En 2016, varios han sido los hechos políticos en perjuicio del orden constitucional en Nicaragua. 

Nicaragua ha sido catalogado en el ranking n° 89 de 102 países analizados en relación al “Estado de Derecho” (WJP Rule of Law Index 2015) debido a los insignificantes controles al poder y las escasas garantías a la libertad individual. Su sistema de gobierno ha sido catalogado de “régimen híbrido”, situado en el puesto n° 95 de 167 países analizados (The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index 2015), revelando la precariedad de la libertad política, del pluralismo político, de la alternabilidad en el ejercicio del poder, de los derechos políticos y de la protección al sufragio[1]. 

El presidente de Nicaragua en ejercicio es Daniel Ortega, quien fue electo el 5 de noviembre de 2006 y reelegido para un nuevo período constitucional de cinco años el 6 de noviembre de 2011,  luego de la manipulación constitucional efectuada por los jueces cooptados por las fuerzas políticas gubernamentales. A través de una polémica sentencia en 2011, la Sala Constitucional de la Corte Suprema (arts. 162, 163, 187, 188 y 189) ordenó al Consejo Supremo Electoral permitir que Ortega pudiera participar en las elecciones de 2011.

La Sala declaró “inaplicable” el  artículo 147 de la Constitución de Nicaragua que establecía que “El que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiera ejercido por dos períodos presidenciales”. Dicha norma prohibitiva de la reelección continua, fue desconocida judicialmente, abriéndose con ello la instauración de la “reelección indefinida” como ha sucedido en Venezuela (2009) y Ecuador (2015).

En 2014, el “Frente Sandinista” reformó la Constitución para incorporar  la “reelección indefinida”, permitiendo que el presidente en ejercicio se postulara a un tercer período consecutivo.  La existencia de la “reelección indefinida”, contradictoria con el principio de alterabilidad, ha sido uno de los tantos hechos políticos significativos que han resentido la institucionalidad del país centroamericano. En efecto, en julio de este año, por decisión del Consejo Supremo Electoral (28 de julio) y de la junta directiva la Asamblea Nacional (30 de julio) fueron “destituidos” 28 diputados (16 principales y 12 suplentes) que pertenecían al Partido Liberal Independiente hasta mayo, dada la renuencia de éstos a aceptar al nuevo líder del partido.  

Además, mediante la sentencia 299 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se arrebató la representación legal del Partido Liberal Independiente para transferirla a una persona de preferencia para el régimen oficial; violando derechos constitucionales, derechos humanos, estándares internacionales y el principio democrático.

En 2016, varios han sido los hechos en perjuicio del orden constitucional en Nicaragua. En vísperas de las elecciones presidenciales a celebrarse en noviembre sin fiscalización internacional, la “Coalición Nacional por la Democracia” se ha negado a participar, vista las condiciones, al punto de llamar al proceso “farsa” electoral. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación[2], y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha exhortado a que las partes en el conflicto se atengan a lo previsto en la Carta Democrática Interamericana y demás convenios, pactos y tratados internacionales. 

La ciudadanía tendrá un rol importante que cumplir en las llamadas “elecciones” a celebrarse en noviembre de 2016; ya sea rechazando las vulneraciones constitucionales o avalándolas. De igual modo, la comunidad internacional tendrá que seguir fiscalizando al gobierno de dicho país y exigir que se respete el orden jurídico nacional e internacional en un contexto suscrito por el rechazo explícito de gobiernos de varios países a los principios y valores de la Carta Interamericana de Derechos Humanos y demás tratados, pactos y convenios internacionales resintiendo con ello el ideal político del “Estado de Derecho” y el ideal democrático. 

 Referencias:

[1] Alvarado Andrade, J. “De la institucionalidad al desarrollo” en Fundación Libertad y Desarrollo, Guatemala, http://www.fundacionlibertad.com/articulo/estado-de-derecho-un-ideal-pol...

 [2] CIDH expresa preocupación ante destitución de diputados opositores en Nicaragua, 8 de agosto de 2016,  enhttp://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/111.asp

 Somos unos de los países más violentos en América Latina y, aunque las tasas de homicidios han descendido,  todavía son  insuficientes para que seamos considerados una sociedad pacífica. 

