¿Qué significa que Guatemala acuerde con Estados Unidos ser tercer país seguro y por qué sería hipotecar al país?

Rumores «bien fundados» (?), como diría el presidente

Como es costumbre en este gobierno, los rumores corren antes que las comunicaciones oficiales. Primero, el presidente Trump dijo en un tuit de fecha 17 de junio que Guatemala se «preparaba» para convertirse en tercer país seguro. La prensa internacional reportó unos días más tarde que el Ministro de Gobernación consideraba que «el hecho de que un país como los EE. UU. nos vea como un país seguro en principio es sumamente positivo», como si de una ganga se tratase.

Lo que dio tracción al tema es que el lunes, 15 de julio, el presidente Morales se reuniría con el presidente Trump en la Casa Blanca, un suceso poco habitual que no se explicaba a no ser que existiera un gran acuerdo por celebrar. Lo reportado por CNN, The Wall Street Journal y también por The New Yorker en su momento es que era un hecho que la reunión era para convertir a Guatemala en tercer país seguro.

Naturalmente, el gobierno negó que la reunión tuviera ese propósito, pero también negó que iría a Argentina a comprar aviones para el ejército y nos enteramos por la prensa argentina de que el rumor era cierto y efectivamente iban a comprarlos (o a «adquirirlos», para usar la simpática nomenclatura que quiso emplear el Ministro de la Defensa para intentar sacar la pata).

¿Qué significa ser tercer país seguro y qué implicaría para Guatemala?

Todo nace en la Convención de Ginebra de 1951 que originalmente sirvió para atender a los refugiados de la Europa de la posguerra, luego ampliado por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 a otras circunstancias. Ambos instrumentos fueron ratificados por Guatemala en 1983.

En términos muy sencillos y generales, esta normativa regula el derecho de asilo, al cual pueden recurrir una persona que busca protección en otro país si en su país de origen o residencia tiene temores fundados de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, posiciones políticas, identidad de género o preferencia sexual.

En los últimos meses ha habido un incremento sustancial en la cantidad de migrantes que cruzan la frontera de México con Estados Unidos que reclaman asilo. En noviembre de 2018 había 6,200 peticiones de asilo y para mayo de 2019 había casi 19,000, algo que además satura los juzgados. Trump respondió con su política de metering que consiste en limitar la cantidad de aplicantes de asilo que pueden entrar a diario a los Estados Unidos, lo cual ha llevado a miles de migrantes a esperar en México en condiciones precarias hasta que sea su «turno», algo que lo determinan ellos mismos o las autoridades mexicanas.

El concepto de «tercer país seguro» se refiere al hecho de que quienes busquen la protección de asilo en un segundo país, en este caso EEUU, éste pueda negarse a darles asilo y remitirlos a un tercer país, en este caso Guatemala, que pueda darles las mismas atenciones y tratos. Eso implica que, de llegar a un acuerdo, EEUU podría enviarnos centenares de personas que pidan asilo en EEUU hasta que su situación se resuelva.

Guatemala no es siquiera capaz de dar atención adecuada al flujo actual de migrantes en el albergue ubicado en la zona 5 de la Ciudad. Mucho menos será capaz de dar vivienda, seguridad social, servicios médicos esenciales, educación o empleo a los mismos, algo a lo que nos comprometería el presidente Morales. Mucho menos hablar de la incapacidad que tendría nuestro sistema de justicia de procesar la cantidad de solicitudes de asilo que podrían venir.

Es cierto, Estados Unidos nos daría dinero para hacer frente a estas obligaciones. Pero como lo ha expuesto mi colega Arturo Villagrán, Guatemala es signatario de tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y está bajo la jurisdicción de la CIDH y de la Corte IDH. Si Guatemala llega a violar derechos humanos de refugiados, seríamos responsables como Estado y el gobierno de EEUU no respondería de ninguna manera por ello.

La experiencia europea de designar a Turquía como tercer país seguro ha sido objeto de señalamientos de violaciones de derechos humanos a refugiados, lo mismo que ocurrió en Papúa Nueva Guinea que lo fue de Australia. Las organizaciones de derechos humanos en EEUU tienen claro que Guatemala no puede ser un país seguro.

La actitud de Morales y el revés que le dio la Corte de Constitucionalidad (CC)

La cuestión solo tiene una explicación: al presidente Morales le quedan poco menos de seis meses de mandato y piensa que una actitud servil con la Administración Trump le comprará impunidad. Se disponía a hipotecar al país y poco le importa el gran compromiso que asumiría Guatemala y que podría durar décadas. Se equivoca de todas formas. Trump solo piensa en las elecciones del 2020 y si no pudo construir un muro físico en México, Guatemala será su «muro» para enviar decenas de personas que piden asilo en EEUU. Mientras Morales sea útil, todo bien. Luego, lidiará con quien ocupe la presidencia.

