Estados Unidos hoy es una sociedad profundamente dividida.

Durante los últimos veinte años, los centros urbanos y las costas han vivido una revolución de progresismo político y social. El laicismo, el reconocimiento de los derechos civiles de minorías sexuales y el creciente rechazo a la agenda de intervención exterior norteamericana son quizá los hitos de cambio social que caracterizan la transición de la Generación X a los Milenials urbanos. En gran medida, empujado por una generación que en su mayoría ha pasado por las aulas universitarias. Mientras tanto, la discusión sobre la materialización de la desigualdad ha llevado a este mercado demográfico a presionar por una agenda más agresiva en relación con la salud pública universal y el sistema de seguros o la administración de la deuda estudiantil de esa generación que pasará años el crédito universitario.

Entretando, los suburbios o las zonas rurales del centro y centro-oeste mantienen su carácter eminentemente conservador. En su mayoría, encontramos a familias de granjeros, trabajadores de “cuello azul”, operarios industriales y pequeños comerciantes. Es un mercado demográfico que reciente la migración ilegal, en gran medida, porque fácilmente pueden ser desplazados de sus puestos de trabajo por ese ejército de ilegales venidos de la frontera sur. Este núcleo sigue teniendo en las fuerzas armadas un referente de valores cívicos y un hito aspiracional de elevador social (vía el acceso a educación superior gratuita). La oleada de laicismo urbano no ha llegado a estas latitudes, por lo que los valores cristianos siguen muy arraigados. De tal manera, el rechazo a la agenda de género es latente.

Dos mundos, dos formas de entender el entorno y dos visiones distintas sobre lo que aspiran del poder coexisten en el país que durante años ha sido el referente global de las ideas de república, democracia, economía de mercado y respeto a los derechos civiles. Esos dos mundos asumen dos colores en las elecciones: el azul demócrata de los centros urbanos y el rojo republicano de los suburbios y la ruralidad. 

A nivel de Estados, la relación es evidente. Aquellos más urbanos (California, Nueva York, Massachussets, Pennsylvania) son totalmente azules; aquellos más rurales (Montana, las Dakotas, Oklahoma, Idaho, Wyoming, Kentucky, Tennessee) son totalmente rojos. Pero la brecha urbano rural destaca incluso en Estados bisagra. Por ejemplo, Florida tiene zonas urbanas por excelencia (Miami, Orlando, Tampa Bay, Jacksonville) donde los demócratas ganan sin problema; mientras en el resto de los suburbios se concentra el apoyo republicano. Caso similar ocurre con Texas, donde a pesar de ser Estado bastión republicano, las ciudades como Dallas, Houston y San Antonio son áreas de incidencia demócrata.

Esa realidad describe la política de los últimos 15 años en Estados Unidos. Barack Obama fue un Presidente urbano-céntrico. Su agenda enfocada en la reforma de salud, en el reconocimiento de los derechos de minorías y una actitud más liberal frente a la migración sirvió al primer público. Trump fue un Presidente de los suburbios. Su actitud más restrictiva frente a la migración, el rechazo a un plan uniforme de salud o una visión más conservadora de la sociedad agradaron al público número dos, quien por cierto (como ocurre tanto en América Latina) le agrada esa forma propia de los populismos autoritarios.

Y así, a un día de llegar Joe Biden a la Casa Blanca, el reto no es menor: compaginar dos visiones del mundo. Una, con 74 millones de voces, que percibe el resultado de noviembre pasado como un gran fraude contra el bastión del tradicionalismo. El otro mundo, con 81 millones de expresiones, se percibe como el referente interno de la modernidad, sin reconocer que a unos pocos kilómetros, existe otro norteamericano con una visión diametralmente opuesta de la realidad. Como no ocurría desde los años sesenta, el reto de la democracia más antigua del mundo, es encontrar la receta institucional para hacer encontrar a estos dos mundos que hoy son Estados Unidos.

Habrá que ver si el ethos liberal occidental saldrá bien librado de los retos (y amenazas) que se ciernen sobre quienes creemos en la moderación y la construcción de consensos como base de la democracia y como actitud clave en la política.

El título de esta entrega es un “guiño” a la celebérrima frase que expresó hace un siglo el periodista estadounidense Lincoln Steffens al visitar la Unión Soviética.

Estamos presenciando un momento donde pareciera que los miedos que muchos tenían, desde hace más o menos una década atrás, advirtiéndonos con respecto a las redes sociales y su impacto en el desgaste de las democracias liberales occidentales; están concretándose finalmente en la realidad.

Podemos ubicar los orígenes de esta “reinvención de la política”[1] —o más bien colusión entre el poder político y los grandes conglomerados digitales— en los años 2007 y 2008, durante la campaña presidencial en Estados Unidos, que llevaría a Barack Obama al poder. La campaña de Obama representó una ruptura con respecto a la forma de hacer política tradicional ya que fue el primer candidato en comenzar su “peregrinaje” en los medios de comunicación en las oficinas de Google, en Palo Alto, California, y no con el acostumbrado board editorial del New York Times o del Washington Post. 

