Un tema ausente en la discusión política nacional.

Durante los años noventa, los Estados de América Latina vivieron un proceso de rediseño, bajo el paraguas del “Consenso de Washington”. Las propuestas apuntaban hacia la construcción de Estados más pequeños, que se limitaran a ejercer un control regulatorio y financiero. Mientras que las funciones de administración y prestación de servicios debían delegárseles a entes distintos de sí mismos, ya sea a entidades descentralizadas, autónomas o privadas.

En Guatemala, esta receta la encontramos en la Ley del Organismo Ejecutivo, que establece que el Estado debe apostar por dos principios: 1) Subsidiariedad, según la cual “el Estado no se arroja funciones que pueden ser ejecutadas por los ciudadanos individual o libremente asociados”; y 2) Descentralización, según la cual el Gobierno “delega la ejecución y control administrativo de ciertas funciones a entes distintos de sí mismo o a sus entidades autónomas y descentralizadas, reteniendo las funciones reguladora, normativa y de financiamiento.”

La materialización del principio de subsidiariedad resulta evidente en varias instituciones. En Salud se apostó por la subcontratación de ONGs para la prestación de servicios de salud, a través del Programa de Extensión de Cobertura (PEC). En Educación, se organizaron las juntas de padres para la autogestión y la ejecución descentralizada de los recursos educativos, a través del Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo (PRONADE). En agricultura, se suprimió el programa de extencionismo rural y las instituciones asociadas. En comunicaciones, Caminos (unidad que operaba cual empresa de construcción pública) fue sustituida por el fideicomiso de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial.

La política de descentralización cobró forma en el 2002 con la aprobación de la Ley de Descentralización. La idea era que el Gobierno iniciara un proceso de traslado de funciones (tales como educación, salud, seguridad, economía, etc.) hacia los gobiernos municipales.

Sin embargo, con los años el modelo entró en impase. La política de subsidiariedad fue víctima del patrimonialismo de Estado, particularmente en Covial o en el PEC. O fue sujeta de presiones por grupos de interés, como el caso de la oposición sindical al PRONADE. Mientras que la política de descentralización ha quedado abortada por las limitaciones financieras de la mayoría de gobiernos municipales.

Durante la última década, varios de los casos expuestos han sido desbaratados: PRONADE en el 2008, el PEC en el 2013, y Covial que está programado a fenecer en un corto plazo. En agricultura, se ha buscado retomar el diseño institucional pre-Acuerdos de Paz. El problema es que mientras se revisa el modelo subsidiario de Estado, hace falta un debate sobre el modelo de Estado a construir. No sólo eso, sino que la readecuación de funciones estatales se realiza sobre el diseño de un Estado pensado bajo los esquemas de los noventas, lo que genera un desfase entre ordenamiento jurídico y funcionamiento institucional.

En este sentido, un tema pendiente ha sido plantear la discusión sobre el diseño estatal que se busca construir. ¿Reformamos el diseño de los noventa? ¿Desbaratamos el modelo del Consenso de Washington? ¿Construimos uno nuevo? ¿Qué modelo implementamos? Esa discusión está ausente en el debate político en Guatemala.

¿En realidad hubo fraude electoral?

Todo empezó com un discurso para negar la derrota. Fueron Estuardo Galdámez y el MLP quienes hablaron de fraude electoral. Parece inversosímil, pero un kaibil que abraza el discurso de la extrema derecha y una lideresa campesina que representa a una izquierda antisistema compartían la misma consigna.

Todo habría quedado ahí de no ser por lo que siguió los días posteriores. Decenas de imágenes que compartía la gente en redes sociales en las que aparecían discrepancias entre los votos que registraba el sitio web del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y lo consignado en algunas de las actas que aparecían escaneadas en el mismo sitio web o imágenes de actas supuestamente duplicadas encendieron las alarmas de mucha gente. El TSE había errado de forma garrafal con un software que en cuando había más de 20 partidos compitiendo generaba errores y por la mala organización en la digitación de actas.

Pero lo más trágico es que el TSE fue incapaz de explicar a la población, de manera pronta y oportuna, que esos errores no debían generar desconfianza en la población por una sencilla razón: los resultados que aparecen en el sistema no tienen validez legal. Toda la información errónea, actas mal copiadas, errores de programación, etc. son fallos lamentables, pero de ninguna forma afectaban el conteo oficial de votos.

Hay que recordar que nuestro sistema tiene dos garantías: la población civil que integra las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y Juntas Electorales Municipales y Departamentales, por una parte, y que de todo lo actuado por ellos queda constancia en papel y que es a partir de esa información que las juntas electorales determinan a los ganadores de la elección. Cuando finaliza la elección, las Juntas Receptoras de Votos realizan el conteo de votos, en presencia de los fiscales de los partidos, y luego envían el acta donde constan los resultados de la votación con sus duplicados a las Juntas Electorales y a la sección informática del TSE.