No hay día que los guatemaltecos dejen de escuchar o ver noticias sobre la muerte de personas, asaltos a ciudadanos, extorsiones a negocios, etc. No es una realidad distante, ni individual, sino que trabaja de forma sistémica y transnacional. Es una red compuesta por muchos actores y la justicia no ha triunfado en aplicar la ley.

Somos el quinto país más violento de América Latina[1]. Manejamos una tasa de 30 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que en países como Argentina,  las tasas no sobrepasan los 9 puntos. En el año 2009 alcanzamos la tasa más alta registrada, 46.5, y aunque siete años después los números han descendido,  todavía son  insuficientes para que seamos considerados una sociedad pacífica. 

El Estado guatemalteco se encuentra en una situación de grave debilidad institucional para hacer frente a esta problemática. Existen grupos clandestinos que operan violentamente, respondiendo a los intereses de redes de individuos poderosos que se enriquecen por medio de actividades ilícitas como contrabando de bienes, secuestros, tráfico de personas, de armas y municiones; y tráfico de narcóticos.

Como respuesta los gobiernos han tratado de fortalecer las instituciones relacionadas con el combate a la violencia, especialmente a la Policía Nacional Civil –PNC-. De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano 2013-2014 del PNUD,  en Guatemala existen más de 23,000 agentes de PNC que intentan velar por la seguridad de más de 15 millones de habitantes.  

El sector privado también ha respondido ante la situación del país. Según la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp) para el año 2015 habían 43 mil 500 guardias de seguridad privada. Esta cifra duplica la cantidad de agentes de PNC dada la demanda para asegurar la integridad de negocios locales que deben hacerle frente a extorsiones o asaltos que los agentes de la PNC no podrían prevenir. 

Otra solución encontrada por la sociedad civil ha sido la utilización de garitas, cercos, muros, etc. que cierran el paso de la violencia a las cercanías de sus hogares. Sin embargo, este tipo de medidas también daña la convivencia que tienen los guatemaltecos,eliminando espacios públicos, el acercamiento con sus vecinos y fomentando la percepción de inseguridad es cualquier espacio abierto que no presente control alguno.  

Además, la violencia en Guatemala tiene serios problemas en el desarrollo y cumplimiento de los más básicos derechos humanos como el derecho a la vida, a la libertad, al desarrollo sostenible, a la justicia, protección de la infancia, de la mujer, educación, etc.  Esto genera problemas en el crecimiento económico y el progreso que podría alcanzarse frente a la inseguridad de su sociedad. Los beneficios económicos no se materializan en productos y servicios que generen estabilidad a sus comunidades.

Pero a pesar de que la violencia parece estar generalizada en todo el territorio nacional, no todos los departamentos son iguales de violentos. La violencia homicida está relacionada negativamente con las variables de pobreza y de autodefinición étnica indígena. Es decir que la violencia se manifiesta en menor cantidad dentro de los municipios más pobres y con mayoría de población indígena.  Tiene relación con los cascos urbanos que concentran mayor número de habitantes y que permiten ver la desigualdad social de forma evidente. 

Fuente: STCNS Febrero 2016

 En definitiva nadie se encuentra ajeno a la violencia, pero mecanismos internos de control han ayudado a las comunidades indígenas a vencer este mal.  El índice de impunidad en nuestro país alcanza el 97%[2],  por lo que el trabajo que debe hacer el sector justicia para resolver los alto crímenes del país es una tarea importantísima para mejorar las cifras de violencia del país, especialmente en dichas localidades donde conviven guatemaltecos de distintas clases sociales. 

Pensar en seguridad, también es apostarle al desarrollo social. La investigación con datos estadísticos es un factor base para proponer planes acorde a la realidad de las distintas regiones del país y proponer políticas públicas que busquen mejorar transversalmente estas condiciones. Los guatemaltecos no quieren seguir viviendo en un territorio donde tener un día tranquilo es cuestión de “suerte” y el Estado debe responder a esto. 