Hoy en día, es incuestionable que las redes sociales son el ágora, el vehículo, el medio, en el que se expresan las demandas políticas y el descontento social de la ciudadanía; a diferencia de las democracias tradicionales donde prácticamente las únicas vías de expresión ciudadana eran el voto y la protesta. También es innegable que el ejercicio del poder se ha transformado con este fenómeno porque ahora los líderes del mundo dan la impresión de gobernar, dirimir conflictos, pactar acuerdos con aliados, o hasta amenazar adversarios por ésta vía.

Además hoy, gracias a las redes, somos testigos en tiempo real de todo lo que pasa en cualquier rincón del mundo, con el añadido de que ya no contamos con mediadores ni expertos en análisis de opinión, que de alguna manera editorialicen la información. Toda esta avalancha informativa la encontramos al alcance de nuestro dispositivo móvil. En cualquier día normal podemos presenciar en vivo y directo la ejecución de un general iraní, una explosión en Beirut, el asesinato de un afroamericano a manos de un policía en Minneapolis y la irrupción de manifestantes violentos al capitolio de los Estados Unidos.

A esta híper-conectividad o “infoxicación”, sumémosle la disrupción en los lazos comunitarios, gracias a la existencia de algoritmos que filtran información de acuerdo a las preferencias e intereses de los usuarios; que nos aíslan y encierran en “burbujas” de cada polo del espectro político, donde han comenzado a proliferar teorías conspirativas y opiniones cada vez más inflamatorias, que prácticamente anulan cualquier sentido de tolerancia y de respeto hacia quien “no piense como yo”.

Ya lo advertía Giovanni Sartori cuando describía el empobrecimiento en la capacidad de entender y la atrofia del pensamiento abstracto y conceptual que estaba generando la televisión y la comprensión del mundo sólo a través de imágenes y no de palabras[2].

Otra barrera que impide la comprensión de la realidad es la rapidez con que circula una información. El tiempo de vida de lo que en las aulas de periodismo o redacciones solía llamarse “hecho noticioso”, no pasa de unas cuantas horas, e incluso, minutos. Esto ha hecho que pasemos a un paradigma distinto al habitual, algo que el filósofo Zygmunt Bauman ha denominado “modernidad líquida”[3], en la que la continuidad de las estructuras sociales no se mantienen en el tiempo, sino que se quedan en proyectos simultáneos de corto alcance, con millones de valoraciones muy volátiles que se entrecruzan entre sí. Esto no sólo impide la compresión sino la capacidad de acción individual.

Lo que pensadores desde Polibio, Tocqueville y Ortega y Gasset, temieron como el gobierno de la masa irracional, pareciera estar materializándose en la realidad. Eso indica el espíritu de los tiempos. Habrá que ver si el ethos liberal occidental saldrá bien librado de los retos (y amenazas) que se ciernen sobre quienes creemos en la moderación y la construcción de consensos como base de la democracia y como actitud clave en la política.

[1] Beas, Diego. La reinvención de la política. Caracas. Ediciones Puntocero. 2010

[2] Sartori, Giovanni. Homo videns. La sociedad teledirigida. Madrid. Taurus. 1999

[3] Bauman, Zygmunt. Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre. Barcelona. Tusquets. 2008

Habrá que ver si el ethos liberal occidental saldrá bien librado de los retos (y amenazas) que se ciernen sobre quienes creemos en la moderación y la construcción de consensos como base de la democracia y como actitud clave en la política.

El título de esta entrega es un “guiño” a la celebérrima frase que expresó hace un siglo el periodista estadounidense Lincoln Steffens al visitar la Unión Soviética.

Estamos presenciando un momento donde pareciera que los miedos que muchos tenían, desde hace más o menos una década atrás, advirtiéndonos con respecto a las redes sociales y su impacto en el desgaste de las democracias liberales occidentales; están concretándose finalmente en la realidad.

Podemos ubicar los orígenes de esta “reinvención de la política”[1] —o más bien colusión entre el poder político y los grandes conglomerados digitales— en los años 2007 y 2008, durante la campaña presidencial en Estados Unidos, que llevaría a Barack Obama al poder. La campaña de Obama representó una ruptura con respecto a la forma de hacer política tradicional ya que fue el primer candidato en comenzar su “peregrinaje” en los medios de comunicación en las oficinas de Google, en Palo Alto, California, y no con el acostumbrado board editorial del New York Times o del Washington Post. 

Hoy en día, es incuestionable que las redes sociales son el ágora, el vehículo, el medio, en el que se expresan las demandas políticas y el descontento social de la ciudadanía; a diferencia de las democracias tradicionales donde prácticamente las únicas vías de expresión ciudadana eran el voto y la protesta. También es innegable que el ejercicio del poder se ha transformado con este fenómeno porque ahora los líderes del mundo dan la impresión de gobernar, dirimir conflictos, pactar acuerdos con aliados, o hasta amenazar adversarios por ésta vía.