Lo que figure en esas actas es lo que interesa. Lo que esté en el sistema no vale. Mientras tanto la población se ha hecho de múltiples teorías de la conspiración con las decenas de imágenes de actas que no cuadran en el sistema, que, como insisto, servía únicamente para dar resultados preliminares y nada más.

En la audiencia de revisión que manda la ley, los partidos políticos no presentaron impugnaciones significativas y en cambio reprocharon al TSE los fallos del sistema (cuyos datos no sirven para nada en términos legales). Esto quiere decir que las Juntas Electorales deberían poder comenzar a adjudicar a los ganadores en la elección.

La gente además ha hecho eco de videos donde hay personas que supuestamente recibieron papeletas marcadas por un partido, de otros videos donde muestran “acarreados” o de cupones que entregaron algunos partidos a cambio de votos (principalmente de la UNE y del FCN).

Y sí, seguramente ocurrieron hechos puntuales que son delito y que deben ser castigados. Pero para que las supuestas “papeletas marcadas” hubiesen cambiado el resultado de la elección tendría que haber sido un fenómeno a gran escala y hubiesen tenido que contar con la complicidad de las Juntas Receptoras de Votos, pues son ellos quienes reciben las papeletas en la madrugada del día de la elección y quienes verifican que vengan correctamente.

Pensar que los más de 112,000 voluntarios guatemaltecos fueron cómplices de semejante barbaridad y admitieron papeletas marcadas es absurdo y un insulto a la integridad de los mismos. Sin olvidar que los partidos políticos tienen fiscales en los centros electorales y vigilan el proceso y habrían denunciado oportunamente el problema.

Con esto no quiero decir que nuestro sistema democrático sea admirable. Solo digo que precisamente el conteo de votos es una de las pocas garantías que tenemos. Como dije en otra oportunidad, Guatemala es considerado un régimen híbrido por el Índice de democracia de la Revista The Economist. Híbrido entre un régimen democrático y un régimen autoritario. Estamos únicamente encima de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Muy lejos de Costa Rica, Uruguay o Chile, los mejor calificados y las únicas democracias relativamente sólidas de la región.

Pero la compra de votos, el acarreo, el financiamiento ilegal de campañas, las pocas garantías a la libertad de expresión, la falta de seguridad de los votantes y candidatos, la poca independencia de las cortes, etc. son los factores que desde hace décadas nos tienen en la situación actual. Hablar de fraude sin evidencia solo genera incertidumbre y quiebra más nuestra pobre y débil institucionalidad. Las voces antisistema son las únicas que pueden ganar si la situación sube de tono. Mientras tanto, eso sí, nuestro Tribunal Supremo Electoral tiene que despertar para recuperar la confianza que perdió en este proceso.

Estamos a pocos días de las elecciones generales 2019 y la incertidumbre continúa siendo la variable clave.

Hace apenas días se caía la quinta candidatura presidencial cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunciaba que revocaba la inscripción de Edwin Escobar del partido Prosperidad Ciudadana. Se podría decir que hasta menos de 15 días antes del evento electoral tuvimos certeza (si no pasa nada los últimos días) de quiénes estarán en la boleta electoral por la presidencia. Una locura.

Sin duda habrá que esperar las últimas encuestas que se publicarán pocos días antes de la elección para saber con mayor claridad cómo está la carrera presidencial. De momento, de acuerdo con el último sondeo de CID-Gallup de finales de mayo, Sandra Torres encabeza la intención de voto con 21%; Alejandro Giammattei segundo con 12%, Roberto Arzú en tercer lugar con 9% y en cuarto lugar Edmond Mulet con 7%.

Sandra Torres mantiene su caudal, pero no crece demasiado. En el sondeo de CID-Gallup abril, aparecía igualmente con 21%. Recordemos que en 2015 logró 19.76% de votos en primera vuelta así que digamos que se mantiene en ese rango. Alejandro Giammattei tampoco creció demasiado pues en abril tenía 8% de intención de voto, aunque al hacer el simulacro de papeleta sin Zury Ríos y Thema Aldana ya aparecía en segundo lugar con 12%, los mismos que reflejan el sondeo de abril.

Mulet y Arzú también se estancaron en 7% y 9% respectivamente, pero ojo: si asumimos que votará el 65% del padrón, Giammattei recibiría 635,684 votos en tanto que Arzú 476,763 y Mulet 370,816. Es decir, que Arzú está a 158,921 votos de Giammattei y Mulet a 264,868. Tomaría algo extraordinario para que uno de estos dos candidatos suba al segundo lugar, pero no sería imposible.

El gran factor será el votante indeciso que suma el 24%, más que cualquier otro candidato. Claro está que ese voto indeciso se distribuirá entre varios candidatos, pero precisamente el alto nivel de indecisión hace difícil, por no decir imposible, hacer predicciones más o menos fiables en esta elección presidencial.