Un grupo de colegas y el PDH interpusieron un amparo que buscaba evitar que el presidente Morales llegase a comprometer al Estado de Guatemala a través de un acuerdo simplificado. Esto quiere decir que Morales pretendía, presuntamente, comprometer al Estado de Guatemala, pero evitando pasar por el control del Congreso de la República como lo manda el artículo 171 de la Constitución. El domingo, 14 de julio, la CC resolvió otorgar amparo provisional y obliga al presidente a que, de asumir el compromiso de tercer país seguro, lo haga pasando por el control del Congreso, donde seguramente no la tendrá tan fácil.

La racionalidad detrás de los actos irracionales

Para Jimmy Morales, el tiempo avanza inexorablemente. Cada día que pasa, es uno menos de esa pesadilla que resultó ser la Presidencia. Pero también, cada día que pasa es uno más cerca de la fecha fatídica del 14 de enero 2020, día en que el Presidente perderá el derecho de antejuicio.

La posibilidad de enfrentar responsabilidad penal por anomalías en el financiamiento de la campaña 2015 de FCN ha sido un fantasma en el firmamento desde hace casi dos años. Ese fantasma no sólo es una amenaza contra el mismo Morales, sino también, contra su esposa, quién habría facilitado el traslado de fondos de migrantes guatemaltecos en Estados Unidos en 2015. Desde entonces, hemos visto un esfuerzo sistemático desde Casa Presidencial por frenar cualquier avance de casos judiciales. Ya sea por la vía de bloquear antejuicios en el Congreso, reformar el delito de financiamiento ilícito, o simplemente, limitar la capacidad operativa de los entes de investigación.

A ello sumemos el caso contra el hijo y hermano del Presidente. Ahí la explicación de por qué desde mediados de 2017, la única motivación estratégica de Morales fue ver cómo se deshacía de la CICIG. 

La victoria de enero 2019, con apoyo de militares, una parte de sector privado, derecha conservadora y los actores de la corrupción, aparentemente le dio una fuente de respiro a Morales.

Pero desde el 17 de abril, se desencadenó una nueva pesadilla: la gallina con crema y loroco.

Desde que se conoció la captura de Mario Estrada en Estados Unidos por supuestamente haber buscado financiamiento electoral del Cartel de Sinaloa, y particularmente, desde que se hizo público el encuentro entre Morales y Mario Estrada, las acciones del Presidente han sido erráticas. Por unos días, coqueteó con la idea de señalar de fraudulentas las elecciones del pasado 16 de junio. Luego se embarcó en una aventura para “adquirir” dos aviones Pampa III, bajo un vilo de total secretismo. Y recientemente, intentó suscribir el Acuerdo de “Tercer País Seguro” con Estados Unidos, a pesar de que esto convertiría a Guatemala en un gran campo de concentración de migrantes en tránsito.

¿Cómo explicar entonces esa seguidilla de actuaciones erráticas?

Cuestionar la legitimidad de los resultados electorales fue la medida desesperada que quedó luego de los desastrosos resultados del FCN-Nación en la primera vuelta. A pesar de un masivo esfuerzo de clientelismo electoral en las semanas previas, el partido de Gobierno alcanzó un pírrico resultado que a penas le dejó una bancada de 8 diputados para la siguiente legislatura.

La frustrada adquisición de los Pampa III y la frustrada intentona de suscribir el acuerdo de “Tercer País Seguro” parecían tener como objetivo buscar el beneplácito de Washington en los temas que más atención generan en la administración Trump: frenar la migración ilegal y combatir el narcotráfico.

Lo que no hace sentido son los tiempos. ¿Por qué intentar ganarse el favor de Washington ahora?

Ya entre 2017 y 2018 Morales buscó agradar a Trump en su intento de conseguir apoyos para su agenda anti-CICIG. El traslado de la Embajada a Jerusalén le generó suficientes amistades en Washington como para garantizar el silencio del Gobierno norteamericano una vez empezó la ofensiva por deshacerse de la Comisión. El balance de créditos y débitos parecía entonces estar saldado.

¿Por qué ahora nuevamente un sentido de urgencia de darle muestras de amor al coloso del norte?

La lectura es que Morales busca evitar -a toda costa- cualquier persecución en su contra una vez abandone el poder. Los magros resultados del 16 de junio le dejaron sin una fuerza política que -desde el Congreso- le permita negociar impunidad. Por ello su intentona de arremeter contra la legitimidad del proceso. Pero el nuevo coqueteo con Washington sólo hace sentido a la luz de los eventos de abril y Mario Estrada. Morales sencillamente siente que lo agarraron con las manos en el Loroco.

La receta no es nueva. Es la misma que ha utilizado en Honduras el Presidente Juan Orlando Hernández, quien a pesar que la misma DEA lo menciona como parte de una investigación sobre una organización dedicada al trasiego de drogas, sus constantes esfuerzos por agradar a la administración norteamericana, han sido suficientes para que -por lo menos a él- le dejen en paz. Por lo menos, por ahora.

Esa parece ser entonces la apuesta de Morales.

La era de las redes sociales, tan vitales y útiles en otros ámbitos, ha terminado de desquiciar la democracia, fomentando una degenerada arena política en la cual la polarización se convierte en la regla general.

