Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, tiene 39 años. Es uno de los primeros presidentes  “millenial”. Desde que asumió el poder el 1 de de junio de 2019, ha sorprendido a muchos, pero no precisamente por las mejores razones. En su discurso de toma de posesión aseguró: “nuestro país (refiriéndose a El Salvador) es como un niño enfermo, nos toca ahora a todos cuidarlo, nos toca a todos tomar medicina amarga, sufrir un poco de dolor”. Una clara y evidente referencia a la visión paternalista de los estados latinoamericanos para con sus ciudadanos. 

Desde ahí -y aún antes, en su campaña electoral- se empezaban a hacer evidentes los síntomas de su populismo y lo que sería un complicado camino para la democracia en El Salvador. En 2019 fueron muchos los escándalos que acompañaron su primer año de gobierno. Pasaron poco más de 6 meses desde su toma de posesión, cuando Bukele ordenó al Ejército salvadoreño irrumpir en la Asamblea Legislativa para presionar la aprobación de financiamiento para su plan de seguridad y no siendo suficiente, se sentó en la silla del presidente de un poder ajeno al suyo, violando el principio republicano de la división de poderes. Muchos catalogan aquel evento como un intento de golpe de Estado. Ahora se conmemora un año de aquel 9 de febrero, que será recordado como uno de los más desafortunados episodios de la democracia salvadoreña.

Con la pandemia, el discurso autoritario se intensificó. Las medidas sanitarias en El Salvador fueron algunas de las más agresivas en la región.  Una de las características principales de los populistas es que mientras arrebatan las libertades individuales, muchos les aplauden. 

La popularidad de Bukele se ha mantenido en números altos. Una encuesta de Mitofsky en julio de 2020 le concede el primer puesto en el top ranking de mandatarios con un 84% de aprobación. Un ejercicio de CID Gallup en noviembre de 2020 asegura que Bukele es el mejor presidente rankeado en la región con un 90% de aprobación. Todo esto sucede a pesar de que las medidas decretadas por el presidente provocaron la destrucción de 82 mil empleos formales y el PIB en El Salvador se desplomó  8.6% en 2020; sin agregar el componente de los múltiples escándalos de malversación de fondos que surgieron.

El pasado 9 de febrero Bukele viajó a Washington en una visita no oficial. Intentó reunirse con funcionarios del gobierno de Joe Biden, quienes rechazaron sus solicitudes. Algunas fuentes aseguran que el mensaje era un llamado de atención para atender a las normas básicas de la democracia y el Estado de Derecho. Otras, aseguran que se quería evitar que las reuniones fueran utilizadas con fines electorales previo a los comicios que se celebrarán el próximo 28 de febrero cuando serán las elecciones para la Asamblea Legislativa en el El Salvador. Con su partido recién creado, Nuevas Ideas, parece que el “bukelismo” podría tomar control de uno más de los poderes del estado salvadoreño convirtiéndose en la segunda fuerza política en el legislativo. 

En el ambiente político en El Salvador, se puede cortar la tensión con un cuchillo. A un año del 9F, un diputado de oposición del partido Arena solicitó que se aplicara el procedimiento constitucional a Bukele para determinar su incapacidad mental. 

No cabe duda que los salvadoreños, aquellos que no le aplauden, hoy por fin pueden ver la amenaza real, populista y autoritaria del mandatario. ¿Serán las instituciones salvadoreñas lo suficientemente fuertes para contrarrestarlo?

¿Por qué un guatemalteco en Ciudad de Guatemala se atraviesa un semáforo en rojo, conduce por encima del límite de velocidad o deja caer la basura en la calle sin mucha preocupación? ¿por qué un guatemalteco en Los Ángeles o en Chicago no se comporta del mismo modo? La respuesta es sencilla: si un chapín comete esas infracciones en Chicago o Los Ángeles sabe que es altamente probable que lo castiguen.

Esto resume una idea fundamental que planteó el Premio Nobel de Economía, Gary Becker (1930-2014). De acuerdo con el modelo de Becker, un criminal sopesará los “beneficios” de cometer un crimen en función de los costos esperados de su conducta. Dicho esto, ¿cuál es el “costo” de cometer un crimen? El castigo que recibiría el delincuente.

El castigo, sin embargo, depende de dos factores: la probabilidad de que el criminal sea castigado y, en segundo lugar, la severidad del castigo. En Guatemala se estima que la tasa de impunidad alcanza el 97%.

En el modelo de Becker esto explica perfectamente por qué hay altos índices de delincuencia: el costo de cometer un delito en Guatemala es bajísimo. Los delincuentes saben que, casi con total seguridad, saldrán impunes luego de cometer un delito. No interesa que la hipotética pena sea alta porque dado que la probabilidad de recibir un castigo es casi nula.

Por eso la idea de sugerir la pena de muerte como una solución a nuestros problemas es absurda. ¿Cómo resuelve el problema imponer sanciones más severas si la probabilidad de ser castigado sigue siendo baja?