Lo que está más claro es el Congreso: de acuerdo con las proyecciones de Quique Godoy, la UNE podría meter entre 45 y 50 diputados, casi un tercio del Congreso, difícil para hacer mayoría, pero suficiente para marcar el ritmo y hacer alianza con bancadas que sirvan de bisagra. Lejos estarían TODOS y Vamos con 15 y 12 diputados respectivamente, Valor y FCN con 10, Podemos con 7 y CREO y Semilla con 6. Luego vendrían más bancadas pequeñas.

Es difícil hacer predicciones al Congreso por el efecto de la fórmula para distribuir escaños, pero la aproximación nos da una idea. Es posible que partidos como FCN tengan mejores resultados de los proyectados debido a que cuentan con estructuras fuertes de la vieja política. Recordemos que FCN “fichó” a muchos cuadros de LIDER Y PP como el propio Estuardo Galdámez, Delia Bac (sus dos hijos son candidatos), Armando Escribá y quien fuera el alfil de Manuel Baldizón en el Congreso, Roberto Villate.  Incluso “fichó” a algunos ex UNE como Domingo Trejo de Escuintla, Ferdy Elías de Quiché o Rudy Pereira de Alta Verapaz.

Las fuertes estructuras podrían ayudar también a Roberto Arzú. De los partidos de coalición que lo postulan, PAN y Podemos, podemos agregar un par de elementos para el análisis. El PAN tiene un reconocimiento de marca importante por su antigüedad y eso ayuda. Podemos tiene entre sus cuadros a gente de la vieja política con capacidad de movilización como Ronald Sierra en Alta Verapaz, Iván Arévalo de Totonicapán (ex FRG y PP) o Rubén Darío Crespo, hijo de Arístides Crespo, quien fuera del PAN de Arzú, del FRG de Portillo y luego del PP; ahora imputado por un caso de plazas fantasma.

El voto nulo ha generado más dudas que respuestas ante el silencio irresponsable del TSE que no ha explicado si el voto nulo computará para determinar si alguien obtiene mayoría absoluta en la elección presidencial o no. En la elección para el Congreso no tendría efecto alguno pues se tome o no en cuenta el voto en nulo, la asignación de escaños no debería variar. Espero que el TSE aclare lo que atañe al voto nulo en la elección presidencial lo más pronto posible.

De cualquier modo, considero que el voto nulo es un sinsentido porque necesita ganar la elección presidencial por la mitad más uno de votos totales: si asumimos que vota el 65% del padrón, el voto nulo debería sacar 2,648,683. Exacto, es imposible.

La inconsistencia entre los datos digitalizados y las actas de las mesas electorales alimentó la idea de que se estaba gestionado un fraude electoral, lo que muchos han aprovechado para promocionar agendas políticas.

El actual proceso electoral  ha dejado un Tribunal Supremo Electoral desprestigiado. Se le percibe como un órgano arbitrario, que ha sido complaciente con ciertos partidos políticos o candidatos; en tanto que ha sido estricto con otros. El TSE ha sido incapaz de regular el financiamiento de los partidos políticos y tampoco hizo mucho con las múltiples denuncias de clientelismo electoral.

Pero el punto más crítico ocurrió el día de las elecciones. La inconsistencia entre los datos digitalizados y las actas de las mesas electorales alimentó la idea de que se estaba gestionado un fraude electoral, lo que muchos han aprovechado para promocionar  agendas políticas mezquinas y espurias.

¿En realidad ocurrió un fraude electoral? Veamos el asunto sin pasiones. Nuestro sistema electoral fue diseñado para que la ciudadanía, voluntarios en su mayoría, fueran los garantes del proceso. Más de cien mil ciudadanos participaron en el proceso electoral el pasado 16 de junio, distribuidos en más de veinte mil mesas electorales, lo cual da una idea de lo complejo que sería conspirar para que ocurra un fraude.  Estas personas no son funcionarios públicos, sino personas de distintos orígenes que están dispuestas a donar de su tiempo para construir democracia. Así ha funcionado el sistema desde 1985 y no  cambió en esta ocasión.

El segundo punto es que las inconsistencias entre las actas y los datos digitalizados se pueden corregir haciendo una revisión minuciosa de los documentos físicos. Si el problema es la digitalización, se tienen los documentos originales para verificar que la información sea la correcta. Afortunadamente nuestro sistema todavía depende del papel, lo cual es arcaico, pero en esta situación resulta muy útil.  

Y es más, nuestro sistema es abierto a la fiscalización del público y por eso se detectaron dichas anomalías, que insisto, se pueden remediar. No estamos en el sistema que prevalecía en los setentas, en donde el conteo de votos era opaco, al que tenía acceso solo ciertos funcionarios públicos y por eso se facilitaban los fraudes  de aquella época.

