Cuando los micro-actores compiten y desplazan a los grandes poderes.

El mundo vive una transformación de sus estructuras. Por primera vez en la historia, vivimos un período en el que pequeños actores compiten y desplazan a los grandes actores de poder.

En materia política, vemos el rechazo de las sociedades a la política tradicional. Las victorias electorales de Donald Trump en Estados Unidos, de Jimmy Morales en Guatemala o de Luis Guillermo Solís en Costa Rica, además del ascenso de Podemos y Ciudadanos en España o de los movimientos de extrema derecha en Europa, tienen una narrativa en común: el rechazo de los votantes contra el establishment político tradicional, y el apoyo electoral a “nuevas opciones políticas”. En cambio, vemos que grandes dinastías políticas –aquellas que se entendían como favorecidas para acceder al poder- sufren derrota tras derrota: Jeb Bush y Hillary Clinton en Estados Unidos, Keiko Fujimori en Perú o Rahoul Ghandi en India, evidencian como las ciudadanías de varios países optan por separarse de los clanes políticos familiares.

Vemos también un divorcio entre el discurso de las élites, los formadores de opinión y los medios de comunicación, con las demandas de las masas ciudadanas. El Brexit en Gran Bretaña, el triunfo del “No” al plebiscito sobre los Acuerdos de Paz en Colombia, la victoria de Donald Trump, o incluso, el crecimiento de una opción con Marine Le Pen en Francia evidenciaron que las narrativas mediáticas y de élites académicas no necesariamente representan el sentir de las grandes capas medias de estos tres países.

Vemos también un enfrentamiento directo entre poderes judiciales y poderes políticos. En Estados Unidos, la investigación del ex Director del FBI, James Comey, sobre una posible  influencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, o sobre posibles revelaciones de información clasificada, ponen en aprietos al hombre más poderoso del mundo. En Brasil, la investigación de un grupo de fiscales ha generado un terremoto político de grandes magnitudes: Lula da Silva, Dilma Roussef, una veintena de senadores, políticos y grandes empresarios brasileños han sucumbido como consecuencia del caso Lava Jaito. Mientras las investigaciones del caso Odebrecht hacen tambalear a las élites políticas de Perú, Panamá, Colombia, República Dominicana, y Guatemala. Y aquí mismo, fiscales del Ministerio Público e investigadores de CICIG, trajeron a bajo a un Gobierno, depuraron a una veintena de diputados, tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y más de 25 altos funcionarios.

Pero no sólo en política se vive este fenómeno. En materia económica, pequeños actores desplazan a poderes tradicionales. Hoy los nuevos multimillonarios no son los herederos de grandes consorcios empresariales. No, por lo general son jóvenes genios que desarrollan productos y servicios informáticos, y que amasan fortunas en pocos años. Veamos el caso de algunas empresas. Uber, sin ser propietario de un solo vehículo, tiene un valor en bolsa más alto que empresas tradicionales como Ford o General Motors. O veamos AirBnB, que sin ser propietario de un solo hotel, tiene mayor valor que grandes cadenas como Hilton o Marriott.

Por primera vez en la historia de la humanidad, los pequeños compiten en igualdad de condiciones con los grandes. Esto implica un cambio en la forma de hacer las cosas en el mundo. Y naturalmente, la gobernanza, la estabilidad tradicional y las reglas del juego mutan.

La inconsistencia entre los datos digitalizados y las actas de las mesas electorales alimentó la idea de que se estaba gestionado un fraude electoral, lo que muchos han aprovechado para promocionar agendas políticas.

El actual proceso electoral  ha dejado un Tribunal Supremo Electoral desprestigiado. Se le percibe como un órgano arbitrario, que ha sido complaciente con ciertos partidos políticos o candidatos; en tanto que ha sido estricto con otros. El TSE ha sido incapaz de regular el financiamiento de los partidos políticos y tampoco hizo mucho con las múltiples denuncias de clientelismo electoral.

Pero el punto más crítico ocurrió el día de las elecciones. La inconsistencia entre los datos digitalizados y las actas de las mesas electorales alimentó la idea de que se estaba gestionado un fraude electoral, lo que muchos han aprovechado para promocionar  agendas políticas mezquinas y espurias.

¿En realidad ocurrió un fraude electoral? Veamos el asunto sin pasiones. Nuestro sistema electoral fue diseñado para que la ciudadanía, voluntarios en su mayoría, fueran los garantes del proceso. Más de cien mil ciudadanos participaron en el proceso electoral el pasado 16 de junio, distribuidos en más de veinte mil mesas electorales, lo cual da una idea de lo complejo que sería conspirar para que ocurra un fraude.  Estas personas no son funcionarios públicos, sino personas de distintos orígenes que están dispuestas a donar de su tiempo para construir democracia. Así ha funcionado el sistema desde 1985 y no  cambió en esta ocasión.

El segundo punto es que las inconsistencias entre las actas y los datos digitalizados se pueden corregir haciendo una revisión minuciosa de los documentos físicos. Si el problema es la digitalización, se tienen los documentos originales para verificar que la información sea la correcta. Afortunadamente nuestro sistema todavía depende del papel, lo cual es arcaico, pero en esta situación resulta muy útil.  

Y es más, nuestro sistema es abierto a la fiscalización del público y por eso se detectaron dichas anomalías, que insisto, se pueden remediar. No estamos en el sistema que prevalecía en los setentas, en donde el conteo de votos era opaco, al que tenía acceso solo ciertos funcionarios públicos y por eso se facilitaban los fraudes  de aquella época.

El tercer punto importante es que el conteo de votos rápido, para el caso de la elección presidencial, que realizó el National Democratic Institute la noche del 16 de junio, presenta resultados iguales a los que preliminarmente presentó el Tribunal Supremo Electoral. El NDI es una organización internacional, independiente y con experiencia en observaciones electorales en diversos países. A eso se suma que las encuestas serias, publicadas días antes del evento electoral, también preveían un resultado muy similar al que finalmente se concretó. ¿Cómo se puede afirmar entonces que hubo fraude electoral, si se tuvo todo un sistema de observación ciudadana local y de organismos internacionales activos en todo el territorio nacional?

