La región latinoamericana presenta retos, amenazas y oportunidades de tal calibre para este año 2021, que no es alocado afirmar que se encuentra en una encrucijada, como tal vez no se le había presentado en varias décadas. Hoy más que nunca, estamos en un momento histórico y definitorio en muchos sentidos: o se toma la vía de la anti-política y el populismo radical, o se toma la vía moderada de las reformas institucionales y económicas para encaminarse definitivamente al sendero del desarrollo.

El saldo que ha dejado 2020 para América Latina ha sido devastador. A los problemas sanitarios y económicos que ha dejado a su paso la pandemia del Covid-19, se le deben sumar los problemas estructurales e históricos que el subcontinente viene arrastrando desde hace varias décadas. En su momento, la Cepal indicó que esta es la peor crisis que la región ha enfrentado en los últimos 100 años e incluso proyectaron una caída del PIB regional del 9.4%. De manera que afrontamos una crisis económica profunda que probablemente no veíamos desde los años 80, con la llamada crisis de la deuda, y a eso sumémosle el tema de la pandemia, que no se ha logrado contener del todo. De hecho, ahora vemos cómo muchos países atraviesan segundas y terceras olas de contagio, y cómo todo apunta a que la ansiada vacuna llegará, con suerte, en el segundo trimestre del año; tal vez con la excepción de Chile que sí pareciera tenerla antes.

En lo político, se abre un nuevo ciclo electoral y tenemos varios comicios a los que hay que prestarles atención, siendo uno de los más importantes el caso de Chile, que recordemos, viene arrastrando una inestabilidad desde el estallido social de 2019 y posteriormente con la aprobación de la Constituyente; es posible que los chilenos se decanten por una opción populista radical, ya que el candidato comunista va a la cabeza. Luego tenemos a Perú, donde recordemos lo que se vivió hace meses en el Congreso con las vacancias presidenciales y la crisis de gobernabilidad que se vivió por varios días; por ende, es probable que el fujimorismo o la izquierda radical tomen fuerza en estas elecciones, ya que las encuestas muestran gran dispersión entre un gran espectro de casi veinte opciones que no suman ni el 10% de las preferencias. Posteriormente está Ecuador, donde el correísmo aplicará la misma fórmula del moralismo en Bolivia en 2020, postulando a un “economista moderado”, pero siempre afín a las ideas del Foro de Sao Paulo. En la región Centroamericana están Honduras, donde recordemos que en 2017 tuvo unas elecciones cuestionadas, ante la vista de una comunidad internacional que se quedó de brazos cruzados. Y luego también están pautadas elecciones presidenciales en Nicaragua, donde lo más probable es que Daniel Ortega siga apelando al fraude para eternizarse en el poder, de hecho, se corre el rumor de que postulará a su esposa, Rosario Murillo, quien también ejerce el poder en conjunto con él desde hace varios años.

En resumen, lo que se vislumbra es más crisis y descontento social, que pueden desatar más estallidos contra la clase política, como ocurrió en Guatemala en noviembre de 2020. Lamentablemente en América Latina todas las opciones que se presentan son igual de malas: o se escoge entre un populismo de izquierda chavista o entre una derecha inmovilista y corrupta; y ambas opciones, recordemos, están infiltradísimas por el crimen organizado.

En ese sentido, el cisne negro o el factor determinante puede ser el viraje que se avizora con la nueva administración Biden-Harris en los Estados Unidos y el abordaje que planean para la región, ya que sus ejes parecieran girar en torno a lo económico e institucional. Se le prestará especial atención a la promoción del desarrollo en la región centroamericana, en conjunto con México, para evitar los flujos migratorios ilegales hacia el país del norte, y también se le prestará especialmente atención al problema de la corrupción, reactivando y fortaleciendo las famosas comisiones internacionales contra la corrupción. También se promete trabajar con el gobierno colombiano para reducir la exportación de cocaína, que no sólo es un tema de salud pública en EEUU por el alto consumo de ese país, sino que es un flagelo que erosiona la institucionalidad de la región, ya que el narcotráfico corrompe la política de todos los países que son parte del trasiego de la droga.

Tal vez el punto débil de este viraje lo veremos con respecto a Venezuela y Cuba, ya que la política Biden-Harris no pareciera enfocarse hacia un cambio de régimen, sino hacia una normalización de relaciones con estos países, al estilo de la administración Obama y su apertura con el régimen cubano, que el año pasado demostró una especial violencia hacia sus opositores. También se habla de una propuesta de aprobación de Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos en los Estados Unidos y la promoción de una “negociación de buena fe” entre la narcotiranía madurista con la oposición venezolana, lo cual apunta hacia una "tolerancia" con el régimen y una "resignación" hacia su continuidad en el poder; a pesar de que el año pasado se presentaron varios informes de la ONU y otros organismos multilaterales señalando a Nicolás Maduro como un criminal de lesa humanidad y que la Corte Penal Internacional también afirmó a finales del año pasado que hay indicios fuertes de que en Venezuela se han cometido violaciones graves a los Derechos Humanos.

A esta débil (para no decir fallida) política hacia Venezuela sumémosle que desde su campaña, Biden y Kamala han dicho que en su gobierno regularán fuertemente el “fracking”, por el tema del cambio climático. Las consecuencias indeseadas de esa noble causa pueden ser que probablemente veremos una subida en el barril OPEP y eso significa que quizá veremos en un futuro no muy lejano en acción una nueva “petro-diplomacia” del régimen venezolano. La chequera infinita que tuvo Hugo Chávez en su momento, ahora puede tenerla Nicolás Maduro. Eso tal vez signifique otra “marea rosada” en América Latina y más desestabilización a los proyectos democráticos de la región.