Además hoy, gracias a las redes, somos testigos en tiempo real de todo lo que pasa en cualquier rincón del mundo, con el añadido de que ya no contamos con mediadores ni expertos en análisis de opinión, que de alguna manera editorialicen la información. Toda esta avalancha informativa la encontramos al alcance de nuestro dispositivo móvil. En cualquier día normal podemos presenciar en vivo y directo la ejecución de un general iraní, una explosión en Beirut, el asesinato de un afroamericano a manos de un policía en Minneapolis y la irrupción de manifestantes violentos al capitolio de los Estados Unidos.

A esta híper-conectividad o “infoxicación”, sumémosle la disrupción en los lazos comunitarios, gracias a la existencia de algoritmos que filtran información de acuerdo a las preferencias e intereses de los usuarios; que nos aíslan y encierran en “burbujas” de cada polo del espectro político, donde han comenzado a proliferar teorías conspirativas y opiniones cada vez más inflamatorias, que prácticamente anulan cualquier sentido de tolerancia y de respeto hacia quien “no piense como yo”.

Ya lo advertía Giovanni Sartori cuando describía el empobrecimiento en la capacidad de entender y la atrofia del pensamiento abstracto y conceptual que estaba generando la televisión y la comprensión del mundo sólo a través de imágenes y no de palabras[2].

Otra barrera que impide la comprensión de la realidad es la rapidez con que circula una información. El tiempo de vida de lo que en las aulas de periodismo o redacciones solía llamarse “hecho noticioso”, no pasa de unas cuantas horas, e incluso, minutos. Esto ha hecho que pasemos a un paradigma distinto al habitual, algo que el filósofo Zygmunt Bauman ha denominado “modernidad líquida”[3], en la que la continuidad de las estructuras sociales no se mantienen en el tiempo, sino que se quedan en proyectos simultáneos de corto alcance, con millones de valoraciones muy volátiles que se entrecruzan entre sí. Esto no sólo impide la compresión sino la capacidad de acción individual.

Lo que pensadores desde Polibio, Tocqueville y Ortega y Gasset, temieron como el gobierno de la masa irracional, pareciera estar materializándose en la realidad. Eso indica el espíritu de los tiempos. Habrá que ver si el ethos liberal occidental saldrá bien librado de los retos (y amenazas) que se ciernen sobre quienes creemos en la moderación y la construcción de consensos como base de la democracia y como actitud clave en la política.

[1] Beas, Diego. La reinvención de la política. Caracas. Ediciones Puntocero. 2010

[2] Sartori, Giovanni. Homo videns. La sociedad teledirigida. Madrid. Taurus. 1999

[3] Bauman, Zygmunt. Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre. Barcelona. Tusquets. 2008

Similitudes deleznables entre la política partidaria y la política gremial

El pasado 4 de enero, la Asamblea General del Colegio de Abogados realizó la primera vuelta para elegir magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. El resultado fue un fiel reflejo del sistema político nacional. Los dos finalistas, Mynor Moto y Estuardo Gálvez, han sido cuestionados en cuanto al cumplimiento de los requisitos constitucionales de idoneidad y honorabilidad para optar al cargo.

Esta realidad no es muy distinta de lo que ocurre con las elecciones político-partidarias. En demasiadas ocasiones, los candidatos electos a cargos de elección popular, no necesariamente destacan por sus méritos éticos, académicos o profesionales. Por el contrario, sobran los ejemplos de candidatos vinculados a grupos de corrupción o crimen organizado que terminan ganando una alcaldía o diputación. Para muestra, en 2019, la UCN alcanzó 13 diputaciones meses después de que su presidenciable fuese sorprendido negociando con el Cartel de Sinaloa. O en 2015, cuando el Partido Líder obtuvo más de 45 diputaciones, a pesar de que su binomio presidencial había sido señalado por actos de corrupción.

La realidad gremial no es muy distinta de la partidaria. La política en Guatemala, sin importar si los electores son ciudadanos de a pie o profesionales del derecho, está capturada por intereses corruptos o abiertamente criminales. En ambos, se replican las mismas prácticas cuestionables de acceso al poder.

El primer problema es el financiamiento de campañas. Así como en la política partidaria se desconoce sobre los verdaderos financistas de campaña, lo mismo ocurre en el CANG. ¿Acaso ya se solventó la duda sobre quién sufragó los gastos de avioneta y call center de Mynor Moto? Que no nos sorprenda entonces si aquella proporción de fuentes de financiamiento de la política, que indicaba que el 50% de las campañas electorales se financian por la corrupción y 25% por el narcotráfico, se replique también a nivel gremial.

Otra realidad del sistema electoral y de partidos es el clientelismo. En toda elección vemos cómo los grupos partidarios buscan comprar votos mediante rifas, entrega de alimentos y demás prebendas. Lo mismo ocurre en el CANG, quizá con un grado superior de sofisticación. Los “desayunos” gremiales, los cursos, las carnitas del día de votación o las fiestas tienen como fin la búsqueda de votos gremiales. Así como el votante en pobreza compromete su voto por un pan; el abogado lo hace por unas carnitas.