Quienes afirman que hubo fraude electoral, tienen una agenda política muy marcada. Están los candidatos presidenciales que quedaron relativamente cerca de pasar a segunda vuelta, pidiendo que se repitan las elecciones, muy probablemente con la esperanza de lograr mejores resultados.

También están los que pareciera que desean instalar un escenario de caos. El  Presidente Jimmy Morales, el partido oficial y algunos aliados, parecen ser los que impulsan esta agenda. El FCN sabe que pierde poder y por eso están interesados en fermentar un ambiente enrarecido que les pueda favorecer.

Y están aquellos que simplemente no les gusta el resultado. Se vale que no gusten las opciones que quedaron. Es nuestro derecho expresarlo. Lo que no se vale, es querer manipular el sistema para alterar ese resultado. Se pone en riesgo la poca institucionalidad que nos queda.

Se debe exigir al TSE que solvente los errores cuánto antes y que se deduzcan responsabilidades. Pero los ciudadanos debemos ser responsables y no prestarnos a teorías sin fundamento. Es imposible que ocurra un fraude electoral a gran escala con el actual sistema.

Columna publicada originalmente en El Periódico. 

Estamos a pocos días de las elecciones generales 2019 y la incertidumbre continúa siendo la variable clave.

Hace apenas días se caía la quinta candidatura presidencial cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunciaba que revocaba la inscripción de Edwin Escobar del partido Prosperidad Ciudadana. Se podría decir que hasta menos de 15 días antes del evento electoral tuvimos certeza (si no pasa nada los últimos días) de quiénes estarán en la boleta electoral por la presidencia. Una locura.

Sin duda habrá que esperar las últimas encuestas que se publicarán pocos días antes de la elección para saber con mayor claridad cómo está la carrera presidencial. De momento, de acuerdo con el último sondeo de CID-Gallup de finales de mayo, Sandra Torres encabeza la intención de voto con 21%; Alejandro Giammattei segundo con 12%, Roberto Arzú en tercer lugar con 9% y en cuarto lugar Edmond Mulet con 7%.

Sandra Torres mantiene su caudal, pero no crece demasiado. En el sondeo de CID-Gallup abril, aparecía igualmente con 21%. Recordemos que en 2015 logró 19.76% de votos en primera vuelta así que digamos que se mantiene en ese rango. Alejandro Giammattei tampoco creció demasiado pues en abril tenía 8% de intención de voto, aunque al hacer el simulacro de papeleta sin Zury Ríos y Thema Aldana ya aparecía en segundo lugar con 12%, los mismos que reflejan el sondeo de abril.

Mulet y Arzú también se estancaron en 7% y 9% respectivamente, pero ojo: si asumimos que votará el 65% del padrón, Giammattei recibiría 635,684 votos en tanto que Arzú 476,763 y Mulet 370,816. Es decir, que Arzú está a 158,921 votos de Giammattei y Mulet a 264,868. Tomaría algo extraordinario para que uno de estos dos candidatos suba al segundo lugar, pero no sería imposible.

El gran factor será el votante indeciso que suma el 24%, más que cualquier otro candidato. Claro está que ese voto indeciso se distribuirá entre varios candidatos, pero precisamente el alto nivel de indecisión hace difícil, por no decir imposible, hacer predicciones más o menos fiables en esta elección presidencial.

Lo que está más claro es el Congreso: de acuerdo con las proyecciones de Quique Godoy, la UNE podría meter entre 45 y 50 diputados, casi un tercio del Congreso, difícil para hacer mayoría, pero suficiente para marcar el ritmo y hacer alianza con bancadas que sirvan de bisagra. Lejos estarían TODOS y Vamos con 15 y 12 diputados respectivamente, Valor y FCN con 10, Podemos con 7 y CREO y Semilla con 6. Luego vendrían más bancadas pequeñas.

Es difícil hacer predicciones al Congreso por el efecto de la fórmula para distribuir escaños, pero la aproximación nos da una idea. Es posible que partidos como FCN tengan mejores resultados de los proyectados debido a que cuentan con estructuras fuertes de la vieja política. Recordemos que FCN “fichó” a muchos cuadros de LIDER Y PP como el propio Estuardo Galdámez, Delia Bac (sus dos hijos son candidatos), Armando Escribá y quien fuera el alfil de Manuel Baldizón en el Congreso, Roberto Villate.  Incluso “fichó” a algunos ex UNE como Domingo Trejo de Escuintla, Ferdy Elías de Quiché o Rudy Pereira de Alta Verapaz.

Las fuertes estructuras podrían ayudar también a Roberto Arzú. De los partidos de coalición que lo postulan, PAN y Podemos, podemos agregar un par de elementos para el análisis. El PAN tiene un reconocimiento de marca importante por su antigüedad y eso ayuda. Podemos tiene entre sus cuadros a gente de la vieja política con capacidad de movilización como Ronald Sierra en Alta Verapaz, Iván Arévalo de Totonicapán (ex FRG y PP) o Rubén Darío Crespo, hijo de Arístides Crespo, quien fuera del PAN de Arzú, del FRG de Portillo y luego del PP; ahora imputado por un caso de plazas fantasma.

El voto nulo ha generado más dudas que respuestas ante el silencio irresponsable del TSE que no ha explicado si el voto nulo computará para determinar si alguien obtiene mayoría absoluta en la elección presidencial o no. En la elección para el Congreso no tendría efecto alguno pues se tome o no en cuenta el voto en nulo, la asignación de escaños no debería variar. Espero que el TSE aclare lo que atañe al voto nulo en la elección presidencial lo más pronto posible.