 Referencias: 

[1] http://es.insightcrime.org/analisis/balance-insight-crime-homicidios-lat...

[2] http://www.udlap.mx/cesij/files/igi2015_ESP.pdf

 En el 2004, Revista D realiza una entrevista a Dionisio Gutiérrez sobre algunos gustos personales, su camino por Multi-Inversiones y por supuesto, sobre el programa Libre Encuentro. 

Revista D presenta a Dionisio Gutiérrez como uno de los empresarios más controversiales de Guatemala debido a sus tajantes posiciones políticas. Esto le ha acarreado un sinnúmero de enemigos, los cuales le acusan de golpista, evasor de impuestos y monopolista.  "Sé la clase de personas que son, y por eso me importa menos" responde. 

Acompáñenos a leer la entrevista completa: 

Fuente: Prensa Libre

Fuente: Prensa Libre

Fuente: Prensa Libre

 En 1997, Revista M publica una nota sobre Dionisio Gutiérrez y sus esfuerzos cívicos por Guatemala.

Dionisio Gutiérrez es descrito como un empresario poco convencional, una persona muy familiar y con una trayectoria cívica al servicio de su país. Sobre la realidad política y social de Guatemala, Dionisio mencionó que "demandan un pueblo dinámico, activo y exigente". Su programa, Libre Encuentro, le permitió ser crítico ante esta realidad y brindar su aporte personal en la búsqueda de una nación  diferente. 

Los invitamos a leer la nota completa publicada por Revista M, de Saúl E. Méndez, en abril de 1997: 

 La revista Visión publicó un artículo en 1996 sobre Dionisio Gutiérrez y el programa político por excelencia de la época, Libre Encuentro.  

En 1996, Libre Encuentro tenía cinco años de estar al aire. Fue un programa crítico, donde diversas personalidades guatemaltecas participaron en debates sobre temas de importancia nacional.  En poco tiempo se convirtió en el programa político por excelencia, no solo por su lucha constante contra la corrupción, sino por el aporte académico que daba a la sociedad guatemalteca. La apertura total con absoluta libertad de expresión, le valió la credibilidad al espacio que Dionisio Gutiérrez fundó en el año 1991. 

Los invitamos a leer un artículo que la revista Visión publicó sobre la trayectoria de Dionisio Gutiérrez y el emblemático programa Libre Encuentro: 

 Entrevista realizada a Dionisio Gutiérrez en el 2005 en donde expresa sus opiniones sobre la situación de Guatemala. 

En el 2005, Nuestro Diario le realizó una entrevista a Dionisio Gutiérrez donde comparte sus gustos personales, su labor en los negocios familiares, pero sobre todo su preocupación por el desarrollo político de Guatemala. 

En la entrevista, Dionisio expresó que a pesar de no tener interés de participar en la política partidista, ha asumido como una responsabilidad brindar aportes a la vida cívica del país. Además se descubren aspectos personales como su admiración por los presidentes Juan José Arévalo y Ramiro de León Carpio. Y al preguntarle sobre los problemas del país, compartió que existe una necesidad de crear políticas que resuelvan la pobreza, violencia, atraso, injusticia, falta de institucionalidad y educación. Al preguntarle sobre qué pensaba de la política, él respondió "urge rescatarla". 

A continuación le invitamos a leer la entrevista completa: 

Fuente: Periódico Nuestro Diario

Fuente: Periódico Nuestro Diario

 La lucha contra las violaciones de derechos humanos se ve nublada para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En Junio de 2016, la Oficina de Prensa y Comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó la suspensión de audiencias, visitas, así como los Períodos de Sesiones n° 159 y 160 programados para julio y octubre de este año, ello sin contar con la probable reducción, en un 40%, del personal que allí labora el próximo 31 de julio de 2016, fecha en la que expiran los contratos de gran parte del personal capacitado y que históricamente se ha formado allí. 