El fenómeno de la empleomanía también se replica en ambos mundos. A nivel partidario, cuantos activistas dedican horas-hombre a la campaña bajo la aspiración de acceder a una “plaza” una vez se llegue al poder. No es muy distinto lo que ocurre a nivel de agrupaciones gremiales en el CANG.

O qué decir del acarreo, fenómeno que elección tras elección caracteriza la dinámica del Día-D. A nivel gremial también vemos cómo instituciones públicas con alto número de abogados, “invitan” o directamente “movilizan” a sus profesionales para apoyar a determinada planilla o candidato.

Las mismas críticas que esbozamos cada cuatro años sobre las prácticas cuestionables de los partidos políticos en año electoral se replican, en un micro-cosmos, en el CANG. A una escala menor o con un poco más de sofisticación, la opacidad en el financiamiento, el clientelismo y el acarreo son el común denominador tanto en elecciones partidarias como en las gremiales. La similitud de prácticas entre el mundo partidario y gremial, o entre sectores desfavorecidos y profesionales, denota que el clientelismo y la opacidad son medios socialmente aceptados para acceder al poder, sea político o judicial.

Similitudes deleznables entre la política partidaria y la política gremial

El pasado 4 de enero, la Asamblea General del Colegio de Abogados realizó la primera vuelta para elegir magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. El resultado fue un fiel reflejo del sistema político nacional. Los dos finalistas, Mynor Moto y Estuardo Gálvez, han sido cuestionados en cuanto al cumplimiento de los requisitos constitucionales de idoneidad y honorabilidad para optar al cargo.

Esta realidad no es muy distinta de lo que ocurre con las elecciones político-partidarias. En demasiadas ocasiones, los candidatos electos a cargos de elección popular, no necesariamente destacan por sus méritos éticos, académicos o profesionales. Por el contrario, sobran los ejemplos de candidatos vinculados a grupos de corrupción o crimen organizado que terminan ganando una alcaldía o diputación. Para muestra, en 2019, la UCN alcanzó 13 diputaciones meses después de que su presidenciable fuese sorprendido negociando con el Cartel de Sinaloa. O en 2015, cuando el Partido Líder obtuvo más de 45 diputaciones, a pesar de que su binomio presidencial había sido señalado por actos de corrupción.

La realidad gremial no es muy distinta de la partidaria. La política en Guatemala, sin importar si los electores son ciudadanos de a pie o profesionales del derecho, está capturada por intereses corruptos o abiertamente criminales. En ambos, se replican las mismas prácticas cuestionables de acceso al poder.

El primer problema es el financiamiento de campañas. Así como en la política partidaria se desconoce sobre los verdaderos financistas de campaña, lo mismo ocurre en el CANG. ¿Acaso ya se solventó la duda sobre quién sufragó los gastos de avioneta y call center de Mynor Moto? Que no nos sorprenda entonces si aquella proporción de fuentes de financiamiento de la política, que indicaba que el 50% de las campañas electorales se financian por la corrupción y 25% por el narcotráfico, se replique también a nivel gremial.

Otra realidad del sistema electoral y de partidos es el clientelismo. En toda elección vemos cómo los grupos partidarios buscan comprar votos mediante rifas, entrega de alimentos y demás prebendas. Lo mismo ocurre en el CANG, quizá con un grado superior de sofisticación. Los “desayunos” gremiales, los cursos, las carnitas del día de votación o las fiestas tienen como fin la búsqueda de votos gremiales. Así como el votante en pobreza compromete su voto por un pan; el abogado lo hace por unas carnitas.

El fenómeno de la empleomanía también se replica en ambos mundos. A nivel partidario, cuantos activistas dedican horas-hombre a la campaña bajo la aspiración de acceder a una “plaza” una vez se llegue al poder. No es muy distinto lo que ocurre a nivel de agrupaciones gremiales en el CANG.

O qué decir del acarreo, fenómeno que elección tras elección caracteriza la dinámica del Día-D. A nivel gremial también vemos cómo instituciones públicas con alto número de abogados, “invitan” o directamente “movilizan” a sus profesionales para apoyar a determinada planilla o candidato.

Las mismas críticas que esbozamos cada cuatro años sobre las prácticas cuestionables de los partidos políticos en año electoral se replican, en un micro-cosmos, en el CANG. A una escala menor o con un poco más de sofisticación, la opacidad en el financiamiento, el clientelismo y el acarreo son el común denominador tanto en elecciones partidarias como en las gremiales. La similitud de prácticas entre el mundo partidario y gremial, o entre sectores desfavorecidos y profesionales, denota que el clientelismo y la opacidad son medios socialmente aceptados para acceder al poder, sea político o judicial.

Similitudes deleznables entre la política partidaria y la política gremial

El pasado 4 de enero, la Asamblea General del Colegio de Abogados realizó la primera vuelta para elegir magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. El resultado fue un fiel reflejo del sistema político nacional. Los dos finalistas, Mynor Moto y Estuardo Gálvez, han sido cuestionados en cuanto al cumplimiento de los requisitos constitucionales de idoneidad y honorabilidad para optar al cargo.