No pretendo convencer a la gente que defiende la pena de muerte en una columna. Lo que sí intento es mostrar que en términos prácticos abrir el debate de la pena de muerte es una pérdida de tiempo. A las personas que defienden la pena de muerte también debería convencerles el argumento: de poco sirve decretar la pena de muerte si la probabilidad de castigo es casi nula.

Por otra parte, aplicar la pena de muerte es inviable por razones legales. Esto lo abordé en esta entrada hace unos años. Lo que debemos hacer es voltear a ver a la solución de fondo: arreglar el sistema de justicia.

De acuerdo con el Global Impunity Index, Guatemala califica como uno de los países con “alta impunidad”, lo cual confirma la tesis de que es la impunidad la causa de nuestros altos índices de violencia y delincuencia. 

No extraña cuando vemos que Guatemala tiene una media de 6 jueces por cada 100,000 habitantes cuando el promedio latinoamericano es de 16 jueces por cada 100,000 habitantes; cuando Guatemala tiene 1.6 defensores públicos por cada 100,000 habitantes. Costa Rica, un país con tasas de delincuencia más bajas tiene 23 jueces por cada 100,000 habitantes y 8 defensores públicos por cada 100,000 habitantes, por ejemplo.

Eso sin entrar a valorar la “calidad” de los operadores de justicia. De acuerdo con el Índice de Competitividad Global que publica el Foro Económico Mundial, Guatemala clasifica en el puesto 100 en términos de independencia judicial. Nuestra calificación es comparable a la de países como Camerún, Mali, Zimbabue o México. 

Así que hago una sugerencia: en lugar de plantear sandeces, exijamos a los diputados que inicien una discusión sobre la necesaria reforma al sistema de justicia. De paso exíjanosles que nombren magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Corte de Apelaciones, ya que no lo han hecho porque pretenden subordinar a los tribunales a sus intereses criminales. Eso sí que nos lleva a la raíz del problema central: la impunidad.

¿Por qué es importante aceptar la realidad  sobre la economía guatemalteca? Porque sólo si comprendemos la magnitud del drama y el sufrimiento de millones de personas en este país, tendremos el sentido de urgencia para hacer los cambios institucionales profundos que nos permitirían crecer económicamente y dejar atrás el subdesarrollo.

No cabe duda que Guatemala tiene potencial de crecer económicamente. Nuestra ubicación geográfica, con conexiones al Pacífico y el Atlántico, y con la cercanía al mercado más grande del mundo (Estados Unidos) sin duda nos brinda ventajas que otros países  envidiarían. Nuestro clima agradable los 12 meses del año, nuestra gente “chambeadora”, nuestras riquezas naturales y arqueológicas nos podrían convertir en la potencia del turismo centroamericano. Todo esto es cierto y podríamos repetirlo hasta la saciedad, pero la pregunta de fondo debe ser ¿por qué a pesar de ese “potencial”, llevamos 200 años de subdesarrollo económico y social? ¿Por qué no hemos logrado alcanzar el mismo nivel de desarrollo que Chile o Uruguay; o mejor aún por qué no logramos  convertirnos en un país desarrollado?

Guatemala ha hecho avances en las últimas décadas, no cabe la menor duda,  pero hay dos aspectos que no debemos perder de vista. Lo primero es que gran parte de la “reconfiguración” que vemos en el interior se debe a los más de $100,000 millones de remesas que ha recibido el país desde el 2002. Es innegable que esto ha ayudado a millones de guatemaltecos a tener una mejor vivienda, alimentar mejor a sus hijos y enviarlos a la escuela, lo cual ha repercutido en mejores indicadores para el país. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál sería el panorama para Guatemala sin ese flujo constante y creciente de remesas? ¿Qué crisis políticas, económicas y sociales estaríamos enfrentando sin el trabajo de más 2 millones de guatemaltecos en Estados Unidos? Y más aún, ¿cuál es el mérito de que el principal motor de una economía sean las personas que tuvieron que ir a una especie de “exilio” porque no pudieron encontrar empleo en su país de origen?

Y el siguiente punto que tenemos que enfatizar es que los cambios que ha experimentado el país en las últimas dos décadas suceden a un ritmo demasiado lento. Si decidimos dejarnos “llevar por la inercia” de los últimos veinte o treinta años, podríamos quedarnos atrapados  en el subdesarrollo un siglo más. Hay que decirlo, nuestro ritmo de crecimiento económico no nos convierte en una economía dinámica que nos augura llegar al desarrollo en la próxima década, ni siquiera en los próximos 20 o 30 años. ¿Por qué tendríamos que estar conformes y ser autocomplacientes con este ritmo de crecimiento? ¿Por qué nos tenemos que “felicitar” por ser una economía mediocre?

Hay personas que les gusta ver el “vaso medio lleno”, pero el problema con este tipo narrativa es que no nos llevan a nada, más que a la autocomplacencia. Y además son terriblemente insensibles con el 50% de la población que viven en la pobreza desde hace décadas ¿Cómo explicarle a un niño que sufre desnutrición crónica y no asiste a la escuela que debe estar optimista de que talvez sus bisnietos logren superar la pobreza, porque este país no es capaz de despegar económicamente? Este no es un país de oportunidades laborales, este no es un país de alto crecimiento económico, este no es un país que permita la movilidad social, este no es un país que permita el “sueño guatemalteco”.