De cualquier modo, considero que el voto nulo es un sinsentido porque necesita ganar la elección presidencial por la mitad más uno de votos totales: si asumimos que vota el 65% del padrón, el voto nulo debería sacar 2,648,683. Exacto, es imposible.

El voto nulo fue una de las consignas más sonadas en la plaza en 2015. Finalmente, los diputados aprobaron las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) para legislar los efectos del voto nulo. Sin embargo, hay mucha desinformación en cuanto a sus efectos.

Primero, ¿qué es voto nulo? ¿es lo mismo que el voto en blanco?

El artículo 237 de la LEPP dice que voto nulo es aquel que no tenga marcado de forma certera una "X" a favor de un partido político determinado. Con lo cual, si usted marca la boleta con símbolos ilegibles, con palabras o con insultos, el voto es nulo. Este detalle es importante porque se le da la misma validez al voto nulo "intencional" que al voto nulo por error, el cual ocurre cuando una persona involuntariamente marca más de una casilla o no se distingue con claridad por qué candidato ha votado.

Ahora bien, si usted no marca la boleta y la deposita en blanco, entonces se considera voto blanco, pero no nulo. ¿Cuál es la diferencia? Para efectos prácticos, los votos blancos no tienen validez. Los votos nulos servirán para determinar si se repite la elección.

¿Si gana el voto nulo entonces habrá nueva elección con nuevos candidatos?

Sí y no. Para que gane el voto nulo, éste debe sacar más del 50% de votos válidos. Y si el voto nulo ganara, se repite la elección, pero la ley no obliga a que se presenten otros candidatos distintos. ¿Qué sentido tiene entonces? Bueno, la reforma la hicieron los políticos, así que no debe extrañar. La versión original de la reforma era que los partidos debían presentar candidatos distintos si se repetía la elección, pero los congresistas suprimieron esa pequeña frase antes de aprobarla.

Pongamos un ejemplo. Pensemos que en una comunidad donde asisten a votar 100 personas para elegir a su presidente y el voto nulo obtiene 49 votos y el resto de candidatos los restantes 51 votos. Aunque el voto nulo obtenga “mayoría relativa”, la elección no se repetiría porque debe obtener más de la mitad de los votos válidos.

En este punto hay confusión. Algunos argumentan que si el voto nulo no alcanza más de la mitad de votos, no se debería tener en cuenta el voto nulo para determinar quién sacó más de la mitad de votos. Es decir, en nuestro ejemplo anterior, dado que el nulo sacó solo 49 votos, habría que tomar como votos válidos totales únicamente los 51 que fueron emitidos a favor de algún partido político. Con ello, si un partido obtuvo 27 votos, ganaría la elección en primera vuelta.

Pero eso es no es lo que la ley dice o al menos no explícitamente. La clave está en determinar qué es un “voto válido”, pues la ley no lo define. Lo que sí define la ley es qué es un “voto inválido” y se refiere a “(…) los votos que no estén consignados en boletas legítimas, aquellos que pertenezcan a distrito electoral diferente o que no correspondan a la Junta Receptora de Votos de que se trate (…)”, artículo 237 LEPP.

A contrario sensu, cualquier voto emitido en una boleta legal y que corresponda al centro electoral correspondiente, sea a favor de un candidato o “nulo”, es un “voto válido”. Por ello sostengo el argumento de que los votos nulos deben tenerse como votos válidos a efectos de determinar cuál es la mayoría absoluta cuando corresponda.

Está claro que no se puede repetir elecciones indefinidamente, por eso el artículo 203 BIS establece claramente que se repetirían una sola vez. En segunda vuelta ya el voto nulo no tiene relevancia y ganaría el que saque más votos entre uno y otro.

El voto nulo puede "ganar" a distintos niveles

Por último, menciono que el voto nulo puede obligar a repetir una elección de alcaldes o diputados. Recuerde que el día que usted asista a votar le darán 5 papeletas: 1) presidente y vicepresidente; 2) diputados por lista nacional; 3) diputados distritales; 4) alcalde y corporación municipal y, 5) diputados al PARLACEN.

Puede ser que el voto nulo no gane en la elección presidencial (es poco probable que saque los casi 3 millones de votos que harían falta para que eso ocurra), pero puede que la elección para alguna alcaldía la gane el voto nulo. En ese caso, la elección de corporación municipal y alcalde debe repetirse. La ley permite que si hay segunda vuelta presidencial (como ha ocurrido siempre desde 1985) se celebre en ese mismo evento la elección a repetir.

¿Cómo funciona en otros países?

En general en muchos sistemas el voto nulo no tiene validez. En nuestro caso la coyuntura del 2015 generó una demanda ciudadana por el voto nulo, pero no es una solución a nuestros problemas actuales. Lo normal, en todo caso, es que sea el voto en blanco el que tenga alguna validez.

En España el voto en blanco se tiene como válido y esto es clave porque existen umbrales mínimos para asignar escaños al Congreso. Por ejemplo, para las elecciones nacionales los partidos que no obtengan 3% de votos totales no tienen derecho a optar por repartición de escaños. Si el voto en blanco es alto, se vuelve complicado llegar al 3% mínimo.

En Colombia el voto en blanco tuvo validez a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2011. En ese país, si el voto blanco gana por mayoría, se repite la elección por una sola vez y deben presentarse nuevos candidatos o nuevas planillas, según sea el caso. De hecho, en 2011, en Antioquia, el voto en blanco le "ganó" una elección local al único candidato que se presentó. Tuvo que repetirse con candidatos nuevos y ganó naturalmente alguien más.

No hay muchos casos donde el voto nulo o el voto en blanco haya sido determinante en unas elecciones. En el caso colombiano solo tenemos como referencia el caso de Antioquia y en países como Ecuador, donde el voto en blanco tiene el mismo efecto de repetir elecciones, nunca ha pasado del 10%.

