Una propuesta en el combate a la corrupción.

Desde finales de los años noventa, los expertos en el combate contra la criminalidad organizada llegaron a una conclusión: para derrotar a los grupos de narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas o de corrupción, hay que embargar los bienes y activos que hayan sido adquiridos, o utilizados por medio de actividades ilícitas. La idea es que al golpear el poder económico de las estructuras criminales, no sólo se limita su capacidad de operar, sino también, de acceder a poder de fuego, o de corromper a autoridades y operadores de justicia.

De esta filosofía, surge la legislación de extinción de dominio, como herramienta que permite a los Estados embargar y tomar control sobre los bienes de las estructuras criminales. En el caso de Guatemala, la Ley de Extinción de Dominio ha estado vigente desde el año 2010, pero ha sido gracias a la ola de casos de corrupción, que se ha generado mayor atención pública a los esfuerzos por tomar control de los bienes procedentes de estructuras ilícitas y de corrupción. En los últimos años, hemos visto cómo una infinidad de propiedades, bienes inmuebles y vehículos vinculados a Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón y otros más han pasado a manos del Estado.

Sin embargo, se ha presentado un problema en el esquema de la lucha anticorrupción. Si bien los procesos de extinción de dominio avanzan y empiezan a arrojar resultados, existe siempre la duda de qué ocurrirá con el dinero en efectivo guardado en caletas. Y si pareciera muy hollywoodesca esta afirmación, no olvidemos que en los allanamientos de Boutique Emilio, la sede operativa de La Línea, se incautaron 1 millón 600 mil quetzales; o que en la residencia de Alfonzo Castillo –ex-Intendente Jurídico de SAT– se incautaron casi Q3 millones de quetzales en efectivo.

Agreguemos algo más. La circulación de billetes de 200 quetzales en el mercado parece estar ralentizada. Pregúntese usted, ¿qué tan frecuentemente recibe usted un billete de dicha denominación? Si elimina las transacciones bancarias, ¿qué tan frecuente ve usted la circulación de los citados billetes en transacciones ordinarias? Este fenómeno hace pensar a expertos criminalísticos y estudiosos de procesos monetarios, que muchos de dichos billetes se encuentran encaletados.

De ser así, existen dos soluciones para atajar el fenómeno. La primera, que las autoridades logren hallar las caletas por medio de las investigaciones, para luego proceder con el decomiso y extinción de dominio. Pero ante la lentitud de dicha ruta, existe una alternativa que pasa por el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria: cambiar el diseño de los billetes de Q200 y dar un plazo para que los guatemaltecos cambien los billetes actuales por los nuevos, siempre bajo un registro personal, tal y como se ha implementado en el control cambiario de dólares.

Esta alternativa pondría en aprietos a los grupos criminales, que se verían obligados a cambiar con celeridad los billetes encaletados. Y al implementar el control respectivo, la Intendencia de Verificación Especial podrá levantar las alertas correspondientes cuando identifique patrones anómalos o excesivos de cambio de billetes. Y dichas alertas, a su vez, permitirían realizar investigaciones de inteligencia financiera que podrían servir como base para identificar estructuras de lavado vinculadas a los actores de la criminalidad organizada y la corrupción.

El dictador “benevolente” es un mito que muy pocas veces sucede en la realidad.

América Latina ha sido una región de dictadores. Y lo que es peor, una región en la que la democracia ha sido muy poco valorada por los ciudadanos. Existe la percepción dentro de la población que la democracia no resuelve adecuadamente los problemas de su país y que un dictador “benevolente” sí tiene los arrestos para poner orden y tomar las decisiones que se necesitan. Es usual escuchar comentarios en los cuales se suspira por las épocas en la que los dictadores resolvían todo de forma ágil y efectiva.