La evidencia de nuestro fracaso como país es que cada año miles de guatemaltecos intentan dejar esta “economía con gran potencial” porque no encuentran trabajo o porque tienen que salir huyendo por amenazas a su seguridad. Un país exitoso es el que recibe migrantes, no el que expulsa a una proporción importante de su población.

¿Por qué es importante aceptar la realidad  sobre la economía guatemalteca? Porque sólo si comprendemos la magnitud del drama y el sufrimiento de millones de personas en este país, tendremos el sentido de urgencia para hacer los cambios institucionales profundos que nos permitirían crecer económicamente y dejar atrás el subdesarrollo. Por el contrario, la autocomplacencia nos hace creer que “todo está bien” y que solo se necesitan cambios cosméticos.

El problema de Guatemala es que sus instituciones han sido cooptadas por la corrupción, la impunidad y ahora por el narcotráfico. Y el riesgo de un mayor deterioro es evidente  y nos podría llevar a escenarios bastante complicados de los que sería muy difícil salir.

Hace unos años, muchos estaban contentos con el “desempeño económico” de Nicaragua. Era el “ejemplo” de la región. Hoy ese país vive unos de los períodos más oscuros de su historia y casi ninguna empresa quiere llegar a invertir allí. Ojalá que en Guatemala no nos estemos lamentando en unos años por nuestra negligencia y miopía.

Dejemos de celebrar la mediocridad y exijamos los cambios que necesita el Estado de Guatemala.

Los políticos latinoamericanos se “venezolanizan” a pasos recargados. El problema es cuánto más va a durar la olla de presión calentándose antes de que nos estalle en la cara.

Alguna vez circuló en redes sociales, y en algunas pintas de la calle, un mensaje que rezaba más o menos así: “1984 es una novela, no un manual de instrucciones”. Y por más ingenioso y forzado que a algunos les suene, pareciera esconder una irrefutable verdad.

De hecho, hace días The Economist Intelligence Unit presentó su acostumbrado índice global de democracia para el año 2020 y los resultados no fueron alentadores. La democracia ha declinado en prácticamente todo el mundo. La encuesta anual, que califica el estado de la democracia en 167 países según cinco parámetros: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política democrática y libertades civiles; encuentra que solo el 8.4% de la población mundial vive en un democracia plena, mientras que más de un tercio vive bajo alguna variante de régimen autoritario.

En América Latina, los países peor rankeados en el índice global de democracia son obviamente Venezuela (143), Cuba (140) y Nicaragua (120); a los que le siguen Haití (106), Guatemala (97), Bolivia (94), Honduras (88) y El Salvador (77).

De acuerdo al informe, existe una tendencia de retroceso democrático en la región durante la última década, básicamente debido al aumento de las prácticas antidemocráticas en Bolivia y Centroamérica y al creciente autoritarismo en Venezuela y Nicaragua. Esta tendencia pareciera no ir a la baja, sino más bien expandirse ya que, de hecho, en 2020 El Salvador pasó de ser una “democracia defectuosa” a un “régimen híbrido”. Es evidente el deterioro de la región se focaliza principalmente en dos áreas: Proceso electoral y pluralismo y Libertades civiles. En el informe también se señala que:

“El desempeño en términos del funcionamiento de la categoría de gobierno también ha sido pobre, ya que si bien la región ha luchado para abordar los altos niveles de corrupción y violencia; la gobernanza ineficaz ha incrementado la insatisfacción, socavando la confianza en las instituciones políticas y la percepción de la democracia” [traducción propia] (pág. 37)

Fuente: The Economist Intelligence Unit

Los latinoamericanos ven diluidas sus probabilidades de prosperar y han perdido la confianza en las instituciones y en la clase política, lo cual les vuelve proclives a inclinarse por opciones populistas radicales e identitarias, como ha sido el caso de Ecuador con los resultados de su primera vuelta electoral este pasado 7 de febrero. Esta desconfianza se ve alimentada por la penetración cada vez más fuerte y escandalosa de la corrupción, el crimen organizado (y en algunos países, el narcotráfico) en la política.

Mientras este declive ocurre frente a nuestros ojos, la clase política de muchos países de la región pareciera cada vez más segura de que tendrá completa impunidad en su colusión con estas fuerzas emergentes del crimen organizado y no demuestra ningún tipo de temor frente a las posibles represalias y sanciones que pueden tomar contra ellos países como Estados Unidos. En ese sentido, la administración de Joe Biden ha prometido retomar la agenda de fortalecimiento del Estado de derecho y de lucha contra la corrupción, contrario a Trump, quien básicamente “dejó en paz” a muchos gobiernos latinoamericanos en la medida de que no permitieran que sus migrantes ingresaran a los Estados Unidos.