Y no dejemos de lado un último detalle, que es la creciente influencia que va ganando China en la región. Con un panorama de economías deficitarias y en crisis, y el cambio en las supply chains; los préstamos chinos serán una forma de “soft power” , que llenará cada vez más espacios que EEUU ha dejado vacíos y desatendidos por años en nuestros países.

En conclusión, la región latinoamericana presenta retos, amenazas y oportunidades de tal calibre para este año 2021, que no es alocado afirmar que se encuentra en una encrucijada, como tal vez no se le había presentado en varias décadas. Hoy más que nunca, estamos en un momento histórico y definitorio en muchos sentidos: o se toma la vía de la anti-política y el populismo radical, o se toma la vía moderada de las reformas institucionales y económicas para encaminarse definitivamente al sendero del desarrollo.

Será interesante ver cuál será el abordaje que dé el tribunal constitucional (de ser el caso) a los alcances del artículo 152 antes mencionado. Mientras tanto, la elección demuestra la crisis en que se encuentran las instituciones públicas de nuestro país.

La Corte de Constitucionalidad (CC) está conformada por cinco magistrados titulares con sus respectivos suplentes designados por la Corte Suprema de Justicia, Congreso de la República, presidente de la República en Consejo de Ministros, Consejo Superior Universitario de la USAC y por el Colegio de Abogados.

Al fallecer el magistrado Bonerge Mejía, designado por el Colegio de Abogados, surgió una vacante que debe llenarse. La actual magistratura termina su periodo el 14 de abril próximo de modo que quien sea designado en dicha elección fungirá en el cargo hasta esa fecha.

El pasado 4 de enero se llevó a cabo la elección y los candidatos más votados fueron el juez Mynor Moto y el ex rector de USAC, Estuardo Gálvez. Dado que ninguno obtuvo mayoría absoluta de votos, debía celebrarse una segunda vuelta.

Sin embargo, surgieron una serie de impugnaciones. Un grupo de abogados interpuso un amparo contra el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y el abogado Alfonso Carrillo presentó un recurso de apelación ante la Junta Directiva del Colegio de Abogados y posteriormente un amparo en contra del mismo órgano.

En síntesis, todas las acciones que he descrito antes señalan que no se verificaron los requisitos de idoneidad y honorabilidad que establece el artículo 113 constitucional. El abogado Carrillo agrega a sus argumentos que no se respeta lo que establece el artículo 152 de la Ley de Amparo.

Primer argumento: la idoneidad

El artículo 113 constitucional que establece:

“Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez”.

La CC ha sentado jurisprudencia en el sentido de que las exigencias de dicho artículo requieren que quien ocupe un cargo público no esté sujeto a procesos de antejuicio o tenga denuncias pendientes de resolver o no haya sido condenado.

Esta jurisprudencia se sentó a partir del año 2015 y la inauguró Alfonso Porillo cuando intentó inscribirse como candidato a diputado. El TSE le negó la inscripción y cuando el caso llegó hasta la CC (Expediente 3986-2015) este tribunal estableció que no podía optar al cargo de diputado por no gozar a la idoneidad y honradez que requiere el artículo 113 constitucional. ¿La razón? Portillo fue condenado por conspiración para el lavado de dinero en EE. UU.. La Corte dijo:

“De tal manera que para acceder a ese cargo resulta necesario cumplir, no solo con los requisitos previstos en el artículo 162 constitucional y no incurrir en las prohibiciones establecidas en el artículo 164 del magno texto, sino que además, deben observarse, por virtud del principio de unidad de la Constitución antes estudiado, las previsiones establecidas en el artículo 113 constitucional que regula los requisitos intrínsecos que deben reunir las personas que aspiran a cualquier cargo o empleo público (sea electivo o no), los cuales, como lo señala el texto matriz, deben ser fundados en méritos de: a) capacidad; b) idoneidad; y c) honradez.” (resaltado propio)

Vale la pena mencionar que dicho criterio fue asentado por la magistratura anterior y dicha resolución fue firmada por los magistrados Gloria Porras, Mauro Chacón, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto, Carmen María Gutiérrez, Juan Carlos Medina Salas y Ricardo Alvarado.

Posteriormente al caso Portillo, llegaron hasta la CC cuatro casos parecidos. El TSE rechazó adjudicar cargos a cuatro diputados que resultaron electos por no llenar los requisitos del artículo 113 constitucional. Lo novedoso de estos casos es que se consideró que tener un antejuicio en curso era motivo suficiente para perder las condiciones exigidas en la norma constitucional antes mencionada.

La CC por tanto refrendó el criterio de que los requisitos de honorabilidad y honradez no se cumplen al existir antejuicios en trámite en los casos de Emillennee Mazariegos (Expediente 586-2016), Gudy Rivera (Expedientes acumulados 1158 y 1159-2016), Mirza Arreaga (Expediente 3436-2016) y Baudilio Hichos (Expediente 243-2016).

En el proceso electoral de 2019 la CC resolvió el Caso Victor Alvarizaes (Expediente 3410-2019) a quien se le revocó la inscripción como candidato a alcalde junto con otros candidatos a la corporación municipal porque se encontraban “…en proceso de investigación y ligados a proceso por delitos de acción penal pública”.