Y este pensamiento es indistinto de la ideología que se profese. Cuando el chavismo tomó control de Venezuela, la izquierda latinoamericana defendió a capa y espada los “buenos resultados” que estaban registrando los programas sociales. Poco o nada les importó que Chávez estuviera destruyendo por completo la institucionalidad de ese país. Lo importante eran los supuestos resultados. Sin embargo, hoy en día es claro quesi no se basa en una democracia liberal, la reducción en la pobreza solo será temporal. Eventualmente el poder absoluto del dictador terminará destruyendo la vida de los ciudadanos, como ha sucedido en ese país.

Lo mismo ocurre en el caso de Nicaragua. Por un tiempo, muchos analistas económicos de derecha hablaron maravillas del modelo que estaba implementando Ortega. Se le colocaba como el ejemplo a seguir en Centroamérica. Pero de nuevo, obviaron por completo el hecho que estaba consolidando una dictadura al tomar el control de todas las instituciones del Estado. Al día de hoy, van más de 350 personas asesinadas por el régimen de terror de Ortega y la economía está por los suelos.

Tanto Venezuela como Nicaragua, demuestran que resulta un terrible error obviar el daño que se hace a las instituciones de un país, en busca de un resultado de corto plazo, sea éste crecimiento económico o desarrollo social. Un dictador siempre es malo, no importa si es de derecha o de izquierda, y los ciudadanos jamás debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos fundamentales.

Pero nunca falta quién diga que China, Singapur y Chile se desarrollaron gracias a una dictadura y que por tanto, ese debería ser el camino a seguir. Ante este argumento, solo queda decir que tanto África, como América Latina han estado plagadas de dictaduras a lo largo de su historia y sin embargo, seguimos siendo regiones subdesarrolladas. El dictador “benevolente” es un mito que muy pocas veces sucede en la realidad. Hay que recordar la célebre frase de Lord Acton: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Y esa ha sido la tragedia de América Latina. Hemos tenido gobiernos que han tenido poco o ningún límite y el resultado ha sido el subdesarrollo, además de un terrible saldo en cuanto a violaciones a los derechos humanos. Es el peor de los mundos: sin desarrollo y sin respeto a los derechos fundamentales. No obstante, seguimos suspirando por las dictaduras.

La pregunta en todo esto es, ¿por qué razón en América Latina seguimos fascinados con los dictadores y apreciamos tan poco la democracia liberal? Posiblemente porque nos encanta pensar que podemos tomar atajos al desarrollo. La izquierda quiere desarrollo social y la derecha quiere crecimiento económico tan pronto como sea posible, sin importar el costo para lograrlo. Alcanzar fines por cualquier medio. Una visión por demás cortoplacista y mezquina.

El desarrollo de occidente está íntimamente ligado al nacimiento paulatino de las democracias liberales. Poco a poco se fue consolidando el respeto a los derechos individuales, lo que permitió que los logros económicos y sociales perduraran en el tiempo. Aún con todos sus problemas, las sociedades occidentales continúan brindando el mejor nivel de vida a sus ciudadanos, comparado con el resto del planeta.

Quizá llegó el momento que América Latina deje de fascinarse por los dictadores y comience a tomar en serio esforzase por construir auténticas democracias liberales.

Columna publicada originalmente en El Periódico.

Reflexiones sobre las condiciones de cara al evento electoral 2019.

En semanas recientes se ha activado la discusión prospectiva en relación a las dinámicas políticas que imperarán en el proceso electoral 2019.

Dos elementos deben considerarse como precondiciones de análisis. Primero, los efectos normativos y los nuevos incentivos que generará la reforma electoral (Decreto 26-2016).Y en segundo lugar, las alteraciones del mapa político generado como consecuencia del proceso 2015-2018, cuyas secuelas seguramente impactarán las dinámicas electorales.

El primer elemento a considerar es el efecto de la prohibición del transfuguismo. Dicha normativa, sujeta de cuestionamiento por más de 80 diputados, implicará un cambio sustancial en las dinámicas políticas y partidarias. El efecto más evidente será la obligada renovación del Congreso en 2019. Pero además, la normativa genera una agudización de la crisis del “partido franquicia”: al quedar excluida la participación de varios caciques territoriales, los partidos políticos pierden naturalmente un universo de potenciales franquiciados, situación que les obliga ahora a buscar nuevos franquiciados o a generar un modelo alternativo para la construcción de organización. No obstante la renovación de personas no garantiza un funcionamiento distinto de la institucional. Para muestra, la actual legislatura, que tuvo a más de la mitad de diputados novatos.

