La pregunta de por qué reformar la justicia cobra más relevancia en estos días
Vuelvo a este espacio después de varios meses de ausencia de mi columna semanal. Dediqué ese tiempo, junto al equipo de Poder Ciudadano, a socializar una propuesta de reforma constitucional al sector justicia y a recolectar las firmas que la respaldan. El lunes 28 de septiembre entregamos formalmente al Congreso más de 16,000 firmas, reunidas por más de 500 ciudadanos en todo el país, con fundamento en el artículo 277 de la Constitución, que permite al pueblo proponer reformas con el respaldo de al menos 5,000 ciudadanos empadronados.
La pregunta de por qué reformar la justicia cobra más relevancia en estos días. En los últimos meses La Hora ha reportado que las plazas del Organismo Judicial tienen precio. El 24 de agosto publicó una llamada en la que una trabajadora vinculada a Recursos Humanos le ofrece una plaza a un aspirante, le pregunta si tiene "cuello político" y le explica cuánto debe pagar y cuándo. Semanas después, al menos 10 aspirantes y jueces describieron cobros de hasta Q350,000 por una plaza de juez, además de compromisos para resolver determinados casos. La Corte Suprema ordenó presentar una denuncia penal el 2 de septiembre y el Organismo Judicial tardó más de 20 días en confirmar que la había llevado al Ministerio Público.
El medio también ha documentado cómo se reparten los nombramientos. Según sus fuentes, el bloque dominante de la Corte Suprema negoció en un "prepleno" los nombres para más de 150 plazas de jueces de Paz y de Primera Instancia, como parte de un reparto de cuotas de poder. Detrás de ese bloque habría una red de padrinos políticos que influye en nombramientos, votos y antejuicios, y un diputado reconoció que mantiene comunicación frecuente con al menos 10 de los 13 magistrados.
Las consecuencias se ven en las resoluciones. La Hora reconstruyó cómo la Corte Suprema rechazó en cuestión de minutos el antejuicio contra el diputado Allan Rodríguez, antes de que 4 de los 13 magistrados titulares se incorporaran al pleno. En la Corte de Constitucionalidad, la magistrada Julia Rivera enfrenta una denuncia por el presunto uso de certificaciones docentes falsificadas en su designación por la Usac, y aun así votó en el fallo que rechazó, por 3 votos contra 2, un amparo contra esa misma designación.
Todo esto evidencia que es impostergable hablar de la reforma al sistema de justicia que Guatemala necesita. Los casos documentados son una radiografía completa de la situación en que nos encontramos, porque muestran que el problema está en la forma en que se elige a jueces y magistrados y en lo que estos quedan debiendo a quienes los eligieron. El artículo 280 de la Constitución exige que la reforma sea aprobada por dos terceras partes del Congreso y ratificada en consulta popular. Por eso conviene urgir su aprobación a la brevedad, de manera que la pregunta pueda ir junto con las elecciones generales.