El tercer punto importante es que el conteo de votos rápido, para el caso de la elección presidencial, que realizó el National Democratic Institute la noche del 16 de junio, presenta resultados iguales a los que preliminarmente presentó el Tribunal Supremo Electoral. El NDI es una organización internacional, independiente y con experiencia en observaciones electorales en diversos países. A eso se suma que las encuestas serias, publicadas días antes del evento electoral, también preveían un resultado muy similar al que finalmente se concretó. ¿Cómo se puede afirmar entonces que hubo fraude electoral, si se tuvo todo un sistema de observación ciudadana local y de organismos internacionales activos en todo el territorio nacional?

Quienes afirman que hubo fraude electoral, tienen una agenda política muy marcada. Están los candidatos presidenciales que quedaron relativamente cerca de pasar a segunda vuelta, pidiendo que se repitan las elecciones, muy probablemente con la esperanza de lograr mejores resultados.

También están los que pareciera que desean instalar un escenario de caos. El  Presidente Jimmy Morales, el partido oficial y algunos aliados, parecen ser los que impulsan esta agenda. El FCN sabe que pierde poder y por eso están interesados en fermentar un ambiente enrarecido que les pueda favorecer.

Y están aquellos que simplemente no les gusta el resultado. Se vale que no gusten las opciones que quedaron. Es nuestro derecho expresarlo. Lo que no se vale, es querer manipular el sistema para alterar ese resultado. Se pone en riesgo la poca institucionalidad que nos queda.

Se debe exigir al TSE que solvente los errores cuánto antes y que se deduzcan responsabilidades. Pero los ciudadanos debemos ser responsables y no prestarnos a teorías sin fundamento. Es imposible que ocurra un fraude electoral a gran escala con el actual sistema.

Columna publicada originalmente en El Periódico. 

Las circunstancias en Venezuela son tan extraordinarias, que hay que estar ahí para comprender los grados de dificultad y peligro que se corren cada segundo.

Como lo demuestra la historia de la humanidad, el hombre tiene infinita capacidad para destruir, corromper y traicionar. A través de los siglos, la ambición, los acuerdos incumplidos, la desconfianza y los intereses personales nos han llevado a dictaduras y guerras que han producido esclavitud, muerte y desolación.

El narcodictador Nicolás Maduro y sus secuaces pasaron hace tiempo el punto de no retorno. Ya no pueden dejar el poder y salir de Venezuela en condiciones de derrotados políticos. Sus crímenes son tantos y están tan comprometidos con mafias transnacionales que ya no existe una geografía en el planeta que los pueda o los quiera resguardar con impunidad. Y ellos lo saben. Morirán con las botas de criminales puestas.

Es posible que antes se maten entre ellos por intrigas, desconfianza y traiciones, y porque cada uno sabe la calaña de alimaña que es el otro.

Los oficiales del ejército viven incomunicados y temerosos de que los mercenarios rusos y la inteligencia cubana los vean como traidores a la causa; y que ellos y sus familias paguen las consecuencias.

Rusos y cubanos manejan a Maduro como una marioneta y los niveles de desconfianza e incertidumbre en las filas del ejército crecen cada día. A estas alturas, ningún general confía en ningún general.   

La situación es tan precaria y de sobrevivencia, que, el miedo se interpone entre un pueblo que clama libertad y el pánico a morir en el intento por alcanzarla. 

Es cierto que miles de ciudadanos salen valientemente a las calles a protestar y a apoyar a su presidente encargado, pero faltan las armas en la oposición. Falta la pólvora, el plomo y la sangre que, como demuestra la historia, es la terna que derrota dictaduras. Terrible realidad.       

Qué fácil es acusar a Leopoldo López de ser responsable del fiasco del 30 de abril para terminar con la usurpación en Venezuela o señalar a Juan Guaidó por errores de coordinación. Las circunstancias en Venezuela son tan extraordinarias, que hay que estar ahí para comprender los grados de dificultad y peligro que se corren cada segundo.

La comunidad internacional ha mejorado su actitud, pero no lo suficiente. Estados Unidos ha subido el tono en la retórica y las amenazas verbales, pero en eso se ha quedado. A estas alturas ya es evidente que todos se han visto las cartas y que lo que queda es un cambio de estrategia y de conducta. 

Parece que el presidente Trump usará la situación de Venezuela en función de su reelección. Y esto no es buena noticia para el pueblo venezolano.

Se habla también de un trueque entre Estados Unidos y Rusia: Ucrania por Venezuela, y más flexibilidad comercial con China a cambio de que volteen la cara a otro lado cuando los americanos saquen a Maduro de su ratonera con media docena de misiles de medio alcance. 

Los días del dictador están contados. Lo que sigue siendo un misterio es la fecha y el costo. En vidas y en recursos materiales.

Cuando caiga la dictadura, que caerá, el mundo occidental y los venezolanos deberán volcarse a fondo a la reconstrucción democrática, institucional, económica y social de la tierra de Bolívar. Pero el esfuerzo especial deberá estar en la reconstrucción del tejido social y la sanidad emocional de un pueblo que lo ha pasado muy mal. 