El segundo elemento a considerar es el financiamiento electoral. Derivado de los recientes casos judiciales y el marco regulatorio aprobado en 2016, resulta relativamente sencillo proyectar que la elección presidencial del año siguiente será austera. Sin embargo, a nivel local, se mantiene el mismo riesgo de la penetración de capitales ilícitos. Por ello, resulta de particular importancia que el Tribunal Supremo Electoral logre operativizar la Unidad de Fiscalización de Partidos Políticos, la cual aparentemente constituye la única barrera frente al recurso ilícito que se cuela en la base.

El tercer elemento es el voto en el extranjero. Si bien los migrantes fueron un sector clave para la elección de Jimmy Morales en 2015, gracias a su apoyo financiero y su influencia “de boca a boca” sobre votantes locales, el reconocimiento del voto en el exterior no necesariamente implica una transformación sustantiva del mapa de poder electoral. Esto se debe a que mientras no se resuelva el problema de identificación de cientos de miles de migrantes que no tienen DPI, el voto en el extranjero será exiguo. De tal forma, seguirá pensando más la influencia indirecta que el voto directo de los connacionales.

Por último, la elección 2019 se presenta como una con excesiva judicialización. Desde ya se vislumbra que la Corte de Constitucionalidad deberá resolver acciones de inconstitucionalidad contra la prohibición del transfuguismo. Mientras que potenciales candidaturas concretas, como la de Zury Ríos –por ejemplo-, podrán depender también de lo que digan las cortes. Lo mismo ocurre con la normativa relacionada a la publicidad en campaña o la publicación de encuestas, artículos que hoy están en proceso de ser impugnados en materia constitucional.

La sumatoria de todo lo anterior nos deja un escenario electoral atípico, y por ende, incierto.

Publicado originalmente en El Periódico.

Han pasado poco más de noventa días y el régimen de Ortega ha intentado sofocar las protestas, valiéndose de la fuerza bruta y dejando un saldo de más de 350 muertos.

Pocos imaginaron que lo que comenzó como un descontento a la reforma del INSS acabaría por ser la gota que derramó el vaso en Nicaragua. Al momento de escribir esta columna han pasado poco más de noventa días y el régimen ha intentado sofocar las protestas, valiéndose de la fuerza bruta y dejando un saldo de más de 350 muertos. Naturalmente el régimen se rehúsa a reconocerse responsable de tan deleznables sucesos y, como es usual, tacha a la oposición de intentar dar un golpe de Estado y de romper el orden constitucional.

Pocas dudas deberían quedar a estas alturas que el régimen de Ortega es autoritario. Desde que asumió el poder en 2007, Ortega ha cercenado los vestigios de instituciones democráticas que había en Nicaragua. Ha debilitado a la oposición; ganó las elecciones de 2017 con un claro fraude electoral que fue “legitimado” por el propio tribunal electoral; y se ha encargado de coartar la libertad de asociación haciendo complicando a la sociedad civil que ha intentado organizarse por la vía de las ONG y otras figuras legales.

Pero lo peor es que el régimen de Ortega no solo fue popular entre las filas del sandinismo. También gozó de la simpatía de parte de la élite económica y de la de varios analistas autoproclamados de derechas. Siempre se hizo eco del supuesto “éxito” económico que suponía el modelo nicaragüense al tiempo que se destacaba que Nicaragua fue, junto a Panamá, el país que mayor inversión extranjera directa recibió entre 2012 y 2016. Lógicamente Nicaragua crecía en cierta parte por un factor de convergencia y en buena medida porque el régimen de Ortega centralizaba el poder en su figura y éste ofrecía una estabilidad aparente a los inversionistas. Pero esto es insostenible en el tiempo.