Esta realidad no es muy distinta de lo que ocurre con las elecciones político-partidarias. En demasiadas ocasiones, los candidatos electos a cargos de elección popular, no necesariamente destacan por sus méritos éticos, académicos o profesionales. Por el contrario, sobran los ejemplos de candidatos vinculados a grupos de corrupción o crimen organizado que terminan ganando una alcaldía o diputación. Para muestra, en 2019, la UCN alcanzó 13 diputaciones meses después de que su presidenciable fuese sorprendido negociando con el Cartel de Sinaloa. O en 2015, cuando el Partido Líder obtuvo más de 45 diputaciones, a pesar de que su binomio presidencial había sido señalado por actos de corrupción.

La realidad gremial no es muy distinta de la partidaria. La política en Guatemala, sin importar si los electores son ciudadanos de a pie o profesionales del derecho, está capturada por intereses corruptos o abiertamente criminales. En ambos, se replican las mismas prácticas cuestionables de acceso al poder.

El primer problema es el financiamiento de campañas. Así como en la política partidaria se desconoce sobre los verdaderos financistas de campaña, lo mismo ocurre en el CANG. ¿Acaso ya se solventó la duda sobre quién sufragó los gastos de avioneta y call center de Mynor Moto? Que no nos sorprenda entonces si aquella proporción de fuentes de financiamiento de la política, que indicaba que el 50% de las campañas electorales se financian por la corrupción y 25% por el narcotráfico, se replique también a nivel gremial.

Otra realidad del sistema electoral y de partidos es el clientelismo. En toda elección vemos cómo los grupos partidarios buscan comprar votos mediante rifas, entrega de alimentos y demás prebendas. Lo mismo ocurre en el CANG, quizá con un grado superior de sofisticación. Los “desayunos” gremiales, los cursos, las carnitas del día de votación o las fiestas tienen como fin la búsqueda de votos gremiales. Así como el votante en pobreza compromete su voto por un pan; el abogado lo hace por unas carnitas.

El fenómeno de la empleomanía también se replica en ambos mundos. A nivel partidario, cuantos activistas dedican horas-hombre a la campaña bajo la aspiración de acceder a una “plaza” una vez se llegue al poder. No es muy distinto lo que ocurre a nivel de agrupaciones gremiales en el CANG.

O qué decir del acarreo, fenómeno que elección tras elección caracteriza la dinámica del Día-D. A nivel gremial también vemos cómo instituciones públicas con alto número de abogados, “invitan” o directamente “movilizan” a sus profesionales para apoyar a determinada planilla o candidato.

Las mismas críticas que esbozamos cada cuatro años sobre las prácticas cuestionables de los partidos políticos en año electoral se replican, en un micro-cosmos, en el CANG. A una escala menor o con un poco más de sofisticación, la opacidad en el financiamiento, el clientelismo y el acarreo son el común denominador tanto en elecciones partidarias como en las gremiales. La similitud de prácticas entre el mundo partidario y gremial, o entre sectores desfavorecidos y profesionales, denota que el clientelismo y la opacidad son medios socialmente aceptados para acceder al poder, sea político o judicial.

El 6 de enero de 2020 será una fecha para recordar. El día en que el palacio secular de la democracia de los Estados Unidos fue asaltado por un grupo de manifestantes violentos que rechazaban la legitimidad de Joe Biden como presidente electo. Un evento que sucede con poca frecuencia en la historia de ese país y que en magnitud no se había visto desde hace más de 200 años. 

Lejos de simpatizar con las ideas de Joe Biden y la agenda que propone el partido Demócrata para los Estados Unidos, lo cierto es que no hay evidencia sobre fraude electoral. Luego de su ratificación, el mismo 6 de enero después de los desafortunados eventos, los resultados fueron más que contundentes, 306 votos del colegio electoral para Biden y Harris frente a los 232 de Trump y Pence. 

Ya varios habían alertado sobre los peligros que corría la democracia en los Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza.  Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en “Cómo mueren las Democracias” aseguran que la primera prueba se falló en las elecciones de 2016 cuando se escogió a un presidente con una dudosa lealtad a las normas democráticas. Hoy vemos los efectos de aquella advertencia.  

En una entrevista para la BBC, Levistsky  incluso asegura que comparando este fenómeno con otros procesos similares en América Latina, esto podría muy bien catalogarse como una intentona de autogolpe que fracasó dada la solidez de las instituciones estadounidenses.

La lección de este fenómeno es que el populismo es capaz de penetrar hasta los sistemas políticos más exitosos y estables del mundo. La institución de transferencia de poder pacífica en los Estados Unidos fue violentada. Este día quedará marcado en la historia como el día en que el presidente falló a sus votos de honor de “sostener, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos al máximo de sus facultades”.

Lo cierto es vienen años complejos para la política norteamericana, pero Estados Unidos y sus instituciones republicanas y democráticas sanarán. La solidez del sistema político y sus normas permanecerá vigente mientras los eternos vigilantes de la libertad, sus ciudadanos, sigan atentos ante estas amenazas.

