Falta poco para que se marche la CICIG y el caso Botín Registro de la Propiedad ilustra bien uno de los eventos que más se han instrumentalizado para atacar el trabajo de la Comisión.

Al conocerse que el tribunal de sentencia absolvió al hijo y al hermano del presidente Morales, hay dos voces que se hacen escuchar: quienes aseguran que la sentencia es muestra de un tribunal servil y que ante la salida inminente de la Comisión se han plegado a los intereses más oscuros y la otra, la de quienes afirman que es un triunfo para el estado de Derecho debido a que el problema del hijo y del hermano del presidente fue una persecución política y que el caso era, en el peor de los casos, una “cuestión administrativa”.

Creo que ambas visiones son erróneas. Los primeros por hacer caso omiso del poco tino que tuvo la Comisión en cuanto a la proporcionalidad con la que abordó el caso en contra del hijo y hermano del mandatario. Era claro que de haber sospechas de comisión de un delito, solicitar prisión preventiva e incluso imputar a Samuel Morales por lavado de dinero, parecía un sinsentido.

Pero, por otra parte, los segundos, se equivocan al tratar de minimizar las conductas de los parientes del presidente en el caso que analizamos. No era una simple “cuestión administrativa”.

Aún no conozco la sentencia para emitir una opinión más responsable, pero lo cierto es que el día que se leyó la sentencia se dio a entender que los hechos que la fiscalía y la comisión utilizaron para imputar a los acusados, fueron probados. El asunto fue que, a criterio del tribunal, éstos no constituían delito.

¿De qué hechos hablamos? Concretamente de dos hechos: el primero, que el hijo del presidente presentó una cotización falsa de una empresa que no existía con el objetivo de cumplir con el manual de compras de la institución. El segundo, que el hermano del presidente facilitó las facturas para simular que era su entidad la que prestaba un servicio al Estado.

Claro está: no se trata de un “pecado capital”, pero al menos se les pudo sancionar por falsificación de documentos privados (una pena de uno a tres años) por los hechos antes señalados. El tribunal bien pudo hacer valer el artículo 388 del Código Procesal Penal que establece: “En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella de la acusación o de la del auto de apertura del juicio, o imponer penas mayores o menores que la pedida por el Ministerio Público.” (Y además conforme a expediente 3875-2015 de CC o expediente de casación 937-2017 de CSJ) He ahí el yerro del tribunal.

¿El fallo de la fiscalía y la Comisión? Seamos serios, los hechos imputados tenían una pena tan baja y el impacto social de la conducta cuestionada era de poca importancia que lo mejor era proceder de forma más razonable. Se pudo hacer uso de un mecanismo de desjudicialización que ahorrara tiempo y dinero al Estado y que buscara dar un castigo ejemplar tal como la imposición de una sanción económica por una conducta inapropiada. Era lo suyo.

Todas las instancias tuvieron su cuota de responsabilidad. Lo cierto es que la CICIG se marcha en unos días y nuestros tribunales no dan muestras de ser capaces de resolver de manera imparcial los casos que están en curso.

Si nos quedamos con la discusión “política” en casos como el Botín Registro de la Propiedad, perderemos de vista lo importante. No olvidemos que la cabeza de la estructura de este caso (la señora de León) recibió una irrisoria pena de Q5 mil por cometer supuestamente peculado culposo.

Guatemala y El Salvador tienen una nueva oportunidad. Costa Rica y Panamá la siguen peleando. Honduras en transición. Nicaragua perdida.    

Centro América está formada por un grupo de países con historias y testimonios fuertes, polémicos, con épocas de enormes frustraciones y con años de grandes esperanzas. En los últimos 80 años hemos vivido dictaduras militares, momentos de democracia, autocracias contagiadas con el Socialismo del Siglo XXI y bandas criminales organizadas como partidos políticos que buscan el poder para convertir gobiernos en botín y países en narco Estados o Estados criminales. 

Somos una región de países pequeños sin visión de países grandes y con élites provincianas y acomodadas. Nuestras economías no crecen suficiente y nuestros dramas sociales y políticos desbordan nuestra capacidad para encontrar consensos y tomar las decisiones que logren resolver nuestros problemas desde la raíz. 

Alcanzar el éxito en la región pasa por la creación de la Comunidad Económica de Centro América. Formar un mercado grande con economías de escala y buena infraestructura. Hacer de nuestros países un territorio libre y sin fronteras de ninguna clase, con gobiernos democráticos y republicanos, y con Estados de Derechos potentes e inquebrantables.

La clave sigue siendo la misma: Democracia, libertad, respeto a la ley y capacidad gerencial y política para gobernarnos. Y con la masa crítica para lograr tracción y crecimiento.

El Salvador tiene un nuevo gobierno que intenta construir una nueva cultura política. Si respeta las reglas de la democracia y toma decisiones estratégicas, puede recuperarse y dar la sorpresa. 

Después de varios meses de un proceso electoral viciado e inventado para favorecer a un partido político cuestionado, que finalmente perdió la elección; y contra toda expectativa, Guatemala tiene hoy presidente electo y una nueva oportunidad. 

En cuatro países de la región necesitamos rescatar y consolidar nuestras democracias. Nos toca aprender a practicar la política desde los principios y los valores, no de los intereses y la ambición; y desde el respeto y el consenso, no de la trampa y el conflicto.