Como establecen Acemoglu y Robinson en Por qué fracasan los países, los sitios en los que priman las instituciones extractivas experimentan crecimiento económico. El tema es que este crecimiento suele ser altamente desigual y beneficia principalmente a la élite extractiva (Ortega y sus amigotes en este caso). Esto hace que el crecimiento sea insostenible en el tiempo porque no incentiva la innovación y la competencia, como ocurre en presencia de instituciones políticas y económicas inclusivas que dan lugar a la existencia de una economía de mercado auténtica.

Ejemplos de crecimiento económico bajo instituciones políticas extractivas abundan. La propia Unión Soviética fue admirada por su rápida industrialización. Los autores citados mencionan los casos de las islas Barbados, Cuba, Haití y Jamaica, en los siglos XVII y XVIII, que conseguían un rápido crecimiento económico con base en la mano de obra esclava en la producción de azúcar. Pero ninguno de los países citados consiguió un crecimiento sostenible bajo ese esquema.

Por eso es tan importante recalcar que el camino a la prosperidad no se consigue a través de regímenes autoritarios (extractivos) que ofrecen una aparente estabilidad. Únicamente bajo sistemas políticos inclusivos y plurales que permitan el funcionamiento de una auténtica economía de mercado, donde la innovación y la competencia sean el motor del crecimiento y puedan sacar a nuestros países del subdesarrollo. No es un invento nuevo, los países desarrollados de Occidente se han desarrollado bajo esas premisas.

El auge reciente de regímenes autoritarios, como el de Ortega y el que se desarrolla en Honduras bajo Juan Orlando Hernández, ofrecen una aparente estabilidad en el corto plazo. Ofrecen certeza en el corto plazo, pero su sostenibilidad en el tiempo no es viable y cuando la población quiere dar marcha atrás y cambiar el régimen, las consecuencias pueden ser nefastas como es el caso del asesino régimen de Ortega y Murillo.

La lucha contra la corrupción puso a la sociedad guatemalteca frente a un espejo, nos enseñó las debilidades del sistema político y puso a una parte de la estructura de corrupción del Estado contra las cuerdas.

El concepto del “efecto CICIG” nació en redes sociales y ha sido esgrimido en distintos espacios por detractores de la Comisión, en un intento desesperado por hacer una relación de causa y efecto entre el trabajo de la lucha contra la corrupción y la situación económica que atraviesa el país.

Por fortuna, tenemos datos y argumentos más sólidos sobre el tema que nos ayudan a comprender la situación económica del país, no voy a profundizar en el tema económico pues prefiero ponerlo en manos de los economistas, dejo aquí un artículo con información sobre el tema.

En resumen, el artículo muestra que la desaceleración económica del país puede explicarse al analizar algunas variables importantes como: la caída del sector minero debido a la decisión de la Corte de Constitucionalidad sobre la Mina San Rafael; la caída de la inversión privada; una reducción de las exportaciones y del precio de los productos de exportación; el aumento de los precios en los productos de importación; la depreciación del peso mexicano que ha provocado un incremento del contrabando; la negligencia del gobierno respecto a la infraestructura nacional; una reducción significativa de la inversión pública; y una desaceleración en el crecimiento de las remesas.

Tomando en cuenta estos factores, es fácil concluir que el verdadero efecto CICIG no es económico sino más bien social, político e institucional. La lucha contra la corrupción puso a la sociedad guatemalteca frente a un espejo, nos enseñó las debilidades del sistema político y puso a una parte de la estructura de corrupción del Estado contra las cuerdas. Un esfuerzo loable pero insuficiente frente a los retos que todavía tenemos.

Hoy el tema de la lucha contra la corrupción parece haber generado un poco de cansancio en la opinión pública. Aun así, la Comisión sigue trabajando, aparentemente de la mano de la nueva administración del Ministerio Público y seguramente veremos más casos, muy pronto. Sin embargo, el futuro de la CICIG tambalea, pues es probable que su enemigo número uno, el Presidente Morales, sea quien tenga que confirmar el acuerdo con Naciones Unidas en 2019 y seguramente hará todo lo posible por sacarla del país, especialmente en un momento en el que apoyo de Estados Unidos a la Comisión puede cambiar.

