En 2016, varios han sido los hechos políticos en perjuicio del orden constitucional en Nicaragua. 

Nicaragua ha sido catalogado en el ranking n° 89 de 102 países analizados en relación al “Estado de Derecho” (WJP Rule of Law Index 2015) debido a los insignificantes controles al poder y las escasas garantías a la libertad individual. Su sistema de gobierno ha sido catalogado de “régimen híbrido”, situado en el puesto n° 95 de 167 países analizados (The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index 2015), revelando la precariedad de la libertad política, del pluralismo político, de la alternabilidad en el ejercicio del poder, de los derechos políticos y de la protección al sufragio[1]. 

El presidente de Nicaragua en ejercicio es Daniel Ortega, quien fue electo el 5 de noviembre de 2006 y reelegido para un nuevo período constitucional de cinco años el 6 de noviembre de 2011,  luego de la manipulación constitucional efectuada por los jueces cooptados por las fuerzas políticas gubernamentales. A través de una polémica sentencia en 2011, la Sala Constitucional de la Corte Suprema (arts. 162, 163, 187, 188 y 189) ordenó al Consejo Supremo Electoral permitir que Ortega pudiera participar en las elecciones de 2011.

La Sala declaró “inaplicable” el  artículo 147 de la Constitución de Nicaragua que establecía que “El que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiera ejercido por dos períodos presidenciales”. Dicha norma prohibitiva de la reelección continua, fue desconocida judicialmente, abriéndose con ello la instauración de la “reelección indefinida” como ha sucedido en Venezuela (2009) y Ecuador (2015).

En 2014, el “Frente Sandinista” reformó la Constitución para incorporar  la “reelección indefinida”, permitiendo que el presidente en ejercicio se postulara a un tercer período consecutivo.  La existencia de la “reelección indefinida”, contradictoria con el principio de alterabilidad, ha sido uno de los tantos hechos políticos significativos que han resentido la institucionalidad del país centroamericano. En efecto, en julio de este año, por decisión del Consejo Supremo Electoral (28 de julio) y de la junta directiva la Asamblea Nacional (30 de julio) fueron “destituidos” 28 diputados (16 principales y 12 suplentes) que pertenecían al Partido Liberal Independiente hasta mayo, dada la renuencia de éstos a aceptar al nuevo líder del partido.  

Además, mediante la sentencia 299 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se arrebató la representación legal del Partido Liberal Independiente para transferirla a una persona de preferencia para el régimen oficial; violando derechos constitucionales, derechos humanos, estándares internacionales y el principio democrático.

En 2016, varios han sido los hechos en perjuicio del orden constitucional en Nicaragua. En vísperas de las elecciones presidenciales a celebrarse en noviembre sin fiscalización internacional, la “Coalición Nacional por la Democracia” se ha negado a participar, vista las condiciones, al punto de llamar al proceso “farsa” electoral. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación[2], y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha exhortado a que las partes en el conflicto se atengan a lo previsto en la Carta Democrática Interamericana y demás convenios, pactos y tratados internacionales. 

La ciudadanía tendrá un rol importante que cumplir en las llamadas “elecciones” a celebrarse en noviembre de 2016; ya sea rechazando las vulneraciones constitucionales o avalándolas. De igual modo, la comunidad internacional tendrá que seguir fiscalizando al gobierno de dicho país y exigir que se respete el orden jurídico nacional e internacional en un contexto suscrito por el rechazo explícito de gobiernos de varios países a los principios y valores de la Carta Interamericana de Derechos Humanos y demás tratados, pactos y convenios internacionales resintiendo con ello el ideal político del “Estado de Derecho” y el ideal democrático. 

 Referencias:

[1] Alvarado Andrade, J. “De la institucionalidad al desarrollo” en Fundación Libertad y Desarrollo, Guatemala, http://www.fundacionlibertad.com/articulo/estado-de-derecho-un-ideal-pol...