Una de las cuestiones que más se menciona en Guatemala es el tema electoral, aun cuando lamentablemente nunca se ha debatido realmente. Desde 1985 existe el ritornello en torno a las imperiosas reformas legislativas las cuales terminan en auténticas deformas. A lo electoral, se han sumado otros temas que se han convertido en el mantra del discurso político de Guatemala. 

La estrategia que enmascara la pretensión política de dejar las cosas como están, recurre a un «formalismo jurídico» ramplón que cree que la ley lo es todo. Por ello, se insiste tanto en reformar –no entender- materias tales como: Contrataciones del Estado, Servicio Civil y Organismo Judicial, legislaciones que se han convertido en los cuatro jinetes del apocalipsis.   

En relación a lo electoral, se ha insistido hasta la saciedad en la importancia de crear auténticos partidos políticos para poder disfrutar una democracia que nunca llega. El constituyente, legalmente optó por convertir a los partidos políticos en órganos del Estado, para que éste o la mafia que habla en nombre de esta abstracción (Frederic Bastiat) los controle top-down, negando la importancia de la cultura política democrática que los debería propiciar como sucede en otros países en los cuales la operación es bottom-up. 

Por más reformas legales efectuadas en el ámbito político-electoral, la mayoría disparatadas, el resultado ha sido el mismo: «partidos franquicias» (Lemus: 2013). Estas organizaciones en nada se diferencian de lo que ocurre en otros sectores sociales. Si bien la intención de mejorar el sistema electoral es noble, es extraño que nadie depare en la pesadilla en que se ha convertido la institucionalidad del país. 

Mientras se quiere soñar con partidos políticos típicos del siglo XIX, la realidad muestra signos evidentes de desacreditación y crisis de los partidos sin parangón en la historia. Cambios culturales, tecnológicos, políticos y económicos han afectado a los partidos políticos, los cuales no son los únicos actores del sistema democrático como sucedía en el pasado. 

De hecho, si bien los partidos políticos siguen siendo en teoría vitales para la democracia, no hay la menor duda que la concepción política dominante es hostil a ellos, derivado de este proceso de «democratización» que fomenta desdén para con las «élites», establishment y dirigencia partidaria. De allí el sueño imposible de la «democracia interna» de los partidos políticos

Desde el WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram cada hombre-masa moderno (Ortega y Gasset) hace valer su opinión política sin necesidad de someterse a los rigores organizacionales de los partidos políticos. La era de las redes sociales, tan vitales y útiles en otros ámbitos, ha terminado de desquiciar la democracia, fomentando una degenerada arena política en la cual la polarización se convierte en la regla general, dado que los usuarios no han tenido ni tienen necesidad de someterse a la discusión en torno a principios, valores o anhelos políticos (ideología) así como una debida organización política para llevarlos a cabo.

A través de los medios de comunicación se puede comunicar un mensaje político con gran facilidad, incluso a título personal. De allí que los usuarios de las redes sociales terminen siendo inefectivos políticamente cuando se trate de frenar las derivas autoritarias por la falta de practica en lo que concierne al derecho de asociación. En efecto, si en países con democracias consolidadas ya empiezan a aflorar problemas graves como los plasmados en How Democracies Die de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, no queda la menor duda que en Guatemala se tienen mucho más retos y peligros.

Por ello, frente a la demagogia o al fanatismo de las masas, luce vital rescatar la importancia de las élites o a lo sumo retener la famosa ley de hierro de la oligarquía. Por ello, resulta vital atenuar el carácter pragmático en el ámbito de la política y volver en la medida de lo posible, a rescatar la importancia de las ideologías, pues como bien acotó Mark Lilla, «El fin de la ideología no significa que haya desaparecido la oscuridad. Ha traído una niebla tan espesa que ya no podemos leer lo que está justo frente a nosotros. Vivimos en una era ilegible».

El Ministerio de Trabajo reglamenta el trabajo a medio tiempo y esto es una buena noticia para los jóvenes. 

El pasado 27 de julio fue publicado en el Diario Oficial el acuerdo número 89-2019 del Ministerio de Trabajo que reglamenta el trabajo a tiempo parcial. La reglamentación llega dos años y medio después de que se aprobara y ratificara el convenio 175 de la OIT.

Sin duda el acuerdo es una buena noticia. Nuestro Código de Trabajo permitía contratar por jornadas de trabajo parciales, pero obligaba al patrono a pagar el salario de la jornada completa. Una rigidez que carece de completo sentido en los tiempos modernos que afecta principalmente a los jóvenes y aquellas personas que por compromisos familiares prefieren optar por un trabajo de medio tiempo.

La flexibilidad laboral avanza con esta reforma. Guatemala hoy ocupa el puesto 124 de 140 países de acuerdo con el Índice de Competitividad Global que elabora el Foro Económico Mundial. Sin duda nuestra legislación laboral no está ajustada a los retos del siglo XXI. 

Para los jóvenes es una buena noticia. 1 de cada 3 jóvenes asegura que no encuentra empleo por falta de experiencia. La aprobación del trabajo a tiempo parcial abrirá oportunidades a los jóvenes para insertarse al mercado laboral pues reduce el costo de contratar a un joven sin experiencia, por citar algún ejemplo. 