El 6 de enero de 2020 será una fecha para recordar. El día en que el palacio secular de la democracia de los Estados Unidos fue asaltado por un grupo de manifestantes violentos que rechazaban la legitimidad de Joe Biden como presidente electo. Un evento que sucede con poca frecuencia en la historia de ese país y que en magnitud no se había visto desde hace más de 200 años. 

Lejos de simpatizar con las ideas de Joe Biden y la agenda que propone el partido Demócrata para los Estados Unidos, lo cierto es que no hay evidencia sobre fraude electoral. Luego de su ratificación, el mismo 6 de enero después de los desafortunados eventos, los resultados fueron más que contundentes, 306 votos del colegio electoral para Biden y Harris frente a los 232 de Trump y Pence. 

Ya varios habían alertado sobre los peligros que corría la democracia en los Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza.  Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en “Cómo mueren las Democracias” aseguran que la primera prueba se falló en las elecciones de 2016 cuando se escogió a un presidente con una dudosa lealtad a las normas democráticas. Hoy vemos los efectos de aquella advertencia.  

En una entrevista para la BBC, Levistsky  incluso asegura que comparando este fenómeno con otros procesos similares en América Latina, esto podría muy bien catalogarse como una intentona de autogolpe que fracasó dada la solidez de las instituciones estadounidenses.

La lección de este fenómeno es que el populismo es capaz de penetrar hasta los sistemas políticos más exitosos y estables del mundo. La institución de transferencia de poder pacífica en los Estados Unidos fue violentada. Este día quedará marcado en la historia como el día en que el presidente falló a sus votos de honor de “sostener, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos al máximo de sus facultades”.

Lo cierto es vienen años complejos para la política norteamericana, pero Estados Unidos y sus instituciones republicanas y democráticas sanarán. La solidez del sistema político y sus normas permanecerá vigente mientras los eternos vigilantes de la libertad, sus ciudadanos, sigan atentos ante estas amenazas.

La región latinoamericana presenta retos, amenazas y oportunidades de tal calibre para este año 2021, que no es alocado afirmar que se encuentra en una encrucijada, como tal vez no se le había presentado en varias décadas. Hoy más que nunca, estamos en un momento histórico y definitorio en muchos sentidos: o se toma la vía de la anti-política y el populismo radical, o se toma la vía moderada de las reformas institucionales y económicas para encaminarse definitivamente al sendero del desarrollo.

El saldo que ha dejado 2020 para América Latina ha sido devastador. A los problemas sanitarios y económicos que ha dejado a su paso la pandemia del Covid-19, se le deben sumar los problemas estructurales e históricos que el subcontinente viene arrastrando desde hace varias décadas. En su momento, la Cepal indicó que esta es la peor crisis que la región ha enfrentado en los últimos 100 años e incluso proyectaron una caída del PIB regional del 9.4%. De manera que afrontamos una crisis económica profunda que probablemente no veíamos desde los años 80, con la llamada crisis de la deuda, y a eso sumémosle el tema de la pandemia, que no se ha logrado contener del todo. De hecho, ahora vemos cómo muchos países atraviesan segundas y terceras olas de contagio, y cómo todo apunta a que la ansiada vacuna llegará, con suerte, en el segundo trimestre del año; tal vez con la excepción de Chile que sí pareciera tenerla antes.

En lo político, se abre un nuevo ciclo electoral y tenemos varios comicios a los que hay que prestarles atención, siendo uno de los más importantes el caso de Chile, que recordemos, viene arrastrando una inestabilidad desde el estallido social de 2019 y posteriormente con la aprobación de la Constituyente; es posible que los chilenos se decanten por una opción populista radical, ya que el candidato comunista va a la cabeza. Luego tenemos a Perú, donde recordemos lo que se vivió hace meses en el Congreso con las vacancias presidenciales y la crisis de gobernabilidad que se vivió por varios días; por ende, es probable que el fujimorismo o la izquierda radical tomen fuerza en estas elecciones, ya que las encuestas muestran gran dispersión entre un gran espectro de casi veinte opciones que no suman ni el 10% de las preferencias. Posteriormente está Ecuador, donde el correísmo aplicará la misma fórmula del moralismo en Bolivia en 2020, postulando a un “economista moderado”, pero siempre afín a las ideas del Foro de Sao Paulo. En la región Centroamericana están Honduras, donde recordemos que en 2017 tuvo unas elecciones cuestionadas, ante la vista de una comunidad internacional que se quedó de brazos cruzados. Y luego también están pautadas elecciones presidenciales en Nicaragua, donde lo más probable es que Daniel Ortega siga apelando al fraude para eternizarse en el poder, de hecho, se corre el rumor de que postulará a su esposa, Rosario Murillo, quien también ejerce el poder en conjunto con él desde hace varios años.