 [2] CIDH expresa preocupación ante destitución de diputados opositores en Nicaragua, 8 de agosto de 2016,  enhttp://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/111.asp

 Dionisio Gutiérrez fue recibido por el Rey Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela, como miembro del Consejo Académico y Social del Instituto Atlántico de Gobierno.

​Su Majestad el Rey Felipe VI, recibió en el Palacio de La Zarzuela a los miembros del Consejo Académico y Social del Instituto Atlántico de Gobierno (IADG), con ocasión de la celebración, en Madrid, de la I Semana Atlántica del 30 de mayo al 2 de junio. Este encuentro de máximo nivel académico, empresarial, cultural y político sirvió para clausurar las actividades del IADG en el curso académico 2015-2016. 

Acudieron al Palacio de La Zarzuela el presidente del Instituto Atlántico de Gobierno, ex presidente del Gobierno, José María Aznar; la fundadora y presidenta de la Fundación Eduardo Barreiros, Mariluz Barreiros; el catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Deusto, Fernando García de Cortázar; el presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo (Guatemala), Dionisio Gutiérrez; el ex ministro de Asuntos Exteriores de España, Abel Matutes; el presidente del Grupo Mezerhane (Venezuela/USA). Promotor Grupo IDEA, Nelson Mezerhane; el consejero delegado de OHL y ex ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Piqué; el presidente de Endesa, Borja Prado; el presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y consejero del Tribunal de Cuentas, Juan Velarde; el miembro de Consejo de Administración del Instituto Atlántico de Gobierno, José María Aznar Botella; el miembro del Consejo de Administración del Instituto Atlántico de Gobierno y presidente de Trinity College Group, Julio Fidalgo, y el director académico del Instituto Atlántico de Gobierno, Miguel Ángel Quintanilla.

Fuente: www.casareal.es

 La confección de la Ley de Competencia requiere de un conjunto de personas versadas en temas jurídicos, económicos, financieros y de comercio internacional para que la legislación pueda ser beneficiosa para todos.

Recientemente se ha planteado en Guatemala un debate en torno a la necesidad de  legislar en el ámbito de la protección de la competencia. La referida legislación contemplaría, aunque no exclusivamente, regulaciones en relación a la competencia desleal, abuso de posición, prácticas monopólicas, integraciones empresariales y prácticas comerciales restrictivas. También lo relativo a la regulación sectorial que favorezca el cumplimiento de la legislación, mediante la confección necesariamente de un ente regulador llamado a velar por el cumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala y de la legislación respectiva. 

Dado que la mayoría de los países en América latina cuentan con leyes en este ámbito, se ha argumentado enfáticamente la necesidad de adoptar una, no solo para cumplir con algunos preceptos constitucionales, sino también, para adaptar el ordenamiento jurídico guatemalteco a la exigencia de tratados, pactos, acuerdos y convenios internacionales suscritos por el Estado. Esta exigencia, tantas veces mencionada en la discusión, reviste cierta importancia, aun cuando ello no equivale a la adopción acrítica de legislaciones foráneas sin evaluar el contexto y ordenamiento jurídico existente en el país.

Esta discusión ha involucrado a muchos sectores sociales, con opiniones y sugerencias importantes que deben ser tomadas en cuenta. Además, como se ha visto en el debate, la confección de una legislación en éste ámbito requiere de  un conjunto de personas versadas en temas jurídicos, económicos, financieros y de comercio internacionalpara que la legislación pueda ser beneficiosa para todos, mediante el estudio y reflexión de los distintos factores en juego. 

Así pues, conforme al Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, se ha sostenido que es indispensable que el Estado de Guatemala coopere en la elaboración de políticas relacionadas con la competencia, y de igual modo, en la armonización del marco jurídico en dicha materia. Sin embargo, la discusión en torno a la legislación debe ser exhaustiva y técnica, para que la misma sea compatible con las exigencias constitucionales, la de los tratados, pactos y convenios internacionales suscritos por el Estado e incluso favorable a los intereses de la sociedad civil en el que el sector empresarial juega un rol protagónico. 