El drama de la Venezuela chavista deberá ser una lección para Venezuela y para toda América Latina. La pregunta de siempre es, ¿cuántas generaciones durará la lección? ¿O cuántos años?

La experiencia nos demuestra que el ser humano tiene gran capacidad para tropezar con la misma piedra y caer en el mismo hoyo una y otra vez. Ahí están Nicaragua, Argentina, Bolivia y probablemente Guatemala, para mencionar solo algunos. 

Por eso, al final, la lección es que la evolución de la humanidad y los grandes cambios toman siglos y generaciones. No se alcanzan en nuestro tiempo de vida. ¿Alivio y resignación? No lo sé.    

La trascendencia de la elección de magistrados de apelaciones.

Uno de los principios de todo sistema republicano es la alternabilidad y no concurrencia en el ejercicio de los cargos públicos. Esto se refiere a la necesidad de utilizar recetas institucionales que permitan que la elección (o designación) de las autoridades de los poderes del Estado no ocurran al unísono.

En el caso de Guatemala, la reforma constitucional de 1993 estableció un sistema concurrente (o al unísono) para la elección presidencial, diputados al Congreso de la República y de alcaldes y corporaciones municipales. Pero dejó la no-concurrencia en el período de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones (cuyos períodos son de cinco años), además de las instituciones de control (Tribunal Supremo Electoral, Fiscal General, Corte de Constitucionalidad, etc.)

Sin embargo, bajo el diseño vigente, cada veinte años (múltiplo de cuatro y cinco) concurren en temporalidad las elecciones de las autoridades de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y resulta que este 2019 es precisamente uno de los años en el que se producirá tal ocurrencia.

A las elecciones generales del pasado 16 junio, en las que se eligió autoridades para el Ejecutivo, Congreso y corporaciones municipales, se suma que antes del 13 de octubre, el Congreso deberá elegir a los 13 magistrados de Corte Suprema de Justicia y los 256 magistrados de salas de apelaciones.

Naturalmente, la atención pública se ha enfocado en las elecciones políticas de Ejecutivo y Congreso. Y los grupos de veeduría social se enfocan particularmente en la elección de magistrados de CSJ.

Sin embargo, quizá la elección más relevante para el futuro de la lucha contra la corrupción es la designación de magistrados de apelaciones. Recordemos. Las salas de apelaciones tienen la competencia para conocer en segunda instancia los procesos establecidos en la ley; además de conocer los recursos de apelación de los autos definitivos y la apelación especial contra los fallos emitidos por los tribunales de sentencia.

O dicho en forma más sencilla, conocen en segunda instancia sobre la mayoría de las resoluciones que emiten los jueces de primera instancia o tribunales de sentencia. Algunos de los ejemplos comunes incluyen recusaciones a jueces contralores o jueces de sentencia; apelaciones relacionadas a autos de procesamiento, apertura a juicio, medidas de coerción o medidas sustitutivas, etc. También conocen apelaciones especiales de sentencias ya emitidas, como seguramente ocurrirá con procesos como IGSS-Pisa, Lago de Amatitlán, etc.

Por tal razón, para los actores interesados en librarse de la acción de la justicia, tomar control de las salas de apelaciones se vuelve el objetivo estratégico para poner fin a la lucha contra la corrupción.

La ruta ha sido clara. La decisión de no renovar el mandato de CICIG generó un marco temporal para el club de los desvelados: más allá de septiembre 2019, que la presentación de casos de alto impacto llegará a su fin. Las acciones de hecho de septiembre 2018 a la fecha han tenido como objetivo evitar que salgan a luz más investigaciones. Pero tomando control de salas de apelaciones se aseguran de que los actores que ya enfrentan proceso penal puedan, por la vía política, incidir en el futuro procesal de sus casos. Para personajes como Otto Pérez, Roxana Baldetti, Juan de Dios Rodríguez, su única esperanza inmediata es que las salas les resulten más amigables a sus causas.

Y así, detrás de la elección presidencial, de las elecciones legislativas o de la misma Corte Suprema de Justicia, la elección de magistrados de apelaciones constituye uno de los procesos estratégicos que determinará si la experiencia 2015-2019 se institucionaliza, o si fue meramente un episodio efímero en la historia de Guatemala.

«Fraude electoral» en sentido amplio puede tener tiene varios significados.

El fraude el día de la elección se puede fraguar si el padrón electoral no es transparente, si los horarios de apertura de los centros de votación no se respetan, si no se permite a los votantes emitir su voto con libertad o si en el momento del conteo hacen amaños para alterar deliberadamente los resultados a favor de un candidato.

En estos días ciertos grupos han denunciado un «fraude electoral» en las elecciones del pasado 16 de junio. No queda clara cuál es la hipótesis de estos, pero aparentemente denuncian un fraude en el conteo de votos. Lo que motiva su molestia es la inconsistencia que mostraban los datos que ofrecía el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en su sitio web y los que reportan algunas actas.