Este proceso de aprendizaje debe ser profundo; y de renovación y cambio político.

Los ciudadanos, en especial los jóvenes de la región deben rescatar una ilusión entusiasta por la política y por la democracia. Pues, a pesar de todo; a pesar de las decepciones, de las faltas, los vacíos y las traiciones; y como lo confirman la historia y la estadística, el desarrollo y el éxito de los pueblos tiene nombre y apellido; y es Democracia liberal y republicana con Estado de Derecho.

Estas palabras han costado siglos, generaciones, sacrificios, dolores y sangre a quienes las han hecho realidad. Por eso, no podemos claudicar, no debemos desmayar. 

Construir una región civilizada, democrática, republicana y moderna necesita carácter, determinación y constancia.    

Por eso es tan importante el compromiso decidido de los ciudadanos para participar en los cimientos de nuevos países; naciones donde la corrupción y la impunidad sean cosa del pasado. Países donde la justicia y el Estado de Derecho tienen la preeminencia indispensable y el respeto indiscutible. Naciones en las que somos capaces de alcanzar acuerdos suficientes que nos permitan avanzar y resolver. 

Para nadie es secreto la devastación institucional acumulada y creciente que viven nuestras democracias, y la amenaza que esto representa para el Estado de Derecho y para la libertad de la región. En Nicaragua, por el momento, hay una dictadura. 

Estados sin libertad, sin democracia y sin Estado de Derecho son Estados fracasados y condenados a la oscuridad. 

Los ciudadanos de Centro América tienen la palabra.

Lo visto, visto está

La cercanía del 3 de septiembre invita a reflexionar sobre las lecciones que dejó esta experiencia tan sui géneris que nos ha tocado vivir a los guatemaltecos.  

Lo que inició como un experimento de cooperación multilateral se ha convertido en un referente mundial de apoyo a países con débil institucionalidad. Hoy en día, los gobiernos de El Salvador y Ecuador buscan incorporar modelos de cooperación multilateral para combatir la corrupción. Años atrás, Moldova y algunos países del occidente africano también han considerado la idea.

Pero el mensaje para el multilateralismo quizá sea mayor: en un contexto mundial en el que los conflictos armados tradicionales se hacen menos frecuentes, y en que las nuevas amenazas (corrupción, narcotráfico, terrorismo) germinan en Estados débiles, llegó el momento que Naciones Unidas considere incorporar una especie de “misiones técnicas de apoyo” dentro de sus ámbitos de intervención. Una suerte de “maletines azules” en lugar de los tradicionales cascos y boinas.

Para Guatemala, la experiencia fue traumática. El cuatrienio 2015-2019 trajo consigo un proceso sin precedente de lucha contra la corrupción. Ni las experiencias de Italia en los noventa (las manos limpias), Rumania en 2010-2012 o Brasil del último quinquenio es comparable en volumen, magnitud e intensidad a lo vivido en nuestro país. Más de 70 casos judiciales de alto impacto. Más de 900 imputados por delitos de corrupción.  Expresidentes, exvicepresidentes, candidatos presidenciales, ministros de estado, secretarios de la Presidencia, diputados, magistrados, jueces, superintendentes de SAT, empresarios, contratistas, medios de comunicación, abogados.

Los ámbitos de la corrupción desnudada también son diversos. La construcción de obra gris, los servicios de salud pública, las aduanas, la administración de los puertos, el pago de deuda de arrastre, la proveeduría de la seguridad social, la devolución del crédito fiscal, las obras en las municipalidades, leyes a la medida, en general, casi todo ámbito de la administración pública queda sujeto a una mera transacción: un soborno asegura el ansiado contrato o gestión en el Estado.

Pero el botín no sólo es la proveeduría o la gestión. También la contratación de personal. Diputados que influyen en ministros para contratar a sus huestes; plazas fantasmas para amigos y correligionarios para conseguirles un “ingreso” con fondos públicos. O la búsqueda de sobresueldos con los fondos de esas plazas fantasma.

Las campañas políticas manchadas por la corrupción. Dinero del crimen organizado utilizado para pagar asambleas. Fondos provenientes de sobornos o de recursos sustraídos del Estado que sirven para pagar futuras campañas y así perpetuar el ciclo de poder-corrupción. Dinero de campaña que al manejarse sin transparencia únicamente nutre el peculio de candidatos y autoridades partidarias.

Enemigos políticos, adversarios y partidos que se mataron entre sí por el poder, vinculados por una misma línea de relaciones de corrupción, por los mismos financistas o las mismas prácticas corruptas.

Y todo este sistema de saqueo se corona con un sistema de justicia diseñado para la impunidad. Magistrados de altas cortes que influyen en juzgados de menor grado. Comisiones de Postulación en el que grupos de interés determinan quiénes serán los candidatos a las altas cortes a cambio de beneficios para los operadores. Intermediarios que se jactan de “controlar” cortes y juzgados para beneficiar a una determinada parte procesal. La impunidad es el hermano gemelo de la corrupción.