Hay que tener presente que desde el punto de vista de principios es deseable que el votante tenga la opción de manifestar su voto de rechazo. Pero también hay que tener en cuenta que la regulación que se eligió en Guatemala dando validez al voto nulo y no al voto en blanco, no es la más feliz. Será un tema para reflexionar en las reformas electorales del futuro.

¿En realidad hubo fraude electoral?

Todo empezó com un discurso para negar la derrota. Fueron Estuardo Galdámez y el MLP quienes hablaron de fraude electoral. Parece inversosímil, pero un kaibil que abraza el discurso de la extrema derecha y una lideresa campesina que representa a una izquierda antisistema compartían la misma consigna.

Todo habría quedado ahí de no ser por lo que siguió los días posteriores. Decenas de imágenes que compartía la gente en redes sociales en las que aparecían discrepancias entre los votos que registraba el sitio web del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y lo consignado en algunas de las actas que aparecían escaneadas en el mismo sitio web o imágenes de actas supuestamente duplicadas encendieron las alarmas de mucha gente. El TSE había errado de forma garrafal con un software que en cuando había más de 20 partidos compitiendo generaba errores y por la mala organización en la digitación de actas.

Pero lo más trágico es que el TSE fue incapaz de explicar a la población, de manera pronta y oportuna, que esos errores no debían generar desconfianza en la población por una sencilla razón: los resultados que aparecen en el sistema no tienen validez legal. Toda la información errónea, actas mal copiadas, errores de programación, etc. son fallos lamentables, pero de ninguna forma afectaban el conteo oficial de votos.

Hay que recordar que nuestro sistema tiene dos garantías: la población civil que integra las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y Juntas Electorales Municipales y Departamentales, por una parte, y que de todo lo actuado por ellos queda constancia en papel y que es a partir de esa información que las juntas electorales determinan a los ganadores de la elección. Cuando finaliza la elección, las Juntas Receptoras de Votos realizan el conteo de votos, en presencia de los fiscales de los partidos, y luego envían el acta donde constan los resultados de la votación con sus duplicados a las Juntas Electorales y a la sección informática del TSE.

Lo que figure en esas actas es lo que interesa. Lo que esté en el sistema no vale. Mientras tanto la población se ha hecho de múltiples teorías de la conspiración con las decenas de imágenes de actas que no cuadran en el sistema, que, como insisto, servía únicamente para dar resultados preliminares y nada más.

En la audiencia de revisión que manda la ley, los partidos políticos no presentaron impugnaciones significativas y en cambio reprocharon al TSE los fallos del sistema (cuyos datos no sirven para nada en términos legales). Esto quiere decir que las Juntas Electorales deberían poder comenzar a adjudicar a los ganadores en la elección.

La gente además ha hecho eco de videos donde hay personas que supuestamente recibieron papeletas marcadas por un partido, de otros videos donde muestran “acarreados” o de cupones que entregaron algunos partidos a cambio de votos (principalmente de la UNE y del FCN).

Y sí, seguramente ocurrieron hechos puntuales que son delito y que deben ser castigados. Pero para que las supuestas “papeletas marcadas” hubiesen cambiado el resultado de la elección tendría que haber sido un fenómeno a gran escala y hubiesen tenido que contar con la complicidad de las Juntas Receptoras de Votos, pues son ellos quienes reciben las papeletas en la madrugada del día de la elección y quienes verifican que vengan correctamente.

Pensar que los más de 112,000 voluntarios guatemaltecos fueron cómplices de semejante barbaridad y admitieron papeletas marcadas es absurdo y un insulto a la integridad de los mismos. Sin olvidar que los partidos políticos tienen fiscales en los centros electorales y vigilan el proceso y habrían denunciado oportunamente el problema.

Con esto no quiero decir que nuestro sistema democrático sea admirable. Solo digo que precisamente el conteo de votos es una de las pocas garantías que tenemos. Como dije en otra oportunidad, Guatemala es considerado un régimen híbrido por el Índice de democracia de la Revista The Economist. Híbrido entre un régimen democrático y un régimen autoritario. Estamos únicamente encima de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Muy lejos de Costa Rica, Uruguay o Chile, los mejor calificados y las únicas democracias relativamente sólidas de la región.

Pero la compra de votos, el acarreo, el financiamiento ilegal de campañas, las pocas garantías a la libertad de expresión, la falta de seguridad de los votantes y candidatos, la poca independencia de las cortes, etc. son los factores que desde hace décadas nos tienen en la situación actual. Hablar de fraude sin evidencia solo genera incertidumbre y quiebra más nuestra pobre y débil institucionalidad. Las voces antisistema son las únicas que pueden ganar si la situación sube de tono. Mientras tanto, eso sí, nuestro Tribunal Supremo Electoral tiene que despertar para recuperar la confianza que perdió en este proceso.

Un tema ausente en la discusión política nacional.

Durante los años noventa, los Estados de América Latina vivieron un proceso de rediseño, bajo el paraguas del “Consenso de Washington”. Las propuestas apuntaban hacia la construcción de Estados más pequeños, que se limitaran a ejercer un control regulatorio y financiero. Mientras que las funciones de administración y prestación de servicios debían delegárseles a entes distintos de sí mismos, ya sea a entidades descentralizadas, autónomas o privadas.

En Guatemala, esta receta la encontramos en la Ley del Organismo Ejecutivo, que establece que el Estado debe apostar por dos principios: 1) Subsidiariedad, según la cual “el Estado no se arroja funciones que pueden ser ejecutadas por los ciudadanos individual o libremente asociados”; y 2) Descentralización, según la cual el Gobierno “delega la ejecución y control administrativo de ciertas funciones a entes distintos de sí mismo o a sus entidades autónomas y descentralizadas, reteniendo las funciones reguladora, normativa y de financiamiento.”