En este contexto, los guatemaltecos debemos trascender de la discusión superficial sobre la lucha contra la corrupción. El verdadero “efecto CICIG” debe ser ese atisbo de esperanza sobre el futuro del país que se implantó en muchas personas. La Comisión logró poner temas muy importantes sobre la mesa y ojalá pueda seguir trabajando, pero de no ser así, es necesario comenzar a hablar de un futuro de combate a la corrupción desde el fortalecimiento de nuestras instituciones, la redignificación de la política y la construcción de un modelo de desarrollo.

La única manera de hacer realidad estos objetivos es a través del diálogo franco entre los actores sociales más importantes del país. Debemos buscar una tregua, romper las barreras invisibles que hemos formado a nuestro alrededor y definir una agenda de trabajo por los temas que pueden ayudarnos a salir de la crisis política e institucional en la que estamos.

Para esto necesitamos verdaderos líderes políticos, que no tengan miedo de fijar posturas claras y que puedan convocar a un diálogo por el país. ¿En dónde están?

Algunos argumentan que imponer restricciones restringe la libertad de asociación pues se “obliga” a un diputado a permanecer en un bloque legislativo determinado. ¿Importará más la libertad del diputado o el voto por partido de los ciudadanos?

En el Congreso de la República existe zozobra por el texto vigente del artículo 205 Ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). De acuerdo con esta norma, los partidos políticos tienen prohibido recibir en sus bloques legislativos a los diputados “tránsfugas”, es decir, aquellos que se cambien de partido político una vez electos. Pero lo que más preocupa a los diputados es que el texto en discusión les impide correr en la elección del año entrante.

Ante esta situación los diputados han intentado dar marcha atrás a dicha reforma por dos caminos. Primero, el 11 de mayo pasado el diputado Linares Beltranena presentó una iniciativa de ley que pretendía reformar varios artículos de la LEPP (entre ellos el 205 Ter) debido a que los textos de 11 artículos que aprobaron en 2016 no fueron los que la Corte de Constitucionalidad (CC) dictaminó favorablemente.

Ciertamente la redacción del 205 Ter sobre la que dictaminó la CC guarda ciertas diferencias con la que se encuentra en vigor. El texto original establecía que la prohibición de los bloques legislativos para recibir diputados que decidieran cambiarse de partido político únicamente tendría vigencia dentro de los tres años posteriores a la elección. Dado que se trata de un posible vicio de procedimiento, lo propio sería que el Congreso someta a evaluación de la Corte de Constitucionalidad el texto antes que efectuar esta reforma.

Por otra parte, el diputado Hernández Azmitia presentó una iniciativa de ley para derogar el artículo 205 Ter de la LEPP. Dicha iniciativa es la 5442 y se presentó el pasado 11 de junio y aun no cuenta con el dictamen de la comisión de asuntos electorales del Congreso. De derogarse el artículo en discusión el transfuguismo volvería a ser permitido de forma irrestricta.

Ante esta disyuntiva es preciso someter a discusión el transfuguismo como tal. Algunos argumentan que imponer restricciones restringe la libertad de asociación pues se “obliga” a un diputado a permanecer en un bloque legislativo determinado. Sin embargo, el contraargumento es que en el modelo actual los diputados son elegidos por listas cerradas, por lo tanto el elector realmente elige al partido y no al diputado directamente. De hecho, cuando un diputado “tránsfuga” causa vacante le sustituye el siguiente en la lista del partido que lo eligió y no del partido al que se unió después de ser electo.

