Nuestro país vive una crisis institucional que se agudizó con la embestida que fraguaron entre la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Congreso contra la Corte de Constitucionalidad (CC).

Como expliqué en otra oportunidad, todo comenzó con una denuncia de un aspirante a cortes de apelaciones que denunció a magistrados de la CC por la resolución dictada en el contexto de la manipulación en la elección de altas cortes que denunció el Ministerio Público (MP).

En los días sucesivos a la denuncia, toda la atención se centró en el llamado “autoamparo” que tramitó con rapidez la CC y que ordenó interrumpir el trámite del antejuicio en contra de los magistrados perseguidos. El Congreso desobedeció abiertamente al tribunal constitucional y esto podría subir de tono si en la próxima sesión plenaria deciden continuar con el trámite del antejuicio.

En medio de este enfrentamiento (pandemia aparte) se desvió la atención al tema fundamental: la elección de las altas cortes. La resolución de la CC que desató la tormenta antes descrita obliga a los diputados a elegir magistrados de las altas cortes y excluir a quienes tengan conflicto de interés a partir de un acucioso informe que presentó el MP.

El objetivo macro de las bancadas pro-impunidad y sus secuaces probablemente no sea descabezar a la CC en el corto plazo. Aunque la institucionalidad es su última prioridad, saben que no es fácil y el costo puede ser alto. Lo que sí tienen claro es que al mostrar músculo con la embestida que tomaron han sembrado temor y colocado en una posición de debilidad al tribunal constitucional en el tablero de ajedrez.

El apoyo a la CC ha venido de actores de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Excepto el Procurador de los Derechos Humanos y algunas bancadas de oposición que no rebasan las cuatro o cinco decenas de congresistas, el resto del poder político apoya acuerpa la cruzada pro-impunidad.

En esta rebelión de las mafias, debilitar al tribunal constitucional es crucial porque para conseguir sus oscuros fines deben desatender la sentencia que les obliga a excluir a los aspirantes a magistrados cuyo conflicto de interés los hace no elegibles.

En el desgaste, planean patear el balón hacia delante con miras a que en abril de 2021 los intereses oscuros conseguirán designar a una CC subordinada a sus intereses. Recuerde el lector que designan a los magistrados de la CC cinco actores: Ejecutivo, Congreso, Corte Suprema de Justicia, Colegio de Abogados y USAC.

Y es en medio de esta crisis institucional, el presidente Giammattei pronunció unas desafortunadas palabras al desmarcarse del asunto y afirmar que estos son “líos judiciales”. El presidente debe recordar que el artículo 182 de la Constitución reconoce como función del presidente representar la unidad nacional y que la literal “a” del artículo 183 le obliga a “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”. Falta a su deber al mirar para otro lado mientras algunas mafias del Congreso y sus secuaces pisotean el orden constitucional.

Pero además del obvio mandato legal, el presidente debe ejercer liderazgo porque no estamos frente a un “lío judicial”, sino ante el intento feroz de los grupos oscuros por consolidar la captura del Estado.

El mandatario debe preguntarse si quiere pasar a la historia como el presidente que permitió la cooptación del poder judicial o si tomará el liderazgo que le corresponde. Bien haría con retomar su promesa de emprender la urgente reforma judicial (única solución de fondo a la crisis que vivimos) y convocar a juristas notables para legitimar el proceso y procurar su difícil éxito en el hemiciclo.

El Covid-19 provoca un cambio en tiempo real de nuestra sociedad

La pandemia provocada por el Covid-19 se convierte rápidamente en el episodio más crítico de este joven siglo XXI. Las transformaciones geopolíticas serán de mayor magnitud que las provocadas por el 11 de septiembre de 2001. El impacto económico será más severo que el de la crisis financiera de 2008. En materia social y cultural, veremos cómo se aceleran cambios encaminados por la sociedad digital. 

Las medidas de distanciamiento, la suspensión de ciertas actividades “cotidianas” y la psicosis social nos obligan a replantearnos modelos tradicionales de actuación económica, las prácticas del mercado, la relación con el gobierno, la formas en que nos informamos y comunicamos y la forma en que vemos al Gobierno. Aquí algunas reflexiones sobre cambios que se están produciendo ante nuestros ojos.

Información y fake news. Cadenas de Whatsapp con toda clase de teoría de la conspiración. Remedios caseros o medicinas que supuestamente previenen el Covid-19. Todo tipo de especulación sobre si el Gobierno levantará las restricciones, si regresaremos a trabajar el lunes. A todos nos han llegado, sólo para darnos cuenta horas más tarde, que eran falsas. El debate sobre las fake news o la información no verificada ha estado durante años en el radar, pero ha sido hasta la crisis de Covid-19 que quizá entendamos el valor de esperar información de fuentes oficiales y calificadas.

Eficiencia y productividad laboral. Uno de los males de las economías basadas en servicios es la reunionitis. ¿Cuánta productividad semanal se pierde por reuniones que pudieron sustituirse por llamadas o video-conferencias?  ¿Cuántas horas se pierden en el proceso de trasladarse de la reunión A, a la reunión B? El distanciamiento nos obligó a cambiar patrones laborales y quizá nos lleve a maximizar la productividad. También, aunque suene duro decirlo, obligará a reevaluar los trabajos esenciales versus los superfluos.