Lo que se dio a conocer es que errores humanos en la digitación de datos y errores en la programación del software que registra los votos son los responsables de tremenda confusión. En algunos casos los digitadores cometieron errores en la tabulación de datos y en el caso de las alcaldías y diputaciones, el error se debió a la programación debido a que había más de 20 partidos y el diseño original no preveía esa situación.

No cabe duda que los errores son garrafales y el TSE tiene una cuota enorme de responsabilidad en estos errores atribuibles a una mala planificación. Tampoco cabe duda que el TSE tuvo una deficiente comunicación para informar a la población acerca de los errores cometidos. Felizmente, eso sí, el TSE anunció que a partir del lunes, 24 de junio, empezará un proceso de revisión acta por acta para asegurarse que los datos sean los correctos.

El hecho de que sea posible realizar un cotejo de las actas es muestra de que no podemos hablar de un fraude electoral. De haber sido fraudulento no habría posibilidad de fiscalizar el proceso de digitación. Ir más atrás no tiene sentido. Lo que figura en las actas es lo que consignaron los 9,850 guatemaltecos que integraron las juntas receptoras de votos en cada mesa de cada centro electoral, para hacer fraude habría que contar con su complicidad, algo virtualmente imposible. Además, estas juntas estuvieron vigiladas por los fiscales de los partidos y por observadores internacionales. De hecho, la misión de la OEA para la observación de las elecciones se pronunció tajantemente al afirmar que no hubo fraude.

Con esto no digo que las cosas sean color de rosa en nuestro país. Nadie duda que nuestro sistema político adolece de múltiples fallos. De hecho, el índice de democracia de la revista The Economist nos califica como un régimen híbrido entre una democracia y un régimen autoritario. De hecho, Guatemala tiene la quinta peor calificación de la región y superamos únicamente a Haití, también considerado régimen híbrido, y a Nicaragua, Venezuela y Cuba, los tres considerados regímenes autoritarios.

Pero una de las pocas cosas de las que podemos estar orgullosos los guatemaltecos es precisamente de la transparencia del evento electoral y su conteo. Es profundamente lamentable que el partido de gobierno, con su rotundo fracaso al obtener el peor resultado de un partido oficial en la era democrática, hable de fraude electoral. Tampoco que el MLP, que dio la sorpresa en las urnas gracias al voto antisistema, pero que demostró no tener demasiada afinidad de sus bases al lograr apenas un diputado y no ganar una sola alcaldía, se cuelgue del discurso del fraude para intentar revertir el resultado. No podemos tolerar que voces radicales griten fraude sin una sola evidencia sólida para demostrarlo.

Las circunstancias en Venezuela son tan extraordinarias, que hay que estar ahí para comprender los grados de dificultad y peligro que se corren cada segundo.

Como lo demuestra la historia de la humanidad, el hombre tiene infinita capacidad para destruir, corromper y traicionar. A través de los siglos, la ambición, los acuerdos incumplidos, la desconfianza y los intereses personales nos han llevado a dictaduras y guerras que han producido esclavitud, muerte y desolación.

El narcodictador Nicolás Maduro y sus secuaces pasaron hace tiempo el punto de no retorno. Ya no pueden dejar el poder y salir de Venezuela en condiciones de derrotados políticos. Sus crímenes son tantos y están tan comprometidos con mafias transnacionales que ya no existe una geografía en el planeta que los pueda o los quiera resguardar con impunidad. Y ellos lo saben. Morirán con las botas de criminales puestas.

Es posible que antes se maten entre ellos por intrigas, desconfianza y traiciones, y porque cada uno sabe la calaña de alimaña que es el otro.

Los oficiales del ejército viven incomunicados y temerosos de que los mercenarios rusos y la inteligencia cubana los vean como traidores a la causa; y que ellos y sus familias paguen las consecuencias.

Rusos y cubanos manejan a Maduro como una marioneta y los niveles de desconfianza e incertidumbre en las filas del ejército crecen cada día. A estas alturas, ningún general confía en ningún general.   

La situación es tan precaria y de sobrevivencia, que, el miedo se interpone entre un pueblo que clama libertad y el pánico a morir en el intento por alcanzarla. 

Es cierto que miles de ciudadanos salen valientemente a las calles a protestar y a apoyar a su presidente encargado, pero faltan las armas en la oposición. Falta la pólvora, el plomo y la sangre que, como demuestra la historia, es la terna que derrota dictaduras. Terrible realidad.       

Qué fácil es acusar a Leopoldo López de ser responsable del fiasco del 30 de abril para terminar con la usurpación en Venezuela o señalar a Juan Guaidó por errores de coordinación. Las circunstancias en Venezuela son tan extraordinarias, que hay que estar ahí para comprender los grados de dificultad y peligro que se corren cada segundo.

La comunidad internacional ha mejorado su actitud, pero no lo suficiente. Estados Unidos ha subido el tono en la retórica y las amenazas verbales, pero en eso se ha quedado. A estas alturas ya es evidente que todos se han visto las cartas y que lo que queda es un cambio de estrategia y de conducta. 