Por otro lado conviene hacer un examen más profundo de la conveniencia o no de la práctica del transfuguismo. Para algunos el transfuguismo dota de un poder excesivo al partido político en detrimento de las opiniones personales de los diputados del bloque legislativo. Lo cierto es que para otros el transfuguismo genera un mal incentivo para la consolidación de partidos políticos que canalicen las demandas de los electores. Por lo anteriormente dicho, conviene comenzar a tratar el tema con seriedad. El asunto da para muchos más análisis.

Ser dictador es fácil. Solo hay que saber usar la ignorancia y el miedo de los débiles y la ambición y el egoísmo de los poderosos.

Solo un criminal o un loco puede pretender quedarse en el poder porque le da la gana y a la fuerza, después de recibir el repudio colectivo y la exigencia general para que renuncie a un cargo al que llegó con trampas y en el que se quiere mantener por iluminado, por charlatán y por abusivo.

Deshonesto, corrupto y asesino son los señalamientos que se le hacen 24 horas al día desde todos los puntos cardinales. Usted nunca tuvo la intención de respetar ni siquiera las reglas retorcidas que le llevaron al poder, después de la oscura alianza que hiciera con otro igual que usted. Su naturaleza es ser dictador, deshonesto y, cuando se le antoja, homicida.

Esos números con los que presumía eran mentira. Cuando se viene desde tan abajo cualquier avance es positivo, pero siempre insuficiente. Y encima, no era gracias a usted sino a pesar de usted. Pero aún así, presumía con el esfuerzo de otros; un esfuerzo que hoy está destruyendo con su ambición, con su miedo y con su locura.

Sus aliados accidentales, los acomodados que no querían olas porque ellos estaban bien, la mayoría de sus socios y muchos de sus cómplices le están abandonando. Su título de comandante está llegando al final. Dentro de poco, ya no mandará ni en su casa, si es que alguna vez lo hizo.

Tal vez ahora, cuando ya no pueda usar de forma abusiva y prepotente el poder podrá ser juzgado con un debido proceso y en un juicio justo. Necesitará una buena defensa. Ser acusado de corrupto, violador y asesino no es cualquier cosa. Pero al menos, usted tendrá la oportunidad de defenderse. Una oportunidad que usted no dio a ninguna de sus víctimas.

Comandante, renuncie usted. La historia le juzgó desde el primer día que llegó al poder en la forma en que lo hizo. Por sus actos deshonrosos y sus crímenes solo le queda salir corriendo para que no le alcance la sed de justicia y el ansia de reivindicación de un pueblo al que usted ha condenado al ostracismo y la servidumbre.

Ser dictador es fácil. Solo hay que saber usar la ignorancia y el miedo de los débiles y la ambición y el egoísmo de los poderosos. Claro, no tan poderosos como usted.

Comandante, renuncie usted. Permita que la libertad y la democracia vuelvan a ser dignas de ese nombre. Permita que la gente de esa tierra a la que usted pretende convertir en su finca deje de sufrir. Ya hizo bastante daño. Ya causó suficiente sufrimiento. Llegó la hora de la libertad y la democracia.

Comandante, renuncie usted. Que haya por lo menos un acto en su vida que la gente de esa tierra pueda agradecerle.

Este texto pudo ser inspirado en las más crueles novelas negras de América Latina. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia.

Una receta para la estabilidad social.

Durante el siglo XVII, James Harrington, uno de los ideólogos del republicanismo, esbozó una receta para alcanzar la estabilidad política: el buen funcionamiento de la Res pública depende de la difusión de la riqueza y propiedad. Para Harrington, el concepto de difusión de la riqueza implicaba que una gran mayoría de ciudadanos alcanzara la condición de “propietarios”, situación que les facilitaría el acceso a oportunidades, a un nivel de vida más digno, y generaba incentivos para que más personas participaran activamente en la discusión pública.

La receta de Harrington bien podría servir como un faro para construir desarrollo y estabilidad política en Guatemala. Para nadie es un secreto que los guatemaltecos tenemos una vocación natural hacia el emprendimiento, tal y como ha demostrado durante años las encuestas del Global Entrepreneurship Monitor. Dichos estudios también han perfilado el empeño que el guatemalteco le pone al trabajo. Sin embargo, ni la vocación emprendedora, ni el espíritu trabajador ha sido suficiente para generar condiciones de desarrollo económico y estabilidad política en el país.