La educación y la religión a distancia. Las clases presenciales han sido canceladas; Harvard recién anunció que todos sus cursos 2020-2021 serán digitales. Conciertos, celebraciones, eventos de entretenimiento, y hasta los mismos servicios religiosos, puestos en pausa. El sustituto ha sido la tecnología. Misas y servicios que se transmiten por Facebook live. Las clases ahora son en línea. Y la ventaja es que el mundo está a disposición de quien tiene acceso a la red. Oxford ofreció clases de economía por internet. MIT dio cursos básicos de ingeniería. El tráfico de usuarios a las misas del Vaticano se incrementó exponencialmente. La educación, la religión y el entretenimiento tuvieron que digitalizarse. El distanciamiento favoreció la globalización de actividades que hace unos meses, eran presenciales.

Nuevos canales de distribución. Los restaurantes y los comercios de venta al detalle son quizá de los sectores más afectados por el cierre de actividades. Para sobrevivir, todos se han visto obligados a replantear sus cadenas de distribución. La utilización en masa de servicios de delivery. Oferta de platillos de sencilla preparación en casa. Tele-comercio. Desde hace varios años, los antropólogos habían identificado la preferencia muy milenial de ordenar a distancia por encima de realizar las compras físicas. El modelo Amazon y Uber Eats se basó en esa tendencia. Pero en América Latina, dicha tendencia había tardado en posicionarse. Quizá la crisis del Covid-19 obligará a replantear los canales de distribución. Quizá ahora más que nunca es momento de acelerar la agenda digital en Guatemala.

La contraofensiva de la ciencia. El siglo XXI ha sido el período de mayor avance científico de la humanidad, pero al mismo tiempo, de mayor retroceso en la aceptación de la ciencia. Cuestionar el rol preventivo de las vacunas; minimizar las alertas de científicos que señalaban que la siguiente pandemia global era inminente. Incluso hace unas semanas, Gobiernos restaron importancia al avance del Covid-19 bajo la premisa que era una herramienta al servicio de un interés geopolítico. Hoy el mundo espera ansioso una vacuna contra el Sars-Cov2. Las teorías de la conspiración rápidamente pierden validez ante investigaciones científicas que detallan el origen y comportamiento del virus. Tuvimos que sucumbir ante un patógeno nanométrico para reconocer que el mundo progresa y vive gracias a la ciencia.

En una entrada anterior expliqué en qué consistía el antejuicio que con inusual celeridad tramitó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

La denuncia se presenta por la inconformidad de un aspirante a magistrado de Corte de Apelaciones (CdeA) respecto de la sentencia que dictó la CC a partir de un amparo interpuesto por el Ministerio Público (MP) derivado de las pesquisas que revelaron reuniones de varios protagonistas del proceso de selección de altas cortes con el procesado Gustavo Alejos. Esta sentencia la expliqué en esta entrada.

La inconformidad: ¿por qué afirman que se extralimitó?

Básicamente existe una inconformidad, de acuerdo con la denuncia presentada, porque la CC en la sentencia mencionada ordenó que debe “excluirse del proceso de elección a aquellos profesionales cuya idoneidad y honorabilidad esté comprometida, derivado de los hechos notorios denunciados…”.

El denunciante considera “exceso” por parte de la CC al resolver el texto entrecomillado del párrafo anterior “…ya que es facultad del Congreso de la República de Guatemala elegir a las personas idóneas dentro de las nóminas de candidatos enviadas…”. Todo esto puede leerse en la denuncia.

Viaje a 2009 y 2010

El caso 2009

Ahora bien, sorprende que esta sentencia cause tanto revuelo, ya que la propia CC ha sentado abundante jurisprudencia en la materia. Pero especialmente porque este fallo no hace más que recoger la jurisprudencia que la CC sentó en el proceso de elección de magistrados para CSJ en 2009 y de fiscal general del MP en 2010.

En 2009, se interpusieron amparos contra el proceso de designación de magistrados de CSJ ante la amenaza de que el Congreso eligiera por planillas sin considerar si los aspirantes, en lo individual, cumplían los requisitos de idoneidad y honorabilidad. En aquel momento, dentro del expediente 3690-2009 se otorgó un amparo provisional, auto de fecha 1 de octubre de 2009, por medio del cual se ordenó al Congreso:

“…que, de demostrarse fehacientemente por cualquier ciudadano o institución, que uno o varios de los electos carece de los requisitos habilitantes para ocupar el cargo, su elección deberá ser revisada. Para efecto de lo anterior, cualquier interesado podrá presentar pruebas indubitables… En caso que el Congreso de la República determine que las denuncias presentadas están fundamentadas, procederá a la sustitución correspondiente”. (Resaltado propio)

En aquel momento el Congreso tuvo dudas sobre cómo dar cumplimiento al amparo provisional y resolvió solicitar una opinión consultiva a la CC. Una de las preguntas era cómo determinar la idoneidad sin vulnerar el principio de presunción de inocencia a lo cual la CC respondió dentro del expediente 3755-2009:

“el Organismo Legislativo simplemente deberá determinar la idoneidad de los aspirantes con base a pruebas fehacientes que permitan establecer si su imparcialidad está comprometida y si cumple con los requisitos exigidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley de Probidad, Ley del Organismo Judicial y los convenios internacionales aceptados y ratificados con Guatemala relacionados con el tema. El Organismo Legislativo no actúa en ejercicio de función jurisdiccional alguna, sino valorando, en acatamiento de lo dispuesto constitucionalmente”. (Resaltado propio)

Bien puede deducirse que el fallo que profiere la CC en este caso y que motiva la denuncia, es desarrollando la jurisprudencia que ya había sentado este tribunal en 2009. Ahora repasemos lo sucedido en 2010 con la elección de fiscal general.