Esta discusión debe tomar en cuenta, que la Ley de Competencia no se puede dictar en el vacío, ya que su efectividad depende de un fortalecimiento del Derecho Administrativo, tanto en su aspecto de estudio acerca de las relaciones jurídicas entre Administración Pública y ciudadanos, como en su sentido de ordenamiento jurídico dirigido a regular esas relaciones. De hecho no es un secreto para nadie que existe un vacío legal en muchos ámbitos del Derecho administrativo (procesos administrativos, recursos administrativos, vicios de los actos administrativos, etc.), los cuales deben remediarse para que una ley de competencia pueda cumplir sus propósitos en conformidad con el Estado de Derecho. 

Dado que la sanción de una legislación aislada del contexto general y de los factores antes mencionados puede terminar en una herramienta más de subdesarrollo, luce imperioso seguir con la discusión. Si el propósito es promover una economía social de mercado a través de ésta legislación, es pertinente seguir con el diálogo -beneficioso en la recuperación de la democracia y participación ciudadana- acotado a problemas jurídico-administrativos que hay que resolver con prontitud. 

 Existe una preocupación en distintos sectores que, al haber excluido la educación integral en sexualidad, de la iniciativa de ley para la juventud el tema no podrá ser tratado en las escuelas públicas del país, sin embargo esto no necesariamente es cierto. 

La polémica ley de la juventud, iniciativa 3896, que desde hace algunos meses está siendo discutida en el Congreso ha sido objeto de acalorados debates entre distintos grupos de la sociedad civil. Los dos temas que han generado mayor controversia son la implementación de un nuevo impuesto dirigido al funcionamiento de la Secretaría de la Juventud y la inclusión del tema de educación integral en sexualidad en el currículo del Ministerio de Educación. 

Ésta semana la comisión encargada del tema en el Congreso, presentó el dictamen favorable para la aprobación de la iniciativa anunciando que ambos temas habían sido retirados de la misma y que ésta iniciaría el trámite para ser conocida por el pleno.

La noticia fue tomada como una derrota por los distintos actores a favor de la propuesta original, pues consideran que al haber excluido la educación integral en sexualidad de la iniciativa de ley para la juventud, el tema no será tratado en las escuelas públicas del país, lo cual no es cierto. 

En el año 2009 entró en vigencia el reglamento del Decreto 87-2005, llamado Ley de acceso universal y equitativo de servicios de planificación familiar y su integración en el Programa Nacional de Salud Reproductiva[1]. El objetivo principal de dicha ley, es obligar al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) a proporcionar métodos y consejería en planificación familiar a todas las personas que demanden el servicio.

Así mismo, la Ley de Planificación Familiar obliga al Ministerio de Educación a redefinir la propuesta curricular de estudios a  nivel secundario, en coordinación con el Ministerio de Salud, para incluir los contenidos referentes al tema de salud reproductiva[2]. 

La ley también especifica que la formación debe ser integral y enumera algunos de los temas que deben incluirse en la misma:

- Derechos y responsabilidades para la promoción y auto cuidado de la salud.

- Sexualidad y el embarazo precoz y no deseado.

- Factores de riesgo que contribuyen y afectan la morbimortalidad materno-infantil.

 Esta ley fue objeto de polémica y acaloradas discusiones en el año de su aprobación, pues diversos sectores, algunos de ellos asociados a la Iglesia Católica, se oponían a que los servicios públicos del país, tanto educativos como de salud, proporcionaran a la población información y métodos de planificación familiar. Pese a la oposición, la ley fue exitosamente aprobada y hoy Guatemala cuenta con un marco jurídico que brinda acceso a los guatemaltecos a la salud sexual y reproductiva.