Esa exhibición de descaro que en otros años no veíamos en la clase política latinoamericana, tanto de derecha como de izquierda, recuerda más bien a la desfachatez de regímenes como el chavismo en Venezuela.

Por ejemplo, cuando en 2012, Hugo Chávez anunció que Venezuela abandonaría el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el estupor en la comunidad internacional fue contundente. Hoy en día, esta misma intención es una bandera política en varios países que, apelando a un discurso de “soberanía”, buscan eludir cualquier tipo de control y nadie parece inmutarse. Otro ejemplo pintoresco es que hace meses la hija de una ex diputada guatemalteca declaró “No me preocupa, existen otros países”, tras habérsele retirado la visa y prohibido la entrada a los Estados Unidos por actos de corrupción. Tal descaro no puede sino traer a la memoria a un Maduro en 2017 condecorando a los funcionarios de su régimen sancionados por Washington.

Como vemos, los políticos latinoamericanos se “venezolanizan” a pasos recargados. El problema es cuánto más va a durar la olla de presión calentándose antes de que nos estalle en la cara.

Y al mismo tiempo, se come el alimento de los demás

En 2015, en su informe sobre el financiamiento de la política, CICIG cuantificó -por primera vez- los aportes relativos a las campañas electorales por tipo de capital. A raíz de ello, durante años hemos repetido hasta la saciedad que el 50% del financiamiento partidario proviene de la corrupción; 25% del narcotráfico y del crimen organizado; y tan sólo la cuarta parte restante de financistas privados con origen legítimo.

Al no contar con estimaciones similares para los años de la apertura democrática o de finales del siglo XX, es imposible hacer las comparaciones del caso. Sin embargo, el secreto a sotto voce es que con el paso de los años, los capitales emergentes vinculados a la corrupción y el crimen organizado han tomado por asalto al sistema. Y si bien hasta ahora se ha hablado de coexistencia al definir la relación entre los intereses tradicionales y los emergentes, la realidad es que cada día resulta más notorio el desplazamiento de los primeros a manos de los segundos.

Hagamos un repaso de Ciencia Política 101: Como en cualquier democracia republicana y poliárquica, los sistemas políticos responden a las demandas. Actores organizados, con recursos y poder, tienen más capacidad de incidencia en la toma de decisiones públicas. Eso pasa en todo el mundo, hasta en las mejores democracias. Esas demandas se traducen en outputs del sistema: leyes, políticas públicas, regulaciones más benignas, programas gubernamentales, etc.

Lo que la teoría no me dice es qué ocurre cuando un sistema deja de responder las demandas de actores con intereses legítimos (o por lo menos lícitos) y por el contrario, atiende a una nueva casta de intereses emergentes, vinculados ahora con actuaciones ilícitas, corruptas o abiertamente criminales.

La respuesta es sencilla: ocurre un Guatemala. Es decir, un sistema donde año con año se alimenta las válvulas de la corrupción. El abortado presupuesto 2021 era quizá un fiel ejemplo de ello. La construcción de obra gris, el sistema de consejos de desarrollo, los mismos gastos operativos del Congreso recibían incrementos presupuestarios. Mientras que para el combate a la desnutrición, los hospitales o la misma seguridad pública, el presupuesto se mantenía congelado, o peor aún, decrecía.

Sin necesidad de lecturas muy finas, lo ocurrido en noviembre 2021, no fue más el sistema respondiendo a sus patrocinadores: nutriendo las fuentes de donde brota el 50% del financiamiento partidario.

El 25% proveniente del narcotráfico es retribuido por otros caminos. Nombramientos ad hoc en puestos clave en puertos, instituciones de seguridad y justicia; cuotas de poder en la Junta Directiva del Congreso o en Comisiones legislativas relacionadas con la seguridad nacional. Al final no olvidemos que a diferencia del capital emergente de la corrupción que necesita de la acción del Estado para alimentar sus bolsillos, el crimen organizado únicamente requiere de laissez faire y un Estado que voltee a ver a otro lado.

¿Dónde queda el restante 25%? Sencillo. Esperando cruzado de brazos a que le aprueben la Ley de Infraestructura, o el paquete de reactivación económica, o la Ley de Zonas Francas, etcétera y un largo etcétera. Y la espera ha sido eterna. De años en algunos casos. Porque el sistema simplemente ya no responde a estos intereses.

Así la historia del animal que no sólo se alimenta a sí mismo. Peor aún, dado que los recursos de poder son finitos, desplaza a los intereses tradicionales como recipiendarios de los outputs públicos. De ahí entonces que el interés del cambio ya no sólo es ético o idealista; debe ser un plan de pura supervivencia.

Entre el sentido de urgencia y la desesperación

Desde hace semanas, el Pacto de Corruptos ha dejado de lado las formas. La prisa y el sentido de urgencia revela que detrás hay también un poco de desesperación. La razón es sencilla: juegan contra el reloj de una burocracia norteamericana en reorganización tras el interregnum Trump.

Los eventos de los últimos días reflejan el “estira y encoge” de ese pulso entre una mafia desenfrenada y un poder geopolítico en proceso de reconstruir espacios de influencia y poder real.