Por lo anterior, se requiere de un esfuerzo institucional y de política pública para generar un país de propietarios. Esto implica la adopción de marcos normativos y políticas que permitan generar certeza sobre la propiedad privada. Propuestas como la regulación de la titulación supletoria y el tracto sucesivo resultan estratégicas para facilitar que miles de pequeños propietarios puedan regularizar sus activos, y con ello, acceder a mecanismos de financiamiento.

La generación de certeza de la propiedad puede complementarse mediante políticas para incentivar la integración vertical de productores con cadenas productivas y encadenamientos para la exportación. En otras palabras, permitir que los pequeños propietarios encuentren mercados internos y externos para sus productos.

A esto debe agregarse la modernización de los sistemas de crédito, para facilitar a los propietarios y emprendedores el acceso a financiamiento, a capital semilla y capital de trabajo. Para ello se debe apostar por la flexibilización del mercado financiero, además de promover modalidades de financiamiento más horizontal. Figuras como el factoraje, el leasing, las garantías mobiliarias o las microfinanzas deben fortalecerse en nuestro marco normativo. Debemos considerar también la participación de más guatemaltecos en sociedades productivas, a través de un sistema de Bolsa de Valoresque favorezca el ahorro y la inversión.

Asimismo, debe fomentarse otras modalidades de propiedad y desarrollo productivo. El cooperativismo, la gestión comunitaria, las modalidades de empresarialidad indígena y los encadenamientos deben potenciarse, puesto que permiten a miles de guatemaltecos potenciar su productividad, integrar esfuerzos de producción, comercialización y exportación.

El complemento a todo lo anterior es vigorizar a las capas medias. Esto implicadifundir la presencia y promover más opciones para la enseñanza técnica y la educación universitaria, puesto que ambas constituyen los pilares modernos para la movilidad social. En este sentido, la inversión educativa a nivel técnico y superior debe apostar por establecer institutos de capacitación y centros universitarios en las ciudades intermedias y en los polos de desarrollo rural.

El objetivo es construir un sistema en el que la mayoría de guatemaltecos sean propietarios. El ejercicio de la empresarialidad y la propiedad privada deben ser vistos como una oportunidad para todos. Un país de propietarios, con mayor difusión de la riqueza, genera paz social, cohesión y estabilidad política.

Columna publicada originalmente en El Periódico.

El gobierno intentará convencer al gobierno de Trump que la tragedia del volcán supone una razón suficiente para otorgar el TPS.

El pasado 25 de junio el presidente Morales anunció en su cuenta de Twitter: “He instruido a la Ministra de Relaciones Exteriores, solicitar de inmediato ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, el Estatus de Protección Temporal (TPS), porque la política migratoria siempre ha sido una prioridad de mi gobierno.”

El mensaje del presidente sugiere varias cosas. Claro está que sería altamente deseable que se concediera un TPS para Guatemala, pero no parece que la medida pueda tener demasiado éxito. Más bien parece un intento improvisado por corregir la lenta respuesta del gobierno ante la crisis que viven los menores separados en Estados Unidos y la falta de una política clara en materia de migración durante los años que van de gobierno.

El gobierno intentará convencer al gobierno de Trump que la tragedia del volcán supone una razón suficiente para otorgar el TPS. Hay que recordar que el TPS se instituyó por el presidente George H.W. Bush en 1990 justamente para beneficiar ciudadanos de países a los cuales sea difícil retornar para los migrantes a causa de un conflicto armado, una catástrofe natural u otro evento extraordinario.

Sin embargo, el contexto no es favorable. Actualmente hay 13 países que gozan de TPS. Desde el año pasado el presidente Trump no ha hecho más que anunciar que pondrá fin o no renovará el TPS para varios países, entre ellos Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Nepal, Liberia, Sudán, entre otros.