La materialización del principio de subsidiariedad resulta evidente en varias instituciones. En Salud se apostó por la subcontratación de ONGs para la prestación de servicios de salud, a través del Programa de Extensión de Cobertura (PEC). En Educación, se organizaron las juntas de padres para la autogestión y la ejecución descentralizada de los recursos educativos, a través del Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo (PRONADE). En agricultura, se suprimió el programa de extencionismo rural y las instituciones asociadas. En comunicaciones, Caminos (unidad que operaba cual empresa de construcción pública) fue sustituida por el fideicomiso de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial.

La política de descentralización cobró forma en el 2002 con la aprobación de la Ley de Descentralización. La idea era que el Gobierno iniciara un proceso de traslado de funciones (tales como educación, salud, seguridad, economía, etc.) hacia los gobiernos municipales.

Sin embargo, con los años el modelo entró en impase. La política de subsidiariedad fue víctima del patrimonialismo de Estado, particularmente en Covial o en el PEC. O fue sujeta de presiones por grupos de interés, como el caso de la oposición sindical al PRONADE. Mientras que la política de descentralización ha quedado abortada por las limitaciones financieras de la mayoría de gobiernos municipales.

Durante la última década, varios de los casos expuestos han sido desbaratados: PRONADE en el 2008, el PEC en el 2013, y Covial que está programado a fenecer en un corto plazo. En agricultura, se ha buscado retomar el diseño institucional pre-Acuerdos de Paz. El problema es que mientras se revisa el modelo subsidiario de Estado, hace falta un debate sobre el modelo de Estado a construir. No sólo eso, sino que la readecuación de funciones estatales se realiza sobre el diseño de un Estado pensado bajo los esquemas de los noventas, lo que genera un desfase entre ordenamiento jurídico y funcionamiento institucional.

En este sentido, un tema pendiente ha sido plantear la discusión sobre el diseño estatal que se busca construir. ¿Reformamos el diseño de los noventa? ¿Desbaratamos el modelo del Consenso de Washington? ¿Construimos uno nuevo? ¿Qué modelo implementamos? Esa discusión está ausente en el debate político en Guatemala.

El Ministerio de Trabajo reglamenta el trabajo a medio tiempo y esto es una buena noticia para los jóvenes. 

El pasado 27 de julio fue publicado en el Diario Oficial el acuerdo número 89-2019 del Ministerio de Trabajo que reglamenta el trabajo a tiempo parcial. La reglamentación llega dos años y medio después de que se aprobara y ratificara el convenio 175 de la OIT.

Sin duda el acuerdo es una buena noticia. Nuestro Código de Trabajo permitía contratar por jornadas de trabajo parciales, pero obligaba al patrono a pagar el salario de la jornada completa. Una rigidez que carece de completo sentido en los tiempos modernos que afecta principalmente a los jóvenes y aquellas personas que por compromisos familiares prefieren optar por un trabajo de medio tiempo.

La flexibilidad laboral avanza con esta reforma. Guatemala hoy ocupa el puesto 124 de 140 países de acuerdo con el Índice de Competitividad Global que elabora el Foro Económico Mundial. Sin duda nuestra legislación laboral no está ajustada a los retos del siglo XXI. 

Para los jóvenes es una buena noticia. 1 de cada 3 jóvenes asegura que no encuentra empleo por falta de experiencia. La aprobación del trabajo a tiempo parcial abrirá oportunidades a los jóvenes para insertarse al mercado laboral pues reduce el costo de contratar a un joven sin experiencia, por citar algún ejemplo. 

Por supuesto, el trabajo a tiempo parcial no es la solución a todos nuestros problemas. En lugar de la oposición que mostraron los trasnochados sectores sindicales, deberíamos enfocar nuestra atención a otros problemas regulatorios y estructurales que no permiten que nuestra economía despegue y nuestros trabajadores mejoren sus salarios.

En materia de regulación laboral aún falta superar un salario mínimo que está completamente por encima de los salarios medianos que se cobran en gran parte del interior del país. Lamentablemente el presidente Morales desechó la idea de los salarios mínimos diferenciados al asumir la presidencia y nunca propuso una alternativa.

Por el lado de la demanda de trabajo falta generar condiciones necesarias para la inversión, de lo contrario continuaremos con esta economía que crece por inercia, pero no genera suficientes oportunidades de trabajo. El hecho de que 1 de cada 3 trabajadores labore en el sector agrícola es muestra del atraso económico de nuestro país. En países desarrollados la mano de obra ocupada en agricultura no pasa del 5%.

Por el lado de la oferta laboral, hay mucho que hacer. El 44% de la fuerza laboral apenas tiene estudios a nivel de primaria y un 14% no tiene estudios. Solo un 20% acabó el diversificado y un 6% tiene educación universitaria. Eso sin hablar de la calidad de educación que reciben. Sin una mano de obra medianamente calificada, será difícil impulsar el anhelado crecimiento económico a largo plazo. A corto plazo, hay que generar muchos más empleos de los que hoy se generan para subir al tren del desarrollo a millones de guatemaltecos.

La era de las redes sociales, tan vitales y útiles en otros ámbitos, ha terminado de desquiciar la democracia, fomentando una degenerada arena política en la cual la polarización se convierte en la regla general.

Una de las cuestiones que más se menciona en Guatemala es el tema electoral, aun cuando lamentablemente nunca se ha debatido realmente. Desde 1985 existe el ritornello en torno a las imperiosas reformas legislativas las cuales terminan en auténticas deformas. A lo electoral, se han sumado otros temas que se han convertido en el mantra del discurso político de Guatemala. 

La estrategia que enmascara la pretensión política de dejar las cosas como están, recurre a un «formalismo jurídico» ramplón que cree que la ley lo es todo. Por ello, se insiste tanto en reformar –no entender- materias tales como: Contrataciones del Estado, Servicio Civil y Organismo Judicial, legislaciones que se han convertido en los cuatro jinetes del apocalipsis.   