Entre 2018 y 2020, el Pacto de Corruptos dejó de temer al poder norteamericano. Entre una Casa Blanca menos comprometida con la agenda anti-corrupción, el apoyo local a las políticas irracionales de Trump, junto al lobby con congresistas conservadores, la capacidad de poder real de la Embajada Americana en Guatemala quedó atada de manos y gradualmente se erosionó. Los mensajes de altos funcionarios del State, los comunicados oficiales o las solicitudes formales e informales caían en oídos sordos. Para muestra, las reiteradas solicitudes al Congreso para elegir cortes nunca fueron atendidas por el poder político local. Incluso, llegamos al extremo de ver a una designada Delia Back responder despreocupada que “hay otros países que visitar”, luego que le revocaran el privilegio de poder visitar a Mickey Mouse.

Sin embargo, en el radar de las mafias, el 20 de enero constituía un punto de inflexión. Entre el Presidente que mejor conoce la realidad centroamericana y la llegada de Juan González al Consejo de Seguridad Nacional, era esperable que el poder del coloso americano volviera a hacerse presente en la región. Bueno, sin olvidar tampoco que para algunos actores locales, el haber jugado abiertamente política partidaria en Washington entre 2017 y 2020 acarreará otros costos en el futuro.

Por eso la urgencia de tomar control de la Corte de Constitucionalidad a la brevedad. Mynor Moto, electo por el CANG a base de financiamiento opaco, clientelismo y acarreo, es el peso que mueve la balanza en el tribunal constitucional. Con una correlación “más amigable” en CC, los órganos electores tendrían carta blanca para designar impresentables al tribunal constitucional para el período 2021-2026. Capturando la CC, la mafia política, patrimonialista y cleptocrática podría elegir cortes a su sabor y antojo, anular casos penales de alto impacto y, finalmente, poner los últimos clavos al ataúd de la lucha contra la corrupción

De ahí se entiende entonces la necesidad de apresurar la juramentación y toma de posesión de Moto.

Para ello, recurrieron a algunos viejos confiables. Una Sala de Apelaciones integrada por el Magistrado Wilber Castellanos, bajo antejuicio por el caso Comisiones Paralelas II; y por el Magistrado Suplente, César Najarro. Este último, por cierto, ha participado de otras resoluciones descaradas: El 31 de diciembre, resolvió anular el caso contra Armando Escribá, ex diputado y protagonista del saqueo sistemático a COVIAL durante la última década; y recién el viernes, anuló el Caso Fénix, donde se procesaba a Gustavo Herrera, procesado por el desfalco de Q300 millones en el IGSS y conocido operador para capturar cortes.

Por si fuera poco, el mismo Congreso donde las leyes de reactivación económica están estancadas, procedió a juramentar a Moto en cuestión de minutos, evidenciando así la burda operación política.

Sin embargo, a diferencia de la gestión republicana, la reacción del coloso americano se hizo sentir. Entre comunicaciones de Departamento de Estado y una aguda entrevista de González, quedó muy claro que Washington no quiere a Moto en el máximo tribunal constitucional.

Y no es para menos. En casos de corrupción, Moto ha beneficiado a personajes como José Luis Benito, a la exdiputada Mirza Arreaga, además de anular el caso Botín Bufete de la Impunidad. O qué decir de su esfuerzo por hacerse del control del caso Comisiones Paralelas II, por el cual hoy pesa una orden de captura en su contra. Pero también para los pelos algunas de sus resoluciones en causas de narcotráfico, específicamente beneficios otorgados a miembros de la banda de Marvin Alvaro, alias Stuart (en proceso de extradición) y otro caso de una narco-avioneta en la costa sur.

Estados Unidos ha dejado claro que quiere una CC independiente. Y en días recientes, ha decidido mostrar nuevamente el músculo del poder. La pregunta es si aún dará tiempo para revertir la estrategia de una mafia desesperada por terminar de consolidar el reino de la eterna corrupción e impunidad.

No lo olvidemos: 82 diputados rompieron la ley para juramentar a marchas forzados a un cuestionado juez como magistrado de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué intereses tan poderosos movieron a estos 82 diputados a hacerlo? Saque usted sus conclusiones. No hace falta darle muchas vueltas al asunto.

El martes, 26 de enero de 2021 es una fecha que debe quedar en la memoria de los guatemaltecos. Ese día, 82 diputados al Congreso de la República consumaron una ilegalidad grosera y dieron un golpe a la poca institucionalidad que aún queda en el país. Repasemos los hechos.

Mynor Moto resultó ganador en una elección para ser magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad para completar el periodo que vence el 14 de abril próximo. Sin embargo, esa elección recibió al menos 6 impugnaciones en el Colegio de Abogados y que aún se deben resolver.

El artículo 156 de la Ley de Amparo nos dice que en cuanto a la elección del Colegio de Abogados que “mientras se resuelven las impugnaciones continuarán actuando los Magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos”. En tal sentido, el Colegio aún no enviaba los resultados de la elección de Moto al Congreso porque las impugnaciones no están aun resueltas.