Por supuesto, el trabajo a tiempo parcial no es la solución a todos nuestros problemas. En lugar de la oposición que mostraron los trasnochados sectores sindicales, deberíamos enfocar nuestra atención a otros problemas regulatorios y estructurales que no permiten que nuestra economía despegue y nuestros trabajadores mejoren sus salarios.

En materia de regulación laboral aún falta superar un salario mínimo que está completamente por encima de los salarios medianos que se cobran en gran parte del interior del país. Lamentablemente el presidente Morales desechó la idea de los salarios mínimos diferenciados al asumir la presidencia y nunca propuso una alternativa.

Por el lado de la demanda de trabajo falta generar condiciones necesarias para la inversión, de lo contrario continuaremos con esta economía que crece por inercia, pero no genera suficientes oportunidades de trabajo. El hecho de que 1 de cada 3 trabajadores labore en el sector agrícola es muestra del atraso económico de nuestro país. En países desarrollados la mano de obra ocupada en agricultura no pasa del 5%.

Por el lado de la oferta laboral, hay mucho que hacer. El 44% de la fuerza laboral apenas tiene estudios a nivel de primaria y un 14% no tiene estudios. Solo un 20% acabó el diversificado y un 6% tiene educación universitaria. Eso sin hablar de la calidad de educación que reciben. Sin una mano de obra medianamente calificada, será difícil impulsar el anhelado crecimiento económico a largo plazo. A corto plazo, hay que generar muchos más empleos de los que hoy se generan para subir al tren del desarrollo a millones de guatemaltecos.

Un tema ausente en la discusión política nacional.

Durante los años noventa, los Estados de América Latina vivieron un proceso de rediseño, bajo el paraguas del “Consenso de Washington”. Las propuestas apuntaban hacia la construcción de Estados más pequeños, que se limitaran a ejercer un control regulatorio y financiero. Mientras que las funciones de administración y prestación de servicios debían delegárseles a entes distintos de sí mismos, ya sea a entidades descentralizadas, autónomas o privadas.

En Guatemala, esta receta la encontramos en la Ley del Organismo Ejecutivo, que establece que el Estado debe apostar por dos principios: 1) Subsidiariedad, según la cual “el Estado no se arroja funciones que pueden ser ejecutadas por los ciudadanos individual o libremente asociados”; y 2) Descentralización, según la cual el Gobierno “delega la ejecución y control administrativo de ciertas funciones a entes distintos de sí mismo o a sus entidades autónomas y descentralizadas, reteniendo las funciones reguladora, normativa y de financiamiento.”

La materialización del principio de subsidiariedad resulta evidente en varias instituciones. En Salud se apostó por la subcontratación de ONGs para la prestación de servicios de salud, a través del Programa de Extensión de Cobertura (PEC). En Educación, se organizaron las juntas de padres para la autogestión y la ejecución descentralizada de los recursos educativos, a través del Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo (PRONADE). En agricultura, se suprimió el programa de extencionismo rural y las instituciones asociadas. En comunicaciones, Caminos (unidad que operaba cual empresa de construcción pública) fue sustituida por el fideicomiso de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial.

La política de descentralización cobró forma en el 2002 con la aprobación de la Ley de Descentralización. La idea era que el Gobierno iniciara un proceso de traslado de funciones (tales como educación, salud, seguridad, economía, etc.) hacia los gobiernos municipales.

Sin embargo, con los años el modelo entró en impase. La política de subsidiariedad fue víctima del patrimonialismo de Estado, particularmente en Covial o en el PEC. O fue sujeta de presiones por grupos de interés, como el caso de la oposición sindical al PRONADE. Mientras que la política de descentralización ha quedado abortada por las limitaciones financieras de la mayoría de gobiernos municipales.

Durante la última década, varios de los casos expuestos han sido desbaratados: PRONADE en el 2008, el PEC en el 2013, y Covial que está programado a fenecer en un corto plazo. En agricultura, se ha buscado retomar el diseño institucional pre-Acuerdos de Paz. El problema es que mientras se revisa el modelo subsidiario de Estado, hace falta un debate sobre el modelo de Estado a construir. No sólo eso, sino que la readecuación de funciones estatales se realiza sobre el diseño de un Estado pensado bajo los esquemas de los noventas, lo que genera un desfase entre ordenamiento jurídico y funcionamiento institucional.

En este sentido, un tema pendiente ha sido plantear la discusión sobre el diseño estatal que se busca construir. ¿Reformamos el diseño de los noventa? ¿Desbaratamos el modelo del Consenso de Washington? ¿Construimos uno nuevo? ¿Qué modelo implementamos? Esa discusión está ausente en el debate político en Guatemala.

¿En realidad hubo fraude electoral?

Todo empezó com un discurso para negar la derrota. Fueron Estuardo Galdámez y el MLP quienes hablaron de fraude electoral. Parece inversosímil, pero un kaibil que abraza el discurso de la extrema derecha y una lideresa campesina que representa a una izquierda antisistema compartían la misma consigna.