Esa es la realidad de un Estado capturado. Donde lo público está al servicio de la corrupción, para la corrupción y por la corrupción. Quizá en un futuro próximo veamos la reacción. Y los avances de estos años caigan uno por uno. Pero la verdad de un sistema patrimonialista en su perfección, con sus protagonistas y cómplices, ha quedado revelada. Y quizá lo que en algunos círculos no gustó fue que por primera vez alguien se atrevió a gritar que “el rey camina desnudo”.

La experiencia reciente también permitió encender la luz en medio de ese jolgorio sombrío, y permitió que todos se vieran - sin máscaras- los unos a los otros.  Pero quizá más importante, este cuatrienio generó una segmentación silenciosa esta sociedad: entre quienes durmieron tranquilos todos estos años, y aquellos que -a contrario sensu- temían la llegada del amanecer.

Y la relación entre participación y posibles resultados electorales.

A tres semanas de la segunda vuelta electoral, la encuesta de opinión pública de la Fundación Libertad y Desarrollo, realizada por CID-Gallup, arroja algunas luces sobre el escenario político.

Vale siempre recordar que las encuestas son fotografías del momento, y no son instrumentos “predictivos”. En este caso, la fotografía corresponde al período del 9 al 14 de julio, fechas en las que se procedió a levantar los datos de la medición.

La encuesta arroja un resultado que pareció sorpresivo para algunos: si la segunda vuelta fuera hoy, Alejandro Giammattei obtendría 40.6% de los votos válidos; Sandra Torres obtendría 33.4% de los votos; mientras que un 6.5% votaría nulo y 19.4% dejaría su voto en blanco.

Esta tendencia no es muy diferente a lo que las encuestas mostraban en junio pasado, previo a la primera vuelta, cuando se corrían escenarios de posibles segundas vueltas. Por ejemplo, la encuesta de CID-Gallup y Fundación Libertad y Desarrollo señalaba que en caso de producirse un balotaje entre Giammattei y Torres, el candidato del partido Vamos obtendría 38% de votos válidos, mientras la candidata de la UNE obtendría 34%. Tendencia similar arrojó la medición de Prensa Libre y ProDatos, que ubicaban a Giammattei con 54% frente a un 34% de Torres en una eventual segunda vuelta.

El resultado genera disonancia cognitiva, puesto que la intuición parecería indicar que Torres y la UNE poseen una estructura partidaria mucho más sólida y con mayor penetración territorial. Además, que el resultado de los verdes en Primera Vuelta, fue muy superior al desempeño de Giammattei y Vamos.

Sin embargo, el enemigo de Torres -y la razón de por qué en el balotaje Giammattei  le supera en intención de voto- es la opinión negativa de la candidata. La encuesta reciente de FLD y CID-Gallup muestran que un 25.2% de personas tiene una “mala” opinión de Sandra Torres; mientras un 12.1% tiene una opinión “muy mala” de ella. Es decir, 37% de negativos. Frente a ello, Giammattei tiene 11.7% de negativos (10.9% de opinión “mala” y 0.82% de opinión “muy mala”).

Esos negativos dan lugar a lo que se conoce como el “anti-voto”, el cual se refiere al rechazo que genera un candidato entre el electorado. La teoría indica que en casos de balotaje, cuando la motivación del elector es votar por el “menos malo”, el anti-voto se convierte en una motivación para votar al candidato menos rechazado. Y la encuesta arroja entonces que los negativos de Torres son tan altos, que esto invita a un porcentaje importante del electorado a votar por Giammattei.

¿Implica esto que Giammattei es el favorito entonces para ganar la Presidencia?

No necesariamente. Un dato que también evidencia la encuesta es la certeza potencial del voto. Mientras la mayor parte del electorado de Torres asegura es casi 100% seguro que irá a votar, el votante de Giammattei no es tan sólido, ya que un segmento relevante de su electorado no está 100% seguro de ir a votar.

Lo anterior se corrobora con el desglose demográfico de los votantes. Mientras Torres tiene su fortaleza entre mujeres, del área rural, de mayor rango de edad y menor nivel educativo y de ingresos; Giammattei tiene su fortaleza entre electorado urbano (tanto metropolitano como de ciudades intermedias), así como jóvenes y personas con mayor nivel educativo. Estos segmentos tienen también una característica de votación: las mujeres rurales, pobres y menos educadas tienden a ser más leales y disciplinadas en su voto. Mientras el votante joven, urbano y de más nivel de estudios tienden a ser más volátiles en su participación.

Lo anterior permite plantear una hipótesis sobre la relación entre participación y resultados electorales. Si hay alta participación en la segunda vuelta, esto favorecería a Giammattei, ya que implicaría que un porcentaje de sus votantes “volátiles” asistieron a las urnas. En cambio, si la participación es baja, la beneficiaria sería Sandra Torres, puesto que esto implicaría que de los “pocos” votantes, la proporción de electores leales de Torres es más alta.

En pocas palabras, pareciera que el resultado de la segunda vuelta dependerá entonces del nivel de participación, y particularmente, de cómo se comporta ese segmento que hoy se muestra más volátil.

Una cronología de las vinculaciones existentes en un Estado capturado.

Corría el año 2014. FECI y CICIG le seguían la pista a una red dedicada a la defraudación aduanera. Mediante interceptaciones telefónicas, armaban un rompecabezas sobre la integración de una compleja estructura criminal. Desde tramitadores, vistas de aduanas, pasando por supervisores, gerentes, intendentes, hasta el mismo superintendente. Todos, coordinados en un esfuerzo para generar riquezas ilícitas, facilitando la defraudación de impuestos en importaciones aduaneras.