Yo he sido crítico con el abordaje desde la CC de dicha jurisprudencia. Lo que es innegable es que se trata de doctrina legal al existir más de tres fallos en igual sentido. Y eso nos lleva a la conclusión que bajo el mismo criterio jurisprudencial el juez Mynor Moto no cumple el requisito del artículo 113 constitucional al tener antejuicios pendientes.

A su vez, el ex rector de USAC, Estuardo Gálvez, quedó con una denuncia que dejara la extinta CICIG y de existir investigación en curso, siguiendo la jurisprudencia antes citada, también tendría impedimento.

Segundo argumento: el artículo 152 de la Ley de Amparo

El abogado Alfonso Carrillo presenta un interesante argumento. El artículo 152 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece:

“Los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, además de los requisitos contemplados en el artículo anterior y que les son comunes a todos ellos, deberán ser escogidos preferentemente entre personas con experiencia en la función y administración pública, magistraturas, ejercicio profesional y docencia universitaria, según sea el órgano del Estado que los designe.” (Resaltado propio)

Sobre este punto no se ha sentado jurisprudencia, pero plantea una discusión muy interesante. La Ley plantea como requisitos “especiales” que los magistrados que designe cada órgano respondan “preferentemente” a personas con experiencia en el ámbito de sus entes designadores.

Al tratarse del Colegio de Abogados, la designación debería tratarse preferentemente de abogados en ejercicio antes que en jueces. Los jueces deberían tener preferencia en la designación que haga la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo.

Será interesante ver cuál será el abordaje que dé el tribunal constitucional (de ser el caso) a los alcances del artículo 152 antes mencionado. Mientras tanto, la elección demuestra la crisis en que se encuentran las instituciones públicas de nuestro país.

Entre cortes y agenda regional anti-corrupción

La llegada del 2021 trae consigo un nuevo capítulo de la trama política guatemalteca. A continuación, un listado de hitos y temas relevantes a los que deberemos ponerle atención.

El primer hito relevante es la elección del magistrado de Corte de Constitucionalidad que deberá concluir el período de Bonerge Mejía. Al cierre de esta columna (lunes 4, 3:00 p.m.), los agremiados al Colegio de Abogados participaban de la elección. En caso de que alguno de los seis candidatos no obtenga la mitad más uno de los votos, habría segunda vuelta el próximo lunes 11.

Esa será la primera probadita de la madre de las batallas de este 2021. La integración del nuevo pleno de la Corte de Constitucional, que estará llamado a convertirse en el árbitro político de última instancia entre 2021 y 2026. Esta nueva CC deberá resolver sobre amparos pendientes en materia de casos judiciales de corrupción; denegación de antejuicios contra diputados, jueces y magistrados; o revisar el mecanismo y proceso que eventualmente utilizará el Congreso para elegir a las altas cortes del país. Sin olvidar de los conflictos político-legales que en última instancia terminan resolviéndose en la jurisdicción constitucional.

Acto seguido, el Congreso procederá a elegir magistrados de altas cortes del país, una vez se haya despejado el camino de la Corte de Constitucionalidad.

Ambos procesos están directamente ligados entre sí. Si la Corte de Constitucionalidad queda integrada con un balance más afín a la partidocracia, que no nos extrañe que la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones también queden integradas con un balance afín a al statu quo político.

El segundo hito tendrá lugar el 20 de enero próximo, cuando tome posesión como Presidente de Estados Unidos, Joseph Biden. Toda transición política toma de 30 a 60 días en surtir efectos concretos. Pero en el caso de la política exterior, que no nos extrañe que las ataduras que limitaron el margen de maniobra de la burocracia del Departamento de Estado durante la administración Trump, dejen de percibirse tan pronto como cambien las altas autoridades de la institución. Esto naturalmente implicará que la agenda anti-corrupción norteamericana seguramente empezará a sentirse desde febrero próximo.

La gran interrogante será en relación con las medidas concretas a implementarse. Toda sanción o designación de funcionarios o personas individuales por actos de corrupción tiene un proceso complejo. Es decir, no necesariamente está ligado a tiempos políticos. Seguramente con los demócratas en el 1600 Pennsilvania Av. veremos más designaciones y sanciones; pero estas tardarán un poco en llegar por el procedimiento propio interno.

Ambos hitos podrían entremezclase. Si la agenda anti-corrupción norteamericana se encamina con mayor agilidad en el primer trimestre 2021, que no nos extrañe que veamos un involucramiento más activo en evitar que candidatos vinculados con el crimen organizado o la corrupción aspiren a las magistraturas constitucionales.

En el fondo el problema es mucho más grande porque refleja la poca institucionalización de los partidos políticos. Pero aún así, los vacíos legales que dejaron las reformas del 2016 son cada vez más claros.

Prensa Libre recoge en una nota titulada Cómo los diputados logran burlar el transfuguismo y separarse de sus bancadas una práctica que hemos visto desde que se aprobaron las reformas del 2016 que prohibieron el transfuguismo.

Por ejemplo, hubo un conflicto dentro del bloque legislativo BIEN por definir quién ocuparía la jefatura de bloque. Por ejemplo, la UNE había anunciado que “expulsaba” del bloque legislativo a seis diputados (entre ellos Santiago Nájera) por romper la línea de votación del partido. Nájera ocupa un cargo en Junta Directiva y por tanto UNE “reclama” su puesto en dicha junta bajo el supuesto de que Nájera ya no forma parte del bloque UNE. Revisemos la ley y veamos por qué existen estor problemas.

