeros son parte fundamental del problema, y los otros, con escasas excepciones, testigos pasivos y aislados, si no cómplices, de una realidad que se puede tornar explosiva en muchos países.

La corrupción de los políticos, la falta de una plataforma institucional de partidos políticos con cuadros técnicos y dirigentes honestos y capaces, la indiferencia de las élites y la poca participación ciudadana tienen a América Latina en riesgo de peligrosos retrocesos.

Nuestra región necesita menos partidos y más ciudadanos activos y comprometidos, exigentes con sus derechos e intolerantes con la corrupción y la incompetencia. Conscientes de que el buen gobierno y el éxito de las naciones pasan por los partidos políticos y que solo desde sus entrañas, se pueden construir los proyectos de Estado que América Latina necesita.

Para generar esta cultura, primero hay que reivindicar al ser humano. Abrir los espacios para que recupere la claridad y las herramientas que le devuelvan la fuerza innata y la confianza para rescatar su presente y asegurar su futuro.