En relación a lo electoral, se ha insistido hasta la saciedad en la importancia de crear auténticos partidos políticos para poder disfrutar una democracia que nunca llega. El constituyente, legalmente optó por convertir a los partidos políticos en órganos del Estado, para que éste o la mafia que habla en nombre de esta abstracción (Frederic Bastiat) los controle top-down, negando la importancia de la cultura política democrática que los debería propiciar como sucede en otros países en los cuales la operación es bottom-up. 

Por más reformas legales efectuadas en el ámbito político-electoral, la mayoría disparatadas, el resultado ha sido el mismo: «partidos franquicias» (Lemus: 2013). Estas organizaciones en nada se diferencian de lo que ocurre en otros sectores sociales. Si bien la intención de mejorar el sistema electoral es noble, es extraño que nadie depare en la pesadilla en que se ha convertido la institucionalidad del país. 

Mientras se quiere soñar con partidos políticos típicos del siglo XIX, la realidad muestra signos evidentes de desacreditación y crisis de los partidos sin parangón en la historia. Cambios culturales, tecnológicos, políticos y económicos han afectado a los partidos políticos, los cuales no son los únicos actores del sistema democrático como sucedía en el pasado. 

De hecho, si bien los partidos políticos siguen siendo en teoría vitales para la democracia, no hay la menor duda que la concepción política dominante es hostil a ellos, derivado de este proceso de «democratización» que fomenta desdén para con las «élites», establishment y dirigencia partidaria. De allí el sueño imposible de la «democracia interna» de los partidos políticos

Desde el WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram cada hombre-masa moderno (Ortega y Gasset) hace valer su opinión política sin necesidad de someterse a los rigores organizacionales de los partidos políticos. La era de las redes sociales, tan vitales y útiles en otros ámbitos, ha terminado de desquiciar la democracia, fomentando una degenerada arena política en la cual la polarización se convierte en la regla general, dado que los usuarios no han tenido ni tienen necesidad de someterse a la discusión en torno a principios, valores o anhelos políticos (ideología) así como una debida organización política para llevarlos a cabo.

A través de los medios de comunicación se puede comunicar un mensaje político con gran facilidad, incluso a título personal. De allí que los usuarios de las redes sociales terminen siendo inefectivos políticamente cuando se trate de frenar las derivas autoritarias por la falta de practica en lo que concierne al derecho de asociación. En efecto, si en países con democracias consolidadas ya empiezan a aflorar problemas graves como los plasmados en How Democracies Die de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, no queda la menor duda que en Guatemala se tienen mucho más retos y peligros.

Por ello, frente a la demagogia o al fanatismo de las masas, luce vital rescatar la importancia de las élites o a lo sumo retener la famosa ley de hierro de la oligarquía. Por ello, resulta vital atenuar el carácter pragmático en el ámbito de la política y volver en la medida de lo posible, a rescatar la importancia de las ideologías, pues como bien acotó Mark Lilla, «El fin de la ideología no significa que haya desaparecido la oscuridad. Ha traído una niebla tan espesa que ya no podemos leer lo que está justo frente a nosotros. Vivimos en una era ilegible».

¿Qué significa que Guatemala acuerde con Estados Unidos ser tercer país seguro y por qué sería hipotecar al país?

Rumores «bien fundados» (?), como diría el presidente

Como es costumbre en este gobierno, los rumores corren antes que las comunicaciones oficiales. Primero, el presidente Trump dijo en un tuit de fecha 17 de junio que Guatemala se «preparaba» para convertirse en tercer país seguro. La prensa internacional reportó unos días más tarde que el Ministro de Gobernación consideraba que «el hecho de que un país como los EE. UU. nos vea como un país seguro en principio es sumamente positivo», como si de una ganga se tratase.

Lo que dio tracción al tema es que el lunes, 15 de julio, el presidente Morales se reuniría con el presidente Trump en la Casa Blanca, un suceso poco habitual que no se explicaba a no ser que existiera un gran acuerdo por celebrar. Lo reportado por CNN, The Wall Street Journal y también por The New Yorker en su momento es que era un hecho que la reunión era para convertir a Guatemala en tercer país seguro.

Naturalmente, el gobierno negó que la reunión tuviera ese propósito, pero también negó que iría a Argentina a comprar aviones para el ejército y nos enteramos por la prensa argentina de que el rumor era cierto y efectivamente iban a comprarlos (o a «adquirirlos», para usar la simpática nomenclatura que quiso emplear el Ministro de la Defensa para intentar sacar la pata).

¿Qué significa ser tercer país seguro y qué implicaría para Guatemala?

Todo nace en la Convención de Ginebra de 1951 que originalmente sirvió para atender a los refugiados de la Europa de la posguerra, luego ampliado por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 a otras circunstancias. Ambos instrumentos fueron ratificados por Guatemala en 1983.

En términos muy sencillos y generales, esta normativa regula el derecho de asilo, al cual pueden recurrir una persona que busca protección en otro país si en su país de origen o residencia tiene temores fundados de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, posiciones políticas, identidad de género o preferencia sexual.

En los últimos meses ha habido un incremento sustancial en la cantidad de migrantes que cruzan la frontera de México con Estados Unidos que reclaman asilo. En noviembre de 2018 había 6,200 peticiones de asilo y para mayo de 2019 había casi 19,000, algo que además satura los juzgados. Trump respondió con su política de metering que consiste en limitar la cantidad de aplicantes de asilo que pueden entrar a diario a los Estados Unidos, lo cual ha llevado a miles de migrantes a esperar en México en condiciones precarias hasta que sea su «turno», algo que lo determinan ellos mismos o las autoridades mexicanas.