Se dio la ampliación del TPS para Sudán del Sur y para Siria pero hay que considerar los niveles que ha alcanzado el conflicto en este último país. Aún así, únicamente se extendió la protección para los sirios que llegaron a EEUU antes de agosto de 2016, los que llegaron después deben marcharse o permanecer como ilegales.

Lo anterior no augura buen futuro y la capacidad de negociación de Guatemala tampoco es la mejor. Para algunos el traslado de la embajada de Guatemala en Israel pueda tener un peso pero el sentido común sugiere que habría sido mejor negociar algún beneficio para los migrantes previo a hacer el traslado definitivo.

Sería en el mejor interés de los guatemaltecos que el TPS se otorgue pero la visita de Mike Pence trajo un mensaje muy claro: “si quieren venir a EEUU vengan legalmente, si no, no vengan”. Por otra parte, afirmó que el éxodo de personas es una amenaza a su seguridad y que debe terminar. El vicepresidente americano pide más bien que reforcemos la seguridad de nuestras fronteras, una narrativa que no sugiere en lo más mínimo una respuesta favorable para la petición de nuestro presidente.

Se repiten verdades y se descalifican personas. El debate de ideas, no existe.

Durante la Edad Media, el escolasticismo fue el movimiento filosófico que sustentó las enseñanzas del cristianismo. Su metodología se basaba en el principio de autoridad: una premisa se aceptaba como válida sólo por estar contenida en un texto sagrado. No había espacio para el cuestionamiento, mucho menos para debatir ideas contrarias. Pero esto cambió. La modernidad de Occidente devino a partir de los cuestionamientos a las verdades absolutas. El Renacimiento disputó la superioridad de la religión sobre el hombre; la Revolución Científica revisó las premisas aceptadas sobre la naturaleza. La Ilustración y las revoluciones liberales cuestionaron el status quo y el absolutismo.

Pero en Guatemala nos quedamos en el medioevo. Somos una sociedad escolástica, puesto que rehuimos del debate. Esto refleja un modelo de enseñanza que privilegia el adoctrinamiento sobre el pensamiento crítico. Pero también refleja la intolerancia. Cuando los argumentos ya no dan, recurrimos a inferencias ad hominen (atacar a la persona y no sus ideas), ad verecundiam (aceptar una verdad por el prestigio de su locutor), o ad baculum (apelar a la fuerza por encima de la idea).

Con esta base intelectual, resulta surrealista imaginar que el debate político podría ser diferente. A nivel ideológico, creemos que nuestra visión de sociedad está escrita en piedra, y que las recetas antagónicas son expresiones de intereses ocultos. Cuando los argumentos se agotan, se descalifica al rival tachándolo de “oligarca retrógrado”, “neoliberal vende-patrias” o “vividor socialista”. A partir de ahí, discutir sobre la sociedad que queremos, el modelo de desarrollo al que aspiramos, o la forma de alcanzarlo, resulta imposible.

Más difícil es debatir propuestas partidistas. Quien aplaude una acción de Gobierno se convierte en apologista de Jimmy Morales; quien le critica, en un “golpista”. Bajo esta categorización escolástica, el análisis objetivo, la fiscalización ciudadana, o la prensa independiente se consideran herejías modernas.

A lo anterior se agrega una práctica recurrente en el debate: el incesto intelectual que genera el mundo de las redes sociales. Derivado de los algoritmos utilizados por Facebook y Twitter, que privilegian los contenidos que resultan afines a los patrones de consumo de los usuarios, es muy común que la información a la que cada persona tiene acceso es un reflejo de la “burbuja” en la interactúa, por lo que pocas veces se produce una verdadera examinación de ideas y argumentos.

Quizá un primer paso para cambiar nuestra política pasa por superar el escolasticismo intelectual. Aprender a debatir propuestas y no a descalificar interlocutores;reconocer que debemos dejar de ser un país de suposiciones y prejuicios, para convertirnos en un país de ideas.

Columna publicada en El Periódico.