La investigación determinó también que existía una estructura externa, integrada por particulares que, desde fuera del poder público, incidían en el nombramiento de funcionarios de SAT para servir los intereses de la red. El personaje que actuaba como enlace entre funcionarios y los particulares era Giovanni Marroquín Navas, cuya línea telefónica fue interceptada a partir de noviembre 2014.

Las escuchas de Marroquín permitieron identificar la trama para nombrar a Omar Franco como Superintendente de SAT, o los esfuerzos por conseguir el apoyo de Pérez Molina para nombrar un Gerente de Recursos Humanos afín a la red. Dichos episodios sustentaron la judicialización del Caso La Línea, aquel 16 de abril de 2015, y la captura de Marroquín y una veintena de personas más. Y meses más adelante, llevaría también a la captura de Roxana Baldetti y la caída de Otto Pérez Molina.

Pero eso no se quedó ahí. El análisis de las interceptaciones de Marroquín Navas evidenció que este también se dedicaba a realizar otros “trámites” tributarios. Concretamente, a entorpecer casos administrativos y penales por posible defraudación, además de agilizar devoluciones de crédito fiscal. Todo ello, mediante un proceso corrupto de pago de sobornos y cobro de comisiones ilícitas.

Esta línea de investigación permitió presentar el Caso Aceros de Guatemala en febrero 2016.

Pero esto tampoco se quedó ahí. La información recabada en los allanamientos de La Línea y del Caso Aceros, el examen financiero sobre los movimientos bancarios de Marroquín, y el análisis de más interceptaciones telefónicas de su línea, permitió identificar que la red dedicada a la tramitación de expedientes de crédito fiscal era de mayores dimensiones.

Esta ampliación de la investigación permitió que en febrero 2018 se presentara el Caso Traficantes de Influencias, en el cual se descubrió que personajes como el ex vicepresidenciable de la UNE, Mario Leal Castillo, y el diputado Felipe Alejos, captaban clientes que luego eran referidos con la estructura de Marroquín Navas. Este último mantenía el mismo rol de siempre: ser el enlace con la SAT, cobrar comisiones y trasladar los beneficios económicos indebidos a los funcionarios públicos.

El análisis financiero dentro del Caso Traficantes de Influencias permitió identificar un grupo de sociedades utilizadas por Giovanni Marroquín para captar las comisiones y pagar los sobornos. Una de ellas era “Ingeniería Integral S.A.”, administrada por su hijo, Marlon. El análisis de los movimientos financieros reveló que dicha empresa transfirió recursos a otra sociedad anónima en 2015: Maariv S.A. Dichas transferencias ocurrían a pesar de que ambas carecían de relación comercial alguna.

Una búsqueda en Google de Maariv S.A. arroja varios resultados de la página del Tribunal Supremo Electoral. Sí. Porque Maariv S.A. aparece registrada como financista de la campaña UNE de 2015. 

La investigación sobre financiamiento de la campaña UNE 2015, que se conducía paralelamente a la trama anterior, permitió entender por qué Maariv recibía fondos de una sociedad vinculada a Marroquín Navas. Sencillo. Era una empresa de fachada utilizada para captar fondos e inyectarlos al partido. Igual que Promotora de Recursos Habitacionales (PROHABSA), vinculada al vice presidenciable Leal, o el Grupo Inmobiliario San Felipe, vinculado al diputado Julio Ixcamey.

Maariv, Prohabsa y San Felipe son típicos ejemplos de sociedades de cartón utilizadas para captar recursos -tanto lícitos aportados de forma anónima, o fondos provenientes de corrupción- con el fin de financiar campañas. Similar a lo que ocurría con el Grupo Estrella y el financiamiento del Patriota; o el conglomerado de empresas de fachada de Manuel Baldizón utilizadas para la campaña de Líder.

Giovanni Marroquín es el centro neurálgico que permite en una misma red de relaciones, conectar La Línea, a Pérez Molina y Baldetti, algunos empresarios, con Felipe Alejos y la UNE. Personajes como este, alrededor de quienes se configuran nodos de relaciones de negocios que trascienden partidos y sectores, sobran. Algunos ya están en prisión, pero otros muchos, siguen operando en la impunidad.

Y así, quien diría que tirando de la misma cuerda que permitió dar con La Línea y que llevaría a la caída de Pérez Molina y Baldetti en 2015, permitiría dar con el financiamiento de quienes en el papel eran sus némesis políticos: la UNE y Sandra Torres. Todo un script digno de una novela best seller, una serie de Netflix, o una de esas historias enredadas propias de Quentin Tarantino o Christopher Nolan.

Pero en realidad, ese hilo conductor es el fiel reflejo de la captura del Estado. Un sistema político que sirve para satisfacer intereses de grupos criminales sin importar banderas o ideologías. Y la lógica que, para participar de esa juerga de negocios corruptos, hay que invertir en campañas electorales.

Esta es precisamente la razón por la que creo que la FECI y CICIG se les debe permitir seguir operando, incluso más allá de septiembre 2019. Porque aún hay muchas cuerdas pendientes de las cuales hay que tirar. Pero esa es la misma razón por la que muchos quieren evitarlo a toda costa: si de la misma cuerda de la que cayó el Patriota, hoy sale golpeada la UNE, ¿qué no habrá en los otros extremos de esas cuerdas aún pendientes de tirar?