El concepto de «tercer país seguro» se refiere al hecho de que quienes busquen la protección de asilo en un segundo país, en este caso EEUU, éste pueda negarse a darles asilo y remitirlos a un tercer país, en este caso Guatemala, que pueda darles las mismas atenciones y tratos. Eso implica que, de llegar a un acuerdo, EEUU podría enviarnos centenares de personas que pidan asilo en EEUU hasta que su situación se resuelva.

Guatemala no es siquiera capaz de dar atención adecuada al flujo actual de migrantes en el albergue ubicado en la zona 5 de la Ciudad. Mucho menos será capaz de dar vivienda, seguridad social, servicios médicos esenciales, educación o empleo a los mismos, algo a lo que nos comprometería el presidente Morales. Mucho menos hablar de la incapacidad que tendría nuestro sistema de justicia de procesar la cantidad de solicitudes de asilo que podrían venir.

Es cierto, Estados Unidos nos daría dinero para hacer frente a estas obligaciones. Pero como lo ha expuesto mi colega Arturo Villagrán, Guatemala es signatario de tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y está bajo la jurisdicción de la CIDH y de la Corte IDH. Si Guatemala llega a violar derechos humanos de refugiados, seríamos responsables como Estado y el gobierno de EEUU no respondería de ninguna manera por ello.

La experiencia europea de designar a Turquía como tercer país seguro ha sido objeto de señalamientos de violaciones de derechos humanos a refugiados, lo mismo que ocurrió en Papúa Nueva Guinea que lo fue de Australia. Las organizaciones de derechos humanos en EEUU tienen claro que Guatemala no puede ser un país seguro.

La actitud de Morales y el revés que le dio la Corte de Constitucionalidad (CC)

La cuestión solo tiene una explicación: al presidente Morales le quedan poco menos de seis meses de mandato y piensa que una actitud servil con la Administración Trump le comprará impunidad. Se disponía a hipotecar al país y poco le importa el gran compromiso que asumiría Guatemala y que podría durar décadas. Se equivoca de todas formas. Trump solo piensa en las elecciones del 2020 y si no pudo construir un muro físico en México, Guatemala será su «muro» para enviar decenas de personas que piden asilo en EEUU. Mientras Morales sea útil, todo bien. Luego, lidiará con quien ocupe la presidencia.

Un grupo de colegas y el PDH interpusieron un amparo que buscaba evitar que el presidente Morales llegase a comprometer al Estado de Guatemala a través de un acuerdo simplificado. Esto quiere decir que Morales pretendía, presuntamente, comprometer al Estado de Guatemala, pero evitando pasar por el control del Congreso de la República como lo manda el artículo 171 de la Constitución. El domingo, 14 de julio, la CC resolvió otorgar amparo provisional y obliga al presidente a que, de asumir el compromiso de tercer país seguro, lo haga pasando por el control del Congreso, donde seguramente no la tendrá tan fácil.

El título que ilustra este breve análisis hace alusión a un término acuñado por el politólogo estadounidense Steven Levitsky en su célebre libro "Cómo mueren las democracias".

Para Levitsky, las salvaguardas constitucionales de un sistema político no son suficientes por sí mismas para evitar que una democracia se degenere, ya que incluso las constituciones mejor escritas pueden ser letra muerta frente a una deriva autoritaria. Por ello, teóricos de la política han definido las constituciones como reales, nominales y fachada[1].

En ese sentido, más allá de las constituciones escritas, las democracias modernas exitosas han dependido de reglas informales, que a pesar de no estar plasmadas en legislación positiva, son “convenciones” respetadas y acatadas por los ciudadanos y que fungen de guardarraíles[2] de la democracia pues impiden que la pugna política cotidiana se salga de las formas republicanas y desemboque en un conflicto que transgreda el sistema y haga peligrar la existencia de la propia comunidad política. Para Levitsky estos pactos tácitos son: la tolerancia mutua y la contención institucional. Esto significa no tomar a los adversarios políticos como una amenaza existencial (acordar en no estar de acuerdo siempre) y no utilizar los poderes institucionales para “aniquilarlos”[3].

En esta tarea, un sistema de partidos políticos verdaderamente institucionales que opere bajo un gran pacto político nacional, es vital ya que es el instrumento natural para contener posibles amenazas al sistema político. A lo externo, los partidos procurarían la formación de alianzas que frenen un movimiento radical “anti-sistema”[4]. A lo interno, dentro de sus propias bases y cuadros, “filtrarían” nominaciones y candidaturas que pudieran ser polarizantes mediante procesos internos de depuración como las primarias.

Sin embargo, la organización de los partidos políticos en América Latina es precaria y sufre distorsiones importantes:

“En muchas ocasiones las decisiones, y la manera en que estas se adoptan dentro de las organizaciones, no dependen de los órganos de gobierno sino de liderazgos personalistas o de los caciques regionales; las carreras dentro del partido están determinadas por los contactos personales y las redes de patronazgo y no por el aparato burocrático; las organizaciones locales no funcionan como sucursales de una organización nacional (aún cuando la integran) sino que los militantes y dirigentes hacen las tareas partidarias desde su casa o sus lugares de trabajo y el financiamiento se consigue de manera informal (usualmente ilegal), basada en el patronazgo, las donaciones o los recursos estatales”[5]

En América Latina las organizaciones informales de los partidos están institucionalizadas en la práctica[6]. De manera que “institucionalización”[7] y “organización formal”, no son términos necesariamente equivalentes sino más bien vinculantes y aspiracionales: uno debería conducir al otro y viceversa.

Así las cosas, la organización formal de un partido incluye altos grados de “burocratización”[8] como: una oficina central, oficinas locales, sedes y seccionales. Además de la existencia de procedimientos formales internos y establecidos de toma de decisiones, membresía y financiación, que estén en consonancia con los estatutos. Usualmente, sobre todo en América Latina, cuando se habla de más “democracia interna” dentro de los partidos políticos para contrarrestar prácticas arbitrarias como el “dedazo”, realmente a lo que se está apuntando es a la burocratización o formalización de procesos internos impersonales que limiten otras formas informales de organización basadas en el privilegio personal[9].