En resumen, lo que se vislumbra es más crisis y descontento social, que pueden desatar más estallidos contra la clase política, como ocurrió en Guatemala en noviembre de 2020. Lamentablemente en América Latina todas las opciones que se presentan son igual de malas: o se escoge entre un populismo de izquierda chavista o entre una derecha inmovilista y corrupta; y ambas opciones, recordemos, están infiltradísimas por el crimen organizado.

En ese sentido, el cisne negro o el factor determinante puede ser el viraje que se avizora con la nueva administración Biden-Harris en los Estados Unidos y el abordaje que planean para la región, ya que sus ejes parecieran girar en torno a lo económico e institucional. Se le prestará especial atención a la promoción del desarrollo en la región centroamericana, en conjunto con México, para evitar los flujos migratorios ilegales hacia el país del norte, y también se le prestará especialmente atención al problema de la corrupción, reactivando y fortaleciendo las famosas comisiones internacionales contra la corrupción. También se promete trabajar con el gobierno colombiano para reducir la exportación de cocaína, que no sólo es un tema de salud pública en EEUU por el alto consumo de ese país, sino que es un flagelo que erosiona la institucionalidad de la región, ya que el narcotráfico corrompe la política de todos los países que son parte del trasiego de la droga.

Tal vez el punto débil de este viraje lo veremos con respecto a Venezuela y Cuba, ya que la política Biden-Harris no pareciera enfocarse hacia un cambio de régimen, sino hacia una normalización de relaciones con estos países, al estilo de la administración Obama y su apertura con el régimen cubano, que el año pasado demostró una especial violencia hacia sus opositores. También se habla de una propuesta de aprobación de Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos en los Estados Unidos y la promoción de una “negociación de buena fe” entre la narcotiranía madurista con la oposición venezolana, lo cual apunta hacia una "tolerancia" con el régimen y una "resignación" hacia su continuidad en el poder; a pesar de que el año pasado se presentaron varios informes de la ONU y otros organismos multilaterales señalando a Nicolás Maduro como un criminal de lesa humanidad y que la Corte Penal Internacional también afirmó a finales del año pasado que hay indicios fuertes de que en Venezuela se han cometido violaciones graves a los Derechos Humanos.

A esta débil (para no decir fallida) política hacia Venezuela sumémosle que desde su campaña, Biden y Kamala han dicho que en su gobierno regularán fuertemente el “fracking”, por el tema del cambio climático. Las consecuencias indeseadas de esa noble causa pueden ser que probablemente veremos una subida en el barril OPEP y eso significa que quizá veremos en un futuro no muy lejano en acción una nueva “petro-diplomacia” del régimen venezolano. La chequera infinita que tuvo Hugo Chávez en su momento, ahora puede tenerla Nicolás Maduro. Eso tal vez signifique otra “marea rosada” en América Latina y más desestabilización a los proyectos democráticos de la región.

Y no dejemos de lado un último detalle, que es la creciente influencia que va ganando China en la región. Con un panorama de economías deficitarias y en crisis, y el cambio en las supply chains; los préstamos chinos serán una forma de “soft power” , que llenará cada vez más espacios que EEUU ha dejado vacíos y desatendidos por años en nuestros países.

En conclusión, la región latinoamericana presenta retos, amenazas y oportunidades de tal calibre para este año 2021, que no es alocado afirmar que se encuentra en una encrucijada, como tal vez no se le había presentado en varias décadas. Hoy más que nunca, estamos en un momento histórico y definitorio en muchos sentidos: o se toma la vía de la anti-política y el populismo radical, o se toma la vía moderada de las reformas institucionales y económicas para encaminarse definitivamente al sendero del desarrollo.

La región latinoamericana presenta retos, amenazas y oportunidades de tal calibre para este año 2021, que no es alocado afirmar que se encuentra en una encrucijada, como tal vez no se le había presentado en varias décadas. Hoy más que nunca, estamos en un momento histórico y definitorio en muchos sentidos: o se toma la vía de la anti-política y el populismo radical, o se toma la vía moderada de las reformas institucionales y económicas para encaminarse definitivamente al sendero del desarrollo.

El saldo que ha dejado 2020 para América Latina ha sido devastador. A los problemas sanitarios y económicos que ha dejado a su paso la pandemia del Covid-19, se le deben sumar los problemas estructurales e históricos que el subcontinente viene arrastrando desde hace varias décadas. En su momento, la Cepal indicó que esta es la peor crisis que la región ha enfrentado en los últimos 100 años e incluso proyectaron una caída del PIB regional del 9.4%. De manera que afrontamos una crisis económica profunda que probablemente no veíamos desde los años 80, con la llamada crisis de la deuda, y a eso sumémosle el tema de la pandemia, que no se ha logrado contener del todo. De hecho, ahora vemos cómo muchos países atraviesan segundas y terceras olas de contagio, y cómo todo apunta a que la ansiada vacuna llegará, con suerte, en el segundo trimestre del año; tal vez con la excepción de Chile que sí pareciera tenerla antes.