Todo habría quedado ahí de no ser por lo que siguió los días posteriores. Decenas de imágenes que compartía la gente en redes sociales en las que aparecían discrepancias entre los votos que registraba el sitio web del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y lo consignado en algunas de las actas que aparecían escaneadas en el mismo sitio web o imágenes de actas supuestamente duplicadas encendieron las alarmas de mucha gente. El TSE había errado de forma garrafal con un software que en cuando había más de 20 partidos compitiendo generaba errores y por la mala organización en la digitación de actas.

Pero lo más trágico es que el TSE fue incapaz de explicar a la población, de manera pronta y oportuna, que esos errores no debían generar desconfianza en la población por una sencilla razón: los resultados que aparecen en el sistema no tienen validez legal. Toda la información errónea, actas mal copiadas, errores de programación, etc. son fallos lamentables, pero de ninguna forma afectaban el conteo oficial de votos.

Hay que recordar que nuestro sistema tiene dos garantías: la población civil que integra las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y Juntas Electorales Municipales y Departamentales, por una parte, y que de todo lo actuado por ellos queda constancia en papel y que es a partir de esa información que las juntas electorales determinan a los ganadores de la elección. Cuando finaliza la elección, las Juntas Receptoras de Votos realizan el conteo de votos, en presencia de los fiscales de los partidos, y luego envían el acta donde constan los resultados de la votación con sus duplicados a las Juntas Electorales y a la sección informática del TSE.

Lo que figure en esas actas es lo que interesa. Lo que esté en el sistema no vale. Mientras tanto la población se ha hecho de múltiples teorías de la conspiración con las decenas de imágenes de actas que no cuadran en el sistema, que, como insisto, servía únicamente para dar resultados preliminares y nada más.

En la audiencia de revisión que manda la ley, los partidos políticos no presentaron impugnaciones significativas y en cambio reprocharon al TSE los fallos del sistema (cuyos datos no sirven para nada en términos legales). Esto quiere decir que las Juntas Electorales deberían poder comenzar a adjudicar a los ganadores en la elección.

La gente además ha hecho eco de videos donde hay personas que supuestamente recibieron papeletas marcadas por un partido, de otros videos donde muestran “acarreados” o de cupones que entregaron algunos partidos a cambio de votos (principalmente de la UNE y del FCN).

Y sí, seguramente ocurrieron hechos puntuales que son delito y que deben ser castigados. Pero para que las supuestas “papeletas marcadas” hubiesen cambiado el resultado de la elección tendría que haber sido un fenómeno a gran escala y hubiesen tenido que contar con la complicidad de las Juntas Receptoras de Votos, pues son ellos quienes reciben las papeletas en la madrugada del día de la elección y quienes verifican que vengan correctamente.

Pensar que los más de 112,000 voluntarios guatemaltecos fueron cómplices de semejante barbaridad y admitieron papeletas marcadas es absurdo y un insulto a la integridad de los mismos. Sin olvidar que los partidos políticos tienen fiscales en los centros electorales y vigilan el proceso y habrían denunciado oportunamente el problema.

Con esto no quiero decir que nuestro sistema democrático sea admirable. Solo digo que precisamente el conteo de votos es una de las pocas garantías que tenemos. Como dije en otra oportunidad, Guatemala es considerado un régimen híbrido por el Índice de democracia de la Revista The Economist. Híbrido entre un régimen democrático y un régimen autoritario. Estamos únicamente encima de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Muy lejos de Costa Rica, Uruguay o Chile, los mejor calificados y las únicas democracias relativamente sólidas de la región.

Pero la compra de votos, el acarreo, el financiamiento ilegal de campañas, las pocas garantías a la libertad de expresión, la falta de seguridad de los votantes y candidatos, la poca independencia de las cortes, etc. son los factores que desde hace décadas nos tienen en la situación actual. Hablar de fraude sin evidencia solo genera incertidumbre y quiebra más nuestra pobre y débil institucionalidad. Las voces antisistema son las únicas que pueden ganar si la situación sube de tono. Mientras tanto, eso sí, nuestro Tribunal Supremo Electoral tiene que despertar para recuperar la confianza que perdió en este proceso.

Estamos a pocos días de las elecciones generales 2019 y la incertidumbre continúa siendo la variable clave.

Hace apenas días se caía la quinta candidatura presidencial cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunciaba que revocaba la inscripción de Edwin Escobar del partido Prosperidad Ciudadana. Se podría decir que hasta menos de 15 días antes del evento electoral tuvimos certeza (si no pasa nada los últimos días) de quiénes estarán en la boleta electoral por la presidencia. Una locura.

Sin duda habrá que esperar las últimas encuestas que se publicarán pocos días antes de la elección para saber con mayor claridad cómo está la carrera presidencial. De momento, de acuerdo con el último sondeo de CID-Gallup de finales de mayo, Sandra Torres encabeza la intención de voto con 21%; Alejandro Giammattei segundo con 12%, Roberto Arzú en tercer lugar con 9% y en cuarto lugar Edmond Mulet con 7%.