Todo esto fue producido por la disminución de donaciones internacionales y la ausencia de pago de las cuotas a las cuales están obligados los Estados miembro. Ante esta crisis financiera, algunos países prefirieron en lugar de honrar sus compromisos, criticar el funcionamiento de la CIDH, alegando que la situación puede deberse a la «desconfianza de los Estados», mientras que otros, más allá de las críticas que pueden formularse al funcionamiento de toda institución, se comprometieron públicamente a aportar fondos inmediatos para evitar el colapso de la institución. 

Monto de donaciones en miles de dólares.

 Esta severa crisis financiera por la cual atraviesa el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, impediría el cumplimento de las funciones de la CIDH, como es la de: «promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia»[1]. Ello crearía una indefensión de los ciudadanos de la región, dificultando el derecho de formular peticiones ante el sistema interamericano de derechos humanos, como señalan los tratados y las constituciones nacionales. 

De hecho, luego del Comunicado  2016/069 de la CIDH, diversos representantes de la OEA han sugerido la necesidad de que la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, elaboren un proyecto de fondo independiente, que elimine la dependencia de los vaivenes de las donaciones[2], lo que coadyuvaría a lograr mayor independencia y autonomía técnica de tales organismos. 

Esta discusión, de igual forma, se ha extendido en torno al Proyecto de Resolución: «Financiamiento del Programa-Presupuesto de la Organización 2017» (CP/doc.5229/16 rev. 1), que discute el Consejo Permanente de la organización, para lograr, conforme a los artículos 54(e) y 55 de la Carta de la OEA, aprobar un presupuesto donde se fijen claramente las cuotas con las cuales debe contribuir cada uno de los Estados al sostenimiento de la organización.

El no cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados Miembros de la OEA sin duda revela poco compromiso con la defensa de los derechos humanos. De hecho, se ha sostenido, que el presupuesto regular de la CIDH en este 2016, no alcanza los 5 millones de dólares. 

Si la crisis se agudiza y, las labores de la CIDH y de la Corte se ven afectadas severamente, el no funcionamiento de tales órganos implicaría el desconocimiento del Derecho internacional de los Derechos Humanos[3]. Este detalle tiene importancia, ya que los derechos humanos han venido incorporándose en las Constituciones nacionales de los Estados miembros. Si la CIDH y la Corte disminuyen en sus labores, afectaría a los ciudadanos, pues estarían impedidos de hacer valer sus derechos y garantías a través de los mecanismos de protección nacionales e internacionales. 

 Referencias:

1. Art. 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

2. http://www.oas.org/es/cidh/mandato/finanzas/RecursosFinancieros-2011-201...

3. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Convención Americana sobre Derechos Humanos; Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; Carta Democrática Interamericana; Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. 

 Dionisio Gutiérrez fue recibido por el Rey Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela, como miembro del Consejo Académico y Social del Instituto Atlántico de Gobierno.

​Su Majestad el Rey Felipe VI, recibió en el Palacio de La Zarzuela a los miembros del Consejo Académico y Social del Instituto Atlántico de Gobierno (IADG), con ocasión de la celebración, en Madrid, de la I Semana Atlántica del 30 de mayo al 2 de junio. Este encuentro de máximo nivel académico, empresarial, cultural y político sirvió para clausurar las actividades del IADG en el curso académico 2015-2016. 

Acudieron al Palacio de La Zarzuela el presidente del Instituto Atlántico de Gobierno, ex presidente del Gobierno, José María Aznar; la fundadora y presidenta de la Fundación Eduardo Barreiros, Mariluz Barreiros; el catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Deusto, Fernando García de Cortázar; el presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo (Guatemala), Dionisio Gutiérrez; el ex ministro de Asuntos Exteriores de España, Abel Matutes; el presidente del Grupo Mezerhane (Venezuela/USA). Promotor Grupo IDEA, Nelson Mezerhane; el consejero delegado de OHL y ex ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Piqué; el presidente de Endesa, Borja Prado; el presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y consejero del Tribunal de Cuentas, Juan Velarde; el miembro de Consejo de Administración del Instituto Atlántico de Gobierno, José María Aznar Botella; el miembro del Consejo de Administración del Instituto Atlántico de Gobierno y presidente de Trinity College Group, Julio Fidalgo, y el director académico del Instituto Atlántico de Gobierno, Miguel Ángel Quintanilla.