2010: otra crisis institucional

En 2010 se interpusieron varias acciones de amparo dentro del proceso de comisiones de postulación para la designación de fiscal general. La CC acabó por anular la designación del fiscal general.

En la resolución en la que finalmente acaba por anular la designación del fiscal general, la CC invoca las resoluciones de 2009 y ratifica la necesidad de que se verifique la idoneidad y honorabilidad de los aspirantes. En este auto de fecha 10 de junio de 2010, dentro de los expedientes acumulados 1477, 1478, 1488, 1602 y 1630-2010, la CC resolvió entre otras cosas:

“…y ante una crisis institucional previsible en el ámbito de la administración de justicia (que es pública y notoria y por ello, relevada de prueba alguna) debe actuar conforme lo manda el inciso i) del artículo 272 de la Constitución Política de la República, para restaurar el orden constitucional en riesgo de un colapso grave, para que el Ministerio Público pueda cumplir a cabalidad sus funciones y reordenar, dentro del sentido del indicado auto de amparo provisional, la rectificación del proceso de selección de los aspirantes al cargo de Fiscal General….” (Resaltado propio)

Este párrafo es ilustrativo del reconocimiento de la crisis institucional que se vivía en aquel momento, algo que ocurre en el caso actual. En tal sentido, se vale de los hechos notorios que evidenciaban esa crisis y como guardián del “orden constitucional”, decidió conocer y resolver el problema. Se puede notar además que la CC se autoidentifica como “árbitro político de última instancia” ante las crisis, cuando prosigue:

“A este respecto, cabe recordar que precisamente, como el más alto guardián de la Constitución Política de la República, desde la promulgación de la misma -hace ya veinticinco años- y su instalación, a lo largo de las décadas pasadas, esta Corte ha tenido actuaciones que han asentado criterios que le han legitimado democráticamente en su importante papel de defender el orden constitucional. Quizá el caso más relevante lo constituya la sentencia del veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y tres…. Con cuya obligada intervención durante la alteración constitucional perpetrada en esa fecha esta Corte se vio en la imperiosa necesidad de actuar motu proprio y emitir el histórico fallo, en el cual, se hizo efectiva la tarea que el artículo 268 de la Constitución Política de la República le encomienda consistente en la función esencial de la defensa del orden constitucional…” (Resaltado propio)

¿Se ha extralimitado la CC?

El alegato básico es que la CC se ha extralimitado. Haciendo a un lado el aspecto político de los intereses de grupos oscuros que buscan sacar renta de esta crisis y tomar el control de los órganos de administración de justicia, vale la pena tomar en serio la pregunta de quienes se la formulan con honestidad intelectual.

La respuesta es que la CC, como se lee en la resolución anterior, tiene una misión profundamente amplia en virtud del artículo 268 constitucional: defender el orden constitucional. Llenar el contenido de esta misión deja un amplio margen de maniobra al tribunal constitucional.

Es claro que desde la sentencia del Serranazo, pasando por las resoluciones de 2009 y 2010 antes referidas, queda clara la amplitud del mandato de la CC. A ello hay que agregar que al estar bajo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos debe además aplicar el control de convencionalidad para garantizar el cumplimiento de los estándares que nos impone la pertenencia a dicho sistema.

Las resoluciones de 2009 y 2010 son el referente y punto de partida de la sentencia que hoy se ataca con tanta ferocidad. Aquellas resoluciones fueron valientemente dictadas por los magistrados Roberto Molina Barreto, Alejandro Maldonado Aguirre, Mario Pérez Guerra, Gladys Chacón Corado y Juan Francisco Flores Juárez en contextos de crisis como el que hoy vivimos.

Aquella magistratura no puede ser reprochada por tener un sesgo progresista, como algunos afirman de la actual. De modo que la sentencia hoy reprochada no se puede machacar bajo una supuesta lectura “ideológica” como algunos pretenden. Hoy más que nunca debemos recordar el rol histórico de la CC y juzgar la sentencia actual en ese contexto.

Esta película ya la vimos, y en gran medida, sabemos cómo puede terminar.

Atestiguamos un nuevo episodio en la interminable guerra entre la captura del Estado y la construcción de un sistema de justicia con mayor independencia frente a poderes formales y fácticos.

Después que la Corte de Constitucionalidad ordenara al Ministerio Público presentar un informe sobre la investigación de “Comisiones Paralelas II” y solicitara al Congreso tomar en consideración dicho informe para evaluar la idoneidad y honorabilidad de los candidatos a las altas cortes, la contraofensiva de los actores interesados en tomar control del sistema de justicia se hizo sentir.

El interés es sencillo de identificar: las nuevas salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia deberán conocer en distintos momentos sobre casi un centenar de causas judiciales relacionadas con delitos de corrupción, que han puesto en jaque a diversos actores relevantes del sistema político.

La contraofensiva contra la CC se manifestó -en primer lugar- a través de solicitudes de antejuicio por supuestamente extralimitarse en sus facultades al resolver sobre el proceso de elección de cortes. Esto, olvidando que desde 1995, el máximo tribunal constitucional ha sostenido que no se puede perseguir a los magistrados constitucionales por el contenido de sus resoluciones.