No obstante, toda la operación del 26 de enero fue fruto de un plan muy bien orquestado. Primero, una Sala de Apelaciones otorgó un amparo a favor de Moto y le ordenó al Congreso que en un plazo de 4 horas enviara los resultados de la elección al Congreso.

Esta Sala se integró por personajes cuestionables, un magistrado que tuiteó a favor de Mynor Moto hace unos meses con lo cual debió abstenerse de conocer el caso y un magistrado suplente que “misteriosamente” integra todos los tribunales que revocan los casos que lleva la FECI contra personajes corruptos.

Mientras corría el plazo para que el Colegio de Abogados enviara los resultados de la elección al Congreso, los diputados se encontraban reunidos para celebrar una sesión en la que debían interpelar al Ministro de Gobernación por la brutalidad policial que empleó durante las protestas de noviembre.

Al llegar los resultados, la Junta Directiva del Congreso decidió anteponer la juramentación de Mynor Moto a la interpelación del Ministro de Gobernación. Encima, para evitar “molestias”, resolvieron por mayoría limitar a 5 minutos el uso de la palabra para evitar que existiera debate sobre la juramentación de Moto.

La ilegalidad no se agota ahí. El oficio que remitió el Colegio de Abogados efectivamente reflejaba los resultados de la elección, pero también hacía ver que había 6 impugnaciones que aún no eran resueltas. La Junta Directiva hizo caso omiso de lo que se le informó y de forma ilegal procedió a abrir a votación el acuerdo que resolvía juramentar a Mynor Moto como magistrado de la CC.

82 diputados votaron a favor de dicho acuerdo cometiendo una ilegalidad manifiesta y descarada y a marchas forzadas consumaron su fechoría. Si fuésemos un país decente, en primer lugar, los miembros de la Junta Directiva ya estarían procesados por cometer semejante y crasa ilegalidad.

Mientras tanto sobre Moto pesan muchas sombras. Como juez ha favorecido a personajes de la corrupción como Felipe Alejos. Resolvió archivar un caso contra Mirza Arreaga pese a que existía un video donde ella misma confesaba sus crímenes y se rehúso a dictar una orden de captura contra el ex ministro Benito permitiendo su fuga para que luego el Ministerio Público hallara caletas con Q122 millones.

El juez Moto además apoya abiertamente al abogado Mario Cano para su elección como presidente del Colegio de Abogados. Esto constituye una falta grave a la ética si tomamos en cuenta que Cano es abogado defensor y puede tener interés en casos que se ventilan en el juzgado de Moto. Sin dejar del lado que Cano está imputado por lavado de dinero. Para colmo de males, sobre Moto pesan 3 solicitudes de antejuicio por imputaciones como prevaricato y obstrucción de justicia.

No lo olvidemos: 82 diputados rompieron la ley para juramentar a marchas forzados a un cuestionado juez como magistrado de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué intereses tan poderosos movieron a estos 82 diputados a hacerlo? Saque usted sus conclusiones. No hace falta darle muchas vueltas al asunto.

La lucha por el futuro del sistema de justicia es la lucha por el país. Es imposible, e incluso poco deseable, impedir que las personas que ocupan los más altos cargos en el poder judicial se identifiquen con determinadas ideas políticas, pero sí debemos impedir que estas personas estén afiliadas a las mafias y que su trayectoria profesional esté impregnada de conflictos de interés que estorben la independencia judicial.

El conflicto desatado por la elección de magistrados para las más altas Cortes del país no es ideológico, aunque muchas personas estén empeñadas en hacerlo parecer así. Es claro que a la alianza criminal que busca dirigir el país no la mueve la ideología, sino la búsqueda de impunidad.

Hasta hoy, el conflicto ideológico ha sido la herramienta utilizada para mantener un ambiente de tensión entre distintos actores sociales. Esta tensión es útil para los intereses de la alianza criminal porque mantiene vivos los pleitos del pasado y nubla la posibilidad de ver el problema actual, mete mucho ruido en las conversaciones.

La ideología tiene total relevancia en la política y en la interminable tarea de construir un proyecto de país, pero en el contexto actual resulta superficial; el conflicto de fondo es una pugna sostenida por fuerzas oscuras que intentan tomar control total del sistema de justicia, para usarlo en su beneficio y evitar que se repita el extraordinario movimiento que llevó al país a discutir sobre la necesidad de luchar contra la corrupción, proceso que inició en 2014 y hoy se encuentra en pausa.

Actualmente el foco del problema es la Corte de Constitucionalidad, este órgano de naturaleza jurídico-política ha jugado un papel relevante e indispensable en distintos momentos de la historia política de este país. El breve período que duró el proceso de lucha contra la corrupción no fue la excepción.

El controversial rol de árbitro político adoptado por la Corte, la ha convertido en un apetecido botín de las fuerzas que quieren tomar el mando del país y apoderarse lentamente del presupuesto nacional. Lo fue cuando Ríos Montt logró impulsar exitosamente su candidatura inconstitucional y también cuando Sandra Torres fracasó en hacer lo mismo.