Desde la aprobación de la ley, el Ministerio de Salud ha implementado de forma precaria los servicios en salud sexual y reproductiva a través del Programa Nacional de Salud Reproductiva. Los problemas generalizados del sistema público de salud han impedido que el tema cobre la fuerza necesaria, ya que la eficiencia del servicio siempre depende de la capacidad del personal para proporcionar la consejería y de la disponibilidad de insumos en cada servicio de salud.

En el tema educativo, el Currículo Nacional Base contempla el tema de la educación sexual y la planificación familiar. En el área de Ciencias Naturales, se encuentra el componente de vida saludable el cual tiene entre sus objetivos: “Estimular el desarrollo de valores relacionados con el pensamiento crítico, la toma razonada de decisiones ligadas al bienestar personal, familiar y comunitario y el manejo responsable de la sexualidad y la planificación familiar”.

Una rápida revisión de la legislación existente y el Currículo Nacional Base permite determinar que Guatemala cuenta, desde hace algunos años, con la base legal y técnica para que la educación sexual y reproductiva no sea un tema olvidado. Determinar si el tema está siendo abordado de forma correcta por las instituciones públicas responsables del mismo, requiere hacer un análisis de la calidad de los servicios públicos.

En conclusión, para mejorar la efectividad de la política de salud reproductiva en el país no es necesario perder tiempo discutiendo sobre la posibilidad de aprobar una nueva legislación sobre el tema, sino conocer la legislación existente y velar por que las instituciones la cumplan.

Referencia

[1]  El Decreto 87-2005 puede ser consultado en línea aquí: http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/Cen...

[2] Artículo 12 del Capítulo III del Reglamento de la Ley de PF. Acuerdo gubernativo 279-2009. Puede ser consultado aquí:http://www.iglesiacatolica.org.gt/cns/200901.pdf

 #ActualidadAnalizada

En 2007 la Organización de Naciones Unidas declaró el 15 de octubre como el Día Internacional de la Mujer Rural, fecha que resulta importante porque ayuda a reconocer la importancia de la mujer en las áreas rurales y los problemas que enfrenta en países como Guatemala.

El papel de la mujer en las áreas rurales está íntimamente relacionado con la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza, dos temas de mucho interés para Guatemala y los países en desarrollo. En las áreas rurales son las mujeres quienes desempeñan funciones claves que permiten alcanzar la seguridad alimentaria y el incremento de los medios de subsistencia de sus hogares y de las comunidades, de ahí la importancia de generar conciencia sobre este tema en los formuladores de políticas públicas.

Ban Ki-moon: «Las #MujeresRurales son fundamentales para el desarrollo sostenible» http://t.co/D6wsdZjXwd pic.twitter.com/Ivr3FZ1NEd

— Naciones Unidas (@ONU_es) 15 de octubre de 2015

A pesar del importante papel que juega la mujer rural en el sostenimiento y desarrollo de las comunidades. En países como Guatemala, es común que se enfrente a serios problemas que van desde los que son comunes para muchas áreas del país como la pobreza; poco acceso a infraestructura básica y servicios; y poco acceso a las instituciones de un Estado de Derecho, hasta otros que son específicos por su condición de mujer como la violencia de género y discriminación.

Situación
DE LA MUJER RURAL EN AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

- En las áreas rurales, las mujeres dedican más del doble de tiempo que dedican los hombres a tareas del hogar como la cocina, la compra de alimentos y asegurar el suministro de agua potable. [1]  

- Más de dos tercios de los 796 millones de analfabetos en el mundo son mujeres, muchas de las cuales viven en áreas rurales.[2]

- Las mujeres constituyen un promedio del 43% de la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo.[3]

- Datos de países de África, Asia y América Latina señalan que las mujeres rurales tienen menos probabilidades de conseguir empleos remunerados, agrícolas o no agrícolas, que los hombres.[4]

- Cuando las mujeres rurales logran conseguir trabajos remunerados, estos suelen ser de tiempo parcial, mal remunerado y/o estacional.[5]

- Las mujeres del área rural padecen más violencia que las de las áreas urbanas, algunas causas de esto son la falta de acceso a la educación y a las instituciones de justicia.[6]

- El salario medio de los hombres es mayor que el de las mujeres, tanto en las zonas rurales como urbanas y en algunos países la brecha salarial entre mujeres y hombres también es mayor en las áreas rurales.[7]

- Según ONU Mujeres en el mundo, menos del 20% de los propietarios de tierras son mujeres.