Luego, mediante una integración ad hoc del pleno de la Corte Suprema de Justicia, se dio trámite a la solicitud de antejuicio. A pesar de que un precedente similar del año 2019, señalaba que la ruta del antejuicio era improcedente y que sería suspendía mediante una acción constitucional de amparo, la ofensiva para amedrentar a los magistrados constitucionales siguió.

Dicho y hecho. En menos de 24 horas, el tribunal constitucional suspendió el trámite del antejuicio, tal y como ha sucedido en reiteradas ocasiones anteriormente. La crítica ahora fue por la integración del Tribunal Constitucional, olvidando que el mismo artículo 170 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad establece que “A los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad no se aplican las causales de excusa establecidas en la Ley del Organismo Judicial ni en cualquiera otra ley.”

Cabe lugar la crítica por la no inhibitoria de 3 de los 4 magistrados constitucionales, pero lo cierto, es que el sistema no deja alternativas para casos como este. Sin olvidar que la “doctrina de la necesidad”, reseñada por el colega Edgar Ortiz, según la cual “La doctrina de la necesidad permite a un juez que de otro modo debería abstenerse o sería recusado conocer de una causa y fallarla cuando, de no hacerlo, pudiese producirse una injusticia”.

En gran medida la reacción externa a este dilema y al propio vacío legal del sistema no se puede entender sin antes reconocer que existe un enorme resquemor hacia la actual magistratura constitucional, que sin duda, puede caracterizarse como la primera corte “contra-poder” de la era democrática.

El siguiente paso de la trama fue conocer que el Congreso de la República no acataría la resolución de la CC, al negarse a remitir el expediente original al tribunal constitucional. Acto que ha dado lugar a la presentación de “debidas ejecutorias” por parte de los amparistas.

La tensión del sistema, similar a enero 2019, parece llegar a un nuevo límite. ¿Certificará lo conducente la Corte de Constitucionalidad contra el Congreso de la República? ¿Observaremos un abierto desacato de la resolución por parte de los Organismos Legislativo y Judicial? ¿Qué rol jugará el Ministerio Público en este conflicto institucional? ¿Ocurrirá -al igual que en 2019- que ante el escenario nuclear (o mexican standoff) de una debida ejecutoria versus un desacato, la única salida sensata sea la desescalada?

Seguramente para el ciudadano informado, pero ajeno a la disciplina legal y a la jerga de los abogados, lo que ocurre parece incomprensible. Intentaré ofrecer una explicación de lo que ocurre y por qué estamos ante una situación que pone en riesgo nuestro orden institucional.

Antecedentes: la Corte de Constitucionalidad (CC) resuelve sobre la elección de cortes

El MP interpuso un amparo derivado de una investigación en la que dio a conocer que varios protagonistas del proceso de elección de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones (CdeA) se reunieron con el procesado Gustavo Alejos quien buscaría influir en la elección de Cortes. La CC resolvió el amparo del MP con lugar (Expediente 1169-2020).

En dicha resolución CC ordenó al MP rendir un informe de la investigación, exponer los posibles delitos cometidos, el posible conflicto de interés de algunos aspirantes y ordenó al Congreso tener en cuenta estas situaciones para excluir a quienes no reúnan las condiciones de “idoneidad y honorabilidad”.

La denuncia contra magistrados de CC

Un aspirante a ocupar una magistratura denunció a los magistrados de la CC. ¿Motivo de la denuncia? A juicio del denunciante la sentencia de la CC se produce fuera de los límites de su competencia.

Por tener derecho de antejuicio, la CSJ conoció el asunto y ante la inhibitoria de sus titulares se integró como magistrados de CdeA. Estos decidieron tramitar el antejuicio y remitirlo al Congreso. La peculiaridad es que al menos seis de los que integran la CSJ son aspirantes para ocupar una magistratura y por lo tanto interesados en la causa que conocieron.

El amparo a favor de los magistrados de la CC

Ante el trámite del antejuicio, el procurador de los derechos humanos y algunos particulares interpusieron un amparo contra lo resuelto por la CSJ. ¿El motivo? Como lo expliqué en una entrada hace más de un año, no se puede perseguir a los magistrados de la CC por disentir de sus resoluciones. Criterio sostenido por la CC desde 1995.

A la CC le compete conocer los amparos contra la CSJ. De este modo, ante la inhibitoria de los magistrados Neftaly Aldana, Dina Ochoa y la ausencia de Henry Comte, integraron el tribunal tres de los magistrados denunciados. Resolvieron otorgar amparo provisional a favor de los magistrados denunciados y dejar en suspenso el trámite del antejuicio.

Mi opinión: ¿actuó bien la CC? ¿son intocables los magistrados?

Más o menos esclarecidos los hechos, procedo a comentar mi breve opinión sobre lo sucedido y sobre algunas críticas recurrentes que he visto en distintos espacios.

No olvidemos que estamos ante un fallo de un tribunal constitucional. En esta materia se hace más evidente que no existe una sola interpretación posible de la Constitución. El lenguaje que usan las constituciones es por su propia naturaleza amplio y en el texto constitucional encontramos principios y valores que habrá que conciliar. El profesor Rodolfo Luis Vigo lo explica con claridad:

“Esa posibilidad de encontrar más de una respuesta en buena medida está ligada a que la Constitución se ha reconocido como fuente del Derecho, y en ella hay básicamente principios, valores o derechos humanos que tienen esa capacidad potencial de generar respuestas en manos de juristas preparados para ello”.