Hoy nuevamente estamos presenciando un intento desesperado por manipular el balance de la Corte, no para darle un enfoque político-ideológico distinto, como algunas personas creen, sino para impedirle ser un obstáculo para los objetivos de la alianza criminal.

Las pruebas de esto están a la vista. Primero, es bastante obvio que el inexcusable retraso del Congreso en la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, está relacionado a la necesidad de evitar que la CC impida que la alianza criminal coloque en puestos claves a personas señaladas por el MP en el caso Comisiones paralelas 2020. Segundo, la prisa de colocar a una persona señalada por varios delitos en una posición tan relevante como una magistratura en la Corte de Constitucionalidad, llevó al Congreso a cometer varios abusos y posibles ilegalidades que le restan cualquier legitimidad al proceso.

Hoy la alianza criminal apostó por el todo y quedó al descubierto con sus planes, generando reacciones bastante vocales de relevantes y diversos actores políticos internos y externos. También logró que la discusión ideológica quedara en segundo plano, al menos por un tiempo.

La lucha por el futuro del sistema de justicia es la lucha por el país. Es imposible, e incluso poco deseable, impedir que las personas que ocupan los más altos cargos en el poder judicial se identifiquen con determinadas ideas políticas, pero sí debemos impedir que estas personas estén afiliadas a las mafias y que su trayectoria profesional esté impregnada de conflictos de interés que estorben la independencia judicial.

Estamos en un momento de mucho riesgo.

Con 16 candidatos presidenciales, varias candidaturas en impugnación y profundas tensiones políticas, el país se divide entre los seguidores del ex presidente Rafael Correa, inhabilitado y con varios procesos por corrupción a cuestas,  y sus detractores, entre quienes se encuentran el actual presidente Lenín Moreno y la centro-derecha amalgamada en la figura del banquero Guillermo Lasso.

El próximo 7 de febrero Ecuador elige presidente y vicepresidente de la república. Además, en esa primera vuelta, los ecuatorianos elegirán Asamblea Nacional y Parlamento Andino.

Con 16 candidatos presidenciales, varias candidaturas en impugnación y profundas tensiones políticas, el país se divide entre los seguidores del ex presidente Rafael Correa, inhabilitado y con varios procesos por corrupción a cuestas,  y sus detractores, entre quienes se encuentran el actual presidente Lenín Moreno y la centro-derecha amalgamada en la figura del banquero Guillermo Lasso.

Rafael Correa, quien hace cerca de una década formó parte del coro de gobiernos populistas afines al Foro de Sao Paulo y al llamado “socialismo del siglo XXI”, ahora con la alianza de izquierda llamada Unión por la Esperanza, pretende aplicar la misma fórmula de Evo Morales para regresar al poder en Bolivia: postular a un delfín “moderado” con un background de “tecnócrata”, como es el caso del joven economista Andrés Arauz, quien promete recuperar la devastada economía del país a causa de desequilibrios fiscales y déficits que vienen arrastrando desde hace varios años y, además, de la crisis que trajo consigo la pandemia del Covid-19. Y quien según la encuestadora Market, no llega al 40% para ganar en primera vuelta, sin embargo, lidera la intención de voto con un 36%.

Por su parte, Guillermo Lasso, con una intención de voto del 30%, es el candidato de oposición por la centro-derecha y lo que algunos medios de comunicación han denominado la “alianza conservadora” entre su partido CREO y el Partido Social Cristiano, ofrece la misma receta de prácticamente toda la derecha latinoamericana que cree ingenuamente que al discurso populista se le ataca solamente con números fríos: un plan económico seguramente bien diseñado y con las mejores intenciones para hacer crecer la economía, pero que no conecta con la mayoría de la población que no ve solución concreta a sus problemas del día a día.

Además de Arauz y Lasso, otro aspirante está llamando la atención de la opinión pública y sobresaliendo entre los tantos nombres en campaña. Se trata de Yaku Pérez, del movimiento indígena, con un 13% de intención de voto. Detrás de él, tenemos una oferta política completamente fragmentada con candidaturas que no superan el 3% de intención de voto. Esto —como sabemos por experiencia en países como Guatemala— lo más seguro es que llevará a tener un Poder Legislativo profundamente atomizado sin una bancada fuerte, lo cual es poco favorable para quien termine ocupando la primera magistratura del Ejecutivo.

Por otra parte tenemos el curioso caso del candidato Álvaro Noboa, postulado por el movimiento Justicia Social, cuya candidatura surgió a mitad de la precampaña como una suerte de candidato de consenso, o tercera vía, alejada de las fuerzas del correísmo y de la derecha representada por Lasso. Al parecer, a pesar de la resolución favorable del CNE sobre su candidatura extemporánea, aún sigue en el limbo si correrá en las elecciones por lo ajustado de los plazos del cronograma electoral y la impresión de papeletas.