Por qué
DISEÑAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ATIENDAN A LA MUJER RURAL

 En Guatemala más del 50% de la población del país vive en áreas rurales, es además en estas áreas rurales en donde se encuentra la mayor parte de la población más pobre. Según el INE la pobreza extrema y la pobreza general tiene mayor prevalencia en las mujeres y especialmente en las mujeres indígenas.[8]

Ante esta realidad, es evidente que los mayores esfuerzos de rescate y combate a la pobreza deben estar dirigidos hacia la mujer del área rural. La importancia que tiene la mujer en el desarrollo del futuro de un país ha quedado evidenciada a través de los años. Según la FAO, numerosos estudios señalan que proveer de fuentes de ingresos para mujeres tiene un efecto directo en la salud y educación de los niños.

Los esfuerzos educativos dirigidos específicamente a la mujer también han presentado resultados interesantes en la reducción de la desnutrición y la pobreza general de un país. Según FAO, un solo año adicional de educación primaria aumenta el salario potencial de las niñas en un 10 – 20%, atrasa la posibilidad de un matrimonio o un embarazo prematuro; las hace menos propensas a sufrir violencia; y les da mejores herramientas de crianza para sus hijos, evitando así problemas como la desnutrición o el abandono de los hijos. 

La inversión en la mujer, especialmente de las áreas rurales y más pobres tiene efectos positivos en los indicadores de desarrollo de un país. Entre los esfuerzos más importantes se puede mencionar: la generación de empleo formal; políticas de rescate y ayuda para situaciones de extrema pobreza; inversión en educación; políticas de salud que además contemplen esfuerzos especiales en temas como la planificación familiar; y políticas de seguridad que contemplen la prevención de la violencia de género. 

La conclusión más obvia es que los esfuerzos de políticas públicas de rescate deben dirigirse hacia la mujer, especialmente rural, pues es esta la mejor forma de impactar en las condiciones de vida de millones de niños que deben jugar un papel importante en el desarrollo del país. Guatemala no se puede dar el lujo de tener más generaciones perdidas, invertir en la mujer es, sin lugar a dudas, invertir en el futuro del país.

Fuente: FAO

1. ONU Mujeres http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/rural-women-food-poverty

2. FAO, FIDA, OIT. 2010. Género y Empleo Rural. Documento de Orientación Nº 2: Invertir en 13. 14. 15. 16.17. 18. 19. capacitación para el empoderamiento socioeconómico de las mujeres rurales. (http://www.fao.org/docrep/014/i2008s/i2008s02.pdf

3. FAO http://www.fao.org/docrep/015/an479s/an479s.pdf

4. FAO http://www.fao.org/docrep/015/an479s/an479s.pdf

5. FAO, FIDA, OIT. 2010. Género y Empleo Rural. Documento de Orientación Nº 4. El desarrollo de las cadenas de valor agrícola: ¿amenaza u oportunidad para el empleo femenino? (http:// www.fao.org/docrep/014/i2008s/i2008s04.pdf

6. OMS

7. FAO http://www.fao.org/docrep/015/an479s/an479s.pdf

8. INE http://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2014/02/26/L5pNHMXzxy5FFWmk9NHCrK9... 

 Y un breve análisis de la propuesta para 2016 *[1]

#ActualidadAnalizada

1. La explicación que aparece en este documento fue tomada del material videográfico realizado por Encuentro por Guatemala.