Dicho eso, resulta improcedente endilgar responsabilidad a un juez constitucional simplemente por el contenido de su resolución. Ahora bien, ¿quiere decir esto que son intocables? Por supuesto que no. Si, por poner un ejemplo, existieran indicios de que un juez constitucional recibe un soborno para beneficiar a una parte, pues es perfectamente dable el encausamiento criminal.

La otra gran pregunta es, ¿podía la CC “auto ampararse”? Para muchos el hecho de que los magistrados afectados hayan intervenido resulta cuando menos cuestionable. El artículo 170 de la ley de amparo establece:

“A los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad no se aplican las causales de excusa establecidas en la Ley del Organismo Judicial ni en cualquiera otra ley. Cuando a su juicio, por tener interés directo o indirecto, o por estar en cualquier otra forma comprometida su imparcialidad, los Magistrados podrán inhibirse de conocer, en cuyo caso se llamará al suplente que corresponda.” (Resaltado propio)

De acuerdo con la ley, inhibirse es optativo. Quizás podamos aplicar alguna crítica de carácter ético y argumentar que debieron agotar el proceso de llamar a todos los suplentes. O podemos hacer una crítica al sistema y decir que en casos como el particular no existe en ley una solución adecuada. En otras latitudes, se da el caso que por la doctrina de la necesidad un juez puede conocer al no haber otro competente:

“La doctrina de la necesidad permite a un juez que de otro modo debería abstenerse o sería recusado conocer de una causa y fallarla cuando, de no hacerlo, pudiese producirse una injusticia. Esto puede suceder cuando no haya otro juez razonablemente disponible que no esté igualmente descalificado o si una postergación o juicio inconcluso causaría problemas muy graves o si el tribunal no pudiese constituirse para entender del asunto correspondiente y fallarlo si el juez en cuestión no participara”.

Se puede someter a discusión la doctrina anterior dado que no había otro tribunal competente para conocer el caso. De momento la CC solo ha resuelto otorgar el amparo provisional. Hace falta aun que la CC dicte una sentencia definitiva y uno esperaría que al momento de dictarla puedan conocerlo otros magistrados que no forman parte de la denuncia. Al menos para ese momento, el sistema ofrece una solución que garantiza la imparcialidad.

Mi opinión, en la arena política, es que esta denuncia no es una iniciativa por el Estado de Derecho. Es un burdo ataque de la clase política que ha visto interrumpida su agenda de nombrar magistrados afines a sus intereses a partir de lo resuelto por la CC. Es una venganza muy burda. Mientras tanto ponen en riesgo la institucionalidad y el orden constitucional y democrático del país.

Aún no está claro si este conflicto institucional llegará a su fin

El Congreso, en cumplimiento a la sentencia de amparo de dictada por la Corte de Constitucionalidad, dentro del expediente 1169- 2020, ha convocado para el día de hoy a sesión legislativa extraordinaria para iniciar el proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.

Menuda noticia. El impasse de más de ocho meses en el proceso de elección de las altas cortes del país parece próximo a llegar a su fin. Sin embargo, las alternativas de posibles desenlaces para este tortuoso proceso institucional parecen ser diversas. De ahí, la necesidad de explorar algunos escenarios.

En la sentencia del amparo aludido, la Corte de Constitucionalidad ordenó que el Congreso de la República conociera el informe circunstanciado del Ministerio Público sobre la posible manipulación de la elección de cortes. Y si bien la CC no ordenó tajantemente que se excluyera a los candidatos mencionados en el mismo, sí dejó entrever que los diputados debían calificar la honorabilidad e idoneidad de los candidatos, tomando en consideración el citado informe.

Escenario # 1: El Congreso acata a cabalidad lo dispuesto por el máximo tribunal constitucional y procede a excluir a los candidatos mencionados en el informe del Ministerio Público al tiempo en que procede a realizar un análisis a viva voz de la idoneidad y honorabilidad del resto de candidatos. Asimismo, el pleno del Congreso solicita a los diputados que tuvieron contacto con Gustavo Alejos que se abstengan de participar en la elección final. Cumpliendo con el fondo y la forma de lo dispuesto por la CC, se procede a elegir magistrados de apelaciones y de Corte Suprema de Justicia, poniendo fin así a este conflictivo proceso institucional.

Escenario # 2: El Congreso incumple con los criterios establecidos por la CC, ya sea de no excluir a los candidatos señalados, no votar a viva voz sobre la honorabilidad e idoneidad de los mismos, o sencillamente, no califica con rigurosidad los requisitos profesionales y éticos de cada candidato. En el acto, procede con la elección de magistrados de apelaciones y CSJ. Sin embargo, dado el incumplimiento de los requisitos de fondo y forma de la sentencia de la CC, se abre la puerta para que el mismo Ministerio Público (como accionante en el amparo) solicita una debida ejecutoria ante la CC, lo que podría generar -nuevamente- una suspensión de la elección y mayor retraso en el proceso institucional, sin olvidar las repercusiones legales y penales por el imposible incumplimiento de la sentencia.