Ante tal fragmentación del sistema, las preferencias de los electores se inclinan hacia la total indecisión. Según otra encuesta presentada hace pocos días por la firma Cedatos, en el área rural es mayor la indecisión que llega al 70%, mientras que en el área urbana es del 60%. Además, si lo segmentamos por edad, la mayor indecisión se observa en los jóvenes menores de 25 años. El 67% dice que todavía está indeciso; de 25 años a 45 años la indecisión es del 62% y en los mayores de 46 años llega al 58%.

La encuesta de Cedatos es reveladora porque pone en relieve los graves problemas del sistema, como que a escasos 12 días de a elección, la población está muy poco informada sobre los binomios. Apenas conocen de tres a seis candidatos a las elecciones y sólo el 30% de los encuestados “al menos tuvo una idea” del debate presidencial y de los planes de gobierno de los aspirantes presentados al país en aquella oportunidad.

Toda esta descripción apunta a que el correísmo tiene altas —por no decir todas— las posibilidades de imponerse. La presidencia de Lenín Moreno (otrora también delfín de Correa, pero posteriormente apartado de su persona), habrá pasado sin pena ni gloria, sin haber podido dejar siquiera un sucesor y con la incapacidad de haber completado cambios necesarios en materia tributaria y laboral y sin haber podido mitigar los efectos devastadores de la pandemia en términos de mortalidad y caída de la economía.

Cinco órganos electores con cinco dinámicas diferentes

La madre de las batallas de este 2021 será la integración de la Corte de Constitucionalidad para el período 2021-2026. Vaya si no. La siguiente magistratura deberá resolver impugnaciones sobre la estancada elección de cortes (donde se juega la impunidad de cientos de personajes poderosos). También deberá resolver acciones constitucionales en casos penales; o amparos respecto de la cancelación de partidos políticos señalados por anomalías en financiamiento. O qué decir de la inscripción de candidatos para la elección 2023 (Zury Ríos siendo el caso paradigmático). Sin olvidar el rol de “árbitro de última instancia” que hace de la CC el actor que disipa -en última instancia- todos los conflictos políticos judicializados.

En este contexto, la reciente elección en el CANG para culminar el período de Bonerge Mejía (q.e.p.d.) fue una primera medición de fuerzas. Las alianzas, los apoyos extra-gremiales, el resultado de la votación y el cantado desenlace judicial son pequeños adelantos de lo que está por venir.

Del CANG he indicado las similitudes y semejanzas entre las elecciones político-partidarias y las elecciones gremiales. Aquí son tres variables que decidirán la elección: 1) las redes de movilización; 2) las alianzas gremiales; y 3) el apoyo de instituciones públicas que emplean a buen número de abogados. De ahí que resulte clave la capacidad de acercamiento con grupos que aglutinan egresados de la USAC y de las Universidades han facilitado la graduación de profesionales. En la elección de enero, vimos a las redes de abogados del interior decantarse por Estuardo Gálvez; mientras la mayoría de instituciones del sector público movieron sus piezas en apoyo de Mynor Moto.

En cuanto al Consejo Superior de USAC, aunque dividido en tres, la correlación de fuerzas dependerá de la articulación desde la Plaza de los Mártires. De ahí que se mantenga abierta la posibilidad de designar tanto a magistrados afines al poder político como a magistrados con una agenda de tipo “contra-poder”. La capacidad de las facciones independientes de acordar candidatos comunes y mantener el ejercicio del veto frente a Rectoría definirá el resultado de esta elección.

En el Congreso, la llave claramente está en manos de la alianza oficialista y sus 85 votos. Ahí la voz del oficialismo tendrá peso; pero también la de Valor que ve en la próxima CC el trampolín para la postulación de su candidata. Sin duda, la clave será el cumplimiento de forma y fondo. Con un Congreso que descaradamente desoye al poder norteamericano, la esfera de influencia de la Reforma parece limitada. Sin embargo, con el balance intacto en la CC saliente, las acciones de control de constitucionalidad servirán -aunque temporalmente- para bloquear designaciones de personajes impresentables.

En el Ejecutivo, la designación será una decisión unilateral del Presidente, refrendada por el Consejo de Ministros. Aquí es donde más pesará la demanda del “nuevo” Washington de asegurar designaciones de abogados independientes, honorables e idóneos. Aunque los corridos de pasillo aseguran que “los dados ya se jugaron”, esta elección es la que parece más abierta a sorpresas positivas.

Sobre la CSJ es difícil pronunciarse. En condiciones ceteris paribus, será el pleno saliente que designe. Sin embargo, los cuestionamientos sobre la legalidad y legitimidad de nombramientos de segundo grado por una magistratura suprema “prorrogada” empiezan a ganar tracción en círculos académicos y de poder regional. Pensar que el Congreso acelere la elección de CSJ para viabilizar la integración de magistratura constitucional, suena a locura, pero aún no descartable. Tampoco es descartable que la Reforma tenga margen de maniobra en esta elección; paradójicamente con la magistratura suprema saliente, dado que algunos de sus miembros encabezan listados potenciales para quedarse sin el privilegio de visitar a Mickey. Todo ello deja demasiadas variables por resolver, y por ende, muy abierta la puerta a sorpresas.