En lo político, se abre un nuevo ciclo electoral y tenemos varios comicios a los que hay que prestarles atención, siendo uno de los más importantes el caso de Chile, que recordemos, viene arrastrando una inestabilidad desde el estallido social de 2019 y posteriormente con la aprobación de la Constituyente; es posible que los chilenos se decanten por una opción populista radical, ya que el candidato comunista va a la cabeza. Luego tenemos a Perú, donde recordemos lo que se vivió hace meses en el Congreso con las vacancias presidenciales y la crisis de gobernabilidad que se vivió por varios días; por ende, es probable que el fujimorismo o la izquierda radical tomen fuerza en estas elecciones, ya que las encuestas muestran gran dispersión entre un gran espectro de casi veinte opciones que no suman ni el 10% de las preferencias. Posteriormente está Ecuador, donde el correísmo aplicará la misma fórmula del moralismo en Bolivia en 2020, postulando a un “economista moderado”, pero siempre afín a las ideas del Foro de Sao Paulo. En la región Centroamericana están Honduras, donde recordemos que en 2017 tuvo unas elecciones cuestionadas, ante la vista de una comunidad internacional que se quedó de brazos cruzados. Y luego también están pautadas elecciones presidenciales en Nicaragua, donde lo más probable es que Daniel Ortega siga apelando al fraude para eternizarse en el poder, de hecho, se corre el rumor de que postulará a su esposa, Rosario Murillo, quien también ejerce el poder en conjunto con él desde hace varios años.

En resumen, lo que se vislumbra es más crisis y descontento social, que pueden desatar más estallidos contra la clase política, como ocurrió en Guatemala en noviembre de 2020. Lamentablemente en América Latina todas las opciones que se presentan son igual de malas: o se escoge entre un populismo de izquierda chavista o entre una derecha inmovilista y corrupta; y ambas opciones, recordemos, están infiltradísimas por el crimen organizado.

En ese sentido, el cisne negro o el factor determinante puede ser el viraje que se avizora con la nueva administración Biden-Harris en los Estados Unidos y el abordaje que planean para la región, ya que sus ejes parecieran girar en torno a lo económico e institucional. Se le prestará especial atención a la promoción del desarrollo en la región centroamericana, en conjunto con México, para evitar los flujos migratorios ilegales hacia el país del norte, y también se le prestará especialmente atención al problema de la corrupción, reactivando y fortaleciendo las famosas comisiones internacionales contra la corrupción. También se promete trabajar con el gobierno colombiano para reducir la exportación de cocaína, que no sólo es un tema de salud pública en EEUU por el alto consumo de ese país, sino que es un flagelo que erosiona la institucionalidad de la región, ya que el narcotráfico corrompe la política de todos los países que son parte del trasiego de la droga.

Tal vez el punto débil de este viraje lo veremos con respecto a Venezuela y Cuba, ya que la política Biden-Harris no pareciera enfocarse hacia un cambio de régimen, sino hacia una normalización de relaciones con estos países, al estilo de la administración Obama y su apertura con el régimen cubano, que el año pasado demostró una especial violencia hacia sus opositores. También se habla de una propuesta de aprobación de Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos en los Estados Unidos y la promoción de una “negociación de buena fe” entre la narcotiranía madurista con la oposición venezolana, lo cual apunta hacia una "tolerancia" con el régimen y una "resignación" hacia su continuidad en el poder; a pesar de que el año pasado se presentaron varios informes de la ONU y otros organismos multilaterales señalando a Nicolás Maduro como un criminal de lesa humanidad y que la Corte Penal Internacional también afirmó a finales del año pasado que hay indicios fuertes de que en Venezuela se han cometido violaciones graves a los Derechos Humanos.

A esta débil (para no decir fallida) política hacia Venezuela sumémosle que desde su campaña, Biden y Kamala han dicho que en su gobierno regularán fuertemente el “fracking”, por el tema del cambio climático. Las consecuencias indeseadas de esa noble causa pueden ser que probablemente veremos una subida en el barril OPEP y eso significa que quizá veremos en un futuro no muy lejano en acción una nueva “petro-diplomacia” del régimen venezolano. La chequera infinita que tuvo Hugo Chávez en su momento, ahora puede tenerla Nicolás Maduro. Eso tal vez signifique otra “marea rosada” en América Latina y más desestabilización a los proyectos democráticos de la región.

Y no dejemos de lado un último detalle, que es la creciente influencia que va ganando China en la región. Con un panorama de economías deficitarias y en crisis, y el cambio en las supply chains; los préstamos chinos serán una forma de “soft power” , que llenará cada vez más espacios que EEUU ha dejado vacíos y desatendidos por años en nuestros países.

En conclusión, la región latinoamericana presenta retos, amenazas y oportunidades de tal calibre para este año 2021, que no es alocado afirmar que se encuentra en una encrucijada, como tal vez no se le había presentado en varias décadas. Hoy más que nunca, estamos en un momento histórico y definitorio en muchos sentidos: o se toma la vía de la anti-política y el populismo radical, o se toma la vía moderada de las reformas institucionales y económicas para encaminarse definitivamente al sendero del desarrollo.