Escenario # 3: Los actores interesados en ejercer control político y cooptar las altas cortes del país entienden que el mayor freno a sus designios es la actuación de la Corte de Constitucionalidad, que en este caso nuevamente ha jugado el rol de “árbitro político de última instancia.” A sabiendas que el período de la actual magistratura culmina en abril 2021, y alegando la complejidad de realizar una evaluación pormenorizada de la idoneidad y honorabilidad de cada uno de los 270 aspirantes a magistraturas de apelaciones y los 26 para Corte Suprema de Justicia, inician un proceso de “retraso malicioso” de la elección. Dado que el retraso en la elección de cortes no ha generado el “escenario apocalíptico” predicho por algunos, y dado que las actuales altas cortes responden a los designios de algunos de estos actores, el cálculo es apostar por la continuidad hasta que concluya el período de la Corte de Constitucionalidad. Una vez el alto tribunal constitucional cambie su integración y -en la apuesta de estos actores- sea más amigable a sus causas, podrán elegir altas cortes ad hoc a sus intereses.

Lo más grave es que nos está pasando lo mismo que otros países subdesarrollados, en donde estamos pagando un alto costo económico y la pandemia continúa su curso inexorable. ¿Estamos en un callejón sin salida?

La pandemia está fuera de control en Guatemala. Atrás quedaron las primeras 8 semanas de contagios, en donde parecía que íbamos a ser de los países menos afectados del continente. Hoy estamos en una situación crítica en la que la curva de contagios está creciendo a un ritmo que parece imparable y nuestro frágil sistema de salud está colapsando rápidamente ¿Qué opciones tenemos antes esta realidad? ¿Debemos cerrar por completo el país?

Las políticas de cierre fueron exitosas en los países desarrollados. Luego de dos meses de confinamiento lograron controlar la pandemia y comenzaron a abrir sus economías con todas las medidas de seguridad. El daño a sus economías fue muy fuerte, pero por el momento ganaron la batalla. Y digo por el momento, porque existe una alta probabilidad que enfrenten una segunda y hasta una tercera ola.

La situación en los países subdesarrollados es muy diferente. La India cerró su economía por dos meses en lo que ha sido catalogado como el mayor confinamiento de la historia, dado que ese país cuenta con más de mil trescientos millones de habitantes. Sin embargo, luego de ese período, este país tuvo que abrir nuevamente su economía, dado que más de 120 millones de personas habían perdido sus empleos para entonces y lo que es peor, el esfuerzo parece haber sido inútil, ya que la curva de contagio sigue creciendo de forma imparable.

Perú es el otro caso en el cual se cerró la economía y los contagios no menguaron. El centro de la pandemia se trasladó a los países subdesarrollados y a diferencia de los países avanzados, estamos perdiendo la batalla estrepitosamente. La razón es muy simple. Tenemos Estados ineficientes y no se cuentan con los recursos necesarios para garantizarle a las personas una red de apoyo si pierden sus empleos o sus pequeños negocios. Se debe salir a trabajar si se quiere evitar morir de hambre.

En el caso de Guatemala, el gobierno tomó medidas inmediatas ante los primeros casos registrados, lo cual fue aplaudido en su momento. Sin embargo, luego de tres meses de medidas erráticas, la situación esta fuera de control y la economía esta en picada. La recaudación fiscal cayó 24% en el mes de mayo y el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) cayó 5.2% en marzo y 10.2% en abril. Estamos en la mayor crisis económica desde los años ochenta y si se cumplen los peores escenarios, la situación podría ser incluso peor que la que se vivió en aquel entonces.

Lo más grave es que nos está pasando lo mismo que otros países subdesarrollados, en donde estamos pagando un alto costo económico y la pandemia continúa su curso inexorable. ¿Estamos en un callejón sin salida?

A estas alturas, los pocos ahorros con los que contaban muchas familias se están esfumando y muchas empresas están luchando por sobrevivir. Varias empresas ya cerraron para siempre. La expectativa era que esta situación iba a durar dos o tres meses, pero ahora tenemos claro que la pandemia estará rondando el mundo por lo menos dos años más. ¿Podríamos permanecer encerrados todo ese tiempo?

La única opción que tenemos en estos momentos es aprender a vivir con la pandemia. Y eso implica tratar de retomar las actividades, tomando todas las medidas de seguridad del caso. El gobierno tiene que duplicar el esfuerzo por fortalecer el sistema de salud y mantener bien pagados a todo el personal de salud, brindándoles todo el equipo de protección, porque aún falta lo más grave. También se tienen que incrementar sustancialmente el número de pruebas y el monitoreo de los casos activos.

Pero no podemos darnos el lujo de cerrar completamente el país, como ha quedado evidenciado en decenas de países subdesarrollados que lo han intentado y han fracasado. Debemos ser creativos, enfrentar nuestra realidad y tratar de evitar que miles de familias sigan sufriendo la tragedia del desempleo y la perdida de sus medios de subsistencia. Se debe cuidar la salud y la economía de las familias guatemaltecas.

Unión económica de Centroamérica

Los centroamericanos somos gente valiente, hemos aprendido a resistir y vamos a triunfar. Panameños, ticos, nicas, catrachos, guanacos y chapines; palabras que en otras latitudes quieren decir otras cosas, en nuestra región significan hermandad, pura vida, voluntad y alegría. Somos gente con fuerza.

Si la historia se debe entender como el relato del progreso de la humanidad, Centroamérica, esta pequeña región en la mitad del continente americano, da cuentas de un pasado fuerte y turbulento, pero tiene gran futuro. No somos parte del Sur y mucho menos del Norte. Nuestros índices y problemas sociopolíticos nos definen como una de las regiones más atrasadas, pobres y violentas del planeta.