En 2016 se cambió la ley interna del Congreso y se estableció que “Los diputados podrán renunciar en cualquier momento del bloque legislativo del partido por el cual fueron electos; en este caso pasarán a ser diputados independientes y no podrán integrarse a ningún otro bloque legislativo aunque se afilien a otro partido” (artículo 50. Resaltado propio).

También se cambió la ley electoral donde se estableció que “Queda prohibido a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos del Congreso de la República, recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra organización política” (Artículo 205 ter. Resaltado propio).

Bloque legislativo y partido político

Resalté algunas frases que son importantes porque hay dos conceptos que, aunque parecen idénticos, no lo son. Partidos políticos, según la ley, “son instituciones de derecho público, con personalidad jurídica y de duración indefinida, salvo los casos establecidos en la presente ley, y configuran el carácter democrático del régimen político del Estado” (artículo 18 LEPP).

Por otra parte, “Constituyen bloques legislativos, uno o más diputados que sean miembros de un partido político que haya alcanzado representación legislativa en las elecciones correspondientes, y que mantenga su calidad de partido político de conformidad con las leyes aplicables” (artículo 50 LOOL. Resaltado propio).

Como vemos, bloque legislativo es un concepto bastante más estrecho que el de partido político: es el conjunto de diputados electos por cierto partido. Es más, la ley no exige estar afiliado a un partido político para postularse como candidato a diputado. De esta cuenta, muchos diputados forman parte de un bloque legislativo sin estar afiliados o pertenecer a un partido político como tal. De este modo, un diputado puede ser “expulsado” de un partido político y no por ello quedaría apartado del bloque legislativo.

Para complicar más las cosas, la ley interna del Congreso dice que “El diputado que renunciare, abandonare o fuere separado del bloque legislativo o partido que representa, conservará los derechos y prerrogativas que establece la Constitución Política de la República en forma individual”. Renunciar a un bloque es una acción que no requiere mayor formalidad que la manifestación de voluntad. Pero ¿cómo separar a un diputado de un bloque legislativo?

Recordemos que parte de las reformas de 2016 buscan castigar el transfuguismo y en tal sentido el diputado independiente no puede formar parte de junta directiva ni presidir comisiones de trabajo.  Así que la separación de un diputado de un bloque legislativo tiene consecuencias importantes y no parece razonable que el resto de los miembros de un bloque legislativo puedan separar a un diputado sin razones justificadas y sin parámetros claros. La ley calla al respecto.

Posibles salidas

En el fondo el problema es mucho más grande porque refleja la poca institucionalización de los partidos políticos. Pero aún así, los vacíos legales que dejaron las reformas del 2016 son cada vez más claros.

El Congreso debe incluir en las reformas electorales este asunto. Una solución puede consistir en crear mecanismos claros de funcionamiento interno de los bloques legislativos. La ley interna del Congreso puede definir mecanismos para elegir al jefe de bloque o establecer parámetros claros y causales puntuales para excluir a un diputado del bloque legislativo.

La otra solución puede ir en la dirección de institucionalizar más los partidos políticos. Esto incluye exigir la afiliación a un partido político para participar como candidato a diputado.

De ser así, se puede disponer que lo relativo a los temas internos del bloque legislativo serían asuntos que caerían bajo el marco de los estatutos internos de cada partido político. Conforme a estatutos y su propio tribunal de honor, cada partido decidiría si separa a uno de sus miembros que tienen representación en el Congreso o no. Planteo ideas muy generales. El tema merece una discusión más profunda.

Con este resumen del año pareciera que todo fueron malas noticias. Pero si bien Guatemala, cada tanto, camina en la cuerda floja y está a punto de caer al precipicio; es un país con una capacidad asombrosa de recuperarse de las crisis. Su resiliencia ante la adversidad no es nueva.

Un parte es un documento de carácter oficial donde se "da cuenta" de un suceso casi siempre sobre una condición médica o los decesos en una guerra. En estos momentos parece adecuado usar el término para referirnos al balance de 2020, cuyo recuento es más bien un inventario de daños. 

El 2020 puso a prueba a la humanidad en todo su conjunto. Desde la irrupción de la pandemia del Covid-19, con sus subsecuentes secuelas económicas, no ha habido un solo lugar del globo que no haya experimentado crisis. Guatemala no fue la excepción pues la pandemia, la crisis económica, los casi 300mil desempleados y las tormentas Eta e Iota, hicieron que este año fuese particularmente aciago para el país.

Sin embargo, si comparamos con el resto de la región, pudo haber sido peor. De hecho, de acuerdo con datos de la Cepal, Guatemala (junto con Uruguay y Paraguay) caerá menos que el promedio de Centroamérica y mucho menos que el de América Latina. Igualmente, Guatemala tampoco lidera los índices de mayor mortalidad por Covid-19 en la región. Aunque vale acotar que si bien somos de los países con mejor desempeño del continente; eso no significa que hayamos salido ilesos de la crisis sanitaria y económica que trajo consigo la pandemia.

Estas crisis pusieron en relieve, y en muchos casos agudizaron, problemas y disfuncionalidades que el país venía arrastrando desde hacía varios años. Prueba de ello fueron las protestas del 21 y 22 de noviembre, por la aprobación del presupuesto 2021 por el Congreso entre gallos y medianoche que provocó la invocación de la Carta Democrática Interamericana por parte del presidente de la República y que concluyó en una serie de recomendaciones que el ejecutivo se comprometió a cumplir.