Institucionalización de los partidos en Guatemala

En Guatemala, los partidos políticos han sido calificados como franquicias electorales “con un alto nivel de centralización en los que el comité nacional cede la marca del partido a un líder local, quien se hace cargo de la organización municipal del partido, y a cambio recibe una candidatura” [10]. Por esta razón, en su mayoría, son partidos sin ideología, sin estatutos que se cumplan, sin formación de cuadros y sin un proyecto de Estado que contemple el largo plazo.

De manera que la “institucionalización” de los partidos políticos guatemaltecos estriba en prácticas informales que a su vez derivan de estructuras históricas como el patrimonialismo, el cacicazgo y el clientelismo, que la legislación (sobre todo la reforma de 2016 a la LEPP) no ha podido corregir.

De acuerdo al más reciente informe de ASIES sobre partidos políticos[11], los partidos políticos en Guatemala no canalizan las demandas de la ciudadanía ante el Estado, por lo cual la sociedad tampoco se ve reflejada en este tipo de organizaciones, por ello no los percibe como vehículos idóneos para encauzar sus demandas políticas. También esta actitud explica la creciente desafección hacia la democracia en Guatemala con apenas un 26% de apoyo, siendo el índice más bajo en la región después de El Salvador[12].

En ese sentido, al no haber una demanda ciudadana de genuina representación de sus intereses, no existen incentivos dentro de los propios partidos para organizarse formalmente.  Tenemos que la función vital de todo partido, el leitmotiv de cerrar esa brecha entre sociedad y Estado, no se cumple a cabalidad en Guatemala y entonces esa función es suplida por otros actores como los medios de comunicación, empresariado, ONG’s, tanques de pensamiento, iglesias, entre otros, que canalizan ciertas demandas ciudadanas, pero son incapaces de articularlas en un gran acuerdo nacional, precisamente porque su naturaleza no está concebida para la acción política. Es por ello que, en lugar de ser guardarraíles, en Guatemala los partidos políticos son más bien parapetos[13].

[1] Nos remitimos a la definición de Giovanni Sartori de Constitución, entendida como “garantía” o principios que limitan el poder arbitrario, y aseguran el control y equilibrio del poder político (Sartori, Giovanni. Elementos de teoría política. Madrid. Alianza Editorial. 1992. Pp. 13-25).
[2] Los guardarraíles son barreras de acero que se colocan a los lados de las vías para impedir que los vehículos se salgan del carril.
[3] Levitsky, Steven. “5. Los guardarraíles de la democracia”. Cómo mueren las democracias. Barcelona. Paidós. 2018. Pp. 117-138
[4] Un ejemplo de esto es el caso actual de España, donde la polarización política es tal, que la oferta electoral se ha fragmentado en nuevos partidos políticos de tendencia radical tanto de izquierda como derecha. Los partidos tradicionales, que protagonizaron el acuerdo político de 1978, en lugar de unirse contra la amenaza radical, han optado por el discurso polarizante, debilitando al sistema político e impidiendo la formación de un gobierno desde el año 2018 (sobre esto ver: Levitsky, Steven. “1. Alianzas fatídicas”. Ibídem. Pp. 21-44).
[5] Levitsky, S y Freidenberg, F. “Organización informal de los partidos políticos en América Latina”. Revista Desarrollo Económico. Instituto de Desarrollo Económico Y Social. Vol. 46, No. 184 (Ene-Mar, 2007), pp. 539-568
[6] El caso más evidente es el del PRI en México, donde su amplia red de patronazgo y clientelismo político ha sido la base de su maquinaria partidista por las ocho décadas que ha estado en el poder.
[7] El concepto de “institución” que tomamos es del economista Douglass North, entendidas como las normas y convenciones de una sociedad que crean límites y forjan la interacción humana en el transcurso del tiempo, tales como las leyes, los intercambios económicos, la política y las costumbres. (North, Douglass. Institutions, institutional change and economic performance. New York. Cambridge University Press. 1990, P. 3)
[8] Entendiendo burocracia en su acepción weberiana como la forma de organización estatal cuyo fin es lograr la racionalidad en las acciones gubernamentales. (Weber, Max. ¿Qué es la burocracia? Madrid. Ediciones El Aleph. 2000).
[9] El politólogo chileno Sebastián Mazzuca afirma que en América Latina, el proceso de burocratización no se consolidó. A diferencia de Europa, que durante los siglos XVIII y XIX alcanzó niveles importantes de burocratización (para finalmente democratizarse en el siglo XX); en Latinoamérica el proceso se dio a revés. En ese sentido, primero ocurrieron las llamadas “oleadas democráticas” y después los intentos de burocratización y de organización racional de Estado. De manera que, lo que se corrigió en América Latina con las llamadas oleadas democráticas fue el tema del acceso al poder político, pero las prácticas históricas de corrupción,  clientelismo y de ejercer patrimonialmente el poder político, se mantuvieron y persisten hasta hoy (Mazzuca, Sebastián “¿Democratización o burocratización? Inestabilidad del acceso al poder y estabilidad en el ejercicio del poder en América Latina”. Revista Araucaria. Universidad de Sevilla. 2002. Año 4. Nº 7)
[10] Lemus, Jonatán y Brolo, Javier. Partidos políticos guatemaltecos: cobertura territorial y organización interna. Guatemala. ASIES. 2013. P. 25
[11] Dabroy, Jahir. Institucionalización de los partidos políticos: aproximación al caso guatemalteco. Guatemala. ASIES. Nº 1- 2018. P. 58
[12] Informe Latinobarómetro 2018, p. 16
[13] El parapeto es una baranda que se usa para evitar caer al vacío. Siempre es de carácter provisional e inestable, puede ser improvisado ante una determinada situación de peligro inminente.