Columna originalmente publicada en El Periódico. 

Lo visto, visto está

La cercanía del 3 de septiembre invita a reflexionar sobre las lecciones que dejó esta experiencia tan sui géneris que nos ha tocado vivir a los guatemaltecos.  

Lo que inició como un experimento de cooperación multilateral se ha convertido en un referente mundial de apoyo a países con débil institucionalidad. Hoy en día, los gobiernos de El Salvador y Ecuador buscan incorporar modelos de cooperación multilateral para combatir la corrupción. Años atrás, Moldova y algunos países del occidente africano también han considerado la idea.

Pero el mensaje para el multilateralismo quizá sea mayor: en un contexto mundial en el que los conflictos armados tradicionales se hacen menos frecuentes, y en que las nuevas amenazas (corrupción, narcotráfico, terrorismo) germinan en Estados débiles, llegó el momento que Naciones Unidas considere incorporar una especie de “misiones técnicas de apoyo” dentro de sus ámbitos de intervención. Una suerte de “maletines azules” en lugar de los tradicionales cascos y boinas.

Para Guatemala, la experiencia fue traumática. El cuatrienio 2015-2019 trajo consigo un proceso sin precedente de lucha contra la corrupción. Ni las experiencias de Italia en los noventa (las manos limpias), Rumania en 2010-2012 o Brasil del último quinquenio es comparable en volumen, magnitud e intensidad a lo vivido en nuestro país. Más de 70 casos judiciales de alto impacto. Más de 900 imputados por delitos de corrupción.  Expresidentes, exvicepresidentes, candidatos presidenciales, ministros de estado, secretarios de la Presidencia, diputados, magistrados, jueces, superintendentes de SAT, empresarios, contratistas, medios de comunicación, abogados.

Los ámbitos de la corrupción desnudada también son diversos. La construcción de obra gris, los servicios de salud pública, las aduanas, la administración de los puertos, el pago de deuda de arrastre, la proveeduría de la seguridad social, la devolución del crédito fiscal, las obras en las municipalidades, leyes a la medida, en general, casi todo ámbito de la administración pública queda sujeto a una mera transacción: un soborno asegura el ansiado contrato o gestión en el Estado.

Pero el botín no sólo es la proveeduría o la gestión. También la contratación de personal. Diputados que influyen en ministros para contratar a sus huestes; plazas fantasmas para amigos y correligionarios para conseguirles un “ingreso” con fondos públicos. O la búsqueda de sobresueldos con los fondos de esas plazas fantasma.

Las campañas políticas manchadas por la corrupción. Dinero del crimen organizado utilizado para pagar asambleas. Fondos provenientes de sobornos o de recursos sustraídos del Estado que sirven para pagar futuras campañas y así perpetuar el ciclo de poder-corrupción. Dinero de campaña que al manejarse sin transparencia únicamente nutre el peculio de candidatos y autoridades partidarias.

Enemigos políticos, adversarios y partidos que se mataron entre sí por el poder, vinculados por una misma línea de relaciones de corrupción, por los mismos financistas o las mismas prácticas corruptas.

Y todo este sistema de saqueo se corona con un sistema de justicia diseñado para la impunidad. Magistrados de altas cortes que influyen en juzgados de menor grado. Comisiones de Postulación en el que grupos de interés determinan quiénes serán los candidatos a las altas cortes a cambio de beneficios para los operadores. Intermediarios que se jactan de “controlar” cortes y juzgados para beneficiar a una determinada parte procesal. La impunidad es el hermano gemelo de la corrupción.

Esa es la realidad de un Estado capturado. Donde lo público está al servicio de la corrupción, para la corrupción y por la corrupción. Quizá en un futuro próximo veamos la reacción. Y los avances de estos años caigan uno por uno. Pero la verdad de un sistema patrimonialista en su perfección, con sus protagonistas y cómplices, ha quedado revelada. Y quizá lo que en algunos círculos no gustó fue que por primera vez alguien se atrevió a gritar que “el rey camina desnudo”.

La experiencia reciente también permitió encender la luz en medio de ese jolgorio sombrío, y permitió que todos se vieran - sin máscaras- los unos a los otros.  Pero quizá más importante, este cuatrienio generó una segmentación silenciosa esta sociedad: entre quienes durmieron tranquilos todos estos años, y aquellos que -a contrario sensu- temían la llegada del amanecer.

Guatemala y El Salvador tienen una nueva oportunidad. Costa Rica y Panamá la siguen peleando. Honduras en transición. Nicaragua perdida.    

Centro América está formada por un grupo de países con historias y testimonios fuertes, polémicos, con épocas de enormes frustraciones y con años de grandes esperanzas. En los últimos 80 años hemos vivido dictaduras militares, momentos de democracia, autocracias contagiadas con el Socialismo del Siglo XXI y bandas criminales organizadas como partidos políticos que buscan el poder para convertir gobiernos en botín y países en narco Estados o Estados criminales. 