Con este resumen del año pareciera que todo fueron malas noticias. Pero si bien Guatemala, cada tanto, camina en la cuerda floja y está a punto de caer al precipicio; es un país con una capacidad asombrosa de recuperarse de las crisis. Su resiliencia ante la adversidad no es nueva.

Recordemos por ejemplo, que en la última gran pandemia, hace 102 años, Guatemala perdió cerca del 10% de su población entre 1918 y 1919. Además, en ese mismo período, la capital sufrió tres fuertes terremotos (uno en 1917 y dos en 1918) que devastaron a la ciudad[1]. Y por si fuera poco, esos terremotos produjeron grietas en el volcán Pacaya y derrumbes en el cono del volcán de Fuego que generaron fuertes erupciones poco después. Sin olvidar que para ese momento, el país vivía bajo una de las tiranías más ominosas y crueles de su historia.

A los guatemaltecos de aquel momento les tocó librar esas batallas y salieron airosos. Hoy le toca a esta generación de chapines librar la suya. Los grandes retos venideros son la recuperación y reconstrucción del país y las reformas de Estado en materia electoral, justicia y servicio civil, e incluso temas mucho más ambiciosos como la integración centroamericana.

Que la crisis 2020 sea la oportunidad para hacer los acuerdos necesarios para que el país se encamine en la senda del desarrollo.

[1] Luján Muñoz, Jorge (2015) Breve historia contemporánea de Guatemala. FCE. Pp. 178

El paradigma histórico del conflicto árabe-israelí cambia poco a poco. Entre 1948 y 2020, sólo Egipto y Jordania establecieron relaciones diplomáticas con Israel. Pero en este 2020, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Sudán se han sumado al proceso de normalización árabe-israelí. Recientemente, el último episodio ha sido el establecimiento de las relaciones entre Marruecos e Israel.

Marruecos, la monarquía más añeja de la región MENA, es un país que se caracteriza por su modernidad. De la primavera árabe, fue el país que mejor salió parado en términos de gobernabilidad, gracias a las concesiones realizadas por la misma monarquía en materia constitucional y parlamentaria. Esas concesiones impidieron que facciones fundamentalistas pro-iraníes o pro-Hermanos musulmanes ganasen terreno en la arena política marroquí.

También es el país árabe en donde mejor conviven grupos sociales de diversa denominación religiosa. Desde el 2004, Marruecos reformó sus políticas religiosas y educativas para limitar la expansión del fundamentalismo y la radicalización islámica. Para muestra, a finales de marzo 2019, el Papa Francisco visitó al país norafricano precisamente para promover el diálogo interreligioso entre musulmanes y católicos y para la búsqueda de soluciones conjuntas a problemas globales como la discriminación religiosa, el extremismo y el terrorismo.

La relación entre Marruecos e Israel también es profunda. El país árabe del norte de África es uno de los centros donde prospera la herencia judío-marroquí. Asimismo, ambos países comparten una relación comercial de más de $30 millones de dólares.

Sin embargo, resulta importante entender el acuerdo a la luz de la geopolítica regional. El apoyo de la administración Trump ha sido clave para incentivar a los países árabes a restituir la relación con el tradicional aliado de Washington en Oriente Medio. La fórmula para promover la normalización de relaciones es la nueva política transaccional norteamericana en la región: “a cambio de las relaciones con Israel, los países árabes obtendrían algo de Estados Unidos.”

Por su parte, Estados Unidos manifestará su reconocimiento del Sáhara Occidental como territorio formal del Reino de Marruecos, lo cual constituye un paso más para buscar la paz y estabilidad en la zona. Este reconocimiento importante, por ser EEUU quien es en el escenario mundial, permitirá, sin duda, avanzar en los esfuerzos que despliega Marruecos en coordinación con las Naciones Unidas para superar el problema del Sahara marroquí y garantizar una solución realista a este conflicto.

En el 2015 los guatemaltecos salieron masivamente a manifestar a las plazas del país pidiendo que se terminara con los altos índices de corrupción e impunidad. Los ciudadanos expresaron  su cansancio  de ver cómo, de forma cínica y descarada, los políticos de aquel entonces se robaban nuestros impuestos y se hacían millonarios de la noche a la mañana. Fue un momento histórico para el país que nos colocó en las portadas de todo el mundo.

Pero aquel descontento ciudadano descarriló en una fuerte polarización social y el sistema quedó intacto, para que estuviera de nuevo al servicio de la corrupción.

En las últimas semanas fuimos testigos de nuevas protestas que rechazaron el mal manejo de los recursos públicos. Aun cuando no hay estimaciones del número  de asistentes, en la primera y más “exitosa” manifestación, la plaza central se llenó al 50%, y también hubo manifestaciones en ciertas cabeceras departamentales como Quetzaltenango, Antigua Guatemala y Huehuetenango, algo que no veíamos desde hacía cinco años. Eso tomando en cuenta que la pandemia pudo desanimar a muchos ciudadanos a asistir a estas manifestaciones.