Los centroamericanos somos gente valiente, hemos aprendido a resistir y vamos a triunfar. Panameños, ticos, nicas, catrachos, guanacos y chapines; palabras que en otras latitudes quieren decir otras cosas, en nuestra región significan hermandad, pura vida, voluntad y alegría. Somos gente con fuerza.

Los centroamericanos sabemos de nuestra historia, sus dramas y sus números. Sabemos de la insolvencia moral y financiera de nuestros Estados, y a veces, de la indiferencia de nuestras élites. Sabemos de la corrupción que nos avergüenza, de la pobreza que nos lastima, de la violencia que nos mata. Y sabemos también de la tristeza que nos embarga cuando senos niega el futuro.

En los últimos meses, discutiendo con economistas y expertos en temas de desarrollo, confirmamos lo que siempre hemos sabido. Cada país de Centroamérica, por su tamaño y circunstancias, enfrenta serias dificultades para alcanzar el desarrollo.

Por eso, la región necesita un Modelo de Desarrollo fundado en su integración económica. Ese Modelo tiene tres ejes: el primero es la plataforma institucional que garantiza el Estado de Derecho en cada país. El segundo eje lo forman condiciones de libertad, respeto a la pro­ piedad y confianza en la inversión para que la economía de la región tenga un crecimiento robusto y sea capaz de crear oportunidades para todos. Y como cada país en lo individual no tiene la masa crítica o la escala para crecer a la velocidad que necesitamos, el tercer eje, indispensable, es la integración económica de Centroamérica.

Los presidentes pueden abrir  las fronteras y declarar las cuatro libertades como en Europa, para que personas, mercancías, servicios y capitales se muevan libremente en el Istmo; y tendrían que armonizar, homologar y actualizar legislación fiscal, migratoria, financiera, sanitaria y ambiental para que Centroamérica inicie, de una vez por todas, el camino al desarrollo.

Somos 50 millones de seres humanos que compartimos historia y destino, tenemos la misma cultura y hablamos el mismo idioma. Queremos ser ciudadanos de una patria grande; y por qué no, de la nación Centroamericana.

La fuerza que ha hecho avanzar al mundo está en la iniciativa individual y la acción política que dignifica a la persona y enaltece la libertad, !a justicia y la democracia.

Las mayores transformaciones sociales y económicas en la historia de la humanidad no nacieron de las marchas, las huelgas y las arengas, sino del ingenio, la industria, el comercio; y hoy más que nunca, de la tecnología.

El ábaco, la máquina de vapor, la ciencia, la computadora, el Internet y la Inteligencia Artificial han hecho avanzar a la humanidad más que cualquier manifestación, protesta, cabildo o comité.

Los centroamericanos sabemos que la confianza y la justicia dependen tanto una de la otra como la economía de la migración. Si no hay justicia la confianza se pierde y si la economía no funciona la gente se va.

No ha sido fácil; por eso, nuestra historia y nuestros dramas nos enseñaron a luchar juntos, a llorar juntos ya soñar juntos. Somos gente solidaria y estamos siempre dispuestos a dar hasta la vida por defender y sacar adelante a nuestra familia, a nuestro país y a nuestra región.

Los centroamericanos necesitamos volver a creer  en la política, en nuestros gobiernos y en el Estado. Necesitamos saber que hay un futuro por el que merece la pena luchar. Un futuro en el que hay espacio, promesa y porvenir para todos.

La respuesta es la unión económica de Centroamérica.

Lo más grave es que nos está pasando lo mismo que otros países subdesarrollados, en donde estamos pagando un alto costo económico y la pandemia continúa su curso inexorable. ¿Estamos en un callejón sin salida?

La pandemia está fuera de control en Guatemala. Atrás quedaron las primeras 8 semanas de contagios, en donde parecía que íbamos a ser de los países menos afectados del continente. Hoy estamos en una situación crítica en la que la curva de contagios está creciendo a un ritmo que parece imparable y nuestro frágil sistema de salud está colapsando rápidamente ¿Qué opciones tenemos antes esta realidad? ¿Debemos cerrar por completo el país?

Las políticas de cierre fueron exitosas en los países desarrollados. Luego de dos meses de confinamiento lograron controlar la pandemia y comenzaron a abrir sus economías con todas las medidas de seguridad. El daño a sus economías fue muy fuerte, pero por el momento ganaron la batalla. Y digo por el momento, porque existe una alta probabilidad que enfrenten una segunda y hasta una tercera ola.

La situación en los países subdesarrollados es muy diferente. La India cerró su economía por dos meses en lo que ha sido catalogado como el mayor confinamiento de la historia, dado que ese país cuenta con más de mil trescientos millones de habitantes. Sin embargo, luego de ese período, este país tuvo que abrir nuevamente su economía, dado que más de 120 millones de personas habían perdido sus empleos para entonces y lo que es peor, el esfuerzo parece haber sido inútil, ya que la curva de contagio sigue creciendo de forma imparable.

Perú es el otro caso en el cual se cerró la economía y los contagios no menguaron. El centro de la pandemia se trasladó a los países subdesarrollados y a diferencia de los países avanzados, estamos perdiendo la batalla estrepitosamente. La razón es muy simple. Tenemos Estados ineficientes y no se cuentan con los recursos necesarios para garantizarle a las personas una red de apoyo si pierden sus empleos o sus pequeños negocios. Se debe salir a trabajar si se quiere evitar morir de hambre.