Somos una región de países pequeños sin visión de países grandes y con élites provincianas y acomodadas. Nuestras economías no crecen suficiente y nuestros dramas sociales y políticos desbordan nuestra capacidad para encontrar consensos y tomar las decisiones que logren resolver nuestros problemas desde la raíz. 

Alcanzar el éxito en la región pasa por la creación de la Comunidad Económica de Centro América. Formar un mercado grande con economías de escala y buena infraestructura. Hacer de nuestros países un territorio libre y sin fronteras de ninguna clase, con gobiernos democráticos y republicanos, y con Estados de Derechos potentes e inquebrantables.

La clave sigue siendo la misma: Democracia, libertad, respeto a la ley y capacidad gerencial y política para gobernarnos. Y con la masa crítica para lograr tracción y crecimiento.

El Salvador tiene un nuevo gobierno que intenta construir una nueva cultura política. Si respeta las reglas de la democracia y toma decisiones estratégicas, puede recuperarse y dar la sorpresa. 

Después de varios meses de un proceso electoral viciado e inventado para favorecer a un partido político cuestionado, que finalmente perdió la elección; y contra toda expectativa, Guatemala tiene hoy presidente electo y una nueva oportunidad. 

En cuatro países de la región necesitamos rescatar y consolidar nuestras democracias. Nos toca aprender a practicar la política desde los principios y los valores, no de los intereses y la ambición; y desde el respeto y el consenso, no de la trampa y el conflicto.

Este proceso de aprendizaje debe ser profundo; y de renovación y cambio político.

Los ciudadanos, en especial los jóvenes de la región deben rescatar una ilusión entusiasta por la política y por la democracia. Pues, a pesar de todo; a pesar de las decepciones, de las faltas, los vacíos y las traiciones; y como lo confirman la historia y la estadística, el desarrollo y el éxito de los pueblos tiene nombre y apellido; y es Democracia liberal y republicana con Estado de Derecho.

Estas palabras han costado siglos, generaciones, sacrificios, dolores y sangre a quienes las han hecho realidad. Por eso, no podemos claudicar, no debemos desmayar. 

Construir una región civilizada, democrática, republicana y moderna necesita carácter, determinación y constancia.    

Por eso es tan importante el compromiso decidido de los ciudadanos para participar en los cimientos de nuevos países; naciones donde la corrupción y la impunidad sean cosa del pasado. Países donde la justicia y el Estado de Derecho tienen la preeminencia indispensable y el respeto indiscutible. Naciones en las que somos capaces de alcanzar acuerdos suficientes que nos permitan avanzar y resolver. 

Para nadie es secreto la devastación institucional acumulada y creciente que viven nuestras democracias, y la amenaza que esto representa para el Estado de Derecho y para la libertad de la región. En Nicaragua, por el momento, hay una dictadura. 

Estados sin libertad, sin democracia y sin Estado de Derecho son Estados fracasados y condenados a la oscuridad. 

Los ciudadanos de Centro América tienen la palabra.

Falta poco para que se marche la CICIG y el caso Botín Registro de la Propiedad ilustra bien uno de los eventos que más se han instrumentalizado para atacar el trabajo de la Comisión.

Al conocerse que el tribunal de sentencia absolvió al hijo y al hermano del presidente Morales, hay dos voces que se hacen escuchar: quienes aseguran que la sentencia es muestra de un tribunal servil y que ante la salida inminente de la Comisión se han plegado a los intereses más oscuros y la otra, la de quienes afirman que es un triunfo para el estado de Derecho debido a que el problema del hijo y del hermano del presidente fue una persecución política y que el caso era, en el peor de los casos, una “cuestión administrativa”.

Creo que ambas visiones son erróneas. Los primeros por hacer caso omiso del poco tino que tuvo la Comisión en cuanto a la proporcionalidad con la que abordó el caso en contra del hijo y hermano del mandatario. Era claro que de haber sospechas de comisión de un delito, solicitar prisión preventiva e incluso imputar a Samuel Morales por lavado de dinero, parecía un sinsentido.

Pero, por otra parte, los segundos, se equivocan al tratar de minimizar las conductas de los parientes del presidente en el caso que analizamos. No era una simple “cuestión administrativa”.

Aún no conozco la sentencia para emitir una opinión más responsable, pero lo cierto es que el día que se leyó la sentencia se dio a entender que los hechos que la fiscalía y la comisión utilizaron para imputar a los acusados, fueron probados. El asunto fue que, a criterio del tribunal, éstos no constituían delito.

¿De qué hechos hablamos? Concretamente de dos hechos: el primero, que el hijo del presidente presentó una cotización falsa de una empresa que no existía con el objetivo de cumplir con el manual de compras de la institución. El segundo, que el hermano del presidente facilitó las facturas para simular que era su entidad la que prestaba un servicio al Estado.

Claro está: no se trata de un “pecado capital”, pero al menos se les pudo sancionar por falsificación de documentos privados (una pena de uno a tres años) por los hechos antes señalados. El tribunal bien pudo hacer valer el artículo 388 del Código Procesal Penal que establece: “En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella de la acusación o de la del auto de apertura del juicio, o imponer penas mayores o menores que la pedida por el Ministerio Público.” (Y además conforme a expediente 3875-2015 de CC o expediente de casación 937-2017 de CSJ) He ahí el yerro del tribunal.