La mayor parte de la protesta del 21 de noviembre fue pacífica y transcurrió sin incidentes. Pero en esta ocasión, vimos dos elementos que no sucedieron en 2015. Por una parte, un grupo minoritario de manifestantes violentos que prendieron fuego al Congreso y provocaron caos; y por otra, un grupo de policías que se dedicaron a golpear y reprimir a algunos manifestantes pacíficos que no tuvieron nada que ver con la quema del Congreso. La contradicción de la policía es que dejaron quemar el Congreso, pero luego atacaron a manifestantes pacíficos. Del total de 33 personas detenidas por la PNC en la primera protesta, 32 fueron dejadas libres por falta de mérito. Se debe investigar lo sucedido ese día y deducir responsabilidades, tanto para los manifestantes violentos, como para los policías que actuaron con brutalidad.

Estos eventos deben hacernos reflexionar profundamente sobre el sistema que impera en este país. Guatemala se encuentra entre los seis países con peor Estado de Derecho en América Latina, junto con México, Honduras, Nicaragua, Bolivia y Venezuela. ¿Qué tienen en común estos países? Son países con altos niveles de pobreza, poco desarrollo humano y democracias corroídas.  Según el Democracy Index de  The Economist, Venezuela y Nicaragua son regímenes autoritarios; Guatemala, Honduras y Bolivia son regímenes híbridos (entre democracia y autoritarismo) y México es considerado una democracia defectuosa (aunque con una calificación que lo acerca al régimen híbrido). Además, todos estos países tienen alta penetración del narcotráfico. ¿Podría caer Guatemala en la situación de Nicaragua o Venezuela, y convertirse en un régimen abiertamente autoritario?

Estar en este club de países en donde básicamente impera la ley del más fuerte y el poder político tiene una alta discrecionalidad para cometer actos de corrupción nos aleja más del sueño preciado del crecimiento económico y la prosperidad.  La inversión extranjera se aleja de países en donde el Estado de Derecho es precario y en Guatemala, cada vez vienen menos recursos del exterior a invertir por la falta de institucionalidad (y también por décadas de políticas públicas erróneas). En 2013 se recibieron $1,479.3 millones en inversión extranjera y en 2019 apenas se recibieron $998 millones.

Guatemala no puede apostar por seguir con el actual Sistema de Justicia y de partidos políticos. Nuestro subdesarrollo económico y social se debe a que hemos sido incapaces de construir una institucionalidad fuerte, que brinde certeza jurídica, respecto a la propiedad privada y a los derechos individuales, y que ponga límites al ejercicio de poder, a través de un Sistema de Justicia independiente (aislado de cualquier presión criminal, política o ideológica) que castigue los actos de corrupción.

Continuar con el sistema actual solo tiene dos destinos. El primero es continuar un proceso de decadencia institucional que abrirá más espacios de poder a la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado. Esto significará que las empresas serias querrán dejar el país y vendrá menos inversión extranjera. O bien, la desesperación de las personas y la indignación por el sistema político darán paso a movimientos populistas extremos, que podrían conducirnos a escenarios caóticos.

¿Cómo lograr cambios institucionales en un escenario tan complejo? A través de la presión ciudadana responsable, que de forma pacífica, pero constante y contundente, le recuerde a la clase política que debe asumir su responsabilidad. Los tanques de pensamiento y las organizaciones de sociedad civil deben proponer y discutir cambios estratégicos al sistema. No se trata de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente o querer cambiar por completo la Constitución. Ese planteamiento no nos llevará a puerto seguro. Los cambios deben ir concentrados en  el Sistema Justicia, para garantizar la independencia de las Cortes del país. Un cambio fundamental, por ejemplo, es que no se renueven las cortes por completo cada cuatro años. Deben elegirse de forma escalonada y por un período más largo, para evitar que un grupo político tome control absoluto.

Pero la discusión debe ser madura y responsable. Hay grupos que quieren promover agendas que no tienen nada que ver con el tema de corrupción o impunidad, sino con temas ideológicos que claramente traerán discordia y división. No está en discusión si debemos nacionalizar la energía eléctrica, subir impuestos o hacer una reforma agraria. El tema fundamental es cómo construir un Sistema de Justicia independiente que nos brinde un Estado  con funcionarios públicos que estén sujetos a sistemas de control más efectivos, con lo cual se reduciría la corrupción y la impunidad.

El reto que tenemos es muy grande. Hay sectores interesados en sacar provecho del descontento ciudadano para promover sus propias agendas. Pero también es cierto que jugar a la estrategia del inmovilismo tiene grandes riesgos para el país. Debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde como sociedad en estos momentos. El inmovilismo no es opción.

*Este artículo fue originalmente publicado en el Instituto Fé y Libertad: https://feylibertad.org/2020/12/el-inmovilismo-no-es-opcion/

En los meses posteriores a la peor crisis económica de las últimas tres décadas, los resultados del Congreso hablan por sí solos: 3 decretos legislativos, dos de ellos prórrogas de Estados de Calamidad, y el último, un Presupuesto que reactivó el rechazo ciudadano.

A principios de agosto pasado, Guatemala enfrentaba el quinto mes de la pandemia. Estaba vigente el toque de queda a las 9:00 pm; y salvo algunos sectores particulares, el proceso de reapertura había iniciado con la publicación del tablero de alertas sanitarias o “semáforo” por parte de la Coprecovid.

Para entonces, la devastación económica ya era de conocimiento popular. El Ministerio de Economía reportaba más de 170,000 trabajadores cuyos contratos habían sido suspendidos. El número de afiliados al seguro social presentaba una caída de más de 50,000 trabajadores menos en comparación con 2019. Los análisis macroeconómicos nos revelaban como el IMAE había caído entre 8 y 10% en el segundo trimestre 2019; mientras la recaudación tributaria había caído a niveles históricos en mayo y junio.