Sandra Torres mantiene su caudal, pero no crece demasiado. En el sondeo de CID-Gallup abril, aparecía igualmente con 21%. Recordemos que en 2015 logró 19.76% de votos en primera vuelta así que digamos que se mantiene en ese rango. Alejandro Giammattei tampoco creció demasiado pues en abril tenía 8% de intención de voto, aunque al hacer el simulacro de papeleta sin Zury Ríos y Thema Aldana ya aparecía en segundo lugar con 12%, los mismos que reflejan el sondeo de abril.

Mulet y Arzú también se estancaron en 7% y 9% respectivamente, pero ojo: si asumimos que votará el 65% del padrón, Giammattei recibiría 635,684 votos en tanto que Arzú 476,763 y Mulet 370,816. Es decir, que Arzú está a 158,921 votos de Giammattei y Mulet a 264,868. Tomaría algo extraordinario para que uno de estos dos candidatos suba al segundo lugar, pero no sería imposible.

El gran factor será el votante indeciso que suma el 24%, más que cualquier otro candidato. Claro está que ese voto indeciso se distribuirá entre varios candidatos, pero precisamente el alto nivel de indecisión hace difícil, por no decir imposible, hacer predicciones más o menos fiables en esta elección presidencial.

Lo que está más claro es el Congreso: de acuerdo con las proyecciones de Quique Godoy, la UNE podría meter entre 45 y 50 diputados, casi un tercio del Congreso, difícil para hacer mayoría, pero suficiente para marcar el ritmo y hacer alianza con bancadas que sirvan de bisagra. Lejos estarían TODOS y Vamos con 15 y 12 diputados respectivamente, Valor y FCN con 10, Podemos con 7 y CREO y Semilla con 6. Luego vendrían más bancadas pequeñas.

Es difícil hacer predicciones al Congreso por el efecto de la fórmula para distribuir escaños, pero la aproximación nos da una idea. Es posible que partidos como FCN tengan mejores resultados de los proyectados debido a que cuentan con estructuras fuertes de la vieja política. Recordemos que FCN “fichó” a muchos cuadros de LIDER Y PP como el propio Estuardo Galdámez, Delia Bac (sus dos hijos son candidatos), Armando Escribá y quien fuera el alfil de Manuel Baldizón en el Congreso, Roberto Villate.  Incluso “fichó” a algunos ex UNE como Domingo Trejo de Escuintla, Ferdy Elías de Quiché o Rudy Pereira de Alta Verapaz.

Las fuertes estructuras podrían ayudar también a Roberto Arzú. De los partidos de coalición que lo postulan, PAN y Podemos, podemos agregar un par de elementos para el análisis. El PAN tiene un reconocimiento de marca importante por su antigüedad y eso ayuda. Podemos tiene entre sus cuadros a gente de la vieja política con capacidad de movilización como Ronald Sierra en Alta Verapaz, Iván Arévalo de Totonicapán (ex FRG y PP) o Rubén Darío Crespo, hijo de Arístides Crespo, quien fuera del PAN de Arzú, del FRG de Portillo y luego del PP; ahora imputado por un caso de plazas fantasma.

El voto nulo ha generado más dudas que respuestas ante el silencio irresponsable del TSE que no ha explicado si el voto nulo computará para determinar si alguien obtiene mayoría absoluta en la elección presidencial o no. En la elección para el Congreso no tendría efecto alguno pues se tome o no en cuenta el voto en nulo, la asignación de escaños no debería variar. Espero que el TSE aclare lo que atañe al voto nulo en la elección presidencial lo más pronto posible.

De cualquier modo, considero que el voto nulo es un sinsentido porque necesita ganar la elección presidencial por la mitad más uno de votos totales: si asumimos que vota el 65% del padrón, el voto nulo debería sacar 2,648,683. Exacto, es imposible.

La inconsistencia entre los datos digitalizados y las actas de las mesas electorales alimentó la idea de que se estaba gestionado un fraude electoral, lo que muchos han aprovechado para promocionar agendas políticas.

El actual proceso electoral  ha dejado un Tribunal Supremo Electoral desprestigiado. Se le percibe como un órgano arbitrario, que ha sido complaciente con ciertos partidos políticos o candidatos; en tanto que ha sido estricto con otros. El TSE ha sido incapaz de regular el financiamiento de los partidos políticos y tampoco hizo mucho con las múltiples denuncias de clientelismo electoral.

Pero el punto más crítico ocurrió el día de las elecciones. La inconsistencia entre los datos digitalizados y las actas de las mesas electorales alimentó la idea de que se estaba gestionado un fraude electoral, lo que muchos han aprovechado para promocionar  agendas políticas mezquinas y espurias.

¿En realidad ocurrió un fraude electoral? Veamos el asunto sin pasiones. Nuestro sistema electoral fue diseñado para que la ciudadanía, voluntarios en su mayoría, fueran los garantes del proceso. Más de cien mil ciudadanos participaron en el proceso electoral el pasado 16 de junio, distribuidos en más de veinte mil mesas electorales, lo cual da una idea de lo complejo que sería conspirar para que ocurra un fraude.  Estas personas no son funcionarios públicos, sino personas de distintos orígenes que están dispuestas a donar de su tiempo para construir democracia. Así ha funcionado el sistema desde 1985 y no  cambió en esta ocasión.