Parece que el presidente Trump usará la situación de Venezuela en función de su reelección. Y esto no es buena noticia para el pueblo venezolano.

Se habla también de un trueque entre Estados Unidos y Rusia: Ucrania por Venezuela, y más flexibilidad comercial con China a cambio de que volteen la cara a otro lado cuando los americanos saquen a Maduro de su ratonera con media docena de misiles de medio alcance. 

Los días del dictador están contados. Lo que sigue siendo un misterio es la fecha y el costo. En vidas y en recursos materiales.

Cuando caiga la dictadura, que caerá, el mundo occidental y los venezolanos deberán volcarse a fondo a la reconstrucción democrática, institucional, económica y social de la tierra de Bolívar. Pero el esfuerzo especial deberá estar en la reconstrucción del tejido social y la sanidad emocional de un pueblo que lo ha pasado muy mal. 

El drama de la Venezuela chavista deberá ser una lección para Venezuela y para toda América Latina. La pregunta de siempre es, ¿cuántas generaciones durará la lección? ¿O cuántos años?

La experiencia nos demuestra que el ser humano tiene gran capacidad para tropezar con la misma piedra y caer en el mismo hoyo una y otra vez. Ahí están Nicaragua, Argentina, Bolivia y probablemente Guatemala, para mencionar solo algunos. 

Por eso, al final, la lección es que la evolución de la humanidad y los grandes cambios toman siglos y generaciones. No se alcanzan en nuestro tiempo de vida. ¿Alivio y resignación? No lo sé.    

Cuando los micro-actores compiten y desplazan a los grandes poderes.

El mundo vive una transformación de sus estructuras. Por primera vez en la historia, vivimos un período en el que pequeños actores compiten y desplazan a los grandes actores de poder.

En materia política, vemos el rechazo de las sociedades a la política tradicional. Las victorias electorales de Donald Trump en Estados Unidos, de Jimmy Morales en Guatemala o de Luis Guillermo Solís en Costa Rica, además del ascenso de Podemos y Ciudadanos en España o de los movimientos de extrema derecha en Europa, tienen una narrativa en común: el rechazo de los votantes contra el establishment político tradicional, y el apoyo electoral a “nuevas opciones políticas”. En cambio, vemos que grandes dinastías políticas –aquellas que se entendían como favorecidas para acceder al poder- sufren derrota tras derrota: Jeb Bush y Hillary Clinton en Estados Unidos, Keiko Fujimori en Perú o Rahoul Ghandi en India, evidencian como las ciudadanías de varios países optan por separarse de los clanes políticos familiares.

Vemos también un divorcio entre el discurso de las élites, los formadores de opinión y los medios de comunicación, con las demandas de las masas ciudadanas. El Brexit en Gran Bretaña, el triunfo del “No” al plebiscito sobre los Acuerdos de Paz en Colombia, la victoria de Donald Trump, o incluso, el crecimiento de una opción con Marine Le Pen en Francia evidenciaron que las narrativas mediáticas y de élites académicas no necesariamente representan el sentir de las grandes capas medias de estos tres países.

Vemos también un enfrentamiento directo entre poderes judiciales y poderes políticos. En Estados Unidos, la investigación del ex Director del FBI, James Comey, sobre una posible  influencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, o sobre posibles revelaciones de información clasificada, ponen en aprietos al hombre más poderoso del mundo. En Brasil, la investigación de un grupo de fiscales ha generado un terremoto político de grandes magnitudes: Lula da Silva, Dilma Roussef, una veintena de senadores, políticos y grandes empresarios brasileños han sucumbido como consecuencia del caso Lava Jaito. Mientras las investigaciones del caso Odebrecht hacen tambalear a las élites políticas de Perú, Panamá, Colombia, República Dominicana, y Guatemala. Y aquí mismo, fiscales del Ministerio Público e investigadores de CICIG, trajeron a bajo a un Gobierno, depuraron a una veintena de diputados, tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y más de 25 altos funcionarios.

Pero no sólo en política se vive este fenómeno. En materia económica, pequeños actores desplazan a poderes tradicionales. Hoy los nuevos multimillonarios no son los herederos de grandes consorcios empresariales. No, por lo general son jóvenes genios que desarrollan productos y servicios informáticos, y que amasan fortunas en pocos años. Veamos el caso de algunas empresas. Uber, sin ser propietario de un solo vehículo, tiene un valor en bolsa más alto que empresas tradicionales como Ford o General Motors. O veamos AirBnB, que sin ser propietario de un solo hotel, tiene mayor valor que grandes cadenas como Hilton o Marriott.

Por primera vez en la historia de la humanidad, los pequeños compiten en igualdad de condiciones con los grandes. Esto implica un cambio en la forma de hacer las cosas en el mundo. Y naturalmente, la gobernanza, la estabilidad tradicional y las reglas del juego mutan.