La conclusión era sencilla de extraer: la economía guatemalteca había sufrido significativamente por culpa de la pandemia y las medidas de contención sanitaria.

Las voces más agudas señalaban que el fenómeno económico escondía realidades más preocupantes: el incremento en el desempleo traería consigo un aumento en los niveles de pobreza urbana. La contracción económica afectaría a sectores vulnerables y el porcentaje de pobreza en el país habría de aumentar.

El llamado a la acción era claro. Las políticas de apertura y retorno a la normalidad debían facilitar la reactivación del sector privado. Pero como cualquier sociedad luego de un desastre, se necesitarían acciones extraordinarias para generar condiciones propicias para una rápida reactivación.

Gobierno, CACIF y tanques de pensamiento presentaron sus propuestas ideas para acelerar la reactivación. En caso todas las propuestas, había un elemento en común: la necesidad de impulsar una agenda legislativa que favoreciera medidas tendientes a la reactivación.

El Congreso empezaba el segundo período ordinario de sesiones, y con una mayoría que en el papel era afín al oficialismo, todo parecía indicar que la “agenda económica” habría de caminar.

La Ley de Leasing, la reforma a la Ley de Zonas Francas, la regulación del empleo a tiempo parcial, la ratificación de la Alianza Público-Privado para la Carretera a Puerto Quetzal, o la Ley de Tasa de Interés para facilitar el acceso a vivienda aparecían al frente de la lista. Medidas, todas, que contribuirían a estimular la inversión privada, a flexibilizar el mercado laboral o a hacer más competitivo a Guatemala.

Sin embargo, los meses pasaron y el Congreso quedó a deber. Atorado en discusiones anodinas o utilizando la justificación que no se quería elegir cortes, la legislatura pasó cuatro meses sin generar mayores resultados. Eso sí, el día que hubo que aprobar el Presupuesto 2021, los diputados alcanzaron consensos y suficientes votos para aprobar el paquete de urgencia nacional.

En los meses posteriores a la peor crisis económica de las últimas tres décadas, los resultados del Congreso hablan por sí solos: 3 decretos legislativos, dos de ellos prórrogas de Estados de Calamidad, y el último, un Presupuesto que reactivó el rechazo ciudadano.

Cierre los ojos, imagine a diputados actuales al Congreso que tanto malestar le generan. Imagine que diputados de similares características redactarían artículos de su Constitución.  Enfoquémonos en cambios concretos y optemos por hacer los cambios puntuales que nuestra Constitución necesita para avanzar.

El descontento ciudadano se ha hecho escuchar en estas últimas semanas. La forma oscura en que se aprobó un presupuesto deficitario y opaco fueron el detonante de algunas manifestaciones.

Las consignas de las manifestaciones son diversas, pero hay una que merece especial atención: la petición de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Para muchas personas la consigna tiene sentido, pero vale la pena detenerse un momento a reflexionar qué implicaciones tiene tal petición.

Permítaseme abordar el tema en un lenguaje menos técnico del que acostumbramos a utilizar los abogados para que el público general comprenda mejor el asunto (bajo el inevitable riesgo de perder precisión y rigor). La Constitución se puede modificar. Sin embargo, cambiarla requiere de un proceso más complejo del que es habitual para modificar una ley ordinaria como la ley del presupuesto o el Código Penal.

Nuestra Constitución prevé dos mecanismos para su modificación. El primero, la Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo para cambiar lo relativo a los derechos individuales. Es decir, la constituyente podrá modificar cuestiones relacionadas con el derecho a la vida, a la propiedad privada, a la libertad de expresión, a la libre locomoción, entre otros.

¿Es eso lo que necesitamos? Claramente no. Los derechos individuales reconocidos en la Constitución son fruto de los consensos del momento y ese apartado tiene avances importantes como el reconocimiento de que los tratados sobre derechos humanos prevalecen sobre el derecho interno. El problema real es que no existe un aparato institucional que garantice esos derechos. Eso nos lleva al segundo mecanismo para reformar la Constitución.

Pero además hay un aspecto práctico que es vital. ¿Cómo se elige a la constituyente? Al final del día la constituyente es un cuerpo legislativo muy parecido al Congreso de la República con la gran diferencia que técnicamente se reúne exclusivamente para reformar los puntos que se acordaron someter a reforma en el decreto de convocatoria a la misma. (Es el Congreso quien debe convocar a la constituyente por mayoría de 2/3 de votos)

Los diputados constituyentes se elegirían de la misma forma como elegimos a los diputados al Congreso de la República. (Si no recuerda cómo se eligen acá les dejo un artículo donde lo explico y acá un video). Eso quiere decir que saldríamos a votar por candidatos a diputados constituyentes postulados por los partidos que ya tienen mayoría en el Congreso y precisamente quienes generan el rechazo ciudadano. A decir, partidos como TODOS de Felipe Alejos, UCN de Mario Estrada (en prisión en EE.UU.), FCN, etc.

Ahora bien, no todo son malas noticias. El segundo mecanismo para reformar la Constitución nos permite reformar los artículos relacionados con el funcionamiento del Estado. Y ese procedimiento consiste en reformas a la Constitución hechas por una mayoría calificada en el Congreso (2/3 del total de diputados) y con una posterior ratificación en una consulta popular donde se preguntará a los ciudadanos guatemaltecos si aceptan o no los cambios a la Constitución.