El segundo punto es que las inconsistencias entre las actas y los datos digitalizados se pueden corregir haciendo una revisión minuciosa de los documentos físicos. Si el problema es la digitalización, se tienen los documentos originales para verificar que la información sea la correcta. Afortunadamente nuestro sistema todavía depende del papel, lo cual es arcaico, pero en esta situación resulta muy útil.  

Y es más, nuestro sistema es abierto a la fiscalización del público y por eso se detectaron dichas anomalías, que insisto, se pueden remediar. No estamos en el sistema que prevalecía en los setentas, en donde el conteo de votos era opaco, al que tenía acceso solo ciertos funcionarios públicos y por eso se facilitaban los fraudes  de aquella época.

El tercer punto importante es que el conteo de votos rápido, para el caso de la elección presidencial, que realizó el National Democratic Institute la noche del 16 de junio, presenta resultados iguales a los que preliminarmente presentó el Tribunal Supremo Electoral. El NDI es una organización internacional, independiente y con experiencia en observaciones electorales en diversos países. A eso se suma que las encuestas serias, publicadas días antes del evento electoral, también preveían un resultado muy similar al que finalmente se concretó. ¿Cómo se puede afirmar entonces que hubo fraude electoral, si se tuvo todo un sistema de observación ciudadana local y de organismos internacionales activos en todo el territorio nacional?

Quienes afirman que hubo fraude electoral, tienen una agenda política muy marcada. Están los candidatos presidenciales que quedaron relativamente cerca de pasar a segunda vuelta, pidiendo que se repitan las elecciones, muy probablemente con la esperanza de lograr mejores resultados.

También están los que pareciera que desean instalar un escenario de caos. El  Presidente Jimmy Morales, el partido oficial y algunos aliados, parecen ser los que impulsan esta agenda. El FCN sabe que pierde poder y por eso están interesados en fermentar un ambiente enrarecido que les pueda favorecer.

Y están aquellos que simplemente no les gusta el resultado. Se vale que no gusten las opciones que quedaron. Es nuestro derecho expresarlo. Lo que no se vale, es querer manipular el sistema para alterar ese resultado. Se pone en riesgo la poca institucionalidad que nos queda.

Se debe exigir al TSE que solvente los errores cuánto antes y que se deduzcan responsabilidades. Pero los ciudadanos debemos ser responsables y no prestarnos a teorías sin fundamento. Es imposible que ocurra un fraude electoral a gran escala con el actual sistema.

Columna publicada originalmente en El Periódico. 

Las circunstancias en Venezuela son tan extraordinarias, que hay que estar ahí para comprender los grados de dificultad y peligro que se corren cada segundo.

Como lo demuestra la historia de la humanidad, el hombre tiene infinita capacidad para destruir, corromper y traicionar. A través de los siglos, la ambición, los acuerdos incumplidos, la desconfianza y los intereses personales nos han llevado a dictaduras y guerras que han producido esclavitud, muerte y desolación.

El narcodictador Nicolás Maduro y sus secuaces pasaron hace tiempo el punto de no retorno. Ya no pueden dejar el poder y salir de Venezuela en condiciones de derrotados políticos. Sus crímenes son tantos y están tan comprometidos con mafias transnacionales que ya no existe una geografía en el planeta que los pueda o los quiera resguardar con impunidad. Y ellos lo saben. Morirán con las botas de criminales puestas.

Es posible que antes se maten entre ellos por intrigas, desconfianza y traiciones, y porque cada uno sabe la calaña de alimaña que es el otro.

Los oficiales del ejército viven incomunicados y temerosos de que los mercenarios rusos y la inteligencia cubana los vean como traidores a la causa; y que ellos y sus familias paguen las consecuencias.

Rusos y cubanos manejan a Maduro como una marioneta y los niveles de desconfianza e incertidumbre en las filas del ejército crecen cada día. A estas alturas, ningún general confía en ningún general.   

La situación es tan precaria y de sobrevivencia, que, el miedo se interpone entre un pueblo que clama libertad y el pánico a morir en el intento por alcanzarla. 

Es cierto que miles de ciudadanos salen valientemente a las calles a protestar y a apoyar a su presidente encargado, pero faltan las armas en la oposición. Falta la pólvora, el plomo y la sangre que, como demuestra la historia, es la terna que derrota dictaduras. Terrible realidad.       

Qué fácil es acusar a Leopoldo López de ser responsable del fiasco del 30 de abril para terminar con la usurpación en Venezuela o señalar a Juan Guaidó por errores de coordinación. Las circunstancias en Venezuela son tan extraordinarias, que hay que estar ahí para comprender los grados de dificultad y peligro que se corren cada segundo.

La comunidad internacional ha mejorado su actitud, pero no lo suficiente. Estados Unidos ha subido el tono en la retórica y las amenazas verbales, pero en eso se ha quedado. A estas alturas ya es evidente que todos se han visto las cartas y que lo que queda es un cambio de estrategia y de conducta. 