La votación por alguien y no por un proyecto o una idea moderna en 2019, impidió la construcción de un Estado moderno limitado por el ideal de Estado de Derecho. 

Cualquier lector de George Orwell conoce las ventajas de los anagramas. En este año de votaciones no de elecciones, cabe esperar un ejercicio de imaginación del lector sobre lo que podría suceder en la Guatemala del 2091. No pretendemos llevar el análisis institucional al ámbito de la ucronía o del ejercicio intelectual contra-factual, sino de manera seria poner al votante en la seriedad del ejercicio de su derecho al sufragio, tomando en cuenta las implicaciones que tendrá su decisión, o más triste aún, lo irrelevante de su decisión. 

Imaginemos la situación. En 2019 la gente votó por alguien, no por un proyecto ni una idea, dado que eso es muy sofisticado en el ecosistema electoral. La votación no retrasó el agravamiento de la crisis que padece el país desde épocas remotas. A la clase política y a la sociedad civil, le fue irrelevante el indicador del WJP Rule of Law Index 2017–2018, el EIU Democracy Index 2018, el Fragile States Index, el International Property Rights Index y la situación de los derechos humanos. [1]

La votación por alguien y no por un proyecto o una idea moderna en 2019, impidió la construcción de un Estado moderno limitado por el ideal de Estado de Derecho. El artefacto civilizador que tiene el monopolio de la coacción física legítima con arreglo a Max Weber, denominado Estado, no fue una preocupación en 2019.

En una votación-lotería como esas que se dan en América latina, la ciudadanía confió en el hombre o mujer redentora. La necesidad de una burocracia profesional, sólida organización, funcionamiento, procedimientos, financiación y control de la Administración pública, fue suplantada en 2019 por la insistencia voluntarista por arreglar las cosas que irrumpe cada cuatro años. Esa votación en 2019, fomentó la inercia de hacer las cosas mal una y otra vez desde 1985.

El voluntarismo en 2019 como prédica política, consistió en que se pueden hacer cosas con audacia y valentía, a pesar de que la realidad desmienta el entusiasmo por la acción temeraria. Alejados de cualquier discusión sensata en materia de Estado, diversos intelectuales, políticos, empresarios y advenedizos insistieron en que el problema de 2019, es que no tenemos los buenos hombres que han de cambiar las cosas.

No se leyó, la corrupción de un presidente sin tacha de Francisco Pérez de Antón pero si se fue a las urnas a ejercer el sufragio.

El mesías o salvador que se buscó en 2019, mostró una vez más la inocencia política de una sociedad que frente a la realidad adversa o bien sucumbe a sus deberes cívicos o se entrega a un salvador, outsider o redentor de pueblos, casi siempre aceitado con la consigna de que es «mejor malo conocido que bueno por conocer», cuando no en el advenedizo sin trayectoria política.

Cautivos de la imitación acrítica, Guatemala  en 2019 como muchos países de la región, equivocadamente fomentó la idea de que es más importante lo que debe hacer el Estado que lo que realmente puede hacer. Esta equívoca forma de pensar se tradujo en un Estado que quiso hacer mil cosas y que no pudo hacer ninguna bien. 

Desesperados porque no mejoran las cosas luego de la votación de 2019, se comenzó a buscar apoyo a la comunidad internacional para hacer las tareas y retos que la cacareada «soberanía nacional» decimonónica no pudo hacer. 

Ello implicó que políticos, funcionarios, organizaciones no gubernamentales (ONG), bancos de desarrollo y agencias de ayuda bilateral, investigadores, académicos y defensores inventaran en 2019, 2029, 2049 etc., una «gran política pública» para revertir la situación. El resultado fue un sinfín de proyectos, planes o  proyectos que terminaron en estruendosos fracasos o grandes corruptelas. 

La inercia por décadas nos llevó al 2091. Algunos académicos, habían advertido que 2019 era la oportunidad para revertir el deterioro. Si se hubiese tenido una idea institucional moderna en ese año se cosecharían buenos frutos en 2091. Como ello no ocurrió, la sociedad volvió a recordar que los académicos Matt Andrews, Lant Pritchett y Michael Woolcock, habían sostenido en 2017 que tal y como marchaban las cosas «Guatemala solo alcanzaría una gran capacidad estatal en el año 2584». 

Ello no importó en 2019 dado la cultura egoísta. La votación era lo que demandaba el presente. Quizás el elector pensó desde el punto de vista político que «In the long run we are all dead» como sostuviere John Maynard Keynes. Lo cierto es que en 2019, 2091 y posiblemente 2584 estamos igual si no nos tomamos las cosas en serio.

Referencias: 

[1]  «Guatemala se encuentra en la encrucijada de adoptar medidas para resolver estos problemas y garantizar los derechos humanos del pueblo guatemalteco, o de lo contrario se arriesga a enfrentar retrocesos en esta materia y repetir episodios de graves violaciones de los derechos humanos del pasado».