Cuando la cooptación ocurre bajo el silencio cómplice de actores relevantes

Durante años, Guatemala ha atestiguado en cámara lenta el proceso de consolidación del poder criminal dentro del aparato estatal.

Hace un a;o, atestiguamos cómo las agencias de seguridad norteamericanas develaron una parte de la problemática. Sólo en 2019, la DEA coordinó la captura o la solicitud de antejuicio contra tres candidatos a cargos de elección popular. Un alcalde, un candidato a diputado y un candidato presidencial procesados por sus vínculos con estructuras del narcotráfico. Lo preocupante de este escenario es que sin duda, la capacidad de depuración de la DEA es relativamente limitada.

Los casos de Mario Estrada, Julio Rosales y Erik Súñiga seguramente representaron tan solo la punta del iceberg. Para nadie es un secreto que los carteles de la droga han buscado cooptar el poder a nivel municipal durante varias elecciones. Municipios fronterizos o aquellos ubicados en los grandes corredores de trasiego (Franja Transversal del Norte, Costa Sur) son los ejes territoriales más apetecidos por las estructuras criminales. Y así, llegamos a convertirnos en un país donde una cuarta parte de las elecciones municipales ocurren sin competencia, como consecuencia de la ley de la “plata o el plomo”.

Vemos también que la enfermedad hace metástasis. Es un secreto vox populi que el poder del crimen organizado históricamente se enfocaba en alcaldías y corporaciones municipales. Pero bajo una lógica expansiva lo vemos tomando también espacios en el Congreso. Una fuente de inteligencia me revelaba hace unos meses un estudio –conservador para mi gusto– según el cual 22 de 160 diputados al Congreso tendrían vínculos identificables con grupos del narcotráfico.

Pero el caso Mario Estrada vino a abrir una puerta más de la casa de brujas. El cuarto donde candidatos a la Jefatura de Estado negocian con carteles el control de las instituciones encargadas de la seguridad y la defensa, además de los puertos y aeropuertos. La fallida negociación de Mario Estrada tampoco es nueva. Hoy sabemos a posteriori, que el Gobierno de la UNE habría recibido alrededor de US$11.5 millones de carteles de la droga para su campaña 2007. Y sabemos también que el Partido Patriota en 2011, habría tenido vínculos de financiamiento con Marllory Chacón, una de las principales piezas en el engranaje del lavado de activos de los carteles del narcotráfico internacional. Pero saben qué es lo peor, todo ello, ocurre bajo un silencio sepulcral del resto de las elites del país.

Hace poco compartía esta historia con unos colegas colombianos, con quienes recordábamos la historia del país sudamericano de mediados de los noventa. Y ambos me repitieron una frase que no la he podido borrar: “cuando los carteles cooptan espacios de poder; cuando los carteles toman control de la Policía, el Ejército y los juzgados; y cuando todo ello se vuelve normal a los ojos de los actores políticamente relevantes; así te conviertes en un narcoestado. Así fue como estuvimos a punto de perder nuestro país”.

Hoy entendemos mejor que antes las dificultades que tienen los Estados para combatir al narcotráfico. La asimetría de poder económico entre los carteles y Estados débiles. La asimetría de poder militar entre fuerzas de seguridad mal armadas y mal equipadas con los grupos dedicados al sicariato. Conocemos también la dificultad de evitar que expolicías, exmilitares, jóvenes y campesinos sean reclutados por carteles, más cuando estos últimos pueden ofrecer ingresos que superan en proporción 10 a 1 los ingresos que estas personas podrían obtener en el mercado laboral.

Sabemos también lo difícil que es combatir un fenómeno criminal cuando las mismas instituciones del Estado están capturadas por esos intereses criminales. Pero quizá nos falta entender lo nocivo que es cuando el cáncer del narcotráfico toma el control del Estado y ni las elites ni la ciudadanía se inmutan ante tal extremo. De ahí, el siguiente paso es el narcoestado.