¿El fallo de la fiscalía y la Comisión? Seamos serios, los hechos imputados tenían una pena tan baja y el impacto social de la conducta cuestionada era de poca importancia que lo mejor era proceder de forma más razonable. Se pudo hacer uso de un mecanismo de desjudicialización que ahorrara tiempo y dinero al Estado y que buscara dar un castigo ejemplar tal como la imposición de una sanción económica por una conducta inapropiada. Era lo suyo.

Todas las instancias tuvieron su cuota de responsabilidad. Lo cierto es que la CICIG se marcha en unos días y nuestros tribunales no dan muestras de ser capaces de resolver de manera imparcial los casos que están en curso.

Si nos quedamos con la discusión “política” en casos como el Botín Registro de la Propiedad, perderemos de vista lo importante. No olvidemos que la cabeza de la estructura de este caso (la señora de León) recibió una irrisoria pena de Q5 mil por cometer supuestamente peculado culposo.

Dinámicas políticas en el Ejecutivo y el Legislativo.

La reforma a la Ley Electoral del año 2016 introdujo un cambio normativo del cual poco se ha discutido: la modificación del calendario electoral. Entre 2007 y 2015, la primera vuelta ocurría la primera semana de septiembre; y la segunda vuelta ocurría entre los últimos días de octubre y primeros de noviembre. Es decir, el período de transición y cambio de mando tenía una duración de dos meses (de principios de noviembre al 14 de enero del año siguiente).

Ahora, con la modificación aprobada en 2016, la primera vuelta se adelantó a mediados de junio; y la segunda vuelta se corrió para mediados de agosto. Mientras que la transmisión de mando quedó el 14 de enero. Lo anterior implica que el proceso de transición pasará de dos a cinco meses para el Organismo Ejecutivo; mientras que para alcaldes y diputados (electos el pasado 11 de junio), la transición será de siete meses.

El incremento en el período de transición genera condiciones atípicas en el escenario político. Y quizá para generar un parámetro de comparación conviene voltear a ver a México, país en el que también transcurren cinco meses entre la elección (1 de julio) y la toma de posesión (1 de diciembre).

Una transición extensa genera una serie de dinámicas. La primera, es la erosión del poder del presidente saliente. Es normal que una vez hay gobernante electo, la atención mediática y de los actores relevantes migra hacia el gobierno entrante. De igual forma, los actores políticos dejan de prestar la atención al gobernante saliente al tiempo en que buscan congraciarse con los actores que asumirán el poder.  En pocas palabras, se cumple aquella frase de “muerto el rey viva el rey”.

Pero, por otro lado, para el gobernante que asumirá el poder no todo es color de rosas. Sus decisiones, nombramientos y actuaciones empiezan a estar sujetos a mayor escrutinio. Si su manejo político y su comunicación es adecuado, esto le puede generar fortalecer el capital político previo a su toma de posesión. Pero, si por el contrario el manejo político y de comunicación no es el adecuado, o si las decisiones generan rechazo ciudadano, se puede generar un desgaste anticipado al nuevo gobierno.

Es decir, la transición genera un escenario difícil de proyectar. ¿Qué tanto se erosionará el poder de Jimmy Morales? ¿Qué tanto puede ampliar su capital político Alejandro Giammattei previo a la toma de posesión? ¿Cómo se manejará la transición? ¿Quién saldrá fortalecido o perjudicado de este proceso?  ¿Cómo operará la relación gobierno saliente y gobierno entrante en el proceso de transición? Todas estas preguntas únicamente se resuelven una vez adentrado ese proceso.

Pero esto no se queda ahí. Agreguemos también la transición legislativa. Prácticamente todo el segundo período ordinario de sesiones del Congreso (1 de agosto a 30 de noviembre) se realizará en esta fase de transición política. A ello sumemos que, dada la volatilidad del sistema de partidos, hoy hay 108 legisladores que no se reeligieron. Además, hay una recomposición del balance de fuerzas en la cual el partido oficial -FCN Nación- y algunos de sus aliados -TODOS y MR- quedaron muy debilitados de cara a la siguiente legislatura. Mientras que la UNE, que hoy es principal fuerza de oposición, tiene la mayoría en el siguiente Congreso; pero al mismo tiempo, estará más enfocado en pelear su supervivencia que en dictar agenda política.

Sólo esas condiciones generan un escenario de orfandad política para la legislatura saliente. Periodo en el cual resulta muy difícil proyectar cómo operarán las correlaciones de fuerzas.

¿La alianza oficialista que hoy tiene mayoría en el Congreso buscará aprobarle un Presupuesto 2020 amigable al nuevo Gobierno? ¿Qué tanta capacidad de oposición tendrá la UNE en este contexto? ¿Qué acuerdos pueden gestarse de cara a la elección de cortes? Todas estas preguntas, al igual que en el caso de la transición presidencial, se irán resolviendo sobre la marcha. Lo cierto, es que por cualquier frente es evidente que estos cinco meses de transición atraerán incertidumbre.

Acabó un proceso accidentado y lleno de datos interesantes que hicieron de esta elección una muy particular.