Fuente: www.casareal.es

 La confección de la Ley de Competencia requiere de un conjunto de personas versadas en temas jurídicos, económicos, financieros y de comercio internacional para que la legislación pueda ser beneficiosa para todos.

Recientemente se ha planteado en Guatemala un debate en torno a la necesidad de  legislar en el ámbito de la protección de la competencia. La referida legislación contemplaría, aunque no exclusivamente, regulaciones en relación a la competencia desleal, abuso de posición, prácticas monopólicas, integraciones empresariales y prácticas comerciales restrictivas. También lo relativo a la regulación sectorial que favorezca el cumplimiento de la legislación, mediante la confección necesariamente de un ente regulador llamado a velar por el cumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala y de la legislación respectiva. 

Dado que la mayoría de los países en América latina cuentan con leyes en este ámbito, se ha argumentado enfáticamente la necesidad de adoptar una, no solo para cumplir con algunos preceptos constitucionales, sino también, para adaptar el ordenamiento jurídico guatemalteco a la exigencia de tratados, pactos, acuerdos y convenios internacionales suscritos por el Estado. Esta exigencia, tantas veces mencionada en la discusión, reviste cierta importancia, aun cuando ello no equivale a la adopción acrítica de legislaciones foráneas sin evaluar el contexto y ordenamiento jurídico existente en el país.

Esta discusión ha involucrado a muchos sectores sociales, con opiniones y sugerencias importantes que deben ser tomadas en cuenta. Además, como se ha visto en el debate, la confección de una legislación en éste ámbito requiere de  un conjunto de personas versadas en temas jurídicos, económicos, financieros y de comercio internacionalpara que la legislación pueda ser beneficiosa para todos, mediante el estudio y reflexión de los distintos factores en juego. 

Así pues, conforme al Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, se ha sostenido que es indispensable que el Estado de Guatemala coopere en la elaboración de políticas relacionadas con la competencia, y de igual modo, en la armonización del marco jurídico en dicha materia. Sin embargo, la discusión en torno a la legislación debe ser exhaustiva y técnica, para que la misma sea compatible con las exigencias constitucionales, la de los tratados, pactos y convenios internacionales suscritos por el Estado e incluso favorable a los intereses de la sociedad civil en el que el sector empresarial juega un rol protagónico. 

Esta discusión debe tomar en cuenta, que la Ley de Competencia no se puede dictar en el vacío, ya que su efectividad depende de un fortalecimiento del Derecho Administrativo, tanto en su aspecto de estudio acerca de las relaciones jurídicas entre Administración Pública y ciudadanos, como en su sentido de ordenamiento jurídico dirigido a regular esas relaciones. De hecho no es un secreto para nadie que existe un vacío legal en muchos ámbitos del Derecho administrativo (procesos administrativos, recursos administrativos, vicios de los actos administrativos, etc.), los cuales deben remediarse para que una ley de competencia pueda cumplir sus propósitos en conformidad con el Estado de Derecho. 

Dado que la sanción de una legislación aislada del contexto general y de los factores antes mencionados puede terminar en una herramienta más de subdesarrollo, luce imperioso seguir con la discusión. Si el propósito es promover una economía social de mercado a través de ésta legislación, es pertinente seguir con el diálogo -beneficioso en la recuperación de la democracia y participación ciudadana- acotado a problemas jurídico-administrativos que hay que resolver con prontitud. 

 La Procuraduría de los Derechos Humanos publicó hace poco un informe sobre trata de personas que describe la situación que viven las víctimas de este delito en Guatemala. 

No hace muchos días atrás, la Procuraduría de los Derechos Humanos publicó el Informe de situación de la trata de personas en Guatemala 2015, donde presenta el panorama de la explotación laboral, sexual y mendicidad del país; siendo las mujeres, niños y  jóvenes los grupos más vulnerables. 