En el caso de Guatemala, el gobierno tomó medidas inmediatas ante los primeros casos registrados, lo cual fue aplaudido en su momento. Sin embargo, luego de tres meses de medidas erráticas, la situación esta fuera de control y la economía esta en picada. La recaudación fiscal cayó 24% en el mes de mayo y el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) cayó 5.2% en marzo y 10.2% en abril. Estamos en la mayor crisis económica desde los años ochenta y si se cumplen los peores escenarios, la situación podría ser incluso peor que la que se vivió en aquel entonces.

Lo más grave es que nos está pasando lo mismo que otros países subdesarrollados, en donde estamos pagando un alto costo económico y la pandemia continúa su curso inexorable. ¿Estamos en un callejón sin salida?

A estas alturas, los pocos ahorros con los que contaban muchas familias se están esfumando y muchas empresas están luchando por sobrevivir. Varias empresas ya cerraron para siempre. La expectativa era que esta situación iba a durar dos o tres meses, pero ahora tenemos claro que la pandemia estará rondando el mundo por lo menos dos años más. ¿Podríamos permanecer encerrados todo ese tiempo?

La única opción que tenemos en estos momentos es aprender a vivir con la pandemia. Y eso implica tratar de retomar las actividades, tomando todas las medidas de seguridad del caso. El gobierno tiene que duplicar el esfuerzo por fortalecer el sistema de salud y mantener bien pagados a todo el personal de salud, brindándoles todo el equipo de protección, porque aún falta lo más grave. También se tienen que incrementar sustancialmente el número de pruebas y el monitoreo de los casos activos.

Pero no podemos darnos el lujo de cerrar completamente el país, como ha quedado evidenciado en decenas de países subdesarrollados que lo han intentado y han fracasado. Debemos ser creativos, enfrentar nuestra realidad y tratar de evitar que miles de familias sigan sufriendo la tragedia del desempleo y la perdida de sus medios de subsistencia. Se debe cuidar la salud y la economía de las familias guatemaltecas.

Aún no está claro si este conflicto institucional llegará a su fin

El Congreso, en cumplimiento a la sentencia de amparo de dictada por la Corte de Constitucionalidad, dentro del expediente 1169- 2020, ha convocado para el día de hoy a sesión legislativa extraordinaria para iniciar el proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.

Menuda noticia. El impasse de más de ocho meses en el proceso de elección de las altas cortes del país parece próximo a llegar a su fin. Sin embargo, las alternativas de posibles desenlaces para este tortuoso proceso institucional parecen ser diversas. De ahí, la necesidad de explorar algunos escenarios.

En la sentencia del amparo aludido, la Corte de Constitucionalidad ordenó que el Congreso de la República conociera el informe circunstanciado del Ministerio Público sobre la posible manipulación de la elección de cortes. Y si bien la CC no ordenó tajantemente que se excluyera a los candidatos mencionados en el mismo, sí dejó entrever que los diputados debían calificar la honorabilidad e idoneidad de los candidatos, tomando en consideración el citado informe.

Escenario # 1: El Congreso acata a cabalidad lo dispuesto por el máximo tribunal constitucional y procede a excluir a los candidatos mencionados en el informe del Ministerio Público al tiempo en que procede a realizar un análisis a viva voz de la idoneidad y honorabilidad del resto de candidatos. Asimismo, el pleno del Congreso solicita a los diputados que tuvieron contacto con Gustavo Alejos que se abstengan de participar en la elección final. Cumpliendo con el fondo y la forma de lo dispuesto por la CC, se procede a elegir magistrados de apelaciones y de Corte Suprema de Justicia, poniendo fin así a este conflictivo proceso institucional.

Escenario # 2: El Congreso incumple con los criterios establecidos por la CC, ya sea de no excluir a los candidatos señalados, no votar a viva voz sobre la honorabilidad e idoneidad de los mismos, o sencillamente, no califica con rigurosidad los requisitos profesionales y éticos de cada candidato. En el acto, procede con la elección de magistrados de apelaciones y CSJ. Sin embargo, dado el incumplimiento de los requisitos de fondo y forma de la sentencia de la CC, se abre la puerta para que el mismo Ministerio Público (como accionante en el amparo) solicita una debida ejecutoria ante la CC, lo que podría generar -nuevamente- una suspensión de la elección y mayor retraso en el proceso institucional, sin olvidar las repercusiones legales y penales por el imposible incumplimiento de la sentencia.

Escenario # 3: Los actores interesados en ejercer control político y cooptar las altas cortes del país entienden que el mayor freno a sus designios es la actuación de la Corte de Constitucionalidad, que en este caso nuevamente ha jugado el rol de “árbitro político de última instancia.” A sabiendas que el período de la actual magistratura culmina en abril 2021, y alegando la complejidad de realizar una evaluación pormenorizada de la idoneidad y honorabilidad de cada uno de los 270 aspirantes a magistraturas de apelaciones y los 26 para Corte Suprema de Justicia, inician un proceso de “retraso malicioso” de la elección. Dado que el retraso en la elección de cortes no ha generado el “escenario apocalíptico” predicho por algunos, y dado que las actuales altas cortes responden a los designios de algunos de estos actores, el cálculo es apostar por la continuidad hasta que concluya el período de la Corte de Constitucionalidad. Una vez el alto tribunal constitucional cambie su integración y -en la apuesta de estos actores- sea más amigable a sus causas, podrán elegir altas cortes ad hoc a sus intereses.