2. Para ver un desglose en detalle visite: http://www.slideshare.net/EncuentroXela/proyecto-de-presupuesto-2016

 En respuesta a las menciones directas de Pérez Molina esta mañana a Dionisio Gutiérrez, él ha decidido responderle con lo siguiente:

"Pérez Molina me recuerda a los políticos corruptos que he enfrentado desde que tengo 20 años. Todos repiten la misma historia. 

Si Pérez Molina tiene algún problema conmigo, que vaya a los tribunales. Ahí nos vemos la cara. Yo no tengo derecho de antejuicio. 

Lo importante ahora es lograr los 105 votos en el Congreso para quitar la inmunidad al presidente para que responda por sus actos." 

 Lea aquí la carta que el Presidente de Fundación Libertad y Desarrollo, Dionisio Gutiérrez dirigió al Presidente Otto Pérez Molina exigiendo su renuncia. 

Esta carta escrita el 24 de mayo de 2015 salió publicada el día de hoy como Campo Pagado en el diario Prensa Libre.

 Al respecto, Guatevisión escribió una nota en la que indica "las palabras clave de Disonisio":

 

"General, márchese usted", dice Dionisio Gutiérrez a Otto Pérez http://t.co/Ql6OVlUSuF pic.twitter.com/3VOFgibx89

— Guatevisión (@Guatevision_tv) 24 de agosto de 2015

 Poco tiempo antes de publicar esta carta, Gutiérrez también había dedicado un mensaje televisado al Presidente en el que le exigía su renuncia.

Mensaje de Dionisio Gutiérrez sobre la actual crisis política e institucional del país.

 #ActualidadAnalizada

La judicialización de la política y la politización de la justicia son dos fenómenos interrelacionados que se observan en países con déficit de democracia formal y de “Estado de Derecho”, en los cuales se observa una férrea disputa de determinados actores políticos por lograr controlar a los poderes públicos, en especial, el poder judicial. El objetivo es simple: se trata de conseguir provechos políticos y económicos gracias al favoritismo que se quiere obtener del árbitro judicial. 

Vale acotar que la judicialización de la política,  no excluye  casos históricos en países con democracia y Estado de Derecho sólidos. En efecto, ya TOCQUEVILLE sostenía que “Lo que un extranjero comprende más fácilmente en los Estados Unidos es la organización judicial”, agregando que “no hay acontecimiento político en el que no oiga invocar la autoridad del juez, y concluye de ello naturalmente que en los Estados Unidos el juez es uno de los primeros poderes políticos” . La observación del pensador francés, era del todo cierta, en cuanto que muchos problemas políticos terminaban en el ámbito judicial en dicho país, antes y ahora. 

Sin embargo, TOCQUEVILLE  matizaba la judicialización de la política sosteniendo que: “Cuando el parlamento de París redactaba protestas y rehusaba registrar un edicto, cuando hacía sentar en el banquillo a un funcionario prevaricador, se veía al descubierto la acción política del poder judicial. Pero nada semejante se observa en los Estados Unidos. El juez americano no entra nunca en la lucha directa ni se encuentra enfrentado a los poderes políticos propiamente dichos”, lo que sugería, que si bien muchas disputas llegaban al ámbito judicial, el juez actuaba como árbitro y no como una parte más en el “juego democrático”, distinción que se desvanece en todas partes. 

El peligro de la judicialización de la política es que cercena la democracia, niega los desacuerdos, erosiona la independencia e imparcialidad de los jueces, impide  la separación de poderes y genera un debate ficticio; dado que la deliberación democrática  se realiza de manera limitada, y que los jueces al pronunciarse en cuestiones sometidas a su controversia por parte de los actores políticos, terminan siendo instrumentos de los actores políticos, estableciendo posiciones de ventaja en el debate democrático a una de las partes, o bien, en instrumentos para despolitizar asuntos políticos convirtiéndolos en presuntas cuestiones técnico-jurídicas. 