Parece que el presidente Trump usará la situación de Venezuela en función de su reelección. Y esto no es buena noticia para el pueblo venezolano.

Se habla también de un trueque entre Estados Unidos y Rusia: Ucrania por Venezuela, y más flexibilidad comercial con China a cambio de que volteen la cara a otro lado cuando los americanos saquen a Maduro de su ratonera con media docena de misiles de medio alcance. 

Los días del dictador están contados. Lo que sigue siendo un misterio es la fecha y el costo. En vidas y en recursos materiales.

Cuando caiga la dictadura, que caerá, el mundo occidental y los venezolanos deberán volcarse a fondo a la reconstrucción democrática, institucional, económica y social de la tierra de Bolívar. Pero el esfuerzo especial deberá estar en la reconstrucción del tejido social y la sanidad emocional de un pueblo que lo ha pasado muy mal. 

El drama de la Venezuela chavista deberá ser una lección para Venezuela y para toda América Latina. La pregunta de siempre es, ¿cuántas generaciones durará la lección? ¿O cuántos años?

La experiencia nos demuestra que el ser humano tiene gran capacidad para tropezar con la misma piedra y caer en el mismo hoyo una y otra vez. Ahí están Nicaragua, Argentina, Bolivia y probablemente Guatemala, para mencionar solo algunos. 

Por eso, al final, la lección es que la evolución de la humanidad y los grandes cambios toman siglos y generaciones. No se alcanzan en nuestro tiempo de vida. ¿Alivio y resignación? No lo sé.    

La trascendencia de la elección de magistrados de apelaciones.

Uno de los principios de todo sistema republicano es la alternabilidad y no concurrencia en el ejercicio de los cargos públicos. Esto se refiere a la necesidad de utilizar recetas institucionales que permitan que la elección (o designación) de las autoridades de los poderes del Estado no ocurran al unísono.

En el caso de Guatemala, la reforma constitucional de 1993 estableció un sistema concurrente (o al unísono) para la elección presidencial, diputados al Congreso de la República y de alcaldes y corporaciones municipales. Pero dejó la no-concurrencia en el período de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones (cuyos períodos son de cinco años), además de las instituciones de control (Tribunal Supremo Electoral, Fiscal General, Corte de Constitucionalidad, etc.)

Sin embargo, bajo el diseño vigente, cada veinte años (múltiplo de cuatro y cinco) concurren en temporalidad las elecciones de las autoridades de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y resulta que este 2019 es precisamente uno de los años en el que se producirá tal ocurrencia.

A las elecciones generales del pasado 16 junio, en las que se eligió autoridades para el Ejecutivo, Congreso y corporaciones municipales, se suma que antes del 13 de octubre, el Congreso deberá elegir a los 13 magistrados de Corte Suprema de Justicia y los 256 magistrados de salas de apelaciones.

Naturalmente, la atención pública se ha enfocado en las elecciones políticas de Ejecutivo y Congreso. Y los grupos de veeduría social se enfocan particularmente en la elección de magistrados de CSJ.

Sin embargo, quizá la elección más relevante para el futuro de la lucha contra la corrupción es la designación de magistrados de apelaciones. Recordemos. Las salas de apelaciones tienen la competencia para conocer en segunda instancia los procesos establecidos en la ley; además de conocer los recursos de apelación de los autos definitivos y la apelación especial contra los fallos emitidos por los tribunales de sentencia.

O dicho en forma más sencilla, conocen en segunda instancia sobre la mayoría de las resoluciones que emiten los jueces de primera instancia o tribunales de sentencia. Algunos de los ejemplos comunes incluyen recusaciones a jueces contralores o jueces de sentencia; apelaciones relacionadas a autos de procesamiento, apertura a juicio, medidas de coerción o medidas sustitutivas, etc. También conocen apelaciones especiales de sentencias ya emitidas, como seguramente ocurrirá con procesos como IGSS-Pisa, Lago de Amatitlán, etc.

Por tal razón, para los actores interesados en librarse de la acción de la justicia, tomar control de las salas de apelaciones se vuelve el objetivo estratégico para poner fin a la lucha contra la corrupción.

La ruta ha sido clara. La decisión de no renovar el mandato de CICIG generó un marco temporal para el club de los desvelados: más allá de septiembre 2019, que la presentación de casos de alto impacto llegará a su fin. Las acciones de hecho de septiembre 2018 a la fecha han tenido como objetivo evitar que salgan a luz más investigaciones. Pero tomando control de salas de apelaciones se aseguran de que los actores que ya enfrentan proceso penal puedan, por la vía política, incidir en el futuro procesal de sus casos. Para personajes como Otto Pérez, Roxana Baldetti, Juan de Dios Rodríguez, su única esperanza inmediata es que las salas les resulten más amigables a sus causas.

Y así, detrás de la elección presidencial, de las elecciones legislativas o de la misma Corte Suprema de Justicia, la elección de magistrados de apelaciones constituye uno de los procesos estratégicos que determinará si la experiencia 2015-2019 se institucionaliza, o si fue meramente un episodio efímero en la historia de Guatemala.