¿Qué cambios concretos se deben hacer? Es impostergable una reforma al sistema de justicia que cambie ciertos aspectos que generan malos incentivos tales como el periodo de duración de los jueces, la renovación total y cada 5 años de las altas cortes, las comisiones de postulación, etc. También cambios relacionados a las bases del sistema de distritos electorales para elegir diputados para permitir fórmulas electorales más representativas.

Estas reformas no son suficientes. Debe haber otros cambios a nivel de leyes ordinarias. Pero si nos enfocamos en exigir a los diputados reformas concretas será más fácil que consigamos nuestro objetivo.

Una constituyente, primero, tiene capacidad limitada de hacer modificaciones y no tiene potestades (al menos sin poner fin a la actual Constitución) de redactar una nueva Constitución. Y aunque esto fuera posible, no cabe duda de que es el peor momento político para algo así. Tampoco cabe duda de que no hay peor idea que ceder a los actuales “partidos políticos” dominantes semejante tarea.

Cierre los ojos, imagine a diputados actuales al Congreso que tanto malestar le generan. Imagine que diputados de similares características redactarían artículos de su Constitución.  Enfoquémonos en cambios concretos y optemos por hacer los cambios puntuales que nuestra Constitución necesita para avanzar.

Aunque se resuelva la causal inmediata de la crisis y se archive el Presupuesto 2021, los ingredientes del coctel siguen ahí. Un coctel que estallará vía movilización social o que resultará propicio para que el populismo lo explote en 2023. La solución es impulsar una agenda de reformas que dé salida a la presión social. Sin ello, Guatemala camina cual sonámbulo rumbo al precipicio.

El descontento con el sistema político ha estado ahí, desde hace mucho tiempo. Encontrar los orígenes es difícil; casi tanto como acordarse de cómo empieza un sueño. Quizá todo arrancó cuando la corrupción empezó a afectar directamente al ciudadano. Pudo ser entre 2013 y 2014, cuando la corrupción en el Programa de Extensión de Cobertura o la compra sobrevalorada de medicamentos llevó al colapso del sistema de salud pública. O entre 2014 y 2015, cuando empezó a sentirse el colapso de la infraestructura vial, como consecuencia de la corrupción crónica que durante décadas caracterizó al MICIVI.  

Cuando en 2015 MP y CICIG evidenciaron la podredumbre del sistema, se confirmó una realidad a sotto voce. Un sistema donde el que paga campañas multiplica su inversión vía negocios con el Estado. Donde la obra gris, la salud, las aduanas, los servicios públicos son las joyas de la corona. Donde la contratación de personal es foco de saqueos. Y donde la justicia es la guinda que corona con impunidad la corrupción. 

El efecto directo de la corrupción y los obscenos niveles de riqueza acumulados por los Baldettis y Baldizones, hizo despertar a una ciudadanía adormecida. Miles salieron a las calles y así nació la plaza. Una plaza esperanzada en que la justicia le llegaría al corrupto y que los cambios estaban por llegar.

Sin embargo, la esperanza poco a poco languideció. Jimmy Morales, el outsider que debía representar la alternativa a la vieja política, se convirtió en el principal operador del sistema. Los últimos dos Congresos, con renovaciones de más de la mitad de sus integrantes, evidenciaron que el problema no son las personas, sino el sistema. La realidad mitológica de hidra echa política en Guatemala: un monstruo al que se le corta la cabeza, sólo para que se le regeneren dos más.

Si bien el despertar ciudadano también decayó como consecuencia de la aparición de los viejos fantasmas de las “derechas e izquierdas”, la decapitación de la lucha contra la corrupción ahogó una de las pocas válvulas de escape de esa olla de presión, que es el rechazo social al sistema político.

La señal de alerta se hizo sentir en junio 2019, cuando el Movimiento de Liberación de los Pueblos alcanzó 10% de votos. En un país donde la izquierda nunca había obtenido más de 3%, ese resultado reflejaba que el discurso “anti-sistema” ganaba terreno. Y no, el caudal del MLP no provino de las zonas donde opera CODECA, sino de territorios rur-urbanos a lo largo del eje de la Carretera Interamericana.

El 2020 trajo un ingrediente nuevo. El descontento económico y social. La pandemia Covid-19 trajo consigo la peor crisis económica de las últimas cuatro décadas. Más de 170,000 trabajadores suspendidos; otros 70,000 perdieron sus empleos. Un estimado de 25% de la población perdió parte de sus ingresos, y con ello, decayó su nivel de vida. A diferencia de la pobreza tradicional, que se concentra particularmente en áreas rurales, la crisis económica de Covid-19 afectó con severidad a las clases medias urbanas.

La mecha que encendió el fuego provino de un suceso insospechado. La aprobación del Presupuesto 2021. Extraño la verdad, dado que la discusión presupuestaria es compleja y pasa relativamente desapercibida. El carácter atípico de este fosforazo hace pensar que el evento particular fue lo de menos. Los ingredientes de la crisis ya se habían cocinado, y el Presupuesto fue la excusa que hizo estallar el descontento social.

De ser así, la perspectiva es compleja. Aunque se resuelva la causal inmediata de la crisis y se archive el Presupuesto 2021, los ingredientes del coctel siguen ahí. Un coctel que estallará vía movilización social o que resultará propicio para que el populismo lo explote en 2023. La solución es impulsar una agenda de reformas que dé salida a la presión social. Sin ello, Guatemala camina cual sonámbulo rumbo al precipicio.