“La judicialización de la política es que cercena la democracia, niega los desacuerdos, erosiona la independencia e imparcialidad de los jueces, impide la separación de poderes y genera un debate ficticio”
 

 La judicialización de la política implica la politización de la justicia. Ambos fenómenos de por sí perjudiciales, conllevan a que el debate político se centre en los estrados judiciales, incentivando a que los actores políticos procuren convertir sus programas políticos en sentencias judiciales, generando una deslegitimación y desdibujamiento de la función judicial, al desfigurar la condición de árbitro de un juez, e inaugurar el juego del “arbitrio del tanteador” , es decir, la aplicación de criterios antojadizos sin fundamento con el objeto de favorecer a una de las partes en disputa. 

En tal sentido, una reforma institucional y una elevada conciencia ciudadana en torno a estos problemas, evitaría minar el precario ideal político del Estado de Derecho y el ideal democrático actualmente  existente, dado que quien arbitra en una democracia sujeta al Estado de Derecho (limitada), debe ser independiente e imparcial en relación a las partes en la contienda política, tanto en lo que concierne al árbitro electoral como en lo referente al árbitro judicial. 

Cualquier reforma institucional a futuro, debe estar dirigida al establecimiento de “reglas de juego”  consustanciales a la forma de gobierno democrática, que permitan que las decisiones colectivas sean tomadas por quien detenta la soberanía (el pueblo) mediante procedimientos específicos que culminen, reconociendo los desacuerdos, en una decisión mayoritaria en ejercicio de la libertad política. Ello aunado, a la necesaria demarcación de aquello que es democrático, y aquello que es de la incumbencia del ámbito judicial, como por ejemplo, la protección de los derechos, impidiendo al poder político transgredir el “coto vedado”   de los derechos de libertad, en tanto presupuestos y condiciones necesarias de la forma democrática limitada. 

 Cuando la probabilidad de que su voto sea el definitorio entre un candidato y otro es menor que la probabilidad de ser arroyado por un carro en camino a emitir ese voto, ¿por qué tomarse la molestia? ¿Cuáles son algunos factores psicosociales que influencian directamente la decisión de votar?

El voto es considerado uno de los pilares fundamentales de la participación cívica. Muchos estudiosos de la ciencia política lo relacionan directamente con la salud del proceso democrático y alegan que una participación con tendencia a la baja puede ser síntoma de un “déficit democrático”[1]. Dado que la participación política influencia las políticas públicas, también existe la preocupación de que una menor participación resulte en políticas que no son representativas de lo que quiere o no una población determinada. Es por esto que el número de votantes es señalado como un factor clave de participación[2]. 

Aunque se comprende la importancia del voto dentro de un sistema democrático,  es relevante plantearse la pregunta, ¿por qué votan las personas? Y de forma más puntual, ¿por qué votan los guatemaltecos? Cuando la probabilidad de que su voto sea el definitorio entre un candidato y otro es menor que la probabilidad de ser arroyado por un carro en camino a emitir ese voto, ¿por qué tomarse la molestia?[3]  Un estudio de la Universidad de Harvard define el voto como una expresión individual de un comportamiento social, que es influenciado por los eventos que ocurren antes y después de la emisión del voto, y aclara que la decisión de votar no es estática, sino que es influenciada por lo que sucede alrededor de la persona. ¿Qué es entonces lo que conduce a una persona a votar?

Algunos factores psicosociales influencian directamente la decisión de votar. El primero de esos factores,  si bien puede resultar algo tautológico, es la mera predicción de acudir a votar. Esto se debe a que el compromiso de una persona consigo misma, activa su deseo de llevar a cabo esa acción para poder ser consecuente[4].  Este deseo es  más fuerte si la intención de emitir el sufragio ha sido manifestada públicamente, y aún más fuerte si es percibida por el individuo como una decisión auténtica y voluntaria. En cuanto a la idiosincrasia guatemalteca, aunque el compromiso individual está presente, debido a la significativa identidad colectiva de las personas la manifestación pública de la intención de votar, es probablemente más determinante para que la persona en efecto acuda a votar. En cuanto a una práctica auténtica y voluntaria de la decisión de voto, esta está seriamente comprometida en algunos sectores debido al clientelismo y distintos mecanismos de coerción[5].  