El informe comienza dando un panorama sobre la situación migratoria del país, pues la migración y la trata muchas veces van de la mano.  Las deportaciones en el 2015 alcanzaron el número de 158,789[1] personas, lo que da un panorama de la cantidad de migrantes que viajan cada día hacia Estados Unidos. El crimen organizado se aprovecha de esta situación y captura en la transición de Guatemala a México a personas para “colaborar” en su red, especialmente a niños y mujeres, pues son fáciles de secuestrar y controlar.  

 En el  2015, el Ministerio Público -MP- detectó a 673 posibles víctimas de trata, las cuales debían de probar su caso con la ayuda del MP para contar con el apoyo institucional del Estado. Una de las grandes críticas que surge en el informe es la poca capacidad de acción que tiene el Estado guatemalteco ante la detección de estos casos en lugares vulnerables como las fronteras. La mayoría de las organizaciones sociales vinculadas al tema de trata o migración indicaron que desconocían si la Dirección General de Migraciones tenía algún protocolo para responder ante “posibles víctimas” (cuando es una de las entidades estatales con mayor acercamiento a la problemática). Lo único que tienen claro es que, en caso de ellos identificar a una víctima, se comunican con la subestación de la Policía Nacional Civil más cercana para que puedan atenderla.  

La ONU ha señalado que por cada víctima de trata rescatada hay 30 ocultas lo que daría un total de 20,190 víctimas sin descubrir, conforme a los datos del 2015. El problema es que algunos guatemaltecos han olvidado que el tema de trata de personas está relacionado con la privación de libertades que cada ser humano tiene y en su lugar, es entendida como algo “normal” o cultural.  Esto hace difícil encontrar casos que no necesariamente tienen que ver con explotación sexual, sino aquellos que suceden en la cotidianidad con empleadas domésticas exclavisavas, obreros en fábricas o agricultores explotados o personas en la mendicidad. 

Otro vacío que se encuentra es la atención y protección de quienes ya son consideradas víctimas. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Estado debe garantiza el alojamiento seguro y adecuado para las necesidades de las víctimas de trata y no deben ser recluidas en centro de detención para inmigrantes u otro tipo de albergues, ya que tienen necesidades especiales. Durante 2015 se albergaron, del total de víctimas, a 201 personas en seis albergues gubernamentales, de los cuales tres no están especializados en la atención a víctimas de trata.  Así mismo la Secretaria de Bienestar Social cerró el Albergue Luz de Esperanza en diciembre del 2015 sin más explicación que su reglamento interno no le permitía realizar esas actividades.  Lo preocupante de esta situación es que quedarían un total de dos albergues especializados para el 2016. 

En materia judicial, las cifras aumentaron en el 2015 al resolver satisfactoriamente 37 de las 394 denuncias[2] que se registraron en el MP con víctimas de tratas confirmadas, a diferencia de las 19 que se realizaron en el 2014. El problema con el proceso judicial es que muchos de los casos se desestiman cuando la investigación no encuentra al acusado de trata por la misma naturaleza “oculta” del delito y esto hace que jamás llegue a las cortes. Tan solo en el 2015, el MP tuvo que desestimar 67 de las denuncias, mientras que las restantes siguen en investigación. 

Guatemala tiene todavía un largo camino para combatir la trata de personas, pues a pesar de los avances que han habido en materia de acompañamiento legal o judicial, los casos siguen sin salir a luz y la atención a las víctimas es precaria. El Estado se ha apoyado en organizaciones no gubernamentales para suplir la falta de servicios, pero el resguardo de los derechos humanos de las víctimas debe provenir del mismo Estado. El fortalecimiento de instituciones, como el Ministerio Público, Organismo Judicial o la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas no solo mejoraría las cifras de la lucha del Estado en esta problemática, sino que alejaría a más mujeres, hombres y niños de este círculo criminal. 

Referencias:

[1] Página web de la Dirección General de Migración: http://www.migracion.gob.gt/index.php/root1/estadisticas.html

[2] Ministerio Público. CRM-4883-Personas Agraviadas Trata 2015-. Reporte Estadístico de Personas Victimas por el Delito.