Sobre las elecciones en general

En primer lugar, estrenamos nuevas reglas electorales y por primera vez el acceso a los medios de comunicación no fue un factor clave. En segundo lugar, la descalificación de cinco candidatos presidenciales marcó profundamente el tono de la primera vuelta. Jamás había ocurrido tal cosa en nuestra historia democrática y peor aun si tenemos en cuenta que dos de las descalificadas (Zury Ríos y Thelma Aldana) sumaban la intención de voto de 1 de cada 4 electores de acuerdo a las encuestas de abril.

Por otra parte, se vio un distanciamiento mayor entre las estructuras locales y los candidatos presidenciales. Si en 2015 Jimmy Morales ganaba la elección con un partido que no ganó una sola alcaldía, en 2019 Alejandro Giammattei gana la presidencia y su partido obtiene apenas 29 alcaldías lo cual equivale al 8.5% de las alcaldías de todo el país.

La UNE fue el “LIDER” de esta elección. Hace 4 años el partido de Baldizón conquistaba 130 alcaldías, equivalentes al 39% de corporaciones municipales del país, pero en aquel entonces la UNE les ganó el boleto a segunda vuelta. Ahora, la UNE ganó 108 alcaldías, cerca de un tercio de las alcaldías del país, pero no fue capaz de ganar la elección presidencial. El vínculo alcalde-diputado distrital se mantiene, pero el vínculo entre líderes locales y candidatos presidenciales parece importar cada vez menos.

Los votos nulos y en blanco: el segundo lugar en primera vuelta

No deja de llamar la atención que es la primera vez en nuestra historia democrática que los votos en blanco y votos nulos, como porcentaje de los votos válidos, suman el segundo lugar en la elección presidencial. En primera vuelta, Sandra Torres sumó el equivalente al 25.5% de los votos válidos y los votos nulos y en blanco sumaron el 15% en tanto que Alejandro Giammattei sumó el 14%.

Por supuesto que es discutible afirmar que todos los votos en blanco y, especialmente los votos nulos, muestran rechazo. Entre los votos nulos hay votos que se anulan por «error» del votante. En esta elección despertó curiosidad el hecho de que el voto nulo tendría el efecto de repetir las elecciones si obtenía más del 50% del total de votos válidamente emitidos.

Aunque para ser justos, los votantes no lo tenían muy claro. De acuerdo con la encuesta de Prensa Libre publicada en junio de este año, el 29% de los ciudadanos creía que los votos nulos no tenían valor y un 28% dijo no saber nada al respecto. Pero también es verdad que más del 74% pensaba que una boleta en blanco era equivalente a un voto nulo, aunque no es así. De modo que esos votos nulos y en blanco, algo nos dicen del malestar de los votantes.

La remontada más grande y la caída de la participación más grande en un balotaje

Otra lección que nos deja esta elección es el enorme antivoto de Sandra Torres. Las encuestas de Fundación Libertad y Desarrollo y Prensa Libre colocaban el antivoto de Torres entre un 34% y 54% respectivamente.

El balotaje demostró el rechazo: por primera vez desde la elección de 1990, el candidato que ocupó el segundo lugar en primera vuelta consiguió ganar la elección. Pero más impactante aún: fue el crecimiento más grande, en términos absolutos, de un candidato de una primera a una segunda vuelta. El voto a favor de Alejandro Giammattei creció un 211%. En cambio, los votos a favor de Sandra Torres únicamente crecieron un 23%, el tercer peor crecimiento en las nueve elecciones presidenciales de nuestra era democrática.

Se habló mucho del abstencionismo en la segunda vuelta y ciertamente fue la segunda tasa de abstencionismo más alta en las nueve elecciones presidenciales desde 1985. Sin embargo, más preocupante es aún el hecho de que fue la elección donde más cayó la participación entre la primera y la segunda vuelta: cayó un 19.5%. Hubo departamentos como Huehuetenango donde el abstencionismo alcanzó casi el 70% en segunda vuelta.

Un congreso atípico

Las elecciones legislativas también nos dejan algunos datos interesantes. Nos queda un congreso fragmentado con 19 bancadas, la fragmentación más alta de nuestra era democrática. También cayó la tasa de diputados reelectos.

Si no tomamos en cuenta las elecciones legislativas del año 1994, que ocurrieron post reforma constitucional y post serranazo que disolvieron anticipadamente el Congreso, esta es la segunda tasa más baja de diputados reelectos con un 31.65%. Se reeligieron únicamente 50 diputados de los 158 que había la legislatura pasada. La tasa más baja de reelección desde 1985 ocurrió en las elecciones de 1990 cuando únicamente se reeligieron 23 de los 100 diputados que conformaban la primera legislatura lo cual equivale a un 23% de reelectos.

El partido oficial la tendrá difícil en el legislativo. Obtuvo 17 escaños, lo cual equivale al 11% del total de escaños en el Congreso, es la segunda “bancada oficial” más baja de la historia democrática y supera únicamente al FCN Nación en las elecciones pasadas cuando obtuvieron únicamente 11 escaños equivalentes al 7% de asientos totales. La gran diferencia es que el FCN Nación salió de compras y acabó con una bancada de 36 diputados, equivalente al 22.5% de diputados.

Ahora el transfuguismo no está permitido y aquellos diputados que renuncien a su bloque legislativo quedan como diputados de segunda categoría sin poder integrar Junta Directiva ni presidir comisiones de trabajo. Veremos cómo se las ingenia el partido de Alejandro Giammattei para navegar en ese contexto con estas reglas.