“En cuanto a una práctica auténtica y voluntaria de la decisión de voto, esta está seriamente comprometida en algunos sectores debido al clientelismo y distintos mecanismos de coerción. ”
 

Otro factor que incide es el pensar lo que pueda pasar después de las elecciones[6].  Este miedo a “qué pasaría si”, parece ser un ingrediente permanente en el imaginario chapín, pues se acostumbra un voto en contra, a favor del “menos malo”. 

Un tercer elemento que puede influenciar la decisión de votar o no es la necesidad de pertenencia,  que también se refiere a la presión social y exigencia de rendición de cuentas por parte de los integrantes de un grupo. Las personas se comportan en formas consistentes con las expectativas de otros miembros de su comunidad[7]. Esa sensación de responsabilidad cívica que bien puede ser declarada por la persona, también puede ser señalada o exigida por su entorno social cercano.  La información clave de este elemento (sentido de pertenencia), es que los mensajes que remarcan un patrón (negativo o positivo) solo provocan que este se repita, por la percepción que genera de amplia aceptación o práctica del mismo. Este es uno de los efectos que se ven, por ejemplo, cuando las personas ven los resultados de las encuestas. También se ha visto recientemente con el discurso que valida el voto nulo.  

Finalmente, existen otros componentes quizá más específicos de la realidad guatemalteca, que hacen que el votante acuda a las urnas. El docente e investigador, Mariano González, señala los siguientes: Los beneficios del sistema democrático que en el caso de Guatemala, aún son percibidos como la mejor opción versus las dictaduras que aún no han sido olvidadas[8]; las mejoras en el sistema de participación electoral, lo cual incluye una mayor cantidad de mesas y cercanía a centros de votación; la  influencia de la propaganda electoral y la esperanza de una mejora para el país. En definitiva, estos componentes  que incentivan el voto tienen un gran potencial de mejora,  desde la calidad de nuestro sistema hasta una esperanza más fundamentada. 

Como lo muestra el porcentaje histórico de votantes en los comicios de 2011[9], debido a una combinación de los factores mencionados y seguramente muchos otros, los guatemaltecos sí acuden a las urnas. Con una amplia aceptación del sistema democrático,  el estado de subdesarrollo de Guatemala indica que el problema va más allá de la participación y apunta a la necesidad de un recambio de la clase política. 

1. Pammett, Jon H. and Lawrence LeDuc. 2003. Explaining the Turnout Decline in Canadian Federal Elections: A New Survey of Non-Voters. 79 p.

2. Archer, Keith. 2003. "Increasing youth voter registration: Best practices in targeting young electors." p. 26-30.

3. Rethinking why people vote. http://www.innovations.harvard.edu/sites/default/files/rethinking.pdf

4. Festinger, L. (1964). Conflict, Decision, And Dissonance. Stanford University Press.

5. Ver Artículo 136 (c) Constitución Política de la República de Guatemala.

6. Lerner, J. S., & Tetlock, P. E. (1999). Accounting for the effects of accountability. Psychological Bulletin, 125, 255-275.

7. Cialdini, R. B. (2003). Crafting normative messages to protect the environment. Current Directions in Psychological Science, 12(4), 105.

8. Gálvez, Mariano. 2011. http://www.plazapublica.com.gt/content/%C2%BFpor-que-siguen-votando-los-...

9. Gálvez, Mariano. 2011. http://www.plazapublica.com.gt/content/%C2%BFpor-que